Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción · Causa 8067
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 8067 Sentencia: 3009 Actor: CUELLO, Alejandra del Carmen Demandada: ESCUR, José Andrés Objeto: LABORAL- COBRO DE PESOS Fecha: 29/6/23 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los 29 de junio de 2023, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “CUELLO, ALEJANDRA DEL CARMEN C/ESCUR, JOSÉ ANDRÉS S/ LABORAL- COBRO DE PESOS”, Expte. Nº 15.726 del año 2.012 que tramita en el Juzgado de Primera Instancia Nº 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la ciudad de Caleta Olivia, que ingresara en esta instancia, bajo el Nº 8067. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Griselda I. Bard; Humberto E. Monelos y Mario A. Albarrán para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento se debe dictar?.- A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
I. A fs. 1/55 se presenta el Dr. Ariel Dario Silva como apoderado de Alejandra del Carmen Cuello y demanda a José Andrés Escur y/o contra quien resulte ser propietario del fondo de comercio de la firma "La Estación Resto-Bar", la suma de $31.341,32 en concepto de capital o lo que más o menos resulte de la prueba a rendirse, más intereses, actualización monetaria por inflación, costos y costas. Manifiesta que la suma reclamada abarca los siguientes rubros: diferencia de haberes mes de noviembre de 2.009, con pago de haberes por Licencia por Enfermedad Inculpable; haberes diciembre 2.009 más proporcional por licencia por enfermedad inculpable; indemnización por integración mes de despido; diferencia por vacaciones proporcionales 2009; diferencia por S.A.C. proporcional 2º semestre 2.009; indemnización por despido incausado; preaviso omitido; S.A.C. sobre preaviso e inte-gración mes de despido; aplicación art. 2 de la Ley 25.323. Relata que ingresó a trabajar en agosto de 2.008 bajo la categoría de ayudante de cocina, y que durante unos meses (12/08 a 07/09) se desempe-ñó como cocinera del lugar. Relata que el 19/11/2009 se descompensó en su lugar de trabajo, fué de-rivada a terapia intensiva de la Clínica Cruz del Sur. Se le diagnosticó hipotensión arterial permane-ciendo internada hasta el día 21/11 de ese año. Expresa que la demandada ordenó que los certificados médicos fueran presentados al Dr. Héctor Raúl Miguel, lo que hizo efectivo. Luego, Escur procedió a intimarla mediante carta documento, pese a contar con 72 hs. más de reposo. En fecha 12/12/2009 le fueron entregadas 2 cartas documentos mediante las cuales se le notificó su despido y la negativa de que permanecía de boleta médica por enfermedad inculpable, lo que ocurre luego de intimarlo pre-viamente a aclarar su situación laboral por el despido verbal acaecido, configurándose, a su entender, el despido incausado. Posterior a las misivas cursadas se presentó en reiteradas oportunidades con el objetivo de obtener liquidación final y documentación indicada por la demandada, pero obtuvo siem-pre respuestas negativas, lo que la obligó a presentar el reclamo laboral ante la Secretaria de Estado y Seguridad Social -Delegación Caleta Olivia- donde la firma demandada abonó la suma de $3.175, y efectuó la entrega de certificados de servicios y remuneraciones en fecha 22/03/2010. Cita jurispru-dencia, expone el derecho en que funda su pretensión y ofrece la prueba de la que ha de valerse.-
II. A fs. 131 obra constancia de celebración de audiencia conciliatoria con resultado negativo y a fs. 76/130vta. el Dr. Ismael Machuca en carácter de apoderado de José Andrés Escur contesta demanda. Luego de las negativas de ley, expone que Cuello, sin justificación alguna, faltó a sus tareas laborales el 29 y 30 de noviembre del año 2.009. Ante ello, la intimó mediante carta documento a justificar di-chas inasistencias y que se presente en un término perentorio a prestar sus servicios, bajo apercibi-miento de considerar su conducta como abandono de trabajo. Mediante carta documento en fecha 10/12/2009 se resolvió la relación laboral por exclusiva culpa de Cuello. Ante una reiteración extem-poránea de la misma y la pretensión de considerar al despido como indirecto libró nueva misiva me-diante la cual consigna que consideró su conducta abandono de trabajo debido a sus ausencias injusti-ficadas, a pesar de las intimaciones cursadas. Entiende que el Convenio Colectivo a aplicarse es el de Gastronómicos; que no procede el pago de los rubros reclamados ni la indemnización de la Ley Nº 25.323. Plantea excepción de prescripción. Ofrece prueba, formula oposición a prueba de la actora y funda en derecho.-
III. Obra a fs. 169/170 resolución mediante la cual se rechazan la excepción de prescripción y oposiciones a la prueba planteadas por la parte demandada.-
IV. Se abre la causa a prueba a fs. 175/178. Producida la ofrecida, se clausura el período probato-rio a fs. 547, poniéndose los autos para alegar. Realizando lo propio la actora a fs. 554/556.-
V. Se dicta sentencia a fs. 568/575 que admite parcialmente la demanda promovida por Alejandra del Carmen Cuello, condena al demandado al pago de la suma que resulte del cálculo a efectuar por el Gabinete Contable, en relación a los siguientes rubros e indemnizaciones: diferencia de haberes no-viembre 2.009, con su correspondiente pago de haberes de licencia por enfermedad inculpable; habe-res diciembre 2.009 y proporcional por licencia por enfermedad inculpable; indemnización por inte-gración mes de despido; diferencias por vacaciones proporcionales 2.009; diferencia por S.A.C. pro-porcional segundo semestre 2.009; indemnización por despido incausado; indemnización preaviso omitido; S.A.C. preaviso e integración mes de despido y la indemnización prevista en el art. 2 Ley 25.323, debiendo incrementarse en un 50% las indemnizaciones de los artículos 232, 233 y 245 L.C.T. desde que dichas sumas fueron debidas y hasta su efectivo pago, con costas a cargo del accio-nado. Se rechaza la categorización pretendida como Jefa de cocina. Condena por la multa prevista en el art. 2 de la Ley 25.323 y, por la multa por incumplimiento de las obligaciones exigidas en el artículo 80 L.C.T.Remite al Gabinete Contable a fin de que se practique nueva pericia contable y, se difiere la regulación de honorarios profesionales.-
VI. Plantea recurso de apelación la parte demandada a fs. 579. Al expresar agravios manifies-ta en primer lugar, que lo agravia la consideración de tareas que la actora realizaba. Cree que la Con-jueza de grado debería haber ajustado el reclamo a la realidad laboral, es decir, no catalogar a Cuello como "cocinera" sino encuadrar su situación laboral como "auxiliar de cocina" y resolver en conse-cuencia. En segundo lugar, se agravia por haberse determinado que la relación laboral finalizó por exclusiva culpa del demandado. Alega al respecto, que los certificados médicos exhibidos al Dr. Mi-guel no fueron puestos en su conocimiento, ni por la actora ni por el mismo médico. Entiende que el obrar de buena fe de la actora hubiera demandado la comunicación de tal circunstancia, así también que existió incumplimiento del doctor a sus funciones. Por ello, conforme lo prescripto por el art. 242 de la L.C.T. la actora hubo de ser debidamente intimada a reintegrarse a sus tareas, y ante su silencio, libró comunicación que consideraba su conducta como abandono de trabajo y se tuvo por disuelto el vínculo. En su tercer agravio, estima que debe tenerse presente que no se configuró despido en el sen-tido interpretado por la magistrada de grado, pero sin perjuicio de ello, para el supuesto de que se con-sidere que existió despido incausado, solicita la eximición o reducción del pago de la indemnización prevista en el art. 2º Ley 25.323. Por último, se queja de la tasa bancaria impuesta. Considera que la misma contiene conceptos que son ajenos a la función del interés, y que éste se encuentra alejado de la realidad, ya que ello llevaría a un enriquecimiento, pues su beneficio sería mayor que un banco. Piensa que la tasa de interés a aplicar debe ser la denominada pura, caso contrario, estaríamos frente a un interés punitorio, en lugar de un compensatorio.-
VII. En PE657347-2022 se presenta la actora con el patrocinio letrado del Dr. Héctor Marcelo Magallán y contesta agravios. Entiende que la magistrada falla luego del análisis de la prueba existente mediante la cual queda demostrado que ella era cocinera y no ayudante de cocina, quedando encua-drada en la categoría 6ta. Del convenio 389/04 y el 401/05. Considera que el despido incausado se encuentra fundado, por encontrarse acreditado el anoticiamiento de los certificados médicos presenta-dos del estado de salud de Alejandra. Considera viable que se abone la indemnización prevista en el art. 2do. de la ley 25323, máximo cuando se encuentra completamente probado el despido incausado. Respecto de la tasa de interés aplicable, entiende que es jurisprudencial y doctrinaria la aplicación de ésta tasa. Considera que por estos fundamentos se deben desestimar los agravios de la demandada.- Los autos se elevan a esta instancia con la certificación de estilo. Se dicta el llamado de autos a sentencia y se dispone el pase a estudio de los mismos estableciendo el orden para ello.-
VIII. En esta instancia corresponde ingresar al examen del recurso interpuesto, debiendo tratar por una cuestión de orden de exposición en primer término, la categoría laboral que corresponde apli-car.-
De acuerdo a las pruebas testimoniales obrantes surge claramente que las tareas que realizaba Alejandra eran las propias como cocinera y no de ayudante de cocina, conforme lo manifiesta el de-mandado de acuerdo a la registración de la misma. Esta situación no logró ser desacreditada por Escur, pues no basta con la documentación emitida por los entes pertinentes para lograr demostrar que efec-tivamente se desempeñaba como ayudante de cocina y no como cocinera. En este sentido, las normas del trabajo nos obligan a velar por la parte más débil de la relación, quien en pos de resguardar su fuente de trabajo cumpliría las tareas que se impongan sin discutir si corresponden o no conforme su registración en AFIP.
Además, el contrato de trabajo acompañado por el demandado -obrante a fs. 104- lleva a interrogarme acerca de cuál era efectivamente la tarea para la que fué contratada Alejan-dra, pues el mismo no lo especifica. Por tanto, y atendiendo el principio de justicia social que rige en la interpretación y aplicación de la ley, preceptúado por el art. 11 L.C.T, es acertado considerar que Alejandra sea categorizada como "cocinera" (Categoría 6 C.C.T. Nº 389/04, actualización C.C.T. Nº 401/05).- Al analizar la causal que motivó la ruptura del contrato, observamos que la actora dió cumpli-miento con la presentación de los certificados médicos a los fines de acreditar el reposo indicado pos-terior a su padecimiento.
Quedó demostrado del testimonio obrante a fs. 345 del Dr. Héctor Raúl Mi-guel, médico laboral de EMCO, que el certificado médico de fs. 25 de parte inferior, fué presentado en el plazo y en la forma pertinente, del mismo modo en que había sido presentada la constancia de fecha 21/11/09. Atento ello, no puede serle atribuída a la actora culpa alguna que justifique su despido ya que actuó conforme a derecho y a las indicaciones dadas para el caso en particular, esto es, presen-tar los certificados médicos ante el profesional indicado. El principio de buena fe establecido en el art. 63 L.C.T. impone a ambas partes de la relación laboral ajustar su conducta a lo propio de un buen empleador y un buen trabajador, tal como fuera alegado por el recurrente al expresar su segundo agra-vio.
Ahora bien, se observa que el demandado sin siquiera averiguar la causal de inasistencia de Ale-jandra, resuelve su despido pese a haberle sido anoticiado por la misma de la existencia del pertinente certificado médico -mediante telegrama obrante a fs. 20-, es decir, tampoco requirió al médico laboral informe sobre la veracidad de los dichos de la actora, procediendo sin más a aplicar la sanción más severa prevista por el ordenamiento laboral.- En tercer lugar se queja por haber sido condenado al pago de la indemnización prevista en el art. 2 de la Ley 25.323. Insiste en que no se configuró despido en el sentido interpretado por la magis-trada de grado, sino que hubo desvinculación laboral con justa causa.
Pero, para el supuesto de consi-derarse lo contrario solicita, teniendo en cuenta las situaciones descriptas, la eximición o reducción de dicho pago de acuerdo a lo dispuesto en la última parte del artículo mencionado. El análisis de esta sanción obliga a revisar la forma en que se ha configurado el despido, las circunstancias que lo rodea-ron y la actitud asumida por las partes, sin perjuicio de que a esta altura del procedimiento se admitió el reclamo por despido incausado. Así por su parte la actora sostiene que se encontraba enferma al momento del distracto, el demandado alegó que despedía a la trabajadora por faltas injustificadas. Elló constituyó básicamente el objeto de la prueba del expediente.
En anteriores pronunciamientos he de-jado sentada mi postura con respecto a la interpretación restrictiva que debe realizarse del agravamien-to en la indemnización contemplada por la normativa en juego. Tengo presente lo decidido por el Tri-bunal Superior de Justicia de la Provincia en los autos “MURUA CARLOS FRANCISCO c/ SCHLUMBERGER ARGENTINA S.A. s/ LABORAL–COBRO DE PESOS”, Expte.M-10.300/06 (M-1.819/11-TSJ), donde haciendo referencia a que esta norma es de interpretación restrictiva, señala que: "...Conteste con lo señalado, se ha manifestado que dicha excepción resulta aplicable cuando surge de la causa que el empleador pudo considerar un acto del dependiente como causa justificada para el despido pero no pudo probarla en juicio o que existió pero no justificaba el despido (confr.
Grisolía, Julio Armando, Régimen Indemnizatorio en el Contrato de Trabajo, 4ª ed., Nova Tesis Edito-rial Jurídica, Rosario, 2007, pág. 484); y además que “…la indemnización prevista por el art. 2º ley 25.323 debe ser concedida con carácter restrictivo y sólo en aquellos supuestos en que no exista prueba alguna de la causa o la invocada resulte absolutamente improcedente a los fines del art. 242 LCT, pues de lo contrario se produciría una clara limitación del derecho de defensa en juicio para el empleador, quien frente al riesgo de que se incrementen las indemnizaciones, debería abstenerse de someter la cuestión a la consideración de los jueces, pese a que éstos son los únicos que pueden pro-nunciarse válidamente sobre el tema” (confr.
CNLB, Capital Federal, 21-6-2002, “Aca, Adrián R. c/ Don Battaglia S.R.L.”, JA 2002 IV, 129, citado en RODRÍGUEZ SAIACH, Luis Armando, ‘Cálculo, indemnizaciones laborales: bases, liquidaciones’, ejemplos, topes indemnizatorios, jurisprudencia, 5ª ed., GWA Ediciones Profesionales, Buenos Aires, 2008, págs. 337/338)." (T. XVII – SENTENCIA – T.S.J., REG. Nº 576; FOLIO 3.279/3.288; PROT. ELECT. TSS1 015 S.141, 11 de julio de 2014)- Es decir que frente al despido dispuesto por el empleador con invocación de causa, sin perjui-cio de que fuera posteriormente revertida dicha situación en sede judicial, entiendo que el demandado pudo creerse con derecho a actuar como lo hizo. Por estas razones, la interpretación que debe darse a la norma por tratarse de una sanción, en consonancia con lo decidido en forma reiterada por el Máxi-mo Tribunal Provincial, entiendo que el agravio debe prosperar y eximir del pago de la indemnización del art. 2º de la ley 25.323.- Por último, en su cuarto agravio el recurrente alega lo agravia la tasa de interés aplicable, en-tendiendo que debe prosperar la denominada pura.-
En este sentido debe encauzarse el tema, como en toda cuestión judicial, en lograr una solu-ción equitativa para los intereses en juego, y claramente entiendo que ante la realidad económica, mo-netaria y salarial que se vive actualmente no es justo para el trabajador que su crédito sea actualizado mediante la aplicación de la tasa que pretende el recurrente. Sino que ante este contexto habrá de bus-carse otro método que permita arribar a una solución más justa. Así, con acertado criterio la magistra-da de grado impone la actualización del crédito mediante la aplicación de la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, por ser la más apropiada para su aplicación a los créditos judiciales. No puedo dejar de observar que la presente lleva más de diez años en trámite y el índice de inflación acumulado del corriente año hasta el mes de mayo es del 42,2% (indec.gob.ar) lo que no escapa al conocimiento común de cualquier persona de nuestro país, siendo que se trata de un crédito laboral y que para este tipo de créditos los profesionales del derecho tienen previsto este tipo de tasas de interés para sus honorarios. (art. 16 C.N.)- Por la forma en que se decide las costas deberán ser soportadas por la parte demandada (art. 68 CPCC).-
En atención a la forma en que analicé los agravios entiendo que la sentencia es parcialmente justa y debe modificarse únicamente en cuanto a la procedencia de la indemnización del art. 2 de la ley 25323.-
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
IX. Que coincido con el análisis de los agravios que formula la primer votante y con sus con-clusiones en cuanto a la forma en que se realizó el despido y categoría laboral de la actora. Disiento en relación a la procedencia de la tasa de interés. Personalmente entiendo por convencimiento personal y reitero que corresponde utilizar la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central. Consi-dero que se debe respetar la doctrina casatoria del Excmo. Tribunal Superior de Justicia sobre la tasa de interés, y lo he sostenido reiteradamente, por lo que mi voto respecto de la tasa pasiva es el que cabe esperar y no puede causar sorpresas. Adhiero, a la doctrina establecida en casación por el Exc-mo. Tribunal Superior de Justicia en los autos “Díaz c/ Pcia. de Santa Cruz s/ laboral” que unifica la jurisprudencia que se debe aplicar sobre el tema. Sin perjuicio de ello y toda vez que no se me escapa la realidad económica, tengo en cuenta que la llamada “Tasa activa”, como tasa bancaria que es, con-tiene ingredientes que son ajenos a la función del interés, habida cuenta que dentro de los mismos se incluye, además del costo del dinero y la variación de su valor, los gastos financieros de los bancos al facilitar el dinero, los gastos de personal, de infraestructura e incluso las cargas previsionales e imposi-tivas y los riesgos de incobrables sobre el interés que paga a los depositantes. Debo respetar la doctrina del Tribunal Superior de Justicia (y de la Corte Suprema de Justicia) en el punto. Así lo en-tiendo justo y lo voto. A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Albarrán dijo:
X. Llamado a dirimir la disidencia en el Acuerdo, únicamente con relación a la tasa de interés aplicable, debo adelantar que coincido con el voto de la Dra. Griselda I. Bard, como he tenido oportu-nidad de pronunciarme en distintas causas, por ejemplo in re “TICONA ALI, Lidia Nelly y otro c/ BEBER, Pablo s/ Laboral” (T.XCIV Sentencias Registro 2848, Folio 551/562), por la aplicación de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina. Por ello, adhiero también en esta ocasión al voto de la Dra. Bard reiterando las razones expuestas en muchos expedientes. A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
XI. En base a las consideraciones vertidas al contestar la primera cuestión, propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1) Admitir parcialmente los agravios de la parte deman-dada. 2) Revocar la última parte del punto 1 en cuanto ordena la procedencia de la indemnización del art. 2 de la ley 25323 y el punto 3) del fallo recurrido por los motivos expuestos en los considerandos y confirmarlo en lo restante. 3) Costas a la demandada por haber resultado vencida (art. 68 CPCC). 4) Diferir la regulación de honorarios. 5) Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juz-gado de Origen.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XII. Por la forma en que me pronuncié a la primera cuestión propongo al acuerdo el siguiente voto 1) Admitir parcialmente los agravios de la parte demandada. 2) Revocar la última parte del punto 1 en cuanto ordena la procedencia de la indemnización del art. 2 de la ley 25323, el punto 3) y la uti-lización de la tasa activa para el cálculo de la deuda por los motivos expuestos en los considerandos y confirmarlo en lo restante. 3) Costas a la demandada por haber resultado vencida (art. 68 CPCC). 4) Diferir la regulación de honorarios. 5) Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juz-gado de Origen.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Albarrán dijo:
XIII. En función de lo manifestado anteriormente adhiero a la propuesta formulada por la Dra. Bard.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 29 de Junio de dos mil veintitrés.
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo trascripto precedentemente, resultado de la votación y lo establecido por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
2. Revocar la última parte del punto 1 en cuanto ordena la procedencia de la indemnización del art. 2 de la ley 25323 y el punto 3) del fallo recurrido por los motivos expuestos en los considerandos y confirmarlo en lo restante.-
3. Costas a la demandada por haber resultado vencida (art. 68 CPCC).
5. Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de Origen.- FDO. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara-, Griselda I. Bard -Jueza de Cámara Presidenta- Mario A. Albarrán –Juez de Cámara Subrogante-, Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara Protocolización: A201021S.231 Tomo: XCVIII Sentencia: 3009 Folio Nº: 165/171 Secretaria: 1
Fin de la sentencia