Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 27344-I
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 5253/2023 CTI NORTE COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL
INTERIOR SA (TF 27344-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 7 de septiembre de 2023.- AA Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que el Tribunal Fiscal de la Nación, en lo que aquí interesa, revocó la resolución 31/2008, mediante la cual la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aplicó una multa a la firma actora de $ 2.935.359,57, equivalente al 70% del impuesto al valor agregado (IVA) que omitió ingresar por los períodos fiscales 11/2001, 12/2001 y 1/2002, e impuso las costas a cargo de la parte demandada vencida.
Sostuvo que "al momento de notificarse la resolución que instruyó sumario (24/04/2008), las facultades del Fisco para aplicar la sanción vinculada con [los períodos en cuestión], se encontraba prescripta", con arreglo a las previsiones contenidas en los artículos 56 y 58 de la ley 11.683.
Para así decidir, consideró que:
(i) El "mes base para computar los plazos es enero de 2001", toda vez que "los supuestos débitos fiscales [que] produjeron una disminución en el saldo a favor técnico de la responsable, cuyo traslado se vio reflejado de forma positiva para el Fisco Nacional recién en los períodos 11/01, 12 /01 y 01/02, [...] no puede conducir a determinar que el supuesto hecho imponible omitido acaeció en una fecha distinta a la consignada en las facturas aquí cuestionadas".
En consecuencia, el plazo de prescripción comenzó a correr el 1º de enero de 2002 y finalizó el 31 de diciembre de 2006.
(ii) El "28/12/06 el Ente Fiscal interpuso una denuncia penal, suspendiendo el curso de la prescripción hasta el 05/07/2007 (fecha, esta última, en la que la sentencia quedó firme por haber transcurrido los tres días del plazo para apelar, conforme los artículos 450 y 377 del Código Procesal Penal de la Nación), todo ello acorde al art. 65 inc.c) de la ley de rito. En consecuencia, el quinto año se completaría el 08/07/2007, considerandos los días restantes por el año 2006".
(iii) No resulta aplicable la causal suspensiva prevista en el artículo 65, inciso d), de la ley 11.683, "pues tal apartado fue introducido por una norma posterior a los períodos en crisis (Ley 25795/2003)".
II. Que el Fisco Nacional apeló y expresó agravios, que fueron contestados (fs. 620, fs. 628/635 y fs. 657/661).
Sostuvo diversos argumentos:
1. El plazo de prescripción comenzó a correr el 1º de enero de 2003 y finalizó el 8 de julio de 2008, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:
(i) La resolución 2/2006 "impugnó las declaraciones juradas correspondientes al [IVA] por los períodos fiscales 12/2001 y 1/2002 [...] verificándose ya con respecto al primero de ellos la comisión de una nueva infracción, cuyo perfeccionamiento operó con la presentación de la declaración jurada respectiva a su vencimiento, es decir enero de 2002, dando lugar a la causal de interrupción de la prescripción para aplicar la multa [con arreglo a lo previsto en el artículo 68, inciso 'a', de la ley 11.683] , por lo que el nuevo término comenzó a correr el 1/01/2003".
(ii) El 28 de diciembre de 2006, la AFIP presentó una denuncia penal "suspendiendo el curso de la prescripción hasta el 05/07/2007". (iii) El "quinto año se completaría el 8/07/2008, considerando los días restantes por el año 2006".
2. Las costas deben correr en su totalidad a cargo de la firma actora.
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INTERIOR SA (TF 27344-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO III. Que la cuestión que llega al conocimiento de esta sala consiste en determinar cómo debe interpretarse la causal de interrupción del plazo de prescripción de las acciones y los poderes que tiene el Fisco Nacional para aplicar multas, contenida en el artículo 68, inciso 'a', de la ley de procedimiento fiscal.
IV. Que los agravios no pueden ser acogidos.
En efecto:
Corresponde recordar que las infracciones tributarias contenidas en la ley de procedimiento fiscal tienen naturaleza penal (Fallos: 271:297; 303 :1548; 316:1190; 324:107; 327:5345, entre muchos otros), por lo que resultan aplicables todos los principios generales del derecho penal, salvo que la ley tributaria especial contenga expresamente una disposición en sentido contrario.
En atención, pues, al carácter penal de las sanciones tributarias, no es posible sino concluir en que por la expresión “comisión de nuevas infracciones” contenida en inciso 'a' del artículo 68 de la ley 11.683 debe entenderse en sentido técnico de una conducta posterior, típica, antijurídica y culpable; es decir que, para que surta efecto la causal interruptiva resulta necesaria la declaración de la existencia de una ulterior infracción y de la responsabilidad del encartado mediante una resolución condenatoria firme —administrativa y/o judicial— (esta sala, causas “Sol Naciente Seguro de Personas S.A.”, “Frigorífico La Colorada SA (TF 34654-I)” y “Tropini y Salcedo SA” pronunciamientos del 14 de septiembre de 2015, 20 de agosto de 2019 y 19 de agosto de 2021, respectivamente).
No debe soslayarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en este sentido al afirmar que cada hecho criminal “entre sí no tienen carácter interruptivo, de no mediar una sentencia judicial firme que declare su realización y atribuya responsabilidad al mismo encausado” (Fallos: 312:1351; 322.717, entre otros).
Por tanto, es preciso que se haya determinado previamente, y también por medio de un pronunciamiento judicial y/o administrativo firme, la comisión de la infracción que se invoca como causal interruptiva (esta sala, causas “Henri Hirschen y CÍA S.A.” y “Esfida S.A.”, pronunciamientos del 20 de febrero de 1997 y 20 de septiembre de 2012, respectivamente). Antes no podrá considerarse definitivamente probado que aquéllas han sido cometidas ni indudablemente acreditada la causal interruptiva.
Por consiguiente, dado que la parte demandada alegó como una causal de interrupción la presunta comisión de una infracción que no contaba con fuerza de cosa juzgada, corresponde desestimar los agravios y confirmar el pronunciamiento apelado, con costas (artículo 68, párrafo primero, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). ASÍ SE DECIDE.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Fin de la sentencia