Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
TOMO CXXV – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8159 FOLIO Nº 043/045 PROT. ELECT. JRS1035I.231
Río Gallegos, 11 de octubre de 2023.-
La presente causa caratulada “CSC S/ Lesiones Leves" - Expte. Nº 21577/21- Apelación/Causa JR Nº 8512/23, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 58/63vta., obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza de Instrucción Nº Tres con asiento en la ciudad de Río Gallegos que en su punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de la imputada SCC en orden al delito de “Lesiones Leves Agravadas por el Vínculo” (Arts. 45, 89 y 92 en función del art. 80 inc. 1 del CP). Que a fs. 82/85vta., la defensa del procesado apeló aquella resolución, motivándola en esa misma ocasión; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 89 (conf. código de validación fbe4158b) y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
Que la defensa argumentó que el auto dictado le causa a su defendido un gravamen irreparable.
I. Seguidamente se abordarán cada uno de los agravios por separado en el orden propuesto por la parte recurrente.
1. Orfandad probatoria: La defensa argumentó que el pronunciamiento apelado no ha realizado un lógico tratamiento de la cuestión planteada y carece de fundamentos para sostener su postura, observándose una valoración errónea o parcializada de la escasa prueba incorporada. Que el análisis de los indicios y las presunciones que surgen de autos fueron realizadas en contra de su defendido, en contraposición y desconociéndose las más elementales normas vigentes en materia penal, afectando el principio de In dubio pro reo (Art. 4 del CPP). Afirma la apelante que de la simple lectura de las actuaciones se puede aseverar que no están acreditados en autos, ni con la probabilidad que esta etapa procesal requiere, los elementos mínimos y constitutivos de la figura penal que se le enrostra a su asistida. En este sentido, explica que la prueba recolectada resulta insuficiente para atribuir a la Sra. ADCC la responsabilidad penal como autora material del hecho, atento a la ausencia de pruebas y testigos directos o indirectos que corroboren este extremo de la imputación. Que el relato de la menor es la única fuente de prueba que se verifica, no solo sobre la autoría sino también sobre la materialidad del suceso, quien resulta ser la pretensa víctima, razón por la cual sus dichos deben ser analizados con mayor rigurosidad posible. Considera que las pruebas seleccionadas como cargosas carecen de la entidad suficiente como para conmover el estado de inocencia del cual es titular su defendida, y que éstas vienen influenciadas y direccionadas por los dichos de la menor y sus familiares, sin que haya una sola prueba directa o indirecta a fin de corroborar tales dichos; lo que a su entender se da de bruces con la sana crítica racional, y que la Sra Jueza ha privilegiado una falacia consistente en recoger testigos e informes que sólo opinan acerca de lo que otro dijo, refiriéndose al relato de la menor. La parte recurrente también se agravia respecto al examen psiquiátrico practicado sobre la menor.
Manifiesta que los profesionales intervinientes han relatado un modelo de informe idéntico, en cuanto a su contenido, con el presentado en otras causas sobre delitos contra la integridad sexual -en los cuales esa parte actuó como Defensa-, evidenciándose un ostensible perjuicio contra la presunta causante en todos los casos similares donde las víctimas hubiesen sido menores de edad, y que este proceder anular el valor convictivo del informe pericial en las presentes actuaciones. Alude la vulneración del derecho de inocencia, y plantea que si bien el dictamen forma parte de la convicción de la a quo, tampoco puede ser la única prueba en que se sustenta el auto de procesamiento, debido a que no ha sido cotejada con otras pruebas directas que lleven a la conclusión acerca de la existencia del hecho que se ha denunciado, explicando que el objeto del proceso no consiste en determinar la mendacidad o veracidad de los dichos de una víctima, sino de acreditarlos por otros medios externos, lo cual no ha sucedido en autos. Agrega que tampoco puede perderse de vista la conflictiva familiar existente, como así, la intervención de la SENAF, la cual da cuenta que la niña y su hermano habían quedado a cargo de su asistida.
Por último, señala que de la investigación realizada al domicilio donde supuestamente se suscitaran los hechos, los vecinos del lugar no aportaron datos de interés a la presente, dejando constancia que no vieron ni escucharon nada, ello conforme fs. 11/vta. Dice que el personal del Comando Radioeléctrico, sólo menciona que en dicho lugar se hizo presente una niña menor de edad solicitando ayuda, pero en nada refiere del estado en el cual se hallaba la misma, sin perjuicio de las lesiones certificadas a fs. 18. Daré ingreso al desarrollo del presente agravio refiriéndome al planteo de nulidad del informe psicológico, advirtiendo, no obstante no estar acreditado tal extremo de reiteración invocado, tampoco se argumenta en qué consistiría el vicio presente en el informe que redundaría en una disminución de su valor probatorio. Es dable señalar que el estudio pertinente para determinar si una pericia ha sido bien o mal confeccionada debe hacerse en el expediente concreto, situación que aquí no ha ocurrido, pese a estar debidamente notificada la defensa de la realización de la pericia cuyo informe se controvierte. Los profesionales que trabajamos en el derecho debemos ceñirnos a desarrollar nuestra actividad con las evidencias de la causa y respaldando nuestros dichos en constancias que así lo acreditan.
Nada de ello ha ocurrido aquí, porque la parte apelante se limita a cuestionar la experticia por la labor desarrollada supuestamente en forma similar en otras causas sin acreditarlo.
Los extremos invocados por la defensa no autorizan a declarar una merma en la entidad probatoria de la pieza procesal en cuestión, siendo que, a mayor abundamiento, la mayor o menor correspondencia de los resultados de un informe pericial con los de otra pericia tampoco es una cuestión relativa a la validez de las piezas probatorias, sino que en todo caso concierne a la valoración de las mismas. Más aún, no constituye una prueba irreproducible ni mucho menos definitiva que exija o torne inexorable declarar su nulidad. Está al alcance de la defensa, la posibilidad de peticionar una nueva evaluación y ofrecer perito de parte.
Incluso, yendo más lejos, llegando a pareceres disímiles se ha dicho que: “… la contradicción existente entre las conclusiones de los peritos jamás podría volverlas írritas siempre que hayan sido realizadas conforme a su ciencia…”.
En este sentido, ante planteos similares ya se ha expedido en forma concordante esta Alzada (vgr.: Apelación Nº 6938/21, 7750/22, entre otras).
Que por las referidas consideraciones no se hará lugar a la nulidad articulada.
Debo resaltar que la pericia cuestionada es sólo una prueba más que se suma a una variedad de elementos, los cuales permiten presumir la responsabilidad de la imputada con el grado de probabilidad que la instancia requiere, sin que se adviertan interpretaciones caprichosas o meramente subjetivas. Contrariamente, la a quo analizó en forma prolija y pormenorizada toda la prueba rendida en los autos, para luego de la meritación de la misma, concluir estableciendo la participación y responsabilidad de la encartada con las calificaciones legales allí encuadradas. Así, las pruebas merituadas por la Sra. Jueza, a saber: los informes de fs. 01, 02 y 03/vta., la declaración testimonial de la Sra. SCC a fs. 04/05, la declaración testimonial de la Srta. MMN, el oficio del cuerpo médico forense a fs. 18, el informe situacional de fs. 26/29, entre otros, denotan que el cúmulo de prueba no es insuficiente como lo sostiene la defensa. Continuando con los puntos motivo de agravio, en referencia a la inexistencia de testigos, adviento que del informe de fs. 01 surge: “...al presentarse en esta Comisaría C. adujo que su abuela la había agredido físicamente en la frente con espejo, observándole un hematoma en ese sector...”. Por si fuera poco, a fs. 26vta., del contenido del informe situacional surge: “...se mantuvo entrevista en sede administrativa con la Sra. SC (...) manifestó haber llamado la atención de M a través de un golpe y arrojado agua en su rostro desde una pava eléctrica…”. De ahí, podemos decir que el agravio que indica la inexistencia de testigos presenciales quedaría desvirtuado.
A su vez considero irrelevante el cuestionamiento a la falta de información que proporcionaron los vecinos, resultando suficiente el caudal probatorio aunado para sustentar -con el grado de probabilidad necesario- la materialidad del hecho como la autoría. Asimismo, cabe señalar que los niños cuentan con una particular protección en la Constitución Nacional a partir de la reforma de 1.994, respecto al pleno goce de los derechos humanos, inclusive a través de leyes y medidas de acción positivas (art. 75, 26 CN). La "Convención de los Derechos del Niño" estatuye que los Estados que la suscriban adoptarán las medidas integrales, legislativas, administrativas, sociales, educativas, etc., para asegurar su bienestar. Asimismo las "100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad", incluye expresamente a los niños víctimas de delitos como beneficiarios de sus reglas.
Todo este encuadre legal, marca la relevancia de los derechos humanos en lo concerniente al relato de los niños víctimas de delitos en el proceso penal y su impacto en la valoración de las pruebas.
Evidenciándose un basto caudal probatorio y hallándose a salvo los principios constitucionales argüidos por la defensa, el presente agravio no tendrá acogida favorable, debiendo confirmarse íntegramente el auto de procesamiento.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo al correo electrónico [email protected], a sus efectos.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 58/63vta., en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGÍSTRESE Y NOTÍFIQUESE mediante SNE.
3. Firme que sea REMÍTASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
5. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
sm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia