Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 27.343-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente las Resoluciones, tanto en cuanto al capital como a los intereses resarcitorios reclamados en ellas, con costas según los respectivos vencimientos.
2Ordenar que el Fisco Nacional en el plazo de 30 (treinta) días practique liquidación de las sumas que en definitiva deberá ingresar la recurrente. A tal fin, por Secretaría General de Asuntos Impositivos remitir los antecedentes administrativos a la AFIP-DGI por el plazo indicado.
3Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta la aprobación de la liquidación ordenada.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Informe firma conjunta Número: IF-2021-97544687-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 13 de Octubre de 2021 DE TELÉFONOS DEL INTERIOR S.A s/apelación”. Sentencia En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente N° 27.343-I y sus acumulados 27.985-I y 28.190-I caratulado: "CTI NORTE COMPAÑÍA DE TELÉFONOS DEL INTERIOR S.A s/apelación”.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. Que a fs. 43/53, 463/470 y 1518/1528 CTI COMPAÑÍA DE TELÉFONOS DEL INTERIOR S.A. (o CTI)
interpone el recurso de apelación previsto en el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las siguientes Resoluciones emitidas por la División Determinaciones de Oficio “A” y “B” del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales de la Administración Federal de Ingresos Públicos: a) Resolución N°1/06, del 24 de abril de 2006, en la que se determina de oficio a CTI NORTE COMPAÑÍA DE TELÉFONOS DEL INTERIOR S.A. (CTI NORTE, que luego fue absorbida por CTI) su obligación en el impuesto a las ganancias del período fiscal 2001 –quebranto- por la suma de $ 26.116.354,21 y se establece un nuevo saldo a su favor de $238.695,83; b) Resolución N° 12/06, del 3 de agosto de 2006, en la que se determina de oficio a CTI NORTE el resultado impositivo en el impuesto a las ganancias por el período fiscal 2000 que arrojó un saldo de $ 62.174.871.43, importe que fue compensado en su totalidad con quebrantos computables de ejercicios anteriores, y por el período fiscal 2001 se determina a CTI -quebranto- de $ 16.565.894,81, que arrojó un saldo a su favor de $628.518,44, por el período fiscal 2000 y de $878.637,71, por el período fiscal 2001; y c) Resolución N° 17/06, del 5 de octubre de 2006, en la que se determina de oficio a CTI su obligación por el período fiscal 2000 -beneficio- en la suma de $136.077.885,55, y un saldo a su favor de $1.067.547,25.
Sostiene la recurrente, cuya actividad era en dichos períodos fiscales la de prestar servicios de telefonía móvil y de telecomunicaciones, por licencia otorgada por el Estado Nacional, en relación a los ajustes que se le practicaran en los actos recurridos, que:
1. Impugnación de la deducción en concepto de deudores Incobrables efectuadas por CTI y CTI Norte en los períodos fiscales 2000 y 2001 Justifica las deducciones practicadas en que en dicho períodos un porcentaje de sus clientes verificaron atrasos en el pago de sus facturas, convirtiéndose definitivamente en incobrables o malos créditos y que si bien las normas que rigen la aplicación del gravamen –art. 87, inc. b), ley y 133 y 136, regl.- contemplan su deducción, en el caso, el juez administrativo objetó el cumplimiento de los requisitos exigidos para ello, en particular, el referido a la demostración de los índices de incobrabilidad, al no haberse iniciado acciones judiciales a efectos de conseguir el cobro de la deuda.
Explica a continuación que contaba con un sistema de cobranzas compuesto, principalmente, por dos etapas: una interna, con intimaciones realizadas por el personal propio de la empresa, y otra externa, realizadas a través de estudios jurídicos contratados al efecto para la cobranza extrajudicial, cuyos pasos luego describe en forma exhaustiva y pormenorizada.
Agrega que a la hora de resolver debe tenerse en cuenta que el decreto 2442/2002 modificó el art. 136 del decreto reglamentario de la ley del impuesto estableciendo que en los casos en que por la escasa significación de los saldos a cobrar no resultara económicamente conveniente realizar gestiones judiciales de cobranza, los malos créditos podrán deducirse, incluso si no se verificara ninguno de los índices allí establecidos, y determinó que la Administración Federal de Ingresos Públicos debía fijar el monto máximo que cada uno de esos créditos podía representar, que es lo que se hizo en la Resolución General (AFIP) 1457/2003 en la que se dispuso que el monto máximo de esos créditos era de $1.500, que se aumentó a $5.000 en la Resolución General (AFIP) 1693/2004. Sostiene que dichas modificaciones receptaron los usos y costumbres de su actividad, en cuanto a que el inicio de las acciones judiciales de cobro resultaba antieconómico.
2. Aplicación de la teoría de las correcciones simétricas al ajuste en concepto de previsión por obsolescencia de bienes de uso en el período fiscal 2001 Expresa que el avance de la tecnología determina que cada cierto período de tiempo deba dar de baja de su contabilidad ciertos bienes de uso que, por su naturaleza y funcionalidad, quedan en desuso o se convierten en obsoletos, deducción que es cuestionada por el juez administrativo porque para ello la empresa siguió el método contable, apartándose de lo dispuesto en el art. 148 de la reglamentación de la ley del gravamen. Respecto a este ajuste, CTI solicita la aplicación de la teoría de las correcciones simétricas prevista en el art. 81 de la ley 11.683 por cuanto, según sus dichos, la impugnación de la deducción en el período fiscal 2001 conlleva a que deba reconocerse una pérdida en los ejercicios posteriores, lo que implicaría admitir un mayor quebranto en los ejercicios 2002 y 2003, por lo que sostiene que debe considerarse que sólo ha adelantado el reconocimiento de un resultado negativo, y el ajuste implicaría mayores posibilidades de utilizarlo en el tiempo por cuanto se trataría de un quebranto de los ejercicios 2002 y 2003 y no del 2001.
3. Intereses Presuntos por créditos a favor de CTI Holdings S.A. en el período fiscal 2001 Expone por último que ha efectuado ciertas operaciones con otras empresas pertenecientes al mismo grupo económico, identificadas como créditos a favor de CTI Holdings S.A. que en el período fiscal 2001 era su controlante, en la cuenta contable Intercompany Norte Holding, a las que el juez administrativo considera que debe aplicársele la figura de disposición de fondos en favor de terceros prevista por el art. 73 de la ley de impuesto a las ganancias y sus reglamentaciones y, por ende, que deben devengarse los intereses presuntos allí previstos.
Sostiene la inaplicabilidad de dicha figura por cuanto CTI Holdings S.A. no era un tercero respecto de CTI y porque su aplicación atentaría contra la neutralidad del impuesto dentro de un grupo económico; dice también que dado que CTI y CTI Holdings S.A. tuvieron quebrantos en el ejercicio fiscal 2001, quedaría demostrada la inexistencia de finalidades elusivas.
Plantea que este último ajuste no tiene ningún efecto toda vez que lo que se gravaría a CTI sería deducido por CTI Holdings S.A. y por lo tanto el resultado sería neutro para el grupo económico y para la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Finalmente ofrece prueba y solicita se revoquen las Resoluciones apeladas, con costas.
A fs. 80/90vta., 466/471 y 1539/1545 contesta los traslados de los recursos el Fisco Nacional, el que reitera los argumentos vertidos por el juez administrativo en las Resoluciones y solicita su íntegra confirmación, con costas. A fs. 112 se abre la causa a prueba, la que fue ampliada en función de la acumulación resuelta por el Tribunal en Pleno a fs. 1667/1668, obrando sus resultados a fs 157/321 y 515/631(contestación del estudio Fernández Pillado), 324/329 y 638/995vta. (contestación del estudio Löffler), 340/392 y 1009/1010 (contestación del estudio Viramonte & Nicora S.A.), y las pericias contables se encuentran agregadas a fs. 1518/1571 y 2040/2069. A fs. 2120 se clausura el período probatorio y se elevan las actuaciones a consideración de la Sala. A fs. 2123 se ponen los autos para alegar, los que son producidos por la recurrente a fs. 2126/2220vta. y por el Fisco Nacional a fs. 2221/2224. A fs…. se hizo saber a las partes que en virtud de los decretos 281/18 y 286/18 (B.O. 9/4/18), la Sala D quedó integrada a por los Dres. Edith Viviana Gómez, Vocal Titular de la 10° Nominación, Agustina O’Donnell, Vocal Titular de la 11° Nominación, y Daniel Alejandro Martín, Vocal Titular de la 12° Nominación), y pasan los autos a sentencia.
II. Que las cuestiones sobre las cuales debe pronunciarse este Tribunal son las siguientes:
a) la procedencia de las deducciones practicadas por CTI en los períodos fiscales 2000 y 2001 en concepto de deudores incobrables, b) la aplicación del mecanismo de correcciones simétricas previsto en el art. 81 de la ley 11.683 al ajuste por la deducción por obsolescencia en el período fiscal 2001, y c) la procedencia de las ganancias sobre los intereses presuntos previstos en el art. 73 de la ley por los créditos en favor de CTI Holdings S.A. en el período fiscal 2001.
Que respecto del primer ajuste (a), corresponde referirse al marco normativo vigente en los períodos fiscales en cuestión, 2000 y 2001.
Que el art. 87 de la ley de impuesto a las ganancias establecía que “De las ganancias de la tercera categoría y con las limitaciones de esta ley también se podrá deducir:…b) Los castigos y previsiones contra los malos créditos en cantidades justificables de acuerdo con los usos y costumbres del ramo. La Dirección General Impositiva podrá establecer normas respecto de la forma de efectuar esos castigos”. Por su parte, el art. 133 del decreto 1344/98, en lo que aquí interesa, dispone que: “A los fines dispuestos en el inciso b), del artículo 87 de la ley, es procedente la deducción por castigos sobre créditos dudosos e incobrables que tengan su origen en operaciones comerciales, pudiendo el contribuyente optar entre su afectación a la cuenta de ganancias y pérdidas o a un fondo de previsión constituido para hacer frente a contingencias de esta naturaleza”. Y el art. 136 que “Cualquiera sea el método que se adopte para el castigo de los malos créditos, las deducciones de esta naturaleza deberán justificarse y corresponder al ejercicio en que se produzcan, siendo índices de ello: la cesación de pagos, real o aparente, la homologación del acuerdo de la junta de acreedores, la declaración de quiebra, la desaparición del deudor, la prescripción, la iniciación del cobro compulsivo, la paralización de las operaciones y otros índices de incobrabilidad”.
Que de la prueba producida en estos autos se desprende, sin lugar a duda, que en los períodos fiscales 2000 y 2001 que aquí importan, CTI tenía implementado un sistema de cobro de los créditos originados en la mora de sus clientes en el pago de las facturas por los servicios de telefonía por ella prestados. Ello fue acreditado con la prueba documental acompañada, tanto en la instancia administrativa previa como ante este Tribunal, como con los resultados de la prueba informativa rendida en esta sede dirigida a los estudios jurídicos a los que CTI les encomendara las tareas de cobranza extrajudicial, y los resultados de la pericial contable en la que los expertos concluyeron que las deducciones practicadas en el período fiscal 2000 corresponden casi en su totalidad -98,33% y 99,80%- a créditos de menos de $1.500 y $5.000, respectivamente, y porcentajes similares en el período fiscal 2001, es decir a créditos de escasa significación económica respecto de los cuales previo a declararlos como incobrables CTI siguió todos los procedimientos exigibles de acuerdo a los usos y costumbres de su actividad tendientes a su percepción.
Que frente a la contundencia de dichas pruebas, que acreditan en definitiva el cumplimiento de CTI a los procedimientos uniformes implementados para el cobro de sus créditos y su escasa significancia, resulta aplicable la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación existente a la fecha de este pronunciamiento en materia de deducción de créditos incobrables en empresas licenciatarias del servicio público de telefonía que se rigen para su funcionamiento por Reglamentos aprobados por el Estado Nacional, tal la dictada en los autos “Telefónica de Argentina S.A. c/DGI” de fecha 14 de febrero de 2012, donde -en lo que aquí más importaestableció que "…carece de sustento el criterio de la Administración Federal de Ingresos Públicos en cuanto, para determinar el tributo, supeditó la configuración y deducción de los "malos créditos" …. al ineludible inicio de la acción judicial de cobro cuando el contribuyente invocó haber ajustado su conducta a los usos y costumbres del ramo —a los que remite la ley— y el organismo recaudador invalidó dicho argumento sin siquiera haber controvertido la existencia de aquéllos o demostrado que la recurrente no había cumplido con los pasos allí previstos".
Y agregó que, como antes había sostenido en la causa "Banco Francés S.A. (TF 18.280-I) c/ DGI", sentencia del 9 de noviembre de 2010 (Fallos: 333:2065) "…la expresión ‘malos créditos’ que trae el art. 87 de la ley del tributo, alude tanto a los ‘créditos dudosos’ como a ‘los incobrables’ —cfr. arg. art. 139 del decreto reglamentario— mientras que el art. 142 del citado reglamento enumera ‘indicios de incobrabilidad’ aplicables sólo a estos últimos por remitir a supuestos de hecho que confieren semiplena certeza acerca de la insolvencia del deudor y la imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones, incluso con antelación al término del plazo estipulado", en tanto que "los ‘créditos dudosos’ toman esa denominación porque la frustración de la expectativa de cobro no deriva de aquellos hechos que la hacen manifiesta sino del vencimiento de la obligación impaga que origina una presunción de insolvencia confirmable por vías alternativas" (considerando 13), y que en el concreto caso de autos se encuentran contempladas en el reglamento que regula la prestación del servicio público de telefonía cuya aplicación al caso el organismo recaudador pretende desconocer.”
Señaló también en dicha oportunidad que "…los usos y costumbres - a los que alude la ley del tributo- han tenido una específica recepción objetiva en el ámbito de la actividad que desarrolla la empresa actora", refiriéndose a las Resoluciones Generales (AFIP) Nos. 1457/03 y 1693/04, que -aunque emitidas con posterioridad a los periodos fiscales aquí en discusión- evidencian la incorporación por parte del organismo fiscal de esos usos y costumbres al admitir expresamente, cualquiera sea la actividad involucrada, la deducción de esos créditos cuando el importe total de cada uno sea inferior o igual a la suma de $1500 y $5000, respectivamente (art. 1°), es decir importes similares a los tenidos en cuenta por la aquí recurrente a la hora de practicar las deducciones objetadas.
Copia de dichos precedentes pueden extraerse de www.csjn.gov.ar y www.cij.gov.ar.
Este fue, además, el criterio adoptado por esta Sala al pronunciarse en la causa “Telecom Argentina S.A. s/ apelación” en la sentencia del 22 de octubre de 2018.
Por lo expuesto y, como ya se dijo, habiéndose acreditado en estos autos los presupuestos tenidos en consideración en la jurisprudencia más arriba citada para admitir la deducción de los créditos de la naturaleza y significación de los comprendidos en la determinación de oficio aquí recurrida, corresponde revocar el ajuste efectuado por este concepto en las Res. Nros. 1/2006, 12/2006 y 17/2006, con costas.
Respecto del ajuste identificado como (b), surge de los Considerandos de las Resoluciones y del informe final de inspección obrante a fs. 916/924 de los antecedentes administrativos, que CTI constituyó una previsión por obsolescencia de bienes de uso al 31 de diciembre de 2001 y que no efectuó ningún ajuste impositivo en la declaración jurada del impuesto a las ganancias de dicho ejercicio, es decir, reconoce que impositivamente siguió el mismo criterio que contablemente, imputando al balance fiscal la pérdida por dicho concepto. Sus agravios se dirigen únicamente a cuestionar la falta de aplicación del mecanismo de correcciones simétricas previsto en el quinto párrafo del art. 81 de la ley 11.683 que dispone que “Cuando a raíz de una verificación fiscal, en la que se modifique cualquier apreciación sobre un concepto o hecho imponible, determinando tributo a favor del Fisco, se compruebe que la apreciación rectificada ha dado lugar a pagos improcedentes o en exceso por el mismo u otros gravámenes, la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS compensará los importes pertinentes, aun cuando la acción de repetición se hallare prescripta, hasta anular el tributo resultante de la determinación”. Pretende así que por aplicación de este precepto se reconozca un mayor quebranto para los años 2002 y 2003 y de ese modo un mayor plazo para utilizarlos para compensar ganancias.
La pretensión de CTI es improcedente y así lo entendió la Excma. Cámara en un caso similar al decir que “En el presente caso, a partir de la verificación que el Fisco realizó, se determinó que la previsión por “Desvalorización de Acciones” –constituido por la contribuyente- (en los presentes autos se trata de la deducción por obsolescencia) no resultaba deducible, generando de esta manera tributo a favor del Fisco. Ahora bien, con la aplicación del ajuste realizado por la Administración no se generó saldo alguno a favor del contribuyente que el Fisco debiera compensar, sino que lo que pretendió la actora -recién al promover demanda ante el Tribunal Fiscal de la Nación- fue compensar determinados importes que, por causas no imputables a su parte, no dedujo en el momento oportuno. Tal postura de la actora no se condice con lo que establece el artículo 81, quinto párrafo de la ley 11.683, ya que la existencia de pagos en exceso (o improcedentes) –por omitir realizar una deducción- no es consecuencia del ajuste realizado por el Fisco, sino de una conducta imputable a la contribuyente –conf. “Saiach Construcciones S.A.”, sentencia del 23/8/2011-.
En el caso, CTI no tiene un crédito reconocido por el Fisco Nacional en el marco del procedimiento de fiscalización que se le sustanciara contra el cual compensar el ajuste derivado de la improcedente previsión efectuada y que no controvierte, por el contrario, lo que invoca es una disminución de sus quebrantos en ejercicios posteriores, y éstos no constituyen los saldos a los que se refiere el art. 81 de la ley y que pueden dar lugar al mecanismo de compensación allí previsto, a lo que cabe agregar que para éstos la ley del gravamen prevé un mecanismo específico y especial en su art. 19, por lo que el ajuste efectuado por este concepto debe confirmarse.
Queda entonces referirse al último ajuste (c), y resolver la aplicación de los intereses presuntos previstos en el art. 73 de la ley del impuesto a las ganancias a los créditos con CTI Holdings S.A. contabilizados por CTI en la cuenta Intercompany Norte Holding en el período fiscal 2001, la que, a dicha fecha detentaba el 99,9% de participación sobre el patrimonio de CTI (v. informe pericial contable, fs. 2068).
Que el art. 73 de la ley del impuesto a las ganancias, en el texto vigente en el período fiscal 2001 que aquí se trata, disponía en el primer párrafo que “Toda disposición de fondos o bienes efectuados a favor de terceros por parte de los sujetos comprendidos en el artículo 49, inciso a), y que no responda a operaciones realizadas en interés de la empresa, hará presumir, sin admitir prueba en contrario, una ganancia gravada que será determinada conforme los siguientes parámetros: a) En el caso de disposición de fondos, se presumirá un interés anual equivalente al que establezca la reglamentación, de acuerdo a cada tipo, de moneda. b) Respecto de las disposiciones de bienes, se presumirá una ganancia equivalente al ocho por ciento (8%) anual del valor corriente en plaza de los bienes inmuebles y al veinte por ciento (20%) anual del valor corriente en plaza respecto del resto de los bienes...” . La ganancia presunta se calcula tomando una de las siguientes variantes: a) un interés con capitalización anual no menor al fijado por el Banco de la Nación para descuentos comerciales o, b) una actualización igual a la variación del índice de precios al por mayor, nivel general, con más un interés del 8% anual sobre el monto ajustado. Entre ambas, la ley dispone que deberá tomarse la que arroje como resultado el importe mayor.
A su vez, el art. 100 del decreto reglamentario de la ley del gravamen —art. 103 en su redacción actual—, en lo pertinente, establecía: “A efectos de la aplicación del artículo 73 de la ley, se entenderá que se configura la disposición de fondos o bienes que dicha norma contempla, cuando aquéllos sean entregados en calidad de préstamo, sin que ello constituya una consecuencia de operaciones propias del giro de la empresa o deban considerarse generadoras de beneficios gravados”.
A la fecha en que se dicta este pronunciamiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se ha expedido en la materia, en específica referencia a las operaciones que implican disposiciones de fondos entre empresas vinculadas. En efecto, al fallar en la causa “Fiat Concord S.A. c/DGI” o Fallos 335:131, sentencia del 6 de marzo de 2012, dijo que “…el hecho de que la disposición de fondos se efectúe — como ha ocurrido en el caso— entre sociedades vinculadas económicamente entre sí, o en relación de sujeción económica por revestir una de ellas una condición dominante respecto de otra dependiente, no impide considerar que dicha disposición se haya efectuado a favor de terceros, en los términos del art. 73 que se examina, puesto que se trata de distintos sujetos de derecho que son considerados individualmente como sujetos pasivos de la obligación tributaria”. Y “Que, establecida la individualidad jurídica de cada sujeto, cabe concluir que cuando el art. 73 de la ley alude a las operaciones realizadas en “interés de la empresa” —recaudo estrechamente ligado al establecido en la reglamentación acerca de que la presunción operará si los fondos entregados en calidad de préstamo no responden a operaciones propias del “giro de la empresa”—, no se refiere al interés del conjunto económico sino al del sujeto al que se encuentra dirigida la norma, esto es, la sociedad de capital que efectúa la disposición de fondos o bienes. Sin perjuicio de ello, es pertinente señalar que en el supuesto de las sociedades que integran un conjunto económico, podrían existir modalidades comerciales peculiares, que deberán ser contempladas, en cada caso, mediante una exhaustiva ponderación de la causa que originó la entrega de los fondos o bienes, y de la correlativa contraprestación por parte de quien los receptó, examen que —por las razones señaladas en el considerando 4° de la presente— no corresponde al Tribunal realizar en esta instancia excepcional”. Copia de dicho precedente puede extraerse también de www.csjn.gov.ar o www.cij.gov.ar.
De ello se sigue que no es determinante a la hora de resolver sobre el ajuste que aquí se trata la participación del 99,9% que como su controlante CTI Holdings S.A. tenía sobre la aquí recurrente –conforme surge del punto 8) de la pericia contable-, puesto que tanto desde el punto de vista societario como fiscal constituían sujetos diferentes. Lo que debe analizarse entonces es si las disposiciones de fondos fueron operaciones propias del giro comercial de CTI, si fueron efectuadas en interés de la empresa y la tasa de interés pactadas, extremos éstos que son de hecho y prueba por lo que debe estarse a las rendidas en autos.
No se han aportado elementos que permitan concluir que la disposición de fondos de CTI a favor de su controlante le hubiera implicado un beneficio en su propio interés, ni la necesidad de realizar las mismas para el giro normal de sus negocios -conf. Art. 103, reglamentación-, lo único que ha acreditado en el caso la recurrente es la relación controlante- controlada entre ambas empresas y la existencia de quebrantos en sus declaraciones juradas del impuesto a las ganancias período fiscal 2001 que la llevan a concluir en que gravar los intereses “…conllevaría a la ruptura de la neutralidad del impuesto del grupo económico”, extremo este último que no se encuentra previsto en la normativa como supuesto de no aplicación de los mismos.
Por lo expresado, corresponde confirmar el ajuste por este concepto en la Res N° 1/2006.
El Dr. Martín y la Dra. Gómez dijeron:
Que adhieren al voto precedente.
Atento al resultado de la votación que antecede,
1. Confirmar parcialmente las Resoluciones, tanto en cuanto al capital como a los intereses resarcitorios reclamados en ellas, con costas según los respectivos vencimientos.
2. Ordenar que el Fisco Nacional en el plazo de 30 (treinta) días practique liquidación de las sumas que en definitiva deberá ingresar la recurrente. A tal fin, por Secretaría General de Asuntos Impositivos remitir los antecedentes administrativos a la AFIP-DGI por el plazo indicado.
3. Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta la aprobación de la liquidación ordenada.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos agregados y archívese. Date: 2021.10.13 13:10:38 -03:00 Date: 2021.10.13 14:10:24 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.10.13 15:37:20 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.10.13 15:37:21 -03:00
Fin de la sentencia