Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa C-2671/25-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar bien concedido el recurso de casación interpuesto, por la parte actora en PE1905825-2025.-
2Ordenar se pongan los autos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el artículo 8° del Libro I, Titulo IV, Cap. IV, Sec. 6°, Parágrafo 2° -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley 3453/15 -Decreto N° 2228/15- y por el término allí establecido.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: C-2671/25-TSJ Interlocutorio N°: 3936 Actor: CUCHALLO ADELA MARTA Demandada: MARTINEZ MIRTA GLORIA Y OTRO Objeto: ORDINARIO Fecha: 21-08-2026 Texto: TOMO XXXVII -INTERLOCUTORIO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 3936 FOLIO Nº 7344/7347 PROT. ELECT. TSS1 027 I.261
Río Gallegos, 21 de agosto de 2026.-
Los presentes autos caratulados: “CUCHALLO ADELA MARTA c/ MARTINEZ MIRTA GLORIA Y OTRO s/ ORDINARIO”, Expte. Nº C-11.856/15 (C-2671/25-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
Voto de la Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos:
I. Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte actora, por intermedio de su letrada apoderada, Dra. Silvia Cristina Riente (cfr. PE1905825- 2025), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, que rechazó el recurso de apelación interpuesto por la actora y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de Primera Instancia que rechazó la demanda con costas (cfr. PE1880846-2025).-
II. La parte actora acusa inobservancia o errónea aplicación de la ley en los términos del artículo 3º inciso a) Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-; y por arbitrariedad en la interpretación y valoración de los hechos y de las probanzas respecto de los mismos (cfr. PE1905825-2025, págs. 1/3).- Funda su recurso sosteniendo que: “Se conculcan normas procesales que contienen derechos constitucionales indisponibles, como el art. 34 del CPCyC que exige el respeto al principio de congruencia y la aplicación de las normas de rango superior…”. Afirmando asimismo que la Cámara apreció de forma indebida los testimonios efectuados en autos, al considerar que su contenido no permitió acreditar la titularidad de la actora respecto del inmueble, violándose de ese modo los principios de razón suficiente, entidad y no contradicción considerándolos pilares básicos de la estructura lógica de la sana crítica (PE cit. pág. 3).- Considera que: “En ambas instancias se ha ignorado lisa y llanamente el comprobante del pago de los impuestos municipales pese a la importancia que el mismo reviste…constituye un instrumento público; y se encuentra regulada (sic) de manera expresa su valor probatorio…Sin embargo este instrumento…no fue considerado. (cfr. PE y pág. cits.).-
Continúa afirmando que: “Igual suerte corrieron las constancias bancarias donde constan los depósitos de los alquileres en la cuenta conjunta que la Sra. Cuchallo posee con la Sra. Segovia.” (cfr. PE cit. pág. 4).-
Sostiene que: “…Las demandadas declaradas en rebeldía han omitido alegar y probar hechos que les eximan de dar cumplimiento a las obligaciones que se les reclama […] Evidentemente la falta de contestación de demanda implica -además del reconocimiento de la documental acompañada- una presunción iuris tantum de los hechos.” (PE y pág. cits.).-
Considera respecto a la legitimación activa de la actora que, en la etapa procesal oportuna, se consideró innecesaria la prueba ofrecida para acreditar la titularidad registral de la Sra. Cuchallo, por lo que no estuvo controvertida su propiedad, afirmando que la invocación de la falta de legitimación en perjuicio de la actora resulta violatoria del principio de preclusión y seguridad jurídica (PE y pág. cits.).-
Cita jurisprudencia de este Alto Cuerpo, afirmando que: “…estamos en presencia de una violación a la doctrina legal del Excmo. Tribunal Superior de Justicia dado que la violación al instituto de preclusión procesal resulta incompatible con las garantías dispuestas por los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional.” (PE cit., pág. 5).-
La Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación en PE1992253-2025.-
Los presentes pasan al Acuerdo en PE1201245-
2025.-
III. Que en oportunidad de efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado, se advierte que el mismo no alcanza a cumplimentar los requisitos formales que se interponen en el acceso a esta instancia extraordinaria.-
IV. Se observa que los fundamentos del recurso de casación constituyen una reproducción similar de los agravios esbozados en el punto I -Agra-vios- del recurso de apelación, lo que denota una deficiente técnica recursiva (cfr. PE845385-2023, págs. 2/4).-
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha sostenido que: “...'…'…resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que reproduce similares argumentos a los expuestos al formular la apelación, que ya fueron analizados y resueltos por la Cámara actuante y se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante sin lograr demostrar el error jurídico que justifique la tarea casatoria de esta Suprema Corte...' (cfr. SCBA 'Alvarez Sosa María c/ Valero Daniel Félix y otros s/ Simulación' y su acumulada 'Alvarez Sosa María Esther c/ Valero Daniel Félix y otros s/ Daños y perjuicios. Incumplimiento contractual (exc. estado)', causa LP C 119.753 S, del 25/10/2017…'…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXXVI, Reg. 3890, Folio 7186/7191).-
Así, se verifica que el planteo de la recurrente tiene como núcleo fundamental cuestionar la valoración de los medios probatorios efectuada por la Alzada respecto a si se encontraba legitimada para interponer la demanda, al objetar la valoración probatoria de los testimonios, de los comprobantes de pago, constancias bancarias y la prueba ofrecida para acreditar la titularidad registral de la parte actora. Es decir, remiten al examen de cuestiones de hecho y prueba que, en principio, son ajenos a esta instancia extraordinaria salvo que se demuestre arbitrariedad o absurdo, circunstancia que no se vislumbra en el sub lite.- En referencia a este tipo de agravios, este Tribunal Superior de Justicia también ha sostenido que las cuestiones de hecho y prueba son ajenas al ámbito de la casación: se advierte que los planteos de la recurrente remiten a cuestiones fácticas, ajenas al ámbito casatorio. En efecto, la impugnación está estructurada en torno a circunstancias extrañas al carácter sustancial que impregna a la vía extraordinaria provincial. Las impugnaciones sólo evidencian discrepancias con los fundamentos del decisorio pero no logran demostrar la sin razón de aquellos (cfr. Interlocutorio, Tomo XXII, Reg. 2767, Folio 4301/4305). En este contexto es que el recurso, como se apuntara, carece de la argumentación que exprese el alcance de su impugnación para abrir la vía intentada.-
También, se ha señalado que no promueve una cuestión para ser tratada en casación el recurso que solo trasunta una opinión diversa a la sostenida en las instancias de grado, insuficiente, por ende, para demostrar que esta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación. En la especie, los agravios remiten a materias propias de los jueces de la causa y ajenas a la instancia casatoria (cfr. TSJ Santa Cruz Interlocutorio, Tomos VI, Reg. 893, Folio 1044/1046; XI, Reg. 1462, Folio 2044/ 2045 entre otros). En estos casos la cuestión no puede sino fenecer en los tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de cuestiones de hecho y prueba, salvo el caso de absurdo, o que se alegue y demuestre que se han violado las normas legales o las reglas de derecho que gobiernan esa interpretación (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos XXI, Reg. 2685, Folio 4097/4099; Reg. 2661, Folio 4030/4032; XXII, Reg. 2767, Folio 4301/4305), circunstancias, estas últimas que no acontecen en los presentes.- Desde este particular cuadrante, el recurso no cumple con el requisito de adecuada fundamentación, toda vez que se desentiende de las razones esenciales dadas en el decisorio. Disentir con lo resuelto por la Cámara de Apelaciones, no es base idónea de agravios ni configura absurdo que dé lugar al recurso extraordinario…ya que dicha anomalía queda configurada únicamente cuando media cabal demostración de su existencia (cfr. SCBA, “Larroque Germán D. c/ Gallo Ignacio P. s/ Daños y Perjuicios”, causa LP Ac. 52.433-S, del 03/05/1994; “Acosta Héctor Oscar c/ Leonetti Carmen Nélida s/ Daños y Perjuicios”, causa Ac. 58.850-S, del 17/10/95). Sólo el error palmario y fundamental autoriza la apertura de la casación para el examen de una cuestión de hecho (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos VI, Reg. 880, Folio 1019/1021; XI, Reg. 1496, Folio 2093/2095, entre otros).- Los fundamentos brindados en la sentencia en crisis no logran ser conmovidos por los reproches expuestos por la casacionista, ya que del agravio esgrimido sólo se advierte discrepancia con el Juzgador que no logran poner de manifiesto el vicio alegado, como ya se apreció -de su lectura- una mera disconformidad con el resultado obtenido sin realizar un juicio crítico de los razonamientos empleados por la Alzada para decidir como lo hizo.-
En relación a la alegada violación de la doctrina legal sentada por este Tribunal Superior de Justicia en los autos: “Vidaurre Miguel María y otros c/ Empresa F.K. Minera S.A. y/o Canero Arturo s/ Sumario” (cfr. Tomo XXI, Sentencia, Reg. 699, Folio 4147/4151), deviene ineludible señalar que este Alto Cuerpo -a lo largo del tiempo- ha ido configurando y precisando la conceptualización de la “doctrina legal” en precedentes que, en definitiva, permitirán una clarificación más amplia del tema a tratar. Así, se ha señalado que: “Para que resulte de aplicación la doctrina legal que se alegue, no sólo debe tratarse de casos idénticos…'... no siendo suficiente -como ha dicho el Supremo Tribunal Español- la simple analogía, pues como es obvio si las situaciones de hecho son diferentes el precedente no es de aplicación. El valor persuasivo de la jurisprudencia ha de fundarse en lo que el Tribunal hizo y en las razones decisivas por las que lo hizo, para demostrar que la misma razón que antes fue decisiva ha de serlo también en el litigio pendiente de solución...' (confr. Hitters, Juan Carlos, 'Técnica de los Recursos Extraordinarios y Casación', ed. 1984, p. 250…'...Tomo IV Interlocutorio, Reg. 424, Folio 705/708), esto es, '... ha de haber identidad entre la situación fáctica y jurídica del juicio antecedente que se invoca como sostenedor de la doctrina y la del que se pretende hacer valer...' (confr. STJ Chubut, 28-5-90, 'Delgado Uribe, Florentino c. Empresa Tapko S.A.M.S.I.C. s. Despido', Causa A-58), y en su caso, '...la demostración de su vinculación con el problema a resolver...' (confr. CNCiv., Sala E, agosto 27-980, L.L. 1981 -A 564).” (cfr. Tomo XIII, Sentencia, Reg. 478, Folio 2592/2595).-
V. En definitiva, nos encontramos ante la insuficiencia técnica del recurso en examen, desde que su crítica al fallo no pasa de ser una mera opinión personal que pretende sustituir el criterio de los Magistrados de la anterior instancia, lo que torna inadmisible el recurso intentado. Los argumentos con que procura la recurrente obtener que se revoque el fallo en cuestión no demuestran arbitrariedad, ni apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso o una decisiva ausencia de fundamentación, ni la concurrencia de un yerro jurídico patente, o un desvío lógico susceptible de ser reparado en esta instancia extraordinaria.-
Que, en virtud de lo expuesto, el recurso de casación articulado por la parte actora en PE1902825-2025, no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria por lo que corresponde declararlo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial en PE1992253-2025 de conformidad con lo establecido en el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.
Las Dras. Alicia de los Ángeles Mercau, Reneé Guadalupe Fernández y el Dr. Fernando Miguel Basanta, por compartir los fundamentos adhieren al voto de la Dra. Ludueña.- Voto del Dr. José Antonio González Nora:
I. Que, si bien concuerdo con el relato de los antecedentes de la causa plasmados en los puntos I) y II) del voto que antecede, disiento respetuosamente con la solución que propician los Vocales preopinantes, por los fundamentos que desarrollo a continuación.-
de un recurso de casación no debe ser confundido con el estudio de su “procedencia”. Si bien la falta de cualquiera de ellas produce el fracaso de la impugnación, se trata de cuestiones esencialmente diversas cuya decisión corresponde a dos órganos distintos.- En el régimen vigente de la sección 6ª del CPCyC, la admisibilidad se vincula con los extremos meramente formales previstos en el código de rito y corresponde sucesivamente al Tribunal A quo y al Tribunal Ad quem; así lo disponen los artículos 5° y 7° respectivamente.-
Por otro lado, el análisis de la procedencia hace a la fundabilidad del embate e involucra el juicio sobre el acierto de la pretensión recursiva; su decisión corresponde sólo y exclusivamente al Tribunal Ad quem (cfr. art. 13).-
El primer juicio de admisibilidad ya fue realizado por la Cámara de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial. El segundo, corresponde sea efectuado por este Tribunal Superior de Justicia. Este último sólo debe alcanzar a la simple verificación de la temporalidad del recurso y de los demás recaudos formales. Es decir: existencia o no de sentencia definitiva o equiparable a ella (art. 1°); plazo, constitución de domicilio y acreditación del pago del depósito previo (art. 4, incs. c y d); e invocación de alguno de los motivos casatorios taxativamente enumerados (arts. 1°; 2°; 3°; 4°, incs. a y b).-
Así lo señala expresamente el mencionado art. 7º:
“Art. 7º - Examen preliminar: Dentro de los diez (10) días de recibidos los autos, el Tribunal Superior de Justicia examinará en Acuerdo -n forma preliminar- el escrito de presentación, al sólo efecto de determinar si ha sido interpuesto con arreglo a las disposiciones que rigen el plazo y demás requisitos formales previstos en los artículos anteriores para establecer si el recurso ha sido bien o mal concedido. En este último caso se devolverán los autos sin más trámite. Admitido el recurso por el Tribunal Superior de Justicia, se dictará la providencia de “autos”, la que será notificada a los interesados personalmente o por cédula…”. (el destacado es de mi autoría y a los únicos fines de resaltar la solución que propicio).-
A su vez, el inciso a) del artículo 4 de la sección 6ª sólo exige: “…expresar el alcance de la impugnación y lo que se desea que se anule, indicando concretamente las formas quebrantadas, las disposiciones violadas, erróneas o falsamente aplicadas, manifestando cuál es la ley o doctrina que ha debido aplicarse...” En ningún momento requiere una “adecuada fundamentación”.-
La primera fuente de interpretación de las leyes es su letra, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir de ella (Fallos: 312:2078; 321:1434; 326:4515 y 340:2021), pues la exégesis de la norma debe practicarse sin violencia de su texto o de su espíritu (Fallos: 307:928; 308:1873; 315:1256; 330:2286 y 338:488). De modo concorde se ha subrayado que el principio constitucional de separación de poderes no consiente a los jueces el poder de prescindir de lo dispuesto por la ley respecto del caso, so color de desacierto o injusticia (Fallos: 249:425; 306:1472; 314:1849; 318:785; 329:1586; 333:866; 338:488 y 342:1376).-
Los verbos utilizados resultan claros al respecto, pues de los términos “expresar”, “indicar” y “manifestar” jamás puede concluirse la exigencia de una “adecuada fundamentación” o “suficiencia técnica”, aspectos estos últimos que son propios del examen de procedencia del recurso (y no del de admisibilidad).- En síntesis, lo que no puede ni debe realizar el Tribunal ad quem en oportunidad de analizar y resolver sobre la admisibilidad del recurso de casación es ingresar en aspectos que involucren la “procedencia” de la vía impugnativa, tal como entiendo sucede erróneamente en el voto de los colegas preopinantes.-
III. Así las cosas, encontrando reunidos -en principio- los extremos formales que hacen a la interposición del recurso de casación, proponemos declararlo bien concedido a tenor de lo dispuesto en el art. 7° del Libro I, Titulo IV, Cap. IV, Sec. 6° Parágrafo 2° -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley N° 3453/15 -Decreto N° 2228/15- y, por ende, ordenar se pongan los autos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el artículo 8° de la ley citada y por el término allí establecido.-
Los Dres. Daniel Mauricio Mariani, Sergio Edgardo Acevedo, Juan Lucio Ramón de la Vega y Gabriel N. Contreras Agüero, por compartir los fundamentos adhieren al voto del Dr. González Nora.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto minoritario de las Sras. Vocales, Dras. Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos, Reneé Guadalupe Fernández y del Sr. Vocal Dr. Fernando Miguel Basanta y el voto mayoritario y concordante de los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, José Antonio González Nora, Sergio Edgardo Acevedo, Juan Lucio Ramón de la Vega y del Sr. Presidente, Dr. Gabriel Nolasco Contreras Agüero, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar bien concedido el recurso de casación interpuesto, por la parte actora en PE1905825-2025.-
2. Ordenar se pongan los autos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el artículo 8° del Libro I, Titulo IV, Cap. IV, Sec. 6°, Parágrafo 2° -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley 3453/15 -Decreto N° 2228/15- y por el término allí establecido.-
Fdo: Dr. Gabriel Nolasco Contreras Agüero -Presidente- Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Dr. José Antonio González Nora –Vocal-; Dr. Sergio Edgardo Acevedo –Vocal-; Dr. Juan Lucio Ramón de la Vega –Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1027I.261 Tomo: XXXVII Interlocutorio: 3936 Folio N°: 7344/7347 Secretaría: 1
Fin de la sentencia