Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77042
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar que en el caso no se encuentra comprometida la competencia originaria y exclusiva de esta Suprema Corte y ordenar la inmediata radicación del expediente electrónico en el Tribunal en lo Criminal N°2 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús para la continuación de su trámite (arts. 20 inc. 2, 161 y 196, Const. prov.).
B.77.042 “RECURSO DE AMPARO C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - DIRECCION GRAL DE ESCUELAS- CUESTION DE COMPETENCIA”
I. Las señoras Mirta Susana Cardoso, Valeria Silvina Vilardo, Olivia Marletta Vilardo, Emilia Ruiz Deza, Luciana Toth, Mariana Marcela Montanaro, Leila Sofía Sensaud, María Florencia Moles, los señores Martín Ruiz Deza, Federico Hernán Otero, Matías Santiago Zavatto -todos ellos por derecho propio y en representación de sus hijas e hijos menores de edad, la señora Silvina Raquel Diana y el señor Fernando Gabriel Landaburu -ambos concejales del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Avellaneda, por derecho propio-, promueven acción de amparo en los términos de los arts. 20 inc. 2 de la Constitución provincial y 6 de la ley 13.928 contra la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que se ordene a la demandada no acatar y/o no consentir las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el decreto de necesidad y urgencia 241/2021, en cuanto suspenden el dictado de clases y actividades no educativas y no escolares presenciales, en establecimientos de gestión pública o privada, en todos los niveles y en todas sus modalidades, desde el día 19 hasta el día 30 de abril inclusive.
Así, requieren se declare la nulidad absoluta de la referida norma y se garantice la obligatoriedad de las clases presenciales en todos los establecimientos educativos en el ámbito de la Municipalidad de Avellaneda para los aquí peticionantes y para todos aquellos que adhieran a la demanda aquí incoada.
Alegan que es deber del gobierno local asegurar y financiar el acceso a la educación pública, laica y gratuita. En este sentido, sostienen que la educación tiene naturaleza de bien común y que reviste la condición de un servicio público.
Al respecto, cuestionan las atribuciones de la autoridad nacional para dictar el precepto atacado y denuncian el avasallamiento de la autonomía provincial. Afirman que “la competencia local en materia de educación es la culminación de las transferencias de escuelas de la jurisdicción nacional a las provincias en 1992 y la sanción de la Ley Federal de Educación en 1993, hoy Ley Nacional de Educación” y continúan precisando que “la organización de la educación es una materia no delegada a la Nación sino que la misma Constitución Nacional advierte específicamente que es de naturaleza local” (v. punto “D” del escrito postulatorio).
Aducen que la medida adoptada por el Estado Nacional resulta irrazonable y desproporcionada, atento los índices elaborados desde el comienzo de las clases presenciales hasta el presente respecto de su incidencia en la tasa de contagios generales.
En otro orden, argumentan que la no asistencia a las escuelas ha generado consecuencias no queridas entre los niños, niñas y adolescentes entre las que enuncian la violencia doméstica, la pobreza infantil, la desatención de las necesidades de los niños y niñas con discapacidad o el fracaso y abandono escolar.
Aseguran que la modalidad de educación a distancia o remota no otorga un real acceso a la educación, en especial frente a los grupos más vulnerables, que se ven privados de un derecho esencial e inalienable del que sólo pueden beneficiarse en forma presencial, dados los escasos recursos tecnológicos y de conectividad con los que cuentan.
En suma, esgrimen que se encuentran conculcados los derechos y garantías consagrados en los arts. 11 y 35 de la Constitución provincial, 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales y 3 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Por último, solicitan que se ordene con carácter cautelar la suspensión de los efectos del decreto puesto en crisis, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la presente controversia.
II. El expediente, en razón de lo normado por los arts. 20 inc. 2 de la Constitución provincial y 1 y 3 de la Ley de Amparo, fue adjudicado de conformidad con el sistema establecido en las resoluciones de esta Suprema Corte 1358/06 y 1794/06, cuya vigencia fue ratificada por resolución 957/09 del 15 de abril de 2009, habiendo sido designado, sorteo mediante, el Tribunal en lo Criminal N°2 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.
El mentado órgano se rehusó a intervenir en el asunto.
Primeramente, adujo que luego de efectuar un meticuloso estudio de la cuestión, concluía que se debatía en el caso una “materia exclusiva del Fuero Federal en lo Contencioso Administrativo”.
Ello no obstante, a renglón seguido, tras advertir que ante esta Corte tramita una demanda originaria de inconstitucionalidad sobre el mismo tema (se refiere a la causa I 77.032, "Isabella y otros"), la argumentación empleada para declarar la incompetencia cambia de eje, el voto del ponente efectúa un análisis respecto de la idoneidad de la vía procesal escogida y concluye que “al tratarse de un conflicto entre órganos del Estado, surge palmariamente la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires”, sin cita legal alguna que apoye ese aserto y sin especificar cuál de las competencias originarias que el Tribunal tiene asignadas sería la que se encuentra afectada en el caso (v. resol. de 20-IV-2021).
Así es como llegan los obrados a conocimiento del Tribunal.
III. 1. La presente causa no da cuenta de un caso propio de la competencia originaria de esta Corte (arts. 161 y 196 de la Constitución de la Provincia).
III.1.a. En efecto, se constata fácilmente que no es un conflicto de aquellos que esta Corte está llamada a resolver en ejercicio de la competencia originaria y exclusiva que le confieren los arts. 161 inc. 2 y 196 de la Constitución de la Provincia.
Se ha resuelto en muchas ocasiones que las causas de competencia entre los poderes públicos de la Provincia a las que alude la norma constitucional mencionada en primer término, al igual que los conflictos que se producen entre las municipalidades y autoridades de la Provincia a los que se refiere el citado art. 196, requieren para su configuración la existencia de una contienda entre los órganos involucrados con motivo o en el ejercicio de sus respectivas atribuciones.
Es menester entonces que el objeto principal del reclamo de alguno de ellos cuestione el obrar de otra autoridad por haber invadido o intentar invadir su esfera de competencias, lo que implica reivindicar como perteneciente a su propio ámbito de actuación aquella actividad ejercida o en vías de ejecución por quien es demandada (doctr. causas B. 71.532, "Municipalidad de La Plata", sent. de 7-III-2012; B. 72.132, “Fiscal de Estado”, resol. de 19-IX-2012; B. 72.835, "Intendente Municipal de Tigre", resol. de 23-XII-2014; B. 74.858, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 23-VIII-2017 y B. 76.894, "Municipalidad de Pergamino", resol. de 1-III-2021, e.o.).
El caso traído a conocimiento de este Tribunal está iniciado por un grupo de madres y padres en representación de sus hijas e hijos menores y por dos concejales que, por derecho propio, procuran obtener la nulidad del decreto de necesidad y urgencia 241/2021 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, demandando para ello a la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que ésta no consienta las disposiciones de la norma impugnada, que consideran violatoria de la autonomía provincial.
Siendo así, incluso haciendo el mayor de los esfuerzos para interpretar ampliamente los alcances de la norma que le confiere competencia originaria a este Suprema Corte en los procesos que está llamada a tratar por aplicación de las citadas disposiciones de la Carta local, resulta imposible ver en este caso un conflicto entre dos poderes públicos de la Provincia, o entre ésta y alguna municipalidad, puesto que una de las partes está exclusivamente conformada por un grupo de particulares que procuran el reconocimiento de un derecho que denuncian vulnerado por un acto dictado por el Presidente de la Nación.
III.1.b. Tampoco se trata de un asunto que pueda subsumirse en la competencia originaria que el Tribunal ejerce en materia de constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por la Constitución de la Provincia (arts. 161 inc. 1, Constitución de la Provincia; 683 y sgtes., CPCC).
Como quedó visto, el objeto de impugnación de la demanda deducida en este caso es el DNU 241/2020, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional y la pretensión dirigida contra la Provincia consiste en que se le ordene que no lo acate, por ser contrario a la autonomía provincial.
Siendo ello así, dado que la competencia originaria que a esta Suprema Corte le atribuye el art. 161 inc.1 de la Constitución de la Provincia, tal como se ha resuelto con reiteración, no se extiende a los casos que tienen por objeto normas que no han sido dictadas por autoridades locales (doctr. causas B. 58.835 "Curieses", resol. de 3-II-98; I. 2098 "Sencar", resol. de 24-VI-97; I. 2401 "Ginestet", resol. de 7-V-2002; I. 68.475 "Afirmación para una República Igualitaria", sent. de 2-III-2011; I. 68.403 "Aramburu", resol. de 5-X-2011; B. 71.847 "Reciclar SA", resol. de 27-VI-2012; B. 71.959 "Turchi", res. de 4-VII-2012; I. 2021 "Municipalidad de San Isidro", sent. de 27-VIII-2014; B. 73.095 "Axat Della Croce", resol. de 20-XI-2014; I. 73.998 "Sindicato de Personal de Reposición Externa y Merchandising", resol. de 24-V-2016; I 74.725, "Miño Domínguez", resol. de 7-II-2018 y B 76.929, "Maffía", resol del 8-IV-2021, e.o.), la señalada atribución tampoco se ve afectada en este supuesto.
IV. En razón de lo expuesto, corresponde declarar que el caso no es propio de la competencia originaria que al Tribunal le confieren los arts. 161 y 196 de la Constitución de la Provincia, debiendo radicarse inmediatamente las actuaciones ante el órgano que previno para la continuación de su trámite.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar que en el caso no se encuentra comprometida la competencia originaria y exclusiva de esta Suprema Corte y ordenar la inmediata radicación del expediente electrónico en el Tribunal en lo Criminal N°2 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús para la continuación de su trámite (arts. 20 inc. 2, 161 y 196, Const. prov.).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/04/2021 09:00:21 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/04/2021 09:14:08 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/04/2021 10:08:35 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/04/2021 11:35:51 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/04/2021 12:18:53 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/04/2021 12:20:38 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia