Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 76969
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar que en autos no se encuentra comprometida la jurisdicción originaria del Tribunal (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683, CPCC).
Siendo el caso propio de la competencia contencioso administrativa, remitir las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de La Plata, para su inmediato sorteo entre los juzgados pertenecientes a dicho fuero en esa jurisdicción (conf. arts. 15, Const. prov. y 70, ley 13.133).
B.76.969 “JUZGADO DE FALTAS DE SALADILLO S/CUESTION DE COMPETENCIA EN AUTOS "GOMEZ, GLADYS CARINA C/DESPEGAR SA S/REINTEGRO DE GASTOS. DAÑO DIRECTO”
I. La firma Despegar.com.ar SA -a través de su apoderado- promueve pretensión anulatoria en los términos del art. 70 de la ley 13.133 contra la Municipalidad de Saladillo, con el objeto de que se declare la invalidez de la resolución dictada en el marco del expediente G-97-2017 por el Juzgado de Faltas comunal, mediante la cual se le impuso una multa por haber infringido el deber de proporcionar información cierta, clara y detallada del servicio ofrecido a sus consumidores y se la obligó a resarcir la suma de $280.959,30 en concepto de indemnización por el daño directo ocasionado a la señora Gladys Carina Gómez (conf. arts. 4 y 40 bis, ley 24.240).
Al respecto, alega que la decisión adoptada carece de fundamentación suficiente y se desentiende de las circunstancias comprobadas en las actuaciones administrativas. Siguiendo tal razonamiento, sostiene que la sanción pecuniaria impugnada resulta irrazonable y desproporcionada; por ello, subsidiariamente, requiere la reducción del quantum fijado.
Asimismo, solicita se decrete la inconstitucionalidad del segundo párrafo del art. 70 de la ley 13.133 citado y del antepenúltimo párrafo del art. 45 de la ley nacional 24.240, en cuanto establecen que se deberá, con carácter previo a la interposición de la acción judicial allí prevista, depositar y acreditar el pago de la multa dispuesta por la autoridad competente.
II. En lo que aquí concierne, con fecha 12 de noviembre de 2020, la jueza de faltas municipal intimó a la empresa a abonar las sumas adeudadas y dispuso que, una vez cumplido ese recaudo, se girarían los obrados a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de La Plata para que realice el correspondiente sorteo entre los juzgados del fuero contencioso administrativo de esa jurisdicción (v. fs. 112).
Frente a ello, la actora dedujo recurso de revocatoria “con apelación en subsidio”, arguyendo que la intimación cursada, sin el previo tratamiento de la cuestión en torno a la inconstitucionalidad del mentado requisito postulada, vulneraba la garantía de acceso a la justicia y el derecho de defensa en juicio. Por tal motivo, peticionó que se deje sin efecto lo ordenado y se proceda a la inmediata remisión del expediente a la Receptoría General de Expedientes departamental (v. fs. 114/116).
A su turno, la jueza de faltas rechazó el primer recurso impetrado y resolvió “conceder el recurso de apelación en subsidio, elevando estas actuaciones a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a los fines de que entienda en el planteo de inconstitucionalidad efectuado” (v. fs. 117).
III. Conforme lo dispone el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial, este Tribunal ejerce jurisdicción originaria para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por ella y se controvierta por parte interesada, de lo cual se infiere que el objeto de esta acción y, por consiguiente, el ámbito delimitado de conocimiento reservado a esta vía, reside en la discusión sobre la validez constitucional de una norma considerada en abstracto (doctr. causas B. 75.290, "Francisco Frare SA", resol. de 22-VIII-2019 y B. 75.541, "Asociación Mutual Consejeros de los Arroyos Coop. Emp. Mult.", resol. de 13-II-2019, e.o.).
En la especie, la actora persigue la declaración de nulidad de la resolución dictada por el Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Saladillo, por medio de la cual se le aplicó una multa por infracción del art. 4 de la ley 24.240 y se ordenó resarcir el daño directo ocasionado a la denunciante, en su condición de consumidora del servicio prestado por la empresa. Así, canaliza su pretensión a través del carril específico establecido en el art. 70 de la ley 13.133 para la revisión de las sanciones impuestas por el organismo administrativo competente en la materia.
Es en este marco que la demandante solicita que, ejerciendo el control difuso de constitucionalidad que nuestro ordenamiento confiere a cualquier juez o jueza, el órgano jurisdiccional que resulte designado para intervenir en autos declare la invalidez del segundo párrafo del citado precepto y del antepenúltimo párrafo del art. 45 de la Ley de Defensa del Consumidor (conf. arts. 57, Const. prov. y 3, CCA).
Cuando, como en este supuesto, la impugnación de una ley se efectúa en un caso concreto en el que ha sido aplicada, nada impide que cualquier juez ejerza el control difuso de constitucionalidad, dentro del límite dado por su propia competencia material (art. 57, Const. prov.; doctr. causas B. 73.724, “Calles Añasgo”, resol. de 15-VII-2015 y B. 76.707, "Di Scala", resol. de 4-XI-2020).
IV. Por lo expuesto, toda vez que el asunto resulta ajeno a la jurisdicción originaria de esta Corte, corresponde que las actuaciones le sean giradas sin dilación a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de La Plata, para su inmediato sorteo entre los juzgados del fuero contencioso administrativo (conf. arts. 15, Const. prov.; 70, ley 13.133).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar que en autos no se encuentra comprometida la jurisdicción originaria del Tribunal (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683, CPCC).
Siendo el caso propio de la competencia contencioso administrativa, remitir las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de La Plata, para su inmediato sorteo entre los juzgados pertenecientes a dicho fuero en esa jurisdicción (conf. arts. 15, Const. prov. y 70, ley 13.133).
Regístrese y ofíciese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/06/2021 12:23:22 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/06/2021 19:04:00 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/06/2021 08:59:25 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/06/2021 15:55:14 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/06/2021 17:08:05 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia