Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción · Causa 8115
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 8115 Sentencia: 3020 Actor: CUELLAR, Raúl Luciano Demandada: FLIATANA S.A.
Objeto: Demanda Laboral – Cobro de Pesos Fecha: 29/08/2023 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los veintinueve de agosto de 2023 dos mil veintitrés, se reúnen los señores miembros de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “CUELLAR, RAÚL LUCIANO C/FLIATANA S.A. S/ DEMANDA LABORAL - COBRO DE PESOS”, Expte. Nº 20128/21 que tramita en el Juzgado de Primera Instancia Nº 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la ciudad de Caleta Olivia, que tuviera ingreso en esta instancia bajo el Nº 8115. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Griselda Isabel Bard, Hum-berto Eduardo Monelos y Jorge O. Alonso para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA:¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?. A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
I. En documento PE192594-2021 se presenta el Dr. Eugenio Gomez Carrasco en representa-ción de Raúl Luciano Cuellar y promueve demanda laboral contra Fliatana S.A. por la suma de $1.721.773,71 en concepto de indemnización por despido. Refiere que el nombrado trabajaba en el local denominado "City Shop" propiedad de la firma demandada desde el 2 de enero de 2017 en cali-dad de maestranza bajo el convenio colectivo 130/75. Sostiene que el día 2 de junio de 2021 se sintió mal de salud y se retiró del trabajo previa comunicación a su superior. Agrega que encontrándose en un estado gripal y con prescripción médica de aislamiento por el término de diez -10- días igualmente es despedido el día 4 de junio de 2021 mediante CD que transcribe. Relata que se le endilga al traba-jador el abandono de trabajo lo que resulta totalmente falso y por fuera de la buena fe laboral conclu-yendo que la situación rupturista deviene injustificada. Agrega que el trabajador contestó dicha misiva pese a lo cual la empleadora se mantuvo en su postura. Practica liquidación de los rubros adeudados, ofrece la prueba y hace reserva del caso federal.-
II. Se cita a la audiencia del art. 47 de la ley 1444 y fracasada la posibilidad de una concilia-ción, en documento PE258870-2021 luce la contestación de la demandada. Los Dres. Carlos Silvio Knez, Franco Leonel Lopez y Pablo Ninkovic, en carácter de apoderados de FLIATANA S.A. respon-den la demanda, niegan los hechos en forma detallada, desconocen la documentación y dan su ver-sión de lo sucedido. Al respecto manifiestan que el actor de autos tenía diversos antecedentes discipli-narios, tales como llamados de atención por no haber realizado la devolución de productos en la for-ma de estilo, por no cumplir con la realización de los cursos Galeno ART Online, siendo que los mis-mos eran obligatorios y apercibimiento por no firmar la planilla de limpieza de baños; de todo lo cual habría sido debidamente notificado. En particular refiere que la demandada es una empresa de venta de artículos de bazar, de limpieza y de ferretería entre otros. Reconoce la relación laboral, en la cate-goría C del Convenio Colectivo 130/75 de empleados de comercio. Señala que el día 2 de junio de 2021, Cuellar ingresó a su lugar de trabajo a las 13 hs, y una hora más tarde se retiró del estableci-miento sin justificación ni autorización; que regresó más tarde y volvió a retirarse. Sostiene que la de-mandada se vio injuriada por los incumplimientos en sus obligaciones como trabajador pérdida de confianza. Agrega que el actor tuvo una actitud irresponsable, que puso en riesgo su salud, la de sus compañeros y clientes. Transcribe la CD de despido y la respuesta. Concluye que el actor asistió a trabajar con síntomas de Covid-19 y no comunicó dicha situación a los superiores, que aún teniendo la prueba de hisopado sin el resultado correspondiente, volvió al establecimiento comercial, lo que entiende como irresponsable y riesgoso para la salud de las demás personas siendo que era conocida la información con relación a la pandemia y sus consecuencias y cuidados. Reitera los motivos por los cuales considera justificado el despido por culpa del empleado. Sostiene la improcedencia de la indemnización prevista en el art. 80 de la L.C.T. ya que fue el propio actor quien nunca retiró los certificados y no existe incumpli-miento por parte de la empresa en tal sentido, sostiene la improcedencia de los demás rubros reclama-dos, impugna la liquidación . Solicita de rechace la demanda en su totalidad, ofrece prueba, funda en derecho y hace reserva del caso federal.-
III. En documento PE273921-2022 se abre la causa a prueba, finalizada su producción certi-fica la actuaria y en documento PE677442-2022 se celebra la audiencia del art. 70 de la ley 1444. En documento PE776935-2023 luce la sentencia dictada en autos que admite la demanda de Raúl Lu-ciano Cuellar contra Fliatana S.A. y la condena al pago de indemnización por antigüedad, doble in-demnización conforme DNI 39/2021, multa art. 2 de la ley 25323, indemnización sustitutiva de preaviso, días trabajados del mes de despido e integración del mes de despido, SAC sobre dicho rubro, fondo de desempleo ley 24013 y multa del art. 80 de la LCT más intereses, difiere la regulación de honorarios y la determinación de tasa a de justicia.
IV. Disconforme con el pronunciamiento el apoderado de la parte demandada interpone re-curso de apelación en documento PE793781-2023 que funda en el mismo escrito. El recurso es con-cedido libremente y con efecto suspensivo y en documento PE816014-2023 la parte actora contesta los agravios. El demandado se agravia por entender la improcedente la indemnización prevista en el art. 2 de la Ley 25.323. Entiende que la decisión es equivocada, hace referencia al texto de la norma y señala que para la procedencia de esta multa es necesaria la intimación fehaciente por parte del traba-jador y la promoción de acciones judiciales para obtener su cobro. Agrega que esta multa no opera automáticamente; y que en el caso la demandada negó la documentación acompañada por la actora entre ella a los telegramas remitidos por el trabajador y la parte actora no logró autenticarlos en el pe-ríodo probatorio, por lo que concluye que la decisión de la jueza es arbitraria por violar el principio de carga de la prueba ya que no logró acreditarse la intimación fehaciente que requiere la norma.
En for-ma subsidiaria señala que igual debe desestimarse esta multa pues existieron causas que justificaron la conducta del empleador. Agrega que la multa no es aplicable al empleador que discute la procedencia del reclamo con razones serias y reales más allá de las valoraciones judiciales; y en el particular exis-tían razones para entender que el despido era justificado. Reitera el relato de las circunstancias que configuraron el distracto, lo que se tiene presente, y concluye que por dichas circunstancias no proce-de el pago de la multa del art. 2 de la ley 25.323. En segundo término se agravia por la condena a abonar la indemnización prevista en el art. 80 de la L.C.T., ya que para la procedencia se requiere la intimación fehaciente por parte del trabajador, y la promoción de acciones judiciales para reclamar el cobro de la indemnización.
Señala que al contestar la demanda desconoció la documentación y el ac-tor no logró demostrar la autenticidad de la misma. En atención a ello concluye que la jueza de grado no valoró debidamente las pruebas producidas y solicita se revoque. En un tercer agravio sostiene la improcedencia de la condena a abonar el fondo de desempleo previsto en la Ley N° 24.013. Entiende que la decisión es errónea y violatoria del art. 3 del CCC, ya que condena en forma infundada. Agrega que la Ley 24.013 crea un Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo, a cargo del Estado y NO de los empleadores y por tal razón FLIATANA S.A. no tiene legitimación pasiva para ser demandada por una prestación económica a cargo del Estado.
Solicita se revoque la condena.-
V. En documento PE816014-2023 la parte actora contesta los agravios. Con relación a la im-procedencia de la indemnización del art. 2 de la ley 25323 refiere que el trabajador intimó a la em-pleadora con el telegrama identificado con la CD 85127357 0, de fecha 29 de junio de 2021 y que la demandada contestó dicha intimación en CD137843078, por lo que refiere que no puede desconocer ahora no haber recibido el telegrama del trabajador siendo que ella misma lo contestó, calificando de maliciosa dicha conducta. Cita jurisprudencia sobre el carácter de instrumento público de las piezas cuestionadas. Entiende que tampoco existen circunstancias atenuantes de la responsabilidad del em-pleador, ya que pretendió alegar un abandono de trabajo que no se encontraba configurado. Sostiene que no resulta de aplicación el precedente del Tribunal Provincial in re "Murúa Carlos" (cfr. Tomo XVII - Sentencia Reg. 576, Folio 3279/328), más allá de la aplicación restrictiva que debe operar en relación a la multa de la ley 25.323. En otro apartado refiere que tampoco corresponde exonerar a la demandada de la multa prevista en el art. 80 LCT, ya que el empleador estuvo fehacientemente notifi-cado y no entregó las certificaciones.-
VI. Ingresando al análisis de los agravios propuestos en primer término con relación a los ar-gumentos expuestos por el recurrente con relación a la indemnización del art. 2 de la ley 25323 habré de señalar que no basta el simple desconocimiento de la CD para entender que el trabajador no intimó a la empleadora. Tengo presente que se trata de documentación emanada del Correo Oficial, al domi-cilio de la empleadora, prima facie verídica, pero por sobre todo por cuanto la propia recurrente hace referencia a las CD en sus respuestas. Es decir pretende hacer valer como prueba su contestación a una carta documento que desconoce, lo que no es compatible con la buena fe procesal y laboral que debe guardarse, este argumento debe ser desechado.
En cuanto al otro aspecto que formula habré de analizar la forma en que se ha configurado el despido, las circunstancias que lo rodearon y la actitud asumida por las partes, ya que tratándose de una sanción merece un análisis restrictivo. Si bien la de-mandada no recurre lo decidido en cuanto a la forma en que entendió el despido cuestiona las formas que se guardaron. Por su parte el actor sostiene que se encontraba enfermo al momento del distracto, la demandada alegó que despedía al trabajador por ausentarse del trabajo. ELLO constituyó básica-mente el objeto de la prueba del expediente. En anteriores pronunciamientos he dejado sentada mi postura con respecto a la interpretación restrictiva que debe realizarse del agravamiento en la indemni-zación contemplada por la normativa en juego.
Tengo presente lo decidido por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia en el punto en los autos “MURUA CARLOS FRANCISCO c/ SCHLUMBER-GER ARGENTINA S.A. s/ LABORAL–COBRO DE PESOS”, Expte.M-10.300/06 (M-1.819/11-TSJ), donde haciendo referencia a que esta norma es de interpretación restrictiva, señala que: "...Conteste con lo señalado, se ha manifestado que dicha excepción resulta aplicable cuando surge de la causa que el empleador pudo considerar un acto del dependiente como causa justificada para el despido pero no pudo probarla en juicio o que existió pero no justificaba el despido (confr. Grisolía, Julio Armando, Régimen Indemnizatorio en el Contrato de Trabajo, 4ª ed., Nova Tesis Editorial Jurídica, Rosario, 2007, pág. 484); y además que “…la indemnización prevista por el art. 2º ley 25.323 debe ser concedida con carácter restrictivo y sólo en aquellos supuestos en que no exista prueba alguna de la causa o la invocada resulte absolutamente improcedente a los fines del art. 242 LCT, pues de lo contrario se produciría una clara limitación del derecho de defensa en juicio para el empleador, quien frente al riesgo de que se incrementen las indemnizaciones, debería abstenerse de someter la cuestión a la consideración de los jueces, pese a que éstos son los únicos que pueden pronunciarse válidamente sobre el tema?” (confr.
CNLB, Capital Federal, 21-6-2002, “Aca, Adrián R. c/ Don Bat-taglia S.R.L.”, JA 2002 IV, 129, citado en RODRÍGUEZ SAIACH, Luis Armando, ‘Cálculo, indemniza-ciones laborales: bases, liquidaciones’, ejemplos, topes indemnizatorios, jurisprudencia, 5ª ed., GWA Ediciones Profesionales, Buenos Aires, 2008, págs. 337/338)." (T. XVII – SENTENCIA – T.S.J., REG. Nº 576; FOLIO 3.279/3.288; PROT. ELECT. TSS1 015 S.141, 11 de julio de 2014)- Este precedente señala las pautas para el análisis del caso no obstante que el actor entienda que es inaplicable. En el particular el despido dispuesto por el empleador con invocación de causa, no puso acreditarse tal como lo indicara pero entiendo que la demandada pudo creerse con derecho a actuar como lo hizo.
Tengo en cuenta que no fue clara la comunicación del retiro del lugar de trabajo, la incertidumbre por los potenciales contagios del COVID-19 y los numerosos antecedentes disvalio-sos con que contaba el actor y que fueron acreditados en autos. Por estas razones, la interpretación que debe darse a la norma por tratarse de una sanción, en consonancia con lo decidido en forma reite-rada por el Máximo Tribunal Provincial, entiendo que el agravio debe prosperar y eximir del pago de la indemnización del art. 2º de la ley 25.323. Indemnización art. 80 de la LCT. Se agravia el demandado por cuanto desconoce la documen-tación acompañada por el actor haciendo referencia a las intimaciones. Reitero los argumentos ex-puestos en forma precedente con relación a las cartas documentos las que por su parte además de in-timara la entrega de las certificaciones fueron contestadas por la propia recurrente, por lo que no pue-de desconocer su existencia.
Sumado a ello la propia empleadora señala que envió los certificados de trabajo mediante una pieza postal de OCA que identifica pero que no logró acreditar su existencia (ni en copia), y tampoco acompañó a este expediente los certificados que requiere el art. 80 de la LCT. Tengo presente como lo he entendido anteriormente que lo que tutela la norma es la verdadera realiza-ción de los aportes por parte de la empleadora al sistema de la seguridad social, pero en el particular tampoco se realizó prueba en tal sentido. Por esta razón entiendo que los argumentos no conmueven la decisión adoptada en la instancia de grado, debiendo además de realizar el pago de la multa en igual plazo acompañar el certificado correspondiente, bajo apercibimiento de astreintes.
Por estas razones este agravio no puede prosperar.- Fondo de desempleo de la Ley N° 24.013. Se agravia la demandada por entender infundada la condena sobre este rubro, y entender además que no es el legitimado pasivo para este reclamo. El Se-guro de desempleo está regulado por las Leyes N° 24.013, N° 25.191 y 25.371; en particular el art. 120 de la ley 24013 señala las obligaciones a cargo de los empleadores, tales como realizar las ins-cripciones, ingresar las contribuciones y aportes al Fondo Nacional del Empleo; proporcionar la do-cumentación y datos que sean necesarios a la autoridad de aplicación. Por otro lado quienes deseen acceder a dicho beneficio de percepción y demás beneficios de este fondo deben solicitarlo y realizar el trámite ante ANSES.
Es decir que asiste razón al recurrente en cuanto a la improcedencia de su con-dena en este caso a la parte demandada por no ser la obligada a otorgar dicha prestación. La jueza de grado entiende que el actor estaría en condiciones de acceder al beneficio, pero yerra en su razona-miento en cuanto al obligado a dar cumplimiento. Por esta razón este agravio debe prosperar.- Por la forma en que me he expedido en las cuestiones traídas a estudio las costas deberán ser soportadas en le orden causado por haber sido parcialmente admitido los planteos (art. 68 CPCC).-
Así lo voto respondiendo, con el alcance indicado, a la primera cuestión propuesta al Acuerdo.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
VII. Que coincido con el análisis y conclusiones establecidas en el voto que antecede, por la forma en que se desarrolló las conductas que llevaron al distracto lo que justifica la improcedencia de la sanción del art. 2 de la ley 25323; por no haber la demandada acreditado la entrega de las certifica-ciones laborales ni acompañado las mismas ni de haber realizado los aportes y asimismo por no ser la demandada legitimada para el pago del fondo de desempleo en el caso.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
VIII. Conforme lo expuesto en mi voto en la primera cuestión propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Admitir parcialmente el recurso interpuesto por la empleadora en cuan-to a la improcedencia de la multa del art. 2 de la ley 25323 y el cobro el seguro de desempleo y recha-zar el agravio con relación a la indemnización del art. 80 de la LCT. 2º) Disponer que en el plazo de ejecución de sentencia (10 días) además del pago del art. 80 de la LCT se acompañe o entregue al tra-bajador los certificados de aportes y contribuciones, bajo apercibimiento de fijar astreintes por la ins-tancia de grado. 3°) Imponer las costas en el orden causado por las razones expuestas en los conside-randos (art. 68 párrafo segundo del CPCC). 4º) Tener presente la reserva del caso federal. 5º) Regis-trar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de Origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
IX. Que conforme se desprende de mi voto en la primera cuestión adhiero a la propuesta que antecede.-
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 29 de Agosto de dos mil veintitrés.-
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resulta-do de la votación, citas legales doctrinarias y jurisprudenciales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1º)Admitir parcialmente el recurso interpuesto por la empleadora en cuanto a la improcedencia de la multa del art. 2 de la ley 25323 y el cobro el seguro de desempleo y rechazar el agravio con rela-ción a la indemnización del art. 80 de la LCT.
2. Disponer que en el plazo de ejecución de sentencia (10 días) además del pago del art. 80 de la LCT se acompañe o entregue al trabajador los certificados de aportes y contribuciones, bajo aperci-bimiento de fijar astreintes por la instancia de grado.
3. Imponer las costas en el orden causado por las razones expuestas en los considerandos (art. 68 párrafo segundo del CPCC).
4. Tener presente la reserva del caso federal.
5. Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de Origen. El Dr. Jorge O. Alonso no firma la presente por no existir disidencia y constituir mayoría.- Fdo. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara-, Griselda I. Bard -Jueza de Cámara Presidenta-, Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara Protocolización: A201032S.221 Tomo: XCIX Sentencia: 3020 Folio Nº: 046/051 Secretaria: 1
Fin de la sentencia