Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2019-82231950-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas, excepto la multa aplicada en el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 01/2009 a 11/2009, la que debe revocarse atento a lo expuesto en el considerando VII del voto del Vocal Instructor, con costas.-
2No hacer lugar al planteo de prescripción efectuado por la actora en el Impuesto al Valor Agregado por los periodos fiscales 01/2008 a 12/2008, 12/2009 a 12/2010 e Impuesto a las Ganancias por el ejercicio 2008, en virtud de lo expuesto en el considerando VII del voto del Vocal Instructor, con costas.
3Regular honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 407.389 (Pesos cuatrocientos siete mil trescientos ochenta y nueve) por el patrocinio letrado y de $ 162.955 (Pesos ciento sesenta y dos mil novecientos cincuenta y cinco) por la representación procesal, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en las dos etapas cumplidas por los expedientes N° 42.731-I, 42.732-I y 45.039-I, lo dispuesto en los ptos. 1°) y 2°) precedentes y demás pautas establecidas en la Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.432.
4Regular honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 101.756 (Pesos ciento un mil setecientos cincuenta y seis) por el patrocinio letrado y de $ 40.703 (Pesos cuarenta mil setecientos tres) por la representación procesal …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe firma conjunta Número: IF-2024-53132474-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 22 de Mayo de 2024 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O’Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el Expte. N° 42.731-I (y acumul. N° 42.732-I, 45.039-I, 45.040-I, 48.071-I, 48.072-I, EX-2019-82231950-APN-SGAI#TFN, EX-2019-82236989- APN-SGAI#TFN) caratulado “CUERVO GABRIEL JAIME s/recurso de apelación – Impuesto al Valor Agregado – Impuesto a las Ganancias”.
El Dr. Martin dijo:
I. Que a fs. 23/35, 96/109, 200/210, 291/296, 378/388, 438/451, 536/548 y 648/660 el Sr. Cuervo Gabriel Jaime interpone recurso de apelación contra las siguientes resoluciones dictadas por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Oeste DGI – AFIP:
-Resolución N° 60/15 (DV ORR1) de fecha 18 de marzo de 2015 por la cual se determinó su obligación impositiva en el Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales 01/2008 a 12/2011 con más los intereses resarcitorios, aplicándose para los meses 01/2008 a 12/2008 una multa graduada en dos (2) veces el tributo evadido según el art. 46 con fundamento en el artículo 47 inc. b) de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), quedando suspendida la evaluación de la conducta por los periodos restantes.
-Resolución N° 59/15 (DV ORR1) de fecha 18 de marzo de 2015 determinó el Impuesto a las Ganancias de los períodos fiscales 2008, 2009 y 2010 con más sus accesorios y fijó una sanción conforme el art. 46 con fundamento en el inciso b) del artículo 47 de la citada ley. -Resolución N° 234/15 (DV ORR1) de fecha 10 de septiembre de 2015 determinó el Impuesto a las Ganancias de los períodos fiscales 2011 y 2012 con más los intereses resarcitorios y aplicó para el ejercicio 2011 una multa graduada en dos (2) veces el tributo evadido según los art. 46 y 47 inciso b) de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), quedando suspendida de la evaluación de la conducta para el año 2012.
-Resolución N° 233/15 (DV ORR1) de fecha 10 de septiembre de 2015 por la que se determinó su obligación impositiva en el Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales 01/2012 a 12/2012 con más sus accesorios, quedando diferida el juzgamiento de la conducta conforme a lo dispuesto por el art. 20 de la ley 24.769 (ley vigente al momento de los hechos).
-Resolución N° 61/17 (DV ORR1) de fecha 5 de junio de 2017 aplicó una multa equivalente a tres (3) veces el gravamen evadido frente al Impuesto a las Ganancias por el ejercicio fiscal 2012, según los art. 46 y 47 inciso b) del artículo 47 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.).
-Resolución N° 62/17 (DV ORR1) de fecha 5 de junio de 2017 fijó una sanción en el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 01/2009 a 12/2010, según los art. 46 y 47 inc b) de la ley de rito.
-Resolución N° 117/19 (DV ORR1) de fecha 15 de agosto de 2019 aplicó una multa en el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 01/2011 a 12/2011, según los art. 46 y 47 inciso b) del artículo 47 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.).
-Resolución N° 115/19 (DV ORR1) de fecha 15 de agosto de 2019 fijó una sanción en el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 01/2012 a 12/2012, según el art. 46 con fundamento en el inciso b) del artículo 47 de la mencionada ley. Describe que el fundamento de las resoluciones apeladas radica en la falta de exteriorización de las operaciones realizadas a través de la página web de Mercado Libre, las cuales fueron detectadas por el ente fiscal luego de la circulación practicada. En virtud de ello, el Fisco Nacional estimó de oficio las ventas y ganancias obtenidas. Menciona que ofreció prueba informativa y pericial contable a fin de probar su correcta tributación debido a que se trata de determinaciones de oficio sobre base presunta, sin embargo aquellas fueron rechazadas por la AFIP, impidiendo el ejercicio acabado del derecho de defensa. Manifiesta que la documentación había sido destruida por el temporal del mes de abril de 2013, circunstancia reconocida por la inspección actuante en las resoluciones apeladas, derivando ello en dificultades probatorias y actuaciones del ente fiscal alejadas del conocimiento de la verdad material y fundada sobre base presunta.
Plantea la nulidad de los procedimientos puesto que las determinaciones sobre base presunta constituyen un supuesto de excepción al procedimiento normal de base cierta.
Declara que en las resoluciones recurridas no se encuentran establecidas las magnitudes reales de las operaciones realizadas, sino que con un mero oficio a Mercado Libre S.R.L el ente fiscal construye una imaginaria actividad comercial que no se encuentra respaldada por datos ciertos. Señala que el oficio en el que se basa el ajuste solo informa los contactos de los supuestos compradores con los que operó, careciendo de información sobre la efectiva concertación de las ventas. Explica que al ser monotributista no tenía la obligación de computar los créditos fiscales ni deducir las compras de mercaderías.
Asimismo, opone la prescripción de las facultades del Fisco Nacional para aplicar sanciones respecto de los períodos fiscales 01/2008 a 12/2010, en relación al Impuesto al Valor Agregado, e Impuesto a las Ganancias por el ejercicio 2008, basándose en los art. 56, 58 y 74 de la ley 11.683. Expone que ninguna norma dictada con posterioridad a los hechos puede ser aplicada excepto cuando ella fuera más beneficiosa para el imputado, por lo que teniendo en cuenta ello no considera el carácter general de la suspensión de las leyes 26.476 y 26.860. En consecuencia, solicita la prescripción de las facultades del ente fiscal para aplicar sanciones, peticionando en subsidio la inconstitucionalidad del artículo 44 de las leyes 26.476 y 26.860.
Con relación a la imposición de las multas, desarrolla sobre la falta de atribución subjetiva, elemento sustancial requerido en todos los casos en materia de sanción tributaria. En este sentido describe que el ente fiscal pretende imputarlo de un dolo sin permitir el adecuado estudio de la causa ni el ejercicio del derecho defensa, motivo por el cual, solicita que se revoquen las sanciones aplicadas. En subsidio, pide el encuadre de las multas fijadas al artículo 45 de la ley de rito.
Por los argumentos que desarrolla y la jurisprudencia citada, peticiona que oportunamente se dicte sentencia revocando las resoluciones apeladas. Ofrece prueba documental, pericial contable e informativa. Solicita beneficio de litigar sin gastos. Hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 49/67, 123/141, 221/234, 317/325, 397/404 464/473, 610/617 y 725/732 el Fisco Nacional contesta los traslados de los recursos deducidos en autos.
Describe que el apelante es una persona física inscripta en el rubro “Venta al por Mayor de Muebles N.C.P., Excepto Oficina, Artículos de Mimbre y Corcho, Colchones y Somieres” y que realiza la comercialización de los productos que vende en su domicilio fiscal, bajo el nombre “El Paraíso” a través de la cual ofrece colchones y sommieres de producción nacional. Menciona que el contribuyente posee un local de amplias dimensiones donde se exhiben los productos en venta y cuenta a su vez con una pequeña oficina donde tiene una CPU y teléfonos para comercializar vía internet en la página denominada Mercado Libre.
Relata que el 10/05/2012 - inicio de la fiscalización realizada en relación al Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 01/2008 a 12/2011 y en el Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2009 y 2010-, se notificó a la actora un requerimiento que le solicitaba la exhibición de los Libros IVA Compras e IVA Ventas. Un año después, el 10/04/2013, la contadora autorizada por el actor manifestó no poseer los libros requeridos presentando una fotocopia del certificado de denuncia efectuada ante la Comisaría N° 40 de la Policía Federal Argentina en la cual se expuso que el día 02/04/2013, como consecuencia de la intensa lluvia, se encontró inundado el sótano del local, lugar en el que se guardaban los elementos propios de venta del mismo, documentación personal y presentaciones de AFIP del año 2009 a la fecha, siendo dicho hecho verificado por el Fisco Nacional.
Explica que en virtud de ello, fue la firma “Mercado Libre S.R.L” quien proporcionó el detalle de las operaciones efectuadas por el apelante a través de ese portal de internet y, en función ello, seleccionó las operaciones que fueron concretadas en función de la confirmación del comprador y/o vendedor y/o calificación positiva de una de las partes. Destaca que para determinar los ingresos del responsable tuvo en cuenta la información brindada por Mercado Libre S.R.L puesto que la actora no aportó documentación alguna.
Manifiesta que la recurrente omitió presentar las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias de los años 2011 y 2012 y del Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 1/2009 a 12/2012 (sic), omitiendo declarar el débito fiscal y dejando de ingresar el gravamen correspondiente.
Acerca de las excepciones de nulidad alegadas por el actor, indica que los actos administrativos cumplen acabadamente con todos los requisitos esenciales establecidos en el artículo 7 de la ley 19.549, además de exponer la activa participación de la actora en las actuaciones mencionadas.
Respecto de la excepción de prescripción planteada por el recurrente, cita el artículo 44 de la ley 26.476 y el artículo 17 de la ley 26.860, las que suspenden con carácter general el curso de la prescripción por el término de un año. Sobre el planteo de irretroactividad de la ley penal, menciona doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, explicando que las normas de carácter procesal resultan de aplicación inmediata.
Continúa manifestándose sobre la prescripción opuesta indicando que la causal suspensiva del artículo 17 de la ley 26.860, la que posee carácter general no fue considerada por la recurrente así como tampoco lo normado en el inciso d) del artículo 65 de la ley 11683 y el artículo s/n agregado a continuación del artículo 65 sustituido por el artículo 18 de la ley 26.063 Expone que la tarea realizada por la inspección fue efectiva y contundente en cuanto a la demostración de los hechos que hicieron viable la existencia de las operaciones de compraventa sobre las que se determinó las ventas omitidas. El actor omitió ofrecer y producir otras probanzas para acreditar los extremos invocados en su defensa, habiendo alegado la pérdida de libros y documentación, por lo que teniendo en cuenta la ausencia de sustento al aportar la contribuyente ninguna prueba tendiente a demostrar que no existieron omisiones de ingresos, determinó la materia imponible a través del método utilizado y admitido expresamente por el artículo 18 de la ley 11.683. En relación a las multas aplicadas, explica que la jurisprudencia citada por el actor en relación a la falta de atribución subjetiva no resulta aplicable al caso. Su conducta dolosa se configuró atento a que la contribuyente intentó a sabiendas la acción de ocultar y disminuir su real capacidad económica omitiendo el impuesto que correspondía ingresar. Las maniobras desplegadas por la recurrente, por no tener correlato con la realidad, conforman un hecho ardioso al materializarse mediante la ocultación de la verdadera carga tributaria. En virtud de lo expuesto, solicita que se dicte sentencia confirmando las resoluciones apeladas, con costas. Se opone a la prueba ofrecida. Aporta antecedentes administrativos. Hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 155 se abrió la causa a prueba en los expedientes 42.731-I , 42.732-I y 45.039-I, se hizo lugar a la informativa la cual refiere al diligenciamiento del oficio a Mercado Libre S.R.L, el que es contestado a fs. 167/168 y a la prueba pericial contable designándose a los Dres. Gabriel Carlos Gizzi en representación de la recurrente y Guillermo Garcia Fuster designado a propuesta del Fisco Nacional, la cual se dio a fs. 254 por decaída frente a la falta de interés de la actora en producirla. En efecto a fs. 261 se clausuró el periodo de instrucción.
Posteriormente en relación al 45.040-I, a fs. 347 nuevamente se hizo lugar a la prueba pericial contable designándose a los mismos peritos citados, dándose nuevamente por decaída a fs. 760 y cerrándose el periodo de instrucción a fs. 760 punto 2°).
Luego a fs. 497 se abrió la causa a prueba en los expedientes 48.071-I y 48.072-I, haciéndose lugar a la prueba pericial contable, quien designa a los citados peritos contadores dándose una vez más por decaída a fs. 517 frente al desinterés de la actora en producirla. En efecto a fs. 521 se cierra el periodo de instrucción. Finalmente por los EX-2019-82231950-APN-SGAI#TFN y EX-2019-82236989-APN-SGAI#TFN, toda vez que la prueba ofrecida resulta ser idéntica a la propuesta en los expedientes anteriores a, a fs. 760 se procedió a ordenar que sigan los autos según su estado.
IV. Que a fs. 154, 241, 487 y 530/749 vta. la Secretaría General de Asuntos Impositivos procede a acumular al expediente Nº 42.731-I los que llevan los Nº 42.732-I, 45.039-I, 45.040-I, 48.071-I, 48.072-I, EX-2019- 82231950-APN-SGAI#TFN y EX-2019-82236989-APN-SGAI#TFN dando cumplimiento a lo ordenado en las sentencias de Sala obrante a fs. 153, y de Tribunal en Pleno que obran a fs. 240, 344, 486 y 749/749 vta. V.- Que ello así, mediante PV-2023-57676362-APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala “D”. En el RE-2023-68801183-APN-SGAI#TFN obran los alegatos presentados por la recurrente y en el IF- 2023-66239360-APN-SGAI#TFN lucen los alegatos presentados por el Fisco Nacional. Finalmente, en el IF- 2024-47845897-APN-VOCXII#TFN quedan disponibles los autos para sentencia.
VI.-. Que en primer lugar, por una cuestión lógica de procedencia corresponde referirse al planteo de nulidad opuesto por la actora.
Que en lo estrictamente formal, las resoluciones recurridas satisfacen los requisitos estatuidos por el artículo 7° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, toda vez que tanto del acto administrativo de apertura del sumario como así también en las resoluciones que se apelan se han consignado de manera concreta la causa y la motivación del procedimiento, no concurriendo así las circunstancias planteadas por el art. 14 de la ley 19.549 como las causales de nulidad absoluta.
Que si bien la recurrente manifiesta que no se permitió un adecuado estudio de la causa, de los antecedentes administrativos se desprende que durante la inspección el actor tomó vista de las actuaciones teniendo las mismas a disposición.
Que por lo expuesto, cabe rechazar el planteo bajo trato, no debiéndose imponer costas a su cargo, en virtud que tal defensa fue interpuesta como un agravio más, sin otorgársele el carácter de previo y especial pronunciamiento.
VII. Que ello así cabe tratar las prescripciones planteadas por la recurrente.
Que la actora opone la prescripción de las acciones del Fisco Nacional para poder aplicar sanciones en el Impuesto a las Ganancias por los ejercicios fiscales 2008 e Impuesto al Valor Agregado por los meses comprendidos entre enero 2008 a diciembre 2010, ambos inclusive. Expone que ninguna norma dictada con posterioridad a los hechos puede ser aplicada, excepto cuando ella fuera más beneficiosa para el imputado, por lo que teniendo en cuenta ello no considera el carácter general de la suspensión de las leyes 26.476 y 26.860. Señala que para el Impuesto al Valor Agregado de los periodos fiscales 01/2008 a 11/2008 el plazo comenzó a correr el 1/01/2009, finalizando el 31/12/2013; mientras que para el mes 12/2008 el cómputo de la prescripción se inició el 1/1/2010 finalizando el 31/12/2014. Menciona que para los períodos 01/2009 a 11/2009 el plazo de la prescripción empezó el 01/01/2010 caducando el plazo para imponer la sanción el 31/12/2014, es decir con anterioridad a la interposición de la denuncia penal. Mientras que para los periodos fiscales 01/2010 a 11/2010 el tiempo para aplicar la multa es desde el 1/1/2011 al 31/12/2015. Por último, indica que para el mes 12/2010 el plazo de la prescripción comenzó a correr el 1/1/2011 finalizando el 31/12/2015.
Respecto del Impuesto a las Ganancias por el ejercicio fiscal 2008 menciona que la prescripción inició el 1/1/2010 feneciendo el 31/12/2014.
Que por su parte el Fisco Nacional, manifiesta que existió una causal suspensiva no contemplada por la recurrente, habilitada por la ley 26.860 en el artículo 17 la cual operó entre desde el 03/06/2013 a 03/06/2014. Destaca que en el caso de marras resulta de aplicación el artículo 65 inciso d) de la ley de rito que estableció una suspensión de 180 días desde el momento en que la AFIP formula la denuncia (09/10/2015) hasta 180 días posteriores al momento en que se encontraba firme (sic) la sentencia judicial que dictase en la causa penal respectiva (21/03/2016). En virtud de ello, señala que las resoluciones 162/2014 y 52/2015 –vista art. 17 ley 11.683 en el IVA- fueron dictadas el 11/11/2014 y 12/03/2015 respectivamente, por lo que advierte que no ha operado la prescripción invocada por la contribuyente. En relación a la prescripción opuesta frente Impuesto a las Ganancias del ejercicio fiscal 2008 desarrolla y explica mediante jurisprudencia la aplicabilidad de los artículos 44 y 17 de las leyes 26.476 y 26.860 (sic) y en virtud de ellas considera que se encontraba facultado para aplicar la sanción que se recurre (resolución 59/2015 de fecha 18/03/2015).
Que por lo tanto se debe considerar si resulta aplicable alguna causal de suspensión y/o interrupción del curso general de la prescripción.
Que el artículo 56 de la ley de rito el cual establece que las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por la presente ley, y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras en ella previstas, prescriben por el transcurso de CINCO (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos, así como en el caso de contribuyentes no inscriptos que no tengan obligación legal de inscribirse ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS o que, teniendo esa obligación y no habiéndola cumplido, regularicen espontáneamente su situación. Por su parte, el artículo 58 dispone que comenzará a correr el término de la prescripción de la acción para aplicar multas y clausuras desde el 1º de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerada como hecho u omisión punible. Asimismo, el artículo 65 inciso d) establece que la prescripción para aplicar sanciones se suspenderá desde el momento de la formulación de la denuncia penal establecida en el artículo 20 del Régimen Penal Tributario, por presunta comisión de algunos de los delitos tipificados en dicha ley y hasta los ciento ochenta (180) días posteriores a la comunicación a la Administración Federal de Ingresos Públicos de la sentencia judicial que se dicte en la causa penal respectiva. (ley vigente al momento de los hechos) Por su parte, el artículo s/n agregado a continuación del art. 65 (sustituido por art. 18 de la ley 26.063 B.O. 9/12/2005) dispone que se suspenderá por ciento veinte (120) días el curso de la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por la presente ley y para aplicar y hacer efectivas las multas, desde la fecha de notificación de la vista del procedimiento de determinación de oficio o de la instrucción del sumario correspondiente, cuando se tratare del o los períodos fiscales próximos a prescribir y dichos actos se notificaran dentro de los ciento ochenta (180) días corridos anteriores a la fecha en que se produzca la correspondiente prescripción.
Adicionalmente el artículo 17 de la ley 26.860 dispone la suspensión con carácter general por el término de un (1) año del curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales. En este sentido, se destaca que dicha ley entró en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial, es decir el 3 de junio de 2013. Por ello el término de la prescripción se extendió un año, ejerciéndose desde el 3 de junio de 2013 al 3 de junio de 2014.
Por último se deja constancia que a ninguno de los periodos bajo análisis le es aplicable el artículo 44 de la ley 26.476 ya que a esa fecha -23/12/2008- no se encontraba cursando ninguno de los plazos de la prescripción. Que en virtud de las normas descriptas y teniendo en cuenta que la resolución 60/2015 dictada el 18 de marzo de 2015 fijó una multa en el Impuesto al Valor Agregado por los periodos fiscales 01/2008 a 12/2011 cabe analizar en primer lugar la prescripción de los meses 01/2008 a 11/2008.
Que de acuerdo a lo normado en el artículo 56 de la ley de rito, el inicio de la prescripción fue el 01/01/2009 finalizando el 31/12/2013. Sin embargo con fecha 03/06/2013 se sancionó la ley 26.860 por lo que resulta aplicable la suspensión de un año con carácter general desde el 03/06/2013 al 03/06/2014 dispuesta en el artículo 17 de la citada ley. Asimismo debe aplicarse el artículo s/n agregado a continuación del art. 65 de la ley de rito expuesto ut-supra, por lo que teniendo en cuenta que el 11/11/2014 a través de la resolución 162/2014 ocurre la vista del artículo 17 de la ley 11.683, el plazo de la prescripción se extiende 120 días hábiles más, feneciendo en consecuencia el 30/06/2015. En efecto, al 18 de marzo de 2015, fecha en que se dicta la resolución 60/2015, el Fisco Nacional se encontraba facultado para aplicar las sanciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado por los periodos fiscales 01/2008 a 11/2008, por lo que no corresponde hacer lugar al planteo esgrimido por la recurrente, con costas.
Que a continuación cabe referirse a la prescripción planteada en el citado tributo respecto del período 12/2008 e Impuesto a las Ganancias por el ejercicio 2008 en los cuales el Fisco Nacional fijó multas en los términos de los artículos 46 y 47 inc. c) de la ley de rito a través de las resoluciones 60/2015 y 59/2015, ambas de fecha 18 de marzo de 2015, respectivamente.
Que atento a lo dispuesto en el artículo 56 el plazo de la prescripción comenzó el 01/01/2010. Dado a que en el transcurso del mismo se dictó la ley 26.860 corresponde aplicar la suspensión de carácter general por el término de un año, por lo que el periodo de la prescripción original más la suspensión finalizó el 31/12/2015. En consecuencia, teniendo en cuenta que las resoluciones que aplican las sanciones son de fecha el 15/03/2015, corresponde no hacer lugar al planteo de prescripción invocado por la actora, sin que sea necesario recurrir al artículo 65 inciso d) de la ley de rito, con costas.
Que ello así cabe referirse a renglón seguido respecto del Impuesto al Valor Agregado por los meses 01/2009 a 11/2009.
Que el Fisco Nacional a través de la resolución 62/2017 de fecha 5 de junio de 2017 aplicó una sanción de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 46 y 47 inc. b) de ley 11.683.
Que teniendo en cuenta el artículo 56 de la citada ley el plazo de la prescripción inició el 01/01/2010, debiendo aplicarse al mismo la suspensión de un año (03/06/2013 a 03/06/2014) dispuesta en la ley 26.860. Que tres meses antes de que finalice la prescripción, con fecha 09/10/2015 el organismo fiscal interpuso denuncia penal ante la Secretaría N° 22 del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°11, habiendo dictado el Juzgado de primera instancia sentencia el 21/03/2016 sobreseyendo de su conducta al Sr. Gabriel Jaime Cuervo con relación al Impuesto a las Ganancias por el ejercicio anual 2012 y el Impuesto al Valor Agregado de los períodos anuales 2009 y 2010 por cuanto los hechos mencionados no encuadran en una figura legal ( arts. 334, 335, 336 inc. 3 del CPPN y art. 1 de la ley 24.769), conforme surge a fs. 71/80 de los antecedentes administrativos cosidos por cuerda correspondientes al expte. Nº 48.072-I. En virtud de ello, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 65 inciso d) el periodo de la prescripción se suspendió hasta 180 días hábiles posteriores a la sentencia, es decir a diciembre 2016.
Que si a dicha fecha se le adicionan los casi tres meses corridos pendientes al momento de la denuncia, el plazo de la prescripción operó en marzo 2017, por lo que dado que el Fisco Nacional fijó las multas en el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 01/2009 a 11/2009 el 5 de junio de 2017 – resolución 62/2017- , y no resulta aplicable el artículo agregado a continuación del 65 ya que las vistas habían sido otorgadas en oportunidad del dictado de las resoluciones de determinación de oficio, corresponde hacer lugar al planteo esgrimido por la recurrente y en consecuencia decretar la prescripción para dichos meses, con costas.
Que finalmente, corresponde referirse a los períodos 12/2009 a 11/2010 y 12/2010 en los cuales el Fisco Nacional fijó la sanción por medio de la resolución 62/2017 de fecha 5 de junio de 2017.
Que atento a lo normado en el artículo 56 de la ley de rito el plazo de la prescripción inició el 01/01/2011 y el 01/01/2012, respectivamente; al que debe adicionarse un año conforme lo establecido en el artículo 17 de la ley 26.860.
Que asimismo cabe aplicar la suspensión dispuesta en el artículo 65 inc. d) de la ley de rito, toda vez durante el transcurso de la prescripción el 9/10/2015 el ente fiscal interpuso denuncia penal, habiendo dictado sentencia el juzgado de primera instancia el 21/03/2016, fecha a la que deben adicionarse 180 días hábiles más el cómputo pendiente al momento de la denuncia. En efecto, teniendo en cuenta que el Fisco Nacional aplicó sanción para los periodos bajo trato el 5 de junio de 2017, corresponde no hacer lugar al planteo esgrimido por la recurrente, con costas.
Con relación a los planteos de prescripción, en el presente caso y dado las particularidades que se debaten, corresponde fijar costas según los respectivos vencimientos.
Que respecto a la inconstitucionalidad del art. 17 de la ley 26.860 peticionada por la actora, cabe destacar que la restricción establecida por el artículo 185 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y mod.) veda a este Tribunal la posibilidad de pronunciarse sobre la validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentarias, por lo que no se permite receptar el planteo articulado en torno a la validez del citado artículo.
VIII. Que ello así cabe establecer si las resoluciones apeladas se ajustan a derecho, analizando los ajustes en el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a las Ganancias.
Que de los antecedentes administrativos y del informe final de inspección que se desprende de él surge que la actividad principal del Sr. Cuervo Gabriel Jaime es la venta al por mayor de muebles excepto de oficina, artículos de mimbre y corcho, colchones y sommiers, cerrando sus ejercicios comerciales 31 de diciembre de cada año. Que durante la etapa administrativa se constató que posee un local comercial de gran dimensión donde se exhiben colchones y sommiers de producción nacional, mayoritariamente de la marca Piero. El mismo figura bajo el nombre “El Paraíso” y cuenta con una pequeña oficina donde dispone de una CPU y teléfono a los fines de comercializar sus productos vía internet en la página denominada Mercado Libre.
Asimismo, cabe mencionar que la verificación efectuada al Sr. Cuervo surgió como consecuencia de la inspección realizada a su esposa, la Sra. De la Cruz Fernanda, quien también realiza ventas por medio de Mercado Libre Que en el marco de la O.I 732.119, con fecha 10/05/2012 se le solicitó a la contribuyente la exhibición del Libro IVA Compras y Ventas con su documentación respaldatoria detallando los gastos y ventas realizadas. En respuesta a ello, la actora manifestó no poseer los libros peticionados así como tampoco los reportes de su intermediario denominado Mercado Libre.
Que el 10/04/2013, un año después de haber sido notificado del requerimiento citado la recurrente aportó fotocopia del certificado de denuncia efectuada ante la Comisaría 40ª de la Policía Federal Argentina de fecha 02/04/2013 en el cual el Sr. Cuervo expone “ que el día 2 de abril del 2013, siendo aproximadamente las 11: 00 hs en circunstancias que arribo al local de mención, y luego de una intensa lluvia, noto que el sótano se encontraba todo inundado, siendo que en dicho lugar se encontraban guardados elementos propios de venta del local y documentación personal y presentaciones de AFIP del año 2009 a la fecha. Que ante dicha situación el 6 del corriente mes y año contrató un volquete de la firma IMN Construcciones con personal propio para realizar la limpieza y el desagote del sótano. Que una vez finalizada la primer etapa notó el faltante de la documentación antes mencionada y talonarios de facturación dejando constancias que los mismos se encontraban totalmente deteriorados a consecuencia del agua y barro existente en el sótano” (fs. 34 Cuerpo Principal Nº1 IVA ) Que frente a ésta situación, el Fisco Nacional verificó que el domicilio fiscal y comercial declarado corresponde a una de las zonas afectadas por el temporal en el mes de abril 2013 (fs. 36/37 cuerpo Principal IVA). En este contexto, teniendo en cuenta la ausencia de documentación y la presentación del certificado de denuncia en relación a las inundaciones de abril de 2013, el Fisco Nacional solicitó información a la plataforma Mercado Libre. Una vez recibida, a los efectos de verificar la hipótesis de la investigación, filtró las operaciones que fueron concretadas, en función a la confirmación del comprador/ vendedor y/o calificación positiva de una de las partes. Que ello así, al no brindar la actora otro tipo de documentación para justificar sus dichos a los fines de determinar los ingresos de la responsable la fiscalización actuante se valió de la información aportada por Mercado Libre, para proceder al ajuste.
Que en este orden de ideas la actora sostiene que el método de base presunta utilizado por el ente fiscal no tiene validez ya que no demuestra la realidad de las operaciones cuestionadas.
Que sin perjuicio de ello, debe señalarse que el artículo 18 de la ley de rito menciona las facultades que posee el organismo fiscal para determinar sobre una base presunta. En este sentido, establece que la estimación de oficio se fundará en los hechos y circunstancias conocidos que, por su vinculación o conexión normal con los que las leyes respectivas prevén como hecho imponible, permitan inducir en el caso particular su existencia y medida. Que dicha norma tiene un carácter subsidiario, puesto que se aplica únicamente cuando el Fisco Nacional no tiene la posibilidad de contar con elementos certeros que le permitan conocer con precisión la existencia de la obligación tributaria y la medida de su alcance, hecho sucedido en el caso bajo trato toda vez que la documentación pertinente fue perdida en la inundación de abril 2013. A los fines de aplicar el citado método el ente fiscal debe acreditar la existencia de un hecho conocido, -información proporcionada por Mercado Libre S.R.L., en el caso de autos- para luego arribar a la presunción de la materia imponible omitida. Que del análisis de la documentación suministrada por la citada plataforma el organismo fiscal detectó operaciones de venta en el año 2008 cuyos precios unitarios superaban el parámetro precio establecido en el inc. d) artículo 2 del anexo la ley 25.865 (sustitutiva de la 24.977) – causal de exclusión en el monotributo- , y montos de ventas omitidas de declarar por el contribuyente.
Que de la lectura del informe final de inspección (fs. 368/378 Cuerpo Principal IVA II) se desprende que el Sr. Cuervo Gabriel Jaime hasta 03/2006 estuvo inscripto en el régimen general, luego desde 04/2006 a 06/2008 se registró en el Régimen Simplificado, para que en el periodo de 07/2008 a 08/2011 vuelva a ser responsable inscripto. Finalmente en 09/2011 se inscribe nuevamente como monotributista, siendo excluido retroactivamente al 16/01/2011.
Que en virtud de ello, y en contraposición a lo manifestado por la actora en su escrito recursivo, con el objeto de realizar el ajuste apelado el Fisco Nacional computó i ) las percepciones sufridas por los periodos fiscales 08/2009 a 12/2011 en función de la información obtenida en las bases de datos, ii) un costo presunto a través de la aplicación de un coeficiente de utilidad bruta, el cual es obtenido del promedio de utilidades brutas sobre las ventas informadas en sus declaraciones juradas por los contribuyentes que realizan la misma actividad comercial y iii ) los gastos por comisiones abonados a Mercado Libre S.R.L. en función de la información proporcionada por éste último.
Que en efecto, corresponde valorar la prueba a fin de establecer la procedencia o no del ajuste efectuado por el Fisco Nacional.
Que en primer lugar, cabe destacar que la actora en el certificado de denuncia aportado menciona que perdió la documentación del año 2009, no indicando motivo alguno por el cual no acompañó la información respecto del ejercicio 2008, la cual también fue requerida por el ente fiscal en la etapa de inspección.
Que por otra parte, la única prueba que surge del expediente es el oficio diligenciado a Mercado Libre S.R.L a fs. 166/168, puesto que si bien en más de una oportunidad se hizo lugar a la prueba pericial contable, la misma se tuvo por decaída a fs. 254, 517 y 760 frente el desinterés de la actora en producirla.
En consecuencia, cabe resaltar que a fs. 167 en la respuesta al oficio diligenciado surge que Mercado Libre S.R.L. no puede informar si todos los artículos publicados y ofertados por el usuario “El Paraíso” fueron efectivamente vendidos/adquiridos, aunque si puede señalar si alguna de las publicaciones realizadas por el recurrente recibió alguna oferta de compra en concreto y cuáles fueron los comentarios por los cuales el mencionado usuario ha ofertado.
Que en atención a lo expuesto, comparto el criterio fiscal al filtrar de la información suministrada aquellas operaciones que fueron concretadas, es decir que fueron confirmadas por el comprador y/o vendedor, como así también aquellas que tuvieron calificaciones positivas por una de las partes intervinientes en la operación llevada a cabo por la plataforma mencionada, depurando en consecuencia aquellas que no fueron confirmadas y/o poseían calificaciones neutras o negativas por cualquiera de las partes intervinientes.
Que en esta línea de pensamiento, cabe traer a colación lo normado en la actual Régimen General 5319 ( ex RG 2955 en el inciso c) del artículo 3 la cual entiende que se efectúan operaciones en forma habitual, frecuente o reiterada, cuando en el transcurso de un mes calendario las operaciones de ventas de cosas muebles no registrables nuevas y/o usadas, locaciones y prestaciones de obras y/o servicios, concertadas y/o perfeccionadas electrónicamente a través de una misma “plataforma digital”, reúnan en forma conjunta las siguientes condiciones: i) resulten iguales o superiores a la cantidad de DIEZ (10) y ii) el monto total de las operaciones resulte igual o superior a PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000.-).
Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, también se considerará que los sujetos realizan operaciones en forma habitual, frecuente o reiterada cuando se verifique en el término de CUATRO (4) meses calendarios consecutivos la realización de CUATRO (4) o más operaciones por cada periodo mensual y el monto total acumulado de las mismas -consideradas en conjunto en el período de CUATRO (4) meses consecutivos- iguale o supere el monto previsto en el punto 2. precedente.
Que a fs. 36 del informe final de inspección que obra en los antecedentes administrativos -Expte Nº 42.732-I- y a fs. 38/49 y 53/55 del Cuerpo Principal IVA lucen las percepciones efectuadas por Mercado Libre SRL que sufrió la actora, , hecho que permite verificar que la recurrente sigue teniendo actividad comercial y que las operaciones existieron, las que además sirvieron de base para determinar los débitos fiscales y el impuesto a ingresar.
Que por lo tanto, toda vez que la actora no aportó en esta instancia o en la etapa administrativa prueba suficiente a los fines de desvirtuar el criterio fiscal, luego de haberle hecho lugar en tres oportunidades a la prueba pericial contable siendo la misma decaída frente al desinterés corresponde confirmar los ajustes propuestos por el ente fiscal en lo que hace al Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a las Ganancias.
IX. Que resta referirse a las multas aplicadas en las resoluciones apeladas conforme el artículo 46 y 47 inc. b) de la Ley de Procedimiento Tributario.
Que en primer lugar, cabe destacar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 de la ley Nº 24.769, el 9 de octubre de 2015 el Fisco Nacional formuló denuncia penal por presunta infracción en la Ley Penal Tributaria. en la Secretaría N° 22 del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°11, habiendo el juzgado de primer instancia dictado sentencia el 21/03/2016 sobreseyendo al Sr. Gabriel Jaime Cuervo con relación al Impuesto a las Ganancias por el ejercicio anual 2012 y el Impuesto al Valor Agregado de los períodos anuales 2009 y 2010 por cuanto los hechos mencionados no encuadran en una figura legal ( arts. 334, 335, 336 inc 3 del CPPN y art. 1 de la ley 24.769).
En consecuencia, y ante la sentencia firme planteada en el párrafo anterior la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Oeste aplica las multas recurridas en las presentes actuaciones.
Que el artículo 46 de la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y mod.) dispone que “el que, mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al Fisco Nacional, será reprimido con una multa de dos (2) hasta diez (10) veces el importe del tributo evadido”.
Que al analizar la figura del art. 46 y las presunciones enumeradas en el art. 47 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y mod.), la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal sostuvo que del juego armónico de tales preceptos surge que se debe acreditar en forma clara y suficiente la intención de omitir el impuesto, es decir, la existencia de ardid, maniobra o engaño, y no solamente el resultado defraudatorio. Corresponde, pues, al juez administrativo probar fehacientemente los hechos que determinan la aplicación de las presunciones, los que deberán ser ciertos y no meramente conjeturales (Sala I, “Pereda, Francisco (TF 34.603-I) c/DGI” del 12/12/2013 y “Mora y Araujo Manuel c/EN-AFIP- DGI-R. 812/2004 (RNOR) s/DGI” del 08/04/2014).
Que las presunciones previstas en el art. 47 de la norma fiscal admiten prueba en contrario, correspondiendo a la recurrente probar la falta del elemento subjetivo doloso en orden a desvirtuar el criterio aplicado por el organismo fiscal.
Que el inciso b) del citado artículo presume, salvo prueba en contrario, que existe la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas cuando cuando en la documentación indicada se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible, hecho que se verifica en autos dado a que las operaciones realizadas a través de la plataforma Mercado Libre S.R.L nunca fueron informadas por la recurrente, incluso nunca hubiesen llegado a conocimiento del ente fiscal de no haber sido descubiertas por la fiscalización.
Que en el caso de autos el aspecto subjetivo de la norma queda configurado toda vez que la actora no informó la totalidad de las operaciones provocando ello en perjuicio al organismo fiscal.
Que en virtud de lo expuesto y atento que concurren los elementos objetivo y subjetivo necesarios para que se configure la tipificación aplicada, voto por confirmar las multas sobre la determinación de los tributos apelados, con costas.
X. Que finalmente, respecto a los intereses resarcitorios reclamados, debe resaltarse que éstos se ajustan a lo dispuesto en el art. 37 de la ley de rito fiscal, por lo que corresponde su confirmación.
XI. Que en virtud de los argumentos desarrollados en los considerandos VI a X, corresponde confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas, excepto la multa aplicada en el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 01/2009 a 11/2009, la que debe revocarse atento a lo expuesto en el considerando VII, con costas.-
La Dra. Gómez dijo:
I. Que adhiere en lo sustancial a los argumentos del Dr. Martín para rechazar los planteos de nulidad y confirmar los ajustes efectuados en las resoluciones determinativas de IVA –períodos 1/2008 a 12/2011; 1 a 12/2012-, Impuesto a las Ganancias- períodos 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 (Considerando VIII), con más sus intereses resarcitorios.
II. Que resuelta la procedencia de los ajustes practicados, corresponde referirse a la excepción de prescripción invocada por la actora respecto de la facultad del Fisco Nacional para aplicar multas.
Dicho planteo se articula respecto a la imposición de sanción en la resolución determinativa de IVA, fechada 18 de marzo de 2015 sobre los períodos 1/2008 a 12/2008 (vide fs. 28); en el acto dictado en la misma fecha correspondiente al Impuesto a las Ganancias, sobre el período 2008 (fs. 101); en cuanto a la resolución sancionatoria del 5 de junio de 2017 respecto a los períodos 1/2009 a 12/2010 (fs. 443).
Que comparte en lo sustancial lo expuesto por el Vocal Instructor en cuanto rechaza los planteos con relación al IVA 1 a 12/2008 y 12/2009 a 12/2010 y el Impuesto a las Ganancias período 2008; y en tanto admite la defensa opuesta por la actora respecto la prescripción de la acción del Fisco para imponer sanción respecto al IVA períodos 1/2009 a 11/2009 (Considerando VII).
III. Finalmente en cuanto a la procedencia de las sanciones, en el caso concreto las circunstancias reseñadas en el voto del Vocal Instructor dan cuenta de la existencia grave contradicción entre lo declarado y la información recolectada por el Fisco sumado a que las declaraciones juradas inexactas presentadas en IVA y Ganancias inicialmente tuvieron una grave incidencia en la determinación de la materia imponible, siendo que la recurrente no acreditó ninguna circunstancia que la eximiera de responsabilidad por dichas inexactitudes (cfr. criterio de la Sala V de la Alzada in re “Proms S.A.”, sentencia del 2 de julio de 2019).
Ello así y no advirtiendo razones para reencuadrar o reducir el monto de las sanciones impuestas en los términos del artículo 46 de la ley de rito, corresponde su confirmación.
IV. Por ello, voto por 1) hacer lugar a la excepción de prescripción articulada por la actora respecto de la multa aplicada en el IVA por los períodos 1/2009 a 11/2009, con costas; 2) rechazar la excepción de prescripción con relación a la imposición de sanción por el IVA 1 a 12/2008 y 12/2009 a 12/2010 y el Impuesto a las Ganancias período 2008, con costas a la recurrente; y 3) confirmar las resoluciones apeladas correspondientes al impuesto a las ganancias en cuanto intiman el gravamen con más intereses resarcitorios y multas y los actos por los que se determinan el IVA con más intereses y aplican multas, a excepción de la declarada prescripta. Las costas se imponen a la vencida.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. Adhiero en lo sustancial a la decisión propuesta en el voto del Vocal Instructor, excepto:
a. En la imposición de las costas por la nulidad tratada en el Considerando VI, al no haberse tratado como cuestión previa, no corresponden conforme al criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 336:70 (“Bolland”).
b. En el Considerando VII, respecto de la prescripción de las facultades del Fisco Nacional para imponer a la recurrente la multa por omisión por las obligaciones determinadas en el impuesto al valor agregado en la Resolución N° 60/2015 en los períodos fiscales 1/2008 a 11/2008, por aplicación del criterio sobre la incidencia del principio de ley penal más benigna sobre las leyes que establecen regímenes excepcionales de regularización de obligaciones fiscales adoptado por la Cámara que ejerce como tribunal de alzada al fallar en la causa “Acifer S.A.”, sentencia del 14 de septiembre de 2004, reiterado en fecha reciente en “Alvarez Hnos. S.A.”, del 23 de diciembre de 2021, entre otros.
A ello cabe agregar que al momento de la notificación del acto previsto en el art. 17 de la ley 11.683, el 11 de noviembre de 2014, tales facultades ya habían prescripto por lo que ningún efecto tuvo la suspensión dispuesta en el art. 65.1 de la misma ley en el cómputo del plazo.
La misma solución corresponde adoptar en relación a la multa aplicada en el mismo gravamen por el periodo fiscal 12/2008, cuyo plazo de prescripción feneció el 1° de enero de 2015 y la multa aplicada en el impuesto a las ganancias de ese año también en la Resolución N° 59/2015 del 18 de marzo de 2015.
En idéntica situación se encuentra la multa aplicada en la Resolución N° 62/2017 respecto de la omisión incurrida en el impuesto al valor agregado por los períodos fiscales 12/2009 a 1/2010 ya que el plazo no fue incidido por la suspensión de un año de la ley 26.860 y a la fecha del dictado de la sentencia penal el 21 de marzo de 2016, el plazo ya se había agotado. Distinta es la solución respecto del período fiscal 12/2010 determinado en el mismo acto, ya que en este caso sí quedó alcanzado por la suspensión del art. 65, inc. d) de la ley 11.683 con motivo del dictado de la sentencia penal.
Que en virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas, excepto la multa aplicada en el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 01/2009 a 11/2009, la que debe revocarse atento a lo expuesto en el considerando VII del voto del Vocal Instructor, con costas.-
2. No hacer lugar al planteo de prescripción efectuado por la actora en el Impuesto al Valor Agregado por los periodos fiscales 01/2008 a 12/2008, 12/2009 a 12/2010 e Impuesto a las Ganancias por el ejercicio 2008, en virtud de lo expuesto en el considerando VII del voto del Vocal Instructor, con costas.
3. Regular honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 407.389 (Pesos cuatrocientos siete mil trescientos ochenta y nueve) por el patrocinio letrado y de $ 162.955 (Pesos ciento sesenta y dos mil novecientos cincuenta y cinco) por la representación procesal, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en las dos etapas cumplidas por los expedientes N° 42.731-I, 42.732-I y 45.039-I, lo dispuesto en los ptos. 1°) y 2°) precedentes y demás pautas establecidas en la Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.432.
4. Regular honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 101.756 (Pesos ciento un mil setecientos cincuenta y seis) por el patrocinio letrado y de $ 40.703 (Pesos cuarenta mil setecientos tres) por la representación procesal, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en la etapa cumplida por los expedientes N° 45.040-I, 48.071-I y 48.072-I, lo dispuesto en los ptos. 1°) y 2°) precedentes y demás pautas establecidas en la Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.432.
5. Regular los honorarios del Dr. Gustavo Grinberg en la suma de $ 80.874 (Pesos ochenta mil ochocientos setenta y cuatro) en el doble carácter de apoderado y patrocinante en el expediente N° 48.072-I, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, atento lo dispuesto en el pto 1° precedente y demás pautas establecidas en la Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.432.
6. Regular los honorarios del Dr. Gustavo Grinberg en la suma de $ 133.574 (Pesos ciento treinta y tres mil quinientos setenta y cuatro) equivalente a 2.72 (dos con 72/100) UMA en el doble carácter de apoderado y patrocinante en el expediente N° 48.072-I, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, atento lo dispuesto en el pto 1° precedente, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, la Acordada N° 14/24 (29/04/2024) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
7. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación, fijándolos para el patrocinio letrado en la suma de $ $ 754.445 (pesos setecientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco), equivalente a 15,37 (quince con 37/100) UMA, y por la representación procesal, la suma de $ $ 301.778 (pesos trescientos un mil setecientos setenta y ocho), equivalente a 6,15 (diecisiete con 15/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la última etapa procesal por los expedientes N° 42.731-I, 42.732-I y 45.039-I y lo dispuesto en los ptos. 1°) y 2°) precedentes, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, la Acordada N° 14/24 (29/04/2024) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
8. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación, fijándolos para el patrocinio letrado en la suma de $ 778.572 (pesos setecientos setenta y ocho mil quinientos setenta y dos), equivalente a 15,86 (quince con 86/100) UMA, y por la representación procesal, la suma de $ 311.429 (pesos trescientos once mil cuatrocientos veintinueve), equivalente a 6,34 (seis con 34/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las últimas dos etapas procesales por los expedientes N° 45.040-I, 48.071-I y 48.072-I y lo dispuesto en los ptos. 1°) y 2°) precedentes, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, la Acordada N° 14/24 (29/04/2024) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
9. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación, fijándolos para el patrocinio letrado en la suma de $ 179.083 (pesos ciento setenta y nueve mil ochenta y tres), equivalente a 3,65 (tres con 65/100) UMA, y por la representación procesal, la suma de $ 71.633 (pesos setenta y un mil seiscientos treinta y tres), equivalente a 1,46 (uno con 46/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida por los EX-2019-82231950-APN-SGAI#TFN y EX-2019-82236989-APN-SGAI#TFN y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, la Acordada N° 14/24 (29/04/2024) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
10. Regular los honorarios del perito contador designado a propuesta del Fisco Nacional, Guillermo García Fuster, en la suma de $ 49.075 (Pesos cuarenta y nueve mil setenta y cinco), los que quedan a cargo de la recurrente, en atención a la aceptación del cargo en autos.
11. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese y archívese.-
Date: 2024.05.22 11:25:40 -03:00 Date: 2024.05.22 11:38:01 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.05.22 11:49:20 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.22 11:49:21 -03:00
Fin de la sentencia