Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 180.793
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Se hace lugar parcialmente a los recursos de las partes y se modifica la sentencia: i) elevando la tasa de interés pactada al trece por ciento (13%) anual; ii) disponiendo que, una vez firme la liquidación, la conversión de la moneda de pago deberá efectuarse al valor del dólar oficial o del dólar MEP que resulte más alto en ese momento; y iii) imponiendo las costas de ambas instancias en un ochenta por ciento (80%) al demandado, y en un veinte por ciento (20 %) a la parte actora, en atención a los vencimientos parciales y mutuos operados (arts. 71 y 274 del CPCC).
II. Se difiere la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la Ley 14.967.
III. Se reanudan los términos procesales suspendidos.
Expediente n.° 180.793 – Juzgado n.° 4 // En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos: “CUEVA DEL TIGRE S.A. c. SACCONE Ariel Arturo s. Cumplimiento de Contratos Civiles/ Comerciales”. Habiendo practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó del mismo que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau y Ricardo D. Monterisi.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es justa la sentencia apelada?
2. ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
I: En la sentencia dictada el 26.4.2024 la Sra. Jueza de primera instancia rechazó la excepción de nulidad articulada por Ariel Arturo Saccone respecto del reconocimiento de deuda acompañado digitalmente con fecha 18.9.2020. Hizo lugar parcialmente a la demanda de cumplimiento de contrato promovida por Cueva del Tigre S.A. contra Saccone, condenándolo a abonarle la cantidad de dólares estadounidenses doscientos cincuenta mil (U$S 250.000), dentro del plazo de diez días, con más intereses que ordenó liquidar a la tasa del 7 % anual, “por todo concepto”, desde la mora —21.3.2020—y hasta el efectivo pago (considerando V).
Dispuso que, de procederse al pago en moneda nacional, el deudor tendrá la posibilidad de desobligarse entregando la cantidad de pesos necesaria para adquirir el importe de los dólares de condena al valor del denominado “dólar M.E.P.” (Mercado Electrónico de Pagos), o “dólar bolsa”, sin que la sustitución de la moneda de pago resulte confiscatoria para la parte acreedora (considerando VI, con cita del art. 765 del CCCN y de los Fallos “Marengo” de esta Sala II y “Weber” de la Sala I de esta Cámara). Impuso las costas al demandado.
II: Apelaron los apoderados de ambas partes, los recursos les fueron concedidos libremente, la parte demandada expresó agravios el 20.11.2024 y la actora el 28.11.2024, mereciendo las respuestas de fechas 5.12.2024 y 10.12.2024 respectivamente.
II.1: Los agravios del demandado pueden sintetizarse así:
i) Cuestionó el rechazo de la excepción de nulidad, porque implica “consagrar como obligación válida y lícita el pago de un sobreprecio oculto en una operación de compraventa” (en negrilla en el original), lo que torna al fallo ilegítimo y arbitrario. Afirmó que la decisión vulnera los arts. 724, 725 y 1014 del CCCN, porque si como “despreocupadamente” se afirma, el reconocimiento se relaciona con la operación de compraventa y no integra el saldo de precio, “no puede sino concluirse que se trató de un sobreprecio oculto no consignado en la escritura, con la clara finalidad de evadir obligaciones fiscales”, de allí que no pueda considerárselo siquiera como una obligación exigible.
En el fallo se le imputa como déficit que no haya acreditado la ilicitud de la causa del reconocimiento, cuando “viene dada desde el momento mismo en que se pretende cobrar el documento”.
Destacó la clara impronta “contra legem” del fallo, que sustenta la calificación de “cuestión abstracta” de la nulidad en argumentos “aparentes y falaces”: a) que los intereses y las personas jurídicas afectadas se encontrarán protegidos y a resguardo porque se les notificará la sentencia y podrán posteriormente ejercer sus derechos; y, b) que su parte no probó la simulación ilícita alegada máxime, cuando conforme se refiere en el fallo, la misma vendría “en razón de que el acto perjudica a terceros o viola la ley”.
Recordó que al contestar la demanda planteó que el reconocimiento es nulo de nulidad absoluta en tanto su causa es ilícita, “contraria a la moral, el orden público, o las buenas costumbres” de conformidad a lo dispuesto por los arts. 386 y 387 del CCCN.
Adujo que si la suscripción del documento importó para la actora un pago adicional que se debía por la compraventa (“y no un contrato de garantía de pago del precio conforme lo sostenido por su parte”), el reconocimiento afecta el orden público.
Basó esa afirmación en la respuesta de la Fiscalía de Estado de fecha 2.11.2023, que, según el apelante, concluye en que, se ha verificado en el caso una afectación del interés público pues no se ha registrado el pago del impuesto a los sellos respecto del reconocimiento de deuda y del pagaré, y en que las normas del Código Fiscal son de orden público.
Agregó que también se han afectado derechos de terceros, que en este caso sería el escribano Etchegoyen, y que por ello la Jueza ha resuelto apartarse de las normas aplicables al declarar abstracta la cuestión de la nulidad, por el solo hecho de que los afectados puedan reclamar posteriormente sus derechos, sin advertir que el perjuicio colectivo que se produce no puede ser “purgado” por esa posibilidad (con cita del art. 1014 del CCCN).
Concluyó la crítica afirmando que la magistrada debió velar por el cumplimiento del orden público fiscal y compeler a la actora a reponer el tributo no integrado en forma previa a dar traslado de la demanda, o denunciar ante la justicia en lo penal económico la posible existencia del delito de elusión fiscal, por lo que la decisión judicial que rechazó la nulidad por haber caído en abstracto, “nace del voluntarismo judicial” y por ende, es un pronunciamiento arbitrario, y como tal debe ser revocado.
ii) Criticó la admisión de una demanda objetivamente improponible en base a una incorrecta valoración de la prueba pericial contable.
Argumentó que la experta dejó en claro no sólo que no se habían tenido a la vista constancias de pago del reconocimiento de deuda —conclusión que la Jueza tuvo en cuenta para fallar—, sino también que no se encontraba registrado en la documentación contable de la actora y tampoco en la de la demandada (explicaciones a los puntos 1 y 2 de fecha 17.5.2022). Señaló que “no puede haber constancias contables de pago de algo que contablemente no existe”, y reiteró que la decisión judicial importa validar un documento clandestino, ilegal, y hacer caso omiso al hecho de que, de haberlo incluido en los registros contables, los administradores de la sociedad actora hubieran incurrido en el delito tipificado por el art. 300 inc. 2 del CP.
Adujo que por más que la sentenciante “se empeñe en afirmar que el reconocimiento de deuda documenta una causa”, nada en este expediente habilita a pensar que ese “contrato” contenga una obligación autónoma originada en una operación distinta a la compraventa del campo firmada el mismo día. Agregó que las liberalidades no se presumen, y que no existen las obligaciones sin causa, porque en el caso de que se presuma, arribaríamos “inevitablemente a la existencia de una causa ilícita”, ya que toda la prueba indica que el precio de la operación fue de U$S 200.000 (como lo refieren la escritura de compra, el expediente de consignación tramitado en Tres Arroyos, la tasación martillero Marcolongo “acompañada con el escrito de demanda” y el testimonio del presidente del Directorio de la sociedad actora, “paradigma de la llamada memoria selectiva del testigo”, que contestó que el precio de la operación era el que figuraba en la escritura). Concluyó la crítica reiterando que el reconocimiento tiene su origen en un contrato de garantía como sostiene su parte —porque si el precio es el que surge de la escritura el reconocimiento carecería de sentido—, “o se trata de un sobreprecio oculto como sostiene la contraria y arbitrariamente recepta la sentencia” (la cursiva me pertenece), por lo que debe ser revocada.
iii) En el punto IV) formuló tres agravios subsidiarios.
iii.1) Cuestionó la moneda de pago fijada en la condena y la conversión al valor del dólar MEP, porque al encontrarse limitada la compraventa de moneda extranjera, su parte estuvo y está al día de hoy, imposibilitada de adquirir dólares billete para cumplir la sentencia, por lo que ese cumplimiento es física o jurídicamente imposible en los términos del art. 955 del CCCN.
Invocó la aplicación del art. 765 del CCCN, y en cuanto a la conversión decidida, sostuvo que sólo puede efectuarse a la cotización oficial del dólar.
Señaló que el dólar MEP importa una cotización que se consigue a través de la compra de un bono que cotiza en pesos, pero que es convertible al mismo bono que cotiza en dólares, y que esa operatoria no es la prevista en el art. 765 del CCCN.
Sostuvo que se estaba en presencia de una obligación facultativa (con cita del art. 786 del CCCN), en la que el acreedor sólo puede exigir la entrega de moneda extranjera (obligación principal), pero el deudor puede liberarse cumpliendo la obligación accesoria: esto es, entregando moneda local, de curso legal, al tipo de cambio oficial, que es lo que debió fijar la sentencia.
Pidió que se aplique la cotización proporcionada por el Banco de la Nación Argentina, “tipo comprador” al día de pago. iii:2: Cuestionó por desproporcionada y alta a la tasa del 7 % anual establecida, “teniendo en cuenta el tipo de moneda fijada en el contrato”, lo que genera un desequilibrio en favor del acreedor y en desmedro suyo.
Efectuó una comparación con las tasas que pagan los bancos en la Argentina por lo plazos fijos en dólares (desde el 0.75 % TNA del Banco Nación hasta el máximo del 1,70 % en el Banco Galicia si se afecta el dinero 365 días), o el rendimiento de los bonos de deuda privada que no supera el 5 % anual, o la tasa que paga la reserva federal de Estados Unidos (FED) “que se ubica hoy en el rango del 5,25 al 5,50 %”.
Concluyó señalando que la sentencia fija una tasa 7 veces mayor a la ganancia que hubiera obtenido la actora en caso de contar con el dinero y haberlo invertido a plazo fijo, “que es el parámetro que habitualmente se utiliza en este tipo de tópicos”, aun teniendo en cuenta el componente punitivo en su fijación que se desprende del fallo.
Solicitó la morigeración de la tasa.
iii.3: Por último, cuestionó la imposición de costas a su parte, sin tener en cuenta que la parte actora también reclamó por daños y perjuicios, y fue vencida en esa pretensión.
Solicitó que se impusieran de acuerdo a los vencimientos parciales y mutuos que prevé el art. 71 del CPCC.
Mantuvo la introducción del caso federal.
II.2: El apoderado de la parte actora formuló dos agravios:
i) Criticó el rechazo del reclamo de daños, porque la Jueza consideró que la frustración de la operatoria de la actora —incumplimiento del aval comprometido con Mirador 9 SA ante la falta de pago del demandado — era una consecuencia mediata, y que no estaba probado que hubiera sido prevista al contratar por el demandado, o que hubiera actuado con dolo, por lo que le resultaba inimputable la frustración alegada.
Sostuvo que la prueba pretendida por la sentenciante, consistente en demostrar que el demandado conocía los compromisos crediticios asumidos por la actora, era “diabólica”.
Recordó que su parte reclamó la reparación de los daños y perjuicios resultantes de no poder cumplir su obligación como avalista frente a la sociedad Mirador 9 SA, y que estaba debidamente probado que el dinero que debía abonar el demandado iba a ser utilizado con ese fin.
Reprodujo los antecedentes del proceso licitatorio por el que Mirador 9 SA resultó adjudicataria de la explotación de la UTF Punta Cantera IV-V, en cuyo marco Cueva del Tigre SA se comprometió a avalar la oferta en forma solidaria e ilimitada con la totalidad de su patrimonio social (indicó que ello surgía de la propuesta financiera que se agregó como prueba, y de las distintas actas de asambleas extraordinarias en las que se aprobó la afectación del paquete accionario, la venta libre de las acciones del socio Di Scala, y el acta de Directorio por la que se aprobó la afectación del 97,62 % de su capital accionario, representado por 370.000 acciones de la sociedad, que era propietaria de dos establecimientos ganaderos, uno de los cuales fue el vendido al demandado, con una valuación a ese momento —10.6.2015— de $ 8.800.000. Señaló también que el 19.3.2020 la sociedad actora celebró con Mirador 9 SA “un boleto de compraventa” de un inmueble, por la suma de $ 8.960.000, en el cual Mirador 9 SA era “cedente” y la actora “cesionaria”). Afirmó que el incumplimiento del demandado perjudicó la estabilidad financiera de la empresa, y ello no es una consecuencia imprevisible, sino que deviene directa y palmariamente de cualquier incumplimiento dinerario.
El daño ha sido efectivamente acreditado, y aquí se encuentra el primer yerro de la Jueza, porque no ha tenido en cuenta el perjuicio concreto derivado de la imposibilidad de llevar adelante las obras comprometidas en la licitación, y el riesgo cierto y concreto de que Mirador 9 SA perdiera la concesión por no poder finalizar esas obras.
Por ello se estimaron los daños en la suma de $ 9.000.000 o lo que en más o en menos sugiera de la prueba a producirse. La existencia del daño, a su criterio, ha sido cabalmente acreditada con la pericia contable presentada el 22.4.2022 (de la que reprodujo todas las transcripciones de las actas de asamblea y de directorio ya reseñadas), y pese a que la Jueza asimiló erróneamente los intereses punitorios con la cláusula penal, “al haber limitado la tasa de interés fijada”, queda claro que no existe una cláusula penal que justifique o funde una reparación integral del daño, “ya que para que ello acaeciera no debió existir limitación al interés punitorio” pactado.
Señaló que la noción de reparación integral del daño determina que, ante la acreditación de un perjuicio cierto y el incumplimiento claramente culpable del demandado —que por carta documento reconoció adeudar las sumas reclamadas—, deba repararse la consecuencia inmediata y mediata de aquel incumplimiento, la imposibilidad de la actora para cumplir con las obligaciones asumidas.
Para concluir, reiteró que exigirle a su parte la prueba de que el demandado tenía conocimiento de los compromisos financieros de la actora, resulta “improcedente y de imposible producción”, y esa prueba “diabólica” se torna en causa de indefensión y de vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva.
Solicitó la admisión del reclamo de daños.
ii) Cuestionó la morigeración de la tasa de interés y la reducción a un porcentual tan bajo que torna contradictorio al fallo, pues se rechazó el reclamo de daños y perjuicios por entender que los intereses punitorios pactados configuraban una cláusula penal, que erradicaba la posibilidad de acoger el reclamo instado por daños y perjuicios. Con la reducción de la tasa, está limitando nuevamente la extensión del daño. Agregó que la sumatoria entre los intereses moratorios y punitorios acogidos, dista por mucho, de la tasa actualmente aplicable a créditos de la índole o similares al de autos, y que el actual valor de la moneda dólar, ha quedado totalmente desactualizado frente a la real situación inflacionaria (inclusive con la clara inclinación de política económica hacia la eliminación del “cepo” cambiario, y a la efectiva eliminación del impuesto país). Solicitó la revocación de la sentencia en lo que fue materia de agravio e introdujo el caso federal.
III: Propongo al acuerdo hacer lugar parcialmente a los recursos de la actora y de la demandada.
III.1: En la audiencia celebrada el 2.7.2026 que fuera fijada para pedirle explicaciones a las partes, los apoderados de ambas no dieron una respuesta clara a la interrogación del Tribunal sobre cuál fue la causa del acto de reconocimiento de deuda firmado el 20.3.2019, otorgado en instrumento privado y cuya firma no ha sido desconocida, lo que importa el reconocimiento de su contenido (arts. 314 del CCCN).
Por el contrario, mantuvieron la misma falta de claridad esgrimida en las posturas asumidas a lo largo del proceso, por lo que comenzaré por recordarlas, a fin de fundamentar por qué considero que debe confirmarse el rechazo de la nulidad planteada por el demandado. La demanda se inició el 18.9.2020 reclamando el pago:
i) de la suma U$S 150.000, como saldo de precio por la compra de un campo en Coronel Dorrego, instrumentada en escritura n. ° 60 de fecha 20.3.2019, otorgada ante el notario Jorge Astor Etchegoyen, por el precio de U$S 200.000, de los cuales se abonaron U$S 50.000 en ese acto, y el saldo de U$S 150.000 debía pagarse el 20.3.2020 (cláusula segunda).
ii) de la suma de U$S 250.000, resultante del reconocimiento de deuda de la misma fecha —20.3.2019—, a pagarse también el 20.3.2020.
En ese instrumento privado expresamente se indica que la deudora reconoce adeudar esa suma “en virtud de la venta de una fracción de campo …en Coronel Dorrego…”, que coincide con el que fue objeto de la escritura (cláusula primera), sin devengar intereses (cláusula tercera), y que el “saldo de precio que figura en la escritura 60 pasada ante el escribano Jorge A. Etchegoyen “de compra de pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000) no forma parte de lo establecido en la cláusula segunda de este convenio” (cláusula cuarta; la referencia al saldo de precio en pesos y no en dólares claramente fue un error, si se la compara con el texto de la cláusula primera de la escritura a la que hace referencia).
Se pactó un interés moratorio del 5 % mensual por la mora en el pago en la fecha indicada, aplicable sobre la suma exigible y hasta el efectivo pago (cláusula sexta).
Junto con el reconocimiento de deuda, el Sr. Saccone firmó un pagaré por el mismo importe de U$S 250.000, con vencimiento el 20.3.2020. En el reverso, contiene la leyenda manuscrita, “El presente documento está relacionado con el convenio de reconocimiento de deuda con Cueva del Tigre SA. Ts. As. 20-3-2-2019”, firmado por el demandado.
El mismo día —20.3.2020—vencían el plazo para el pago del saldo de precio establecido en la escritura, del importe del reconocimiento de deuda y del pagaré.
III.1.1: Existen constancias del envío por parte del demandado de dos cartas documentos del mismo tenor, una de fecha 12.5.2020 y otra del 8.6.2020, en las que en carácter de “comprador” por la escritura n.° 60, y de “deudor” del convenio de reconocimiento de deuda y pagaré anexo, “suscriptos con y a su favor como acreedora”, le notificaba a la sociedad actora que, en virtud del aislamiento social, preventivo y obligatorio, le había sido imposible “abonar las obligaciones allí pactadas” en tiempo y forma (expresamente hizo referencia a la cláusula segunda b) de la escritura y segunda y octava del reconocimiento).
Ofreció cancelar la “totalidad de los importes adeudados” en moneda de curso legal a la cotización oficial del dólar tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina, en su domicilio legal, “Ello tanto respecto del saldo de precio de la escritura de mención por U$S 150.000 como respecto de la suma de U$S 250.000 que surge del reconocimiento de deuda y pagaré antes citado”. Ofreció también efectuar el pago por transferencia electrónica a la cuenta que le indicaran. La lectura del texto de las misivas permite advertir que el Sr. Saccone se consideraba deudor de dos créditos distintos emergentes de distintos instrumentos (arts. 1063, 1064, 1065, 1066, 1067 y ccdtes. del CCCN).
De lo contrario habría hecho referencia expresa a que ofrecía pagar el saldo de precio pactado en la escritura, y a que ese saldo estaba garantizado —según su relato— mediante el reconocimiento de deuda.
En la audiencia ante este Tribunal su apoderado sostuvo que lo allí manifestado “era sobre el cambio y no se refiere al reconocimiento de adeudar el saldo de ambos instrumentos”, en consonancia con los argumentos vertidos al contestar la demanda —27.5.2021—, con posterioridad al envío de las cartas documento, lo que no constituye una explicación razonable de tal conducta.
i) En el punto IV de esa contestación afirmó que:
“La causa de este convenio no fue como parece inferirse de la demanda un pago adicional al valor de la escritura, sino un documento que las partes firmaron como garantía del saldo de precio que no se abonaba al momento de escriturar. De allí que también se firmara concomitantemente con el convenio un pagaré por la suma de U$S 250.000” (la negrilla es del original; párrafo octavo). “El negocio que idearon las partes”, continuó, implicaba para la actora “asegurarse frente a un posible incumplimiento de mi mandante, no sólo el saldo de precio pactado en la escritura, sino también la suma de U$S 50.000 por los hipotéticos daños y perjuicios que la falta de pago pudiera ocasionarle”. Agregó que el acreedor mejoraba así su posición “de cara a un eventual pleito, al posibilitarle el reclamo de una manera más rápida y expedita, al constituir esta documentación adicional a la escritura, títulos que traían aparejada ejecución” (punto IV, párrafo noveno; la cursiva es propia; repitió el argumento en el punto V, al plantear la nulidad, párrafo 15). Cabe destacar que en la demanda en ningún momento se alude a un “adicional al valor de la escritura”, sino a que, “con motivo de la operación anterior” [la venta instrumentada en escritura], se celebró el reconocimiento de deuda (punto III, “Antecedentes. Reclamo por incumplimiento contractual”, párrafo octavo).
Por otra parte, no advierto por qué la forma de “garantizar” el saldo impago de U$S 150.000, sería firmar un reconocimiento de deuda por U$S 100.000 más, ya que la inclusión de U$S 50.000 para responder por “hipotéticos” daños, llevaría la suma a U$S 200.000 y no a los U$S 250.000 por los que se firmaron el instrumento y el pagaré.
El pago del saldo de precio y la fecha en que debía efectuarse fue establecido en una escritura pública, que constituía por sí misma un título ejecutivo en caso de incumplimiento (art. 521 inc. 1) del CPCC), por lo que no era necesario otorgar un negocio de “garantía” indirecto para lograr ese objetivo (art. 385 del CCCN).
También podrían haber constituido garantías reales en la misma escritura, con el mismo fin (art. 1887 inc. l) del CCCN). La función de garantía pretendida por el demandado, sí puede asignarse al pagaré que presumiblemente puede haber sido firmado para garantizar el cumplimiento del reconocimiento otorgado en instrumento privado sin firmas certificadas (art. 521 inc. 5) del CPCC).
ii) La respuesta de la actora a la última carta documento que le fuera remitida, se produjo el 29.6.2020, ahí negó la imposibilidad de pago alegada por el demandado, cuestionando el cambio de domicilio de pago en forma unilateral, y reclamando el importe total adeudado de U$S 400.000, con más los intereses punitorios sobre la suma de U$S 250.000 prevista en la cláusula quinta del convenio de reconocimiento de deuda (que a la fecha de la carta documento calcularon en U$S 37.500). Ofreció una opción en relación al domicilio de pago (que incluía los datos de una CA en dólares, y el CBU correspondiente).
Las cartas documento de fechas 8.6.2020 y 29.6.2020, fueron reconocidas como auténticas por el Correo Argentino en su respuesta de fecha 7.10.2021 (agregada el 14.10.2021). En ellas no se menciona la función de “garantía” que se pretende atribuir al reconocimiento de deuda y mucho menos, que fuera un negocio simulado ilícito.
III.1.2: El 19.8.2020 el demandado inició un juicio de consignación ante el Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 2 de Tres Arroyos (exped. n.| 46183, “Saccone Ariel Arturo c. Cueva del Tigre SA s. Consignación de sumas de dinero”; en el que depositó el equivalente en pesos a la cotización del dólar oficial tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina a la fecha de vencimiento, a razón de $ 65 por cada dólar, con más intereses a la tasa Bip del Banco de la Provincia de Buenos Aires), y el 25.11.2020, presentaron un acuerdo a un acuerdo transaccional por la suma de $ 10.778.120,14, en concepto de “pago total cancelatorio correspondiente al saldo de precio pendiente (según escritura pública nro. 60 pasada con fecha 20.03.2019 ante el notario Jorge A. Etchegoyen…” (la causa fue consultada en www.scba.gov.ar, MEV). El 26.11.2020 se dictó sentencia dando por terminado el juicio e imponiendo las costas en el orden causado.
No se menciona en este expediente el reconocimiento de deuda firmado por las partes, ya que la sola inclusión en el escrito en que formularon el acuerdo, de la frase “sin reconocer ni hechos ni derechos”, no puede interpretarse como referida a él, sino como una leyenda habitual en los contratos de transacción.
El apoderado de la sociedad actora denunció la transacción como “acuerdo parcial” el 11.12.2020, y considerando que el reclamo había sido reconocido con la carta documento de fecha 8.6.2020, solicitó la modificación, quedando limitado a los U$S 250.000 que surgían del reconocimiento de deuda y a los $ 9.000.000 estimados para responder por daños.
La respuesta del demandado al contestar la demanda fue que al haberse cancelado por la transacción el saldo de precio adeudado, “el convenio de reconocimiento ha perdido vigencia, pues la causa que le dio sustento (garantizar el pago de la escritura) ha dejado de existir, resultando de aplicación lo normado en el artículo 1013 del Código Civil y Comercial, que establece, “según los casos, la nulidad, adecuación o extinción del contrato” (punto IV, último párrafo, la cursiva me pertenece). En relación a las cartas documento que había enviado, explicó que al enviarlas había invocado el carácter de comprador y de deudor en virtud del convenio, porque en ese momento el saldo de precio estaba impago y, por ende, el convenio de reconocimiento estaba vigente (párrafo 28 del punto V).
“… cuando en las cartas documentos se ofrece pagar “tanto el valor de la escritura como el del convenio”, no debe interpretarse como erróneamente lo hace la actora en el sentido que se deben sumar ambos conceptos, sino que, a ambas obligaciones, sea cual fuere la que la actora se considerase con derecho, se ofrecía el mismo mecanismo de pago, esto es cancelar la obligación con moneda de curso legal conforme la cotización oficial del Banco de la Nación Argentina” (punto V, párrafo 29).
Agregó que “No surge expresamente de ninguna de las dos misivas, la voluntad de esta parte de pagar ambas obligaciones. Lo que surge de las mismas es que tanto para una (la escritura) u otra obligación (el convenio), se ofrecía el mismo mecanismo de pago”, argumento idéntico al esbozado en la audiencia, y que, a mi modo de ver, se contradice abiertamente con lo manifestado en aquellas comunicaciones.
De haber considerado que la celebración de la transacción extinguía totalmente el crédito del acreedor, no se explica por qué razón, al otorgar ese acto con asesoramiento letrado, se omitió incluir una cláusula en la que expresamente se tuviera por extinguido el crédito contenido en el reconocimiento de deuda.
Tampoco hay constancia alguna de que se haya exigido la devolución del pagaré (arts. 42 y 103 del Decreto ley 5965/63). La voluntad de renunciar no se presume y la interpretación de los actos que permiten inducirla es restrictiva (art. 948 del CCCN), y el pedido de modificación del reclamo efectuado por el actor, es claramente demostrativo de que no fue su intención renunciar al cobro de la suma contenida en el instrumento que —para el demandado—, habría perdido validez luego de la celebración de la transacción (art. 1065 inc. b) del CCCN).
III.2: La nulidad planteada por el Sr. Saccone al contestar la demanda, se funda en que la causa del reconocimiento de deuda sería ilícita, por violar el orden público, la moral y las buenas costumbres (art. 1014 del CCCN), porque si la suma contenida en él, no se relaciona con el saldo de precio de la compraventa, como expresamente se establece en la cláusula cuarta, “debe concluirse que se trató de un sobreprecio oculto, no consignado en la escritura, con la clara finalidad de evadir obligaciones fiscales” y de allí que no se lo pueda considerar como una obligación destinada a satisfacer un interés lícito (arts. 724 y 725 del CCCN). La parte actora al contestar el traslado de la nulidad (escrito del 27.4.2023), sostuvo que su parte nunca fundó el reconocimiento de deuda en un “pago adicional” al precio establecido en la escritura traslativa de dominio, que no había un “objeto” ilícito, y que el reconocimiento contenía una deuda “íntegramente independiente de la escritura”, que había sido expresamente reconocida en las cartas documentos enviadas por el demandado.
Argumentó que ninguna de las partes quiso celebrar un acto ilícito, y que, si una de ellas hubiera querido hacerlo, la otra también lo habría “tenido en mente”, pues se trata de un acto celebrado de forma conjunta.
Insistió en que la “naturaleza jurídica” de los instrumentos —reconocimiento de deuda y pagaré—no fue garantizar el cobro del saldo de precio, porque de ser así hubieran estado “vinculados”, y que “lo que no está dicho en los documentos suscriptos no puede ser “inventado” por una de las partes”.
Por otra parte, hizo hincapié en que de haber sido así, no se explica por qué en la carta documento del 8.6.2020, el demandado manifestó que ponía a disposición de la actora las sumas que se desprendían de ambos instrumentos, y no sólo el saldo de precio de la escritura (con cita del art. 1067 del CCCN).
III.2.1: Las versiones de las partes generan dudas que no pudieron ser despejadas en la audiencia convocada al efecto, en la que, como señalé, sostuvieron sus posturas antitéticas, sin brindar ninguna explicación plausible sobre la causa del reconocimiento de deuda.
i) La insistencia de la parte actora en que el reconocimiento es independiente de la compraventa instrumentada en la escritura, queda desvirtuada por la lectura de su cláusula primera, que expresamente indica, como se transcribió en el considerando “III.1”, apartado ii), que Saccone reconocía adeudar a la acreedora la suma de U$S 250.000, en virtud de la venta de la fracción de campo y que debía abonarla el 20.3.2020 (cláusula segunda).
Es cierto también, que en la cláusula cuarta afirmaron que el saldo de precio de aquella escritura, “no forma parte de lo establecido en la cláusula segunda de este convenio”.
No puedo dejar de señalar que no advierto en virtud de qué otro elemento de la venta de una fracción de campo puede haberse otorgado el reconocimiento de deuda, si debemos descartar que sea en relación al saldo de precio.
No obstante, se trata de un acto otorgado en un instrumento privado, firmado por ambas partes, cuyas firmas no han sido desconocidas, y, por ende, debe tenerse por reconocido el contenido de acuerdo a lo que pactado por las partes (art. 314 del CCCN).
ii) El Código Civil y Comercial admite en su art. 734 el denominado reconocimiento constitutivo o promesa autónoma inspirado en el Código Civil Alemán, que deja de ser concebido como un modo de comprobación de relaciones jurídicas, para ser tratado como un título originario constitutivo de una obligación, de modo que en él no se expresa la causa y funda por sí solo, el nacimiento de una obligación independiente y abstracta, funcionando por ello con independencia de la causa (Pizarro Ramón Daniel, Vallespinos Carlos Gustavo, “Tratado de Obligaciones”, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2017, Tomo III, pág. 251 y sgtes.).
Se trata de un reconocimiento creador de obligaciones o de una promesa autónoma de deuda, en los que el vínculo que une a las partes, no es el que originariamente generó la relación, sino que ese reconocimiento por su carácter abstracto e incausado justifica la existencia de la obligación, adquiriendo plenos efectos constitutivos. La figura constituye una excepción al régimen que consagra a la causa final como un elemento esencial de los actos jurídicos (arts. 281, 282, 1012, 10213 y 1014 del CCCN), y como tal, debe ser objeto de interpretación restrictiva (art. 1062 del CCCN), que debe buscarse en lo dispuesto por el art. 283 del CCCN —en razón de que la promesa autónoma de deuda es una especie dentro del género acto abstracto—: “La inexistencia, falsedad o ilicitud de la causa no son discutibles en el acto abstracto mientras el acto no se haya cumplido, excepto que la ley lo autorice”.
Luego de cumplido el acto, sí podrán discutirse tales cuestiones, por las vías procesales que correspondan, incluido un juicio ordinario de repetición (Pizarro-Vallespinos, ob. cit., págs. 271 y 272), sin perder de vista lo dispuesto por los arts. 282, 727 y 1801 del CCCN, que permiten presumir la existencia de una fuente válida (Márquez José Fernando, en “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2015, Tomo V, pág. 32, comentario a los arts. 734 y 735).
La pretensión de la parte actora parecería encuadrar en esta figura, si no fuera porque en el mismo instrumento de reconocimiento se afirma, como vimos, que fue otorgado “en virtud” de la venta de una fracción de campo, y ante la duda y la falta de una explicación razonable sobre el elemento causa final, debe considerarse que no se está ante un reconocimiento abstracto o promesa autónoma de deuda (Pizarro-Vallespinos, ob. cit., pág. 274, quienes citan en nota 280 a Larenz, que distingue si el reconocimiento fue otorgado por un profano y en tal caso, no habrá promesa autónoma de deuda, o por “partes versadas en el ámbito jurídico negocial que se proponen dar al acreedor facilidades en el supuesto de reclamación judicial”, supuesto en que se estará ante una promesa obligatoria independiente. Los autores discrepan con él, porque el razonamiento es propio de un sistema como el del BGB de abstracción causal en el acto jurídico, no en el nuestro que se edifica alrededor de un principio —la causa final?— y de excepciones —el acto abstracto—). III.2.2: Descartada la promesa autónoma, entramos en el campo del reconocimiento declarativo del art. 734 del CCCN. Cabe destacar que el de autos no fue un acto jurídico unilateral como la doctrina mayoritaria califica al reconocimiento de deuda sino un convenio de reconocimiento de deuda, firmado por ambas partes, con obligaciones a cargo del deudor, lo que lo convierte en un contrato unilateral (art. 966 del CCCN). No le resulta aplicable la nota de irrevocabilidad del reconocimiento unilateral, sino las causales de extinción reguladas a partir de los arts. 1076 y sgtes. del CCCN, o de nulidad, regladas a partir de los arts. 382 y sgtes. del mismo Código.
Si el reconocimiento expreso no menciona la causa fuente, igualmente acredita la existencia de la obligación, por la presunción relativa a la existencia de causa contenida en los arts. 282, 727 y 1012 del CCCN.
III.2.2.1: El demandado ha invocado el carácter simulado del convenio de reconocimiento de deuda que firmó, y que su causa final es ilícita.
Ese planteo no puede prosperar, aunque por razones distintas a las que fundaron el rechazo de la nulidad en el fallo apelado.
i) La simulación, como defecto de la buena fe que debe imperar en la celebración de los actos jurídicos, puede ser absoluta o relativa (art. 282 y 334 del CCCN), pues el acto puede no tener nada de real, o, encubrir el negocio verdaderamente querido por las partes, bajo la apariencia de otro ficticio (Rivera Julio César, Crovi Daniel, “Derecho Civil. Parte general”, Rivera-Medina Directores, ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires 2016, pág. 817; Reyna Carlos Alejandro, en “Tratado de Derecho Civil Parte General”, Edgardo Saux Director, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2018, Tomo III, 613 y sgtes.).
El acuerdo simulatorio es un requisito ineludible en la simulación, que importa reconocer que las partes se han concertado para aparentar un negocio que no es o que es diferente. El acuerdo debe ser previo a la declaración del acto simulado (Cifuentes Santos, “EL negocio jurídico”, ed. Astrea, Buenos Aires 1986, pág. 502 y sgtes.; Gagliardo Mariano, “La causa jurídica”, ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires 2009, pág. 146).
La concertación simulatoria sólo es posible cuando deriva de una declaración recepticia, lo que implica que se la emite frente a una persona determinada, sea el acto bilateral o unilateral, “que forzosamente toma conocimiento y participa en ella, pues los efectos programados no podrían producirse hasta que ese conocimiento y participación se hicieran efectivos” (Cifuentes, ob. cit., pág. 503; la cursiva es propia). Mosset Iturraspe enseñaba que había que distinguir “entre la relación interna que genera el acuerdo simulatorio que encierra la verdadera intención de las partes, y la relación externa que se da a partir del negocio simulado, que es el resultado del procedimiento simulatorio, ya sea que se lo considere un negocio jurídico autónomo, un mismo hecho o integrando con el acuerdo simulatorio, un negocio complejo” (Mosset Iturraspe Jorge, “Introducción a la simulación. Voluntad y declaración. Noción y naturaleza. Simulación y función del negocio. Simulación y buena fe. Semejanzas y diferencias", en RDPyC, ed. Rubinzal Culzoni, Tomo 2006-1 "Simulación", págs. 12 y 13; en igual sentido, Peralta Mariscal Leopoldo, “La simulación como vicio de los negocios jurídicos: requisitos de configuración y efectos”, en LL-2005-A-74; esta Sala, exped. n.° 137.196, “Zerzion Bruria c. Fuks Michael s. Simulación”, sent. de mayo del 29.11.2007).
La causa simulandi en cambio, no es un recaudo exigido legalmente, y, por lo tanto, no cabe imponerla como condición sine qua non para probar la ficción del acto simulado; sólo se vuelve de demostración imprescindible, como excepción, cuando se indaga acerca de la ilicitud de la simulación (Mosset Iturraspe Jorge, “Negocios simulados, fraudulentos y fiduciarios”, ed. Ediar, Buenos Aires 1974, Tomo I, pág. 270; Cámara Héctor, “Simulación en los actos jurídicos”, Ed. Depalma, Buenos Aires 1958, pág. 199, quien señala que la importancia que la doctrina otorga a la causa simulandi, se funda en que es la que permite valorar la licitud o ilicitud del negocio, “sirviendo de orientación o brújula para la pesquisa”).
La prueba que la ley exige para la acción de nulidad por simulación entre partes, es el contradocumento (art. 335 segunda parte del CCCN; igual exigencia contenía el art. 960 del CC ley 340), que en el caso no ha sido presentado.
ii) El problema que observo en el planteo del demandado es que se ubica como si no hubiera sido parte del acto que califica como simulado y al que le atribuye una causa ilícita, y así lo demuestra la invocación del art. 1014 inc. b) segundo párrafo del CCCN. La acción de nulidad no puede ser planteada por quien ha sido parte de una simulación ilícita, ya que la ley expresamente dispone que “los que otorgan un acto simulado ilícito o que perjudica a terceros no pueden ejercer acción alguna el uno contra el otro sobre la simulación, excepto que las partes no puedan obtener beneficio alguno de las resultas del ejercicio de la acción de simulación” (art. 335 del CCCN; lo mismo disponía el art. 959 del CC ley 340 reformado por la Ley 17.711, pues en su redacción original prohibía la acción sin excepción alguna).
La solución legal implica que si alguna de las partes pretendiera actuar como si el acto simulado fuera real, la otra, que se colocó en esa situación voluntariamente y mediante un acuerdo para celebrar un acto ilícito, debe soportar las consecuencias [las que se reclaman en este caso o cualesquiera otras] generadas por su propia conducta, por aplicación del principio romano que dice que nadie puede invocar su propia torpeza (Llambías Jorge Joaquín, “Tratado de Derecho Civil. Parte general”, vigésima tercera edición actualizada por Patricio Raffo Benegas, ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires 2010, Tomo II, pág. 474 y 475; Compagnucci de Caso Rubén H., “El negocio jurídico”, ed. Astrea, Buenos Aires 1992, pág. 338; Benavente María Isabel, en “Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado”, Director Ricardo L. Lorenzetti, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2015, Tomo II, pág. 357 y sgtes.; esta Sala, exped. n.° 154.277, “Acuña Matilde c. Pirrota Néstor s. Daños y perjuicios”, sent. del 21.6.2016). La única excepción a esa regla es que no pueda obtener beneficio alguno del ejercicio de la acción de simulación, ya que como destacaba Mosset Iturraspe (“Negocios simulados…”, ob. cit., Tomo I, pág. 44), “los beneficios más apetecidos de la simulación se logran, en consecuencia y aunque parezca una paradoja, con la acción de nulidad que deja sin efecto el negocio simulado (pero no la simulación, ya que significa su consagración)”. De ahí surge la excepción “o la conditio iuris para el ejercicio de la acción”: la acción de nulidad no puede ejercerse cuando de ella se siga algún beneficio para las partes.
“Cuando no se dé la condición de “ningún beneficio”, la acción entre partes por simulación ilícita no podrá ejercerse; el negocio simulado perdurará, sin poder arribar a la acción judicial de ineficacia por invalidez. Se beneficiará el cómplice desleal de la simulación” (Mosset Iturraspe, “Negocios simulados…”, ob. cit., pág. 46, con cita en nota 26 de Borda Guillermo A, “La reforma de 1968 al Código Civil”, ed. Perrot, Buenos Aires 1971, pág. 165, quien sostenía que “la situación no tiene otra salida legal”; Morello Augusto M., “Dos aspectos de la reforma al Código Civil en materia de simulación”, en “Examen y crítica de la reforma del Código Civil. Parte general”, ed. Platense, 1971, pág. 316).
El autor admitía que ello significa dar cabida a un fin no querido por la ley, y citaba a Spota, quien sostenía, “el legislador ha estimado necesario para mantener la inseguridad jurídica en torno de los inmorales, con un fin preventivo, sea para que la sanción contra el torpe tenga la mayor probabilidad de aplicarse, sea para satisfacer el propósito de orden público que inspira a toda norma” (con cita en nota 27 de Spota Alberto G., “El acto jurídico de objeto inmoral y la prohibición de alegar la propia torpeza”, en JA-1942-VI, pág. 211 y sgtes.; en igual sentido, Zannoni Eduardo A., “Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos”, ed. Astrea, Buenos Aires, 1986, págs. 388 y sgtes.).
iii) Si como sostiene el demandado, el reconocimiento de deuda “disimula” un sobreprecio y tuvo por objeto eludir obligaciones fiscales relativas al impuesto de sellos, él necesariamente participó del otorgamiento y, por ende, conocía la finalidad que ahora cuestiona.
El obligado al pago de ese impuesto no es sólo el vendedor como parece interpretar el demandado, sino ambas partes, como expresamente lo establece la Ley 10.397 (Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, Título IV, “Impuesto de sellos”, arts. 251, 291, 292), y que, en el caso de los contratos de prenda, pagarés y reconocimientos de deuda, “el impuesto estará totalmente a cargo del deudor” (art. 302).
a) La presentación de la Fiscalía de Estado de fecha 2.11.2023, es relevante en este aspecto, pese a los intentos de la parte demandada de “acotar” esa relevancia, solicitando que se tuviera en cuenta lo manifestado en el punto II, pero no en el punto III (escrito de fecha 27.12.2023).
En esa presentación, el Dr. Cartolano, luego de mencionar el trámite interno para evacuar la consulta, reprodujo el Memorando n.° 64/23 del Departamento de Sellos y Transmisión Gratuita de Bienes de ARBA (que agregó en archivo adjunto a su presentación), que había establecido que los instrumentos acompañados —pagaré, reconocimiento de deuda y escritura n.° 60— se encontraban bajo las previsiones de los arts. 251, 257, 258, 261 y 292 del Código Fiscal, que resultaba exigible la cancelación del impuesto de sellos a dichos documentos, y que estaba impago el tributo “vinculados a las partes intervinientes y a los instrumentos Pagaré y Reconocimiento de deuda”. Estaba abonado el impuesto por la operación de compraventa instrumentada en la escritura n.° 60.
Transcribió el contenido de los artículos de la Ley 10.937 que se habían citado, y que la dependencia consultada había concluido afirmando que “se ha verificado afectación de interés público”, por la falta de pago del tributo en relación a los dos instrumentos mencionados. En el punto III) de su presentación, tan resistido por el demandado, manifestó que no correspondía citar a la Provincia en este proceso (se había ordenado la citación en la resolución de fecha 27.6.2023, junto al Fisco Nacional, al notario Jorge Etchegoyen y al Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires), porque “no se puede anticipar un perjuicio fiscal ni la controversia resulta común con el Fisco provincial”.
Enfatizó que la citación era prematura, porque en estas actuaciones “no se demostró, ni siquiera tangencialmente, que hubiera existido un perjuicio al interés fiscal”, y que, en todo caso, la legitimación del Fisco provincial “nacería una vez que existiera una sentencia definitiva que demostrara que efectivamente se produjo o verificó algún perjuicio. Ello, atento que con la presente litis estamos en presencia de un conflicto entre particulares” (en igual sentido se expidió el Ministerio Público Fiscal con fechas 8.5.2023 y 30.6.2023, respecto a que se trataba de un conflicto entre particulares). Concluyó señalando que con el traslado conferido a ARBA “quedó abastecida la pretensión el Juzgador de velar por la protección del interés fiscal y que el Organismo correspondiente analizará la exigibilidad del crédito, y en su caso, luego de su debida determinación. Lo reclamará a quien resulte responsable de pago del tributo, en la proporción, vía y proceso de ejecución que corresponda”.
b) El escribano Etchegoyen respondió la citación con fecha 9.10.2023, manifestando que sólo había intervenido en el otorgamiento de la escritura n.° 60, que ningún otro documento adicional se firmó en su presencia y tampoco tuvo conocimiento de su existencia, por lo que no podía expedirse sobre su contenido o la voluntad que las partes tuvieron al firmarlos.
Afirmó que si, como aseveraba la demandada, el reconocimiento de deuda estaba relacionado con la escritura [cabe recordar que en el instrumento privado en que se otorgó el convenio de reconocimiento no se alude a la escritura, sino a la “venta de una fracción de campo”], habría un perjuicio para él por la merma de honorarios profesionales y también para la Caja Notarial, por los aportes y en consecuencia sobre la base de su haber jubilatorio.
Reiteró esas afirmaciones al presentarse a contestar los traslados de las expresiones de agravios de las partes, con fecha 23.12.2024.
En base a estas presentaciones (y a la de la AFIP), la Sra. Jueza consideró abstracta la cuestión de la nulidad, porque quedó a resguardo la posibilidad de ejercer sus derechos para los citados.
iv) Las dudas que no fueron aclaradas sobre cuál fue la causa fin del reconocimiento de deuda, persisten.
a) La pericia contable (presentada por la contadora Bertarini el 22.4.2022 y la respuesta al pedido de explicaciones de la demandada de fecha 17.5.2022), por una parte establece que en el Libro diario de la sociedad actora se asentó el 20.3.2019, “Venta de campo y Reconocimiento de deuda” por $ 6.225.000, “equivalente a U$S 150.000 a una cotización de $ 41,50 por dólar del BNA, y que con posterioridad, el 30.6.2020, fecha de cierre del ejercicio, se registró un aumento de ese crédito por “diferencia de cotización” de $ 4.050.000, que llevó el total adeudado a $ 10.275.000 (respuesta a punto de pericia f) propuesto para el beneficio de litigar sin gastos, segundo párrafo). Al responder los puntos de pericia de la actora, dijo que sobre el reconocimiento de deuda “acompañado como documental” no había constancia de pago (respuesta a punto de pericia 3), y sobre la documental de la parte demandada, indicó que desarrollaba su actividad en forma unipersonal, por lo que no tenía obligación legal de llevar libros contables y societarios, y tampoco estaba inscripto en el IVA (respuesta a punto 1).
De las declaraciones del impuesto a los bienes personales de Saccone, extrajo que había declarado ante la AFIP el inmueble por el valor de U$S 200.000 consignado en la escritura, y de las declaraciones del impuesto a las ganancias, había incluido en el rubro deudas, “saldo precio compra Cueva del Tigre U$S 150.000”, declarando un saldo de $ 6.225.000 para el ejercicio 2019 y de $ 0 para 2020. No surgía la registración del saldo adeudado por el reconocimiento de deuda.
En la audiencia celebrada ante el Tribunal se le preguntó a la apoderada de la actora, por qué no figuraba registrado el reconocimiento en los libros de su mandante, a lo que respondió que “con posterioridad se agregó y que parte de la pericia contable así lo indica”, lo que no es exacto como le señaló el apoderado del demandado.
Ninguna de las partes “registró” el mentado convenio de reconocimiento ni el importe de la deuda allí establecida. b) Los valores del inmueble que se han barajado son absolutamente dispares.
A los mencionados en la pericia contable, hay que agregar el valor de la transferencia declarado en la fecha de venta —20.3.2019— a los fines del impuesto a las ganancias del contribuyente Cueva del Tigre SA, agregado por el escribano Etchegoyen en su presentación del 9.9.2021: $ 8.280.000.
En el Acta de Asamblea General Extraordinaria n.° 27 de fecha 13.6.2015, se asentó que el valor del campo ubicado en Coronel Dorrego era de $ 8.800.000 (según tasación de la inmobiliaria Velati que se menciona en el Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 11.6.2015. La conversión al dólar oficial tipo vendedor BNA a esa fecha —$ 9,10—, arroja la suma de U$S 967.032,96). En el acta de Directorio n.° 69 de fecha 15.2.2015, en la que se aprobó la venta del campo, se indicó “por un monto no inferior a U$S 200.000”.
La tasación del martillero Marcolongo de fecha 26.5.2021, agregada con la contestación de demanda (reconocida el 3.9.2021), determinó un valor que oscilaba entre U$S 180.000 y U$S 220.000; la del ingeniero Palladino, de fecha 15.4.2021 (agregada el 10.9.2021), estimó un valor entre U$S 170.000 y U$S 210.000, acordes con el precio establecido en la escritura.
Finalmente, la tasación firmada por el martillero Ignacio Pardo, de fecha 20.8.2024, presentada por el Sr. Saccone a los fines de obtener la sustitución de la medida cautelar trabada en autos, indicó un valor de U$S 843.700.
El análisis efectuado me lleva a concluir que si el reconocimiento de deuda contenía efectivamente una diferencia de precio respecto al establecido en la escritura n.° 60, el demandado carece de acción para plantear la nulidad de ese convenio, si como él mismo invoca, se trató de una simulación ilícita (art. 335 del CCCN), en la que necesariamente participó.
No se trata de una cuestión de falta de prueba como se afirma en la sentencia, sino de falta de acción frente a la otra parte (art. 335 del CCCN).
En cuanto a la función de garantía que el reconocimiento habría tenido, y que, Saccone contradictoriamente le atribuyó en primer lugar, ha quedado desvirtuada por el contenido de las cartas documento enviadas, por los términos en que se celebró la transacción que puso fin al juicio de consignación iniciado por él, en la que no se hizo referencia alguna a la “pérdida de eficacia” del convenio de reconocimiento y por la circunstancia de no haber reclamado la devolución del pagaré, ante la cancelación de la que —según su relato— era la obligación garantizada, el saldo de precio de la compraventa.
No se ha podido dilucidar la causa fin del convenio de reconocimiento, pero ello no es óbice para presumir su existencia y su licitud (arts. 282, 1012 y 1013 del CCCN), y así lo entendió la Sra. Jueza al fallar (considerando II, último párrafo), por lo que la sentencia debe ser confirmada en este aspecto.
IV: El rechazo del reclamo de daños formulado por la parte actora también debe ser confirmado.
La Sra. Jueza fundó la desestimación en el hecho de que se reclamaba un crédito en dinero, y que se pactaron intereses punitorios, “lo cual equivale a incorporar una cláusula penal, la que en definitiva suplanta, reemplaza la indemnización de daños y perjuicios” (considerando IV, punto c). “La cláusula penal, en consecuencia, reemplaza la indemnización del daño moratorio” (con cita del art. 793 del CCCN). Por otro lado consideró que la alegada imposibilidad de cumplir con la obligación asumida como avalista de Mirador 9 S.A., “revestiría el carácter de consecuencia mediata para el incumplidor, toda vez que resultaría de la conexión de su estado de mora y la pretensa imposibilidad”, y que la parte actora no había acreditado que el demandado previese o pudiera haber previsto tal consecuencia al contratar o al incurrir en mora, o que hubiera actuado con dolo (con cita de los arts. 1727 y 1728 del CCCN, y 375 y 384 del CPCC).
La accionante sostiene al apelar que se le está exigiendo una prueba “diabólica”: demostrar que el demandado tenía conocimiento de sus compromisos financieros.
IV.1: Voy a empezar por este último argumento y el carácter de la consecuencia que se pretende imputar al demandado. Nadie ha discutido la existencia de la licitación en la que participó la sociedad Mirador 9 SA, y la obligación como avalista asumida por Cueva del Tigre SA, en el marco de la cual se decidió y aprobó la venta de activos, entre los que se encontraba el campo vendido a Saccone (así lo acreditan las actas de asamblea y de directorio acompañadas por la actora, la mención y transcripción de ellas que se hace en la pericia de la contadora Bertarini, y el oficio respondido por la Municipalidad de General Pueyrredón con fecha 20.8.2021, con la remisión de los antecedentes).
Lo que no se ha demostrado, efectivamente, fue que el demandado hubiera conocido esa operatoria y que la venta del campo tenía por causa fin subjetiva, el cumplimiento de las obligaciones asumidas como avalista por Cueva del Tigre SA (art. 281 segundo párrafo del CCCN).
i) En la escritura n.° 60 nada se dice al respecto, y sólo se exterioriza la causa fin objetiva del negocio jurídico compraventa (arts. 259 y 281 primer párrafo del CCCN).
La mención que en el instrumento se hace del contrato constitutivo de la sociedad, y de las actas de asamblea y de directorio (apartados a), b), c) y d) del folio GAA025561509), sólo tiene por objeto acreditar la representación orgánica de Cueva del Tigre SA por parte de la Sra. María Alejandra Echeverría, y sus facultades para otorgar el acto (art. 358 del CCCN).
ii) La fecha de la celebración de la compraventa y del reconocimiento de deuda (año 2019), es posterior a la decisión societaria de participar como avalista de la oferta de Mirador 9 SA en la licitación.
El acta de asamblea extraordinaria n.° 24, acompañada por la actora, tiene fecha 22.10.2013, y en ella se decidió y aprobó que su socio mayoritario Sr. Genaro Claudio Di Scala, afectara el total de su 97,62 % de capital accionario, sobre dos inmuebles de propiedad de la sociedad (uno de ellos era el campo de Coronel Dorrego), “a efectos de avalar y asegurar adecuada disponibilidad dineraria para concretar un futuro aporte irrevocable en la firma Mirador 9 SA, de la que a su vez resulta socio, con destino a que la misma refuerce aún más su solvencia y de esta forma se presente en el proceso licitatorio de las UTF Punta Cantera IV-V-d de Mar del Plata, cuyo llamado a licitación pública efectuaría la Municipalidad de General Pueyrredón en el transcurso del año 2014”. Di Scala manifestó que “su voluntad importa asentar su decisión de proceder a la enajenación de su paquete accionario, hasta la concurrencia del monto comprometido en dicho aporte irrevocable, que ascendería a la suma de Pesos Diez Millones …” (la cursiva me pertenece).
Las restantes actas de asamblea extraordinaria y de directorio son del año 2015, hasta el acta de directorio n.° 69 de fecha 15.2.2019 que aprueba la venta, y el acta de asamblea ordinaria del 21.3.2019 que en su punto 2) aprueba en forma expresa la venta y la suscripción de la escritura con fecha 20.3.2019.
iii) La apelante sostiene que el perjuicio se produjo en primer lugar por la imposibilidad de llevar adelante la obra comprometida en el proceso licitatorio, y por el riesgo cierto y concreto de perder la concesión otorgada oportunamente a Mirador 9 SA.
No se ha acreditado la pérdida de la concesión ni que la Municipalidad de General Pueyrredón hubiera intimado a la sociedad por el incumplimiento del plan de obras (en la respuesta al oficio que le fuera remitido, de fecha 20.8.2021, el municipio agregó todos los antecedentes de la presentación de Mirador 9 SA, sin que existan intimaciones de este tenor).
La única intimación, verificada por la perito (respuesta a punto de pericia 5 de la actora), fue la de Mirador 9 SA, mediante carta documento de fecha 27.8.2020, en la que la intimaba a Cueva del Tigre a cancelar el monto de U$S 300.000, ante el incumplimiento de los pagos pendientes para finalizar las obras y los compromisos asumidos en la oferta licitatoria. Le intimaba también el pago de la primera cuota adeudada por la compra de dos inmuebles mediante instrumento privado, con fecha 19.3.2020, en el que Mirador 9 SA fue cedente y la sociedad actora cesionaria.
No puede escapar al análisis el hecho de que el Sr. Di Scala era accionista de ambas sociedades, y que, curiosamente, la demanda por consignación del saldo de precio había sido iniciada en Tres Arroyos el 19.8.2020, ocho (8) días antes del envío de la carta documento por parte de Mirador 9 SA.
Tampoco paso por alto que el boleto de compraventa por el que Mirador 9 SA le cedía dos inmuebles a Cueva del Tigre SA, por la suma de $ 8.960.000, tiene fecha 19.3.2020, un día antes del vencimiento del plazo para pagar el saldo de precio de la escritura, y la suma reconocida en el convenio de reconocimiento.
IV.1.1: La causa fin del negocio jurídico admite tres posibilidades: a) el fin inmediato determinante de la voluntad o causa fin objetiva (arts. 259 y 281 primer párrafo del CCCN); b) los motivos exteriorizados e incorporados expresamente (art. 281 segundo párrafo primera parte del CCCN), y, c) los motivos esenciales para ambas partes, supuesto en el cual aunque no sean expresos, pueden ser tácitamente deducidos (art. 281 segundo párrafo segunda parte del CCCN).
Por ello se sostiene que los móviles para ser causalizados deben ser siempre esenciales, exteriorizados y comunes, e integrados al negocio jurídico “no por el mero conocimiento de la otra parte, sino por el acuerdo expreso o tácito de las partes” (Rivera Julio César, “Instituciones…”, ob. cit., Tomo II, pág. 265; Saux Edgardo I., “Tratado…”, ob. cit., Tomo III, pág. 358; Benavente María Isabel, “Código Civil y Comercial…”, ob. cit., Tomo II, pág. 100 y sgtes.). De Lorenzo enseña que para que el móvil sea causalizado y adquiera relevancia jurídica deben cumplirse los siguientes requisitos: i) el fin que motivó la contratación debe haber sido exteriorizado;
ii) tuvo que haber sido aceptado en forma expresa o tácita por la otra parte; y, iii) dicho móvil tuvo que haber sido esencial y determinante para que ambas partes, basadas en él, hayan decidido celebrar el acto (De Lorenzo Miguel F., “La causa del negocio jurídico. Relevancia genética y funcional. La frustración de la causa fin”, en Tobías José W., “Colección de Análisis Jurisprudencial. Derecho Civil. Parte General”, ed. La Ley, Derecho Civil. Parte general”, ed. La Ley, 2003, pág. 469; cita on line TR LALEY/AR/DOC/979/2007).
La falta de alguno de estos requisitos, según el autor, “bloquea” la incorporación del móvil al contrato impidiéndole adquirir una dimensión jurídica.
El art. 281 del CCCN determina que para que la causa fin subjetiva —o causa “motivo”— sea elemento del acto jurídico, debe estar exteriorizada, ser lícita y estar incorporada al acto en forma expresa o tácitamente “si son esenciales para ambas partes”.
La norma resulta plenamente aplicable a los contratos por la remisión que expresamente efectúa el art. 1012 del CCCN. Rivera (ob. cit., pág. 267), señalaba con ejemplos, que los móviles comunes pueden estar expresos en el contrato: “se vende un inmueble con habilitación municipal para que funcione como farmacia, la que se puede extender al comprador”. Pero también puede surgir tácitamente de las circunstancias del caso, y en ese supuesto, el motivo debe ser, además, esencial para ambas partes. “Por ello no es causa del contrato de alquiler del salón de fiestas la celebración de la boda, ese motivo no es esencial para el propietario del salón”.
El destino que la sociedad actora iba a darle al dinero recibido por la venta y por el convenio de reconocimiento —cumplir con sus obligaciones como avalista de Mirador 9 SA— es un motivo lícito pero no está exteriorizado, y de ninguna manera resulta esencial para ambas partes.
Por ello, la consecuencia mediata a la que se alude en el fallo, no era previsible para el demandado, en tanto no integró la causa fin subjetiva del contrato, y ello la convierte en una consecuencia casual por la que no debe responder, salvo que se probara que existió dolo de su parte, lo que no ha ocurrido en autos (arts. 1727 y 1728 del CCCN; Goldenberg Isidoro, “La relación de causalidad en la responsabilidad civil”; ed. Astrea, Buenos Aires 1989, págs. 69, 112 y sgtes.; Acciarri Hugo, “La relación de causalidad y las funciones del derecho de daños”, ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires 2009, págs. 93 y sgtes.).
El apelante sostiene que “no es una consecuencia no previsible” que el incumplimiento generara una “desestabilidad financiera” para la empresa acreedora, pero por esa consecuencia, como bien señaló la Sra. Jueza, se responde con los intereses que se hayan pactado (arts. 765, 767, 768, 769 y ccdtes. del CCCN; cláusula sexta del convenio de reconocimiento).
El criterio de normalidad que informa a las consecuencias inmediatas y mediatas previsibles, no permite extender la responsabilidad a un hecho que fue completamente ajeno y desconocido por el demandado, que ha sido “normal y objetivamente imprevisible” para el deudor (Goldenberg, ob. cit., pág. 113).
La imposibilidad de cumplir con sus obligaciones como avalista, no es una consecuencia que acompañe regularmente al hecho generador —el incumplimiento—y, por lo tanto, la solución legal es de absoluta coherencia al establecer que constituyen una derivación imprevisible del iter causal.
Por ello la sentencia debe ser confirmada en cuanto al rechazo de los daños reclamados por la actora.
IV.2: Ambas partes cuestionaron con distinto fin, la tasa de interés punitorio establecida en el fallo.
El demandado consideró que la tasa del 7 % para una obligación en dólares es excesiva.
La parte actora por su parte, esgrimió que la Jueza consideró erróneamente que el pacto de intereses punitorios constituía una cláusula penal y por ello no cabía reconocer mayores daños. Sostuvo que, si ello fuera así, resulta improcedente reducir los intereses pactados.
IV.2.1: El art. 769 del CCCN establece que los intereses punitorios convencionales se rigen por las normas que regulan la cláusula penal.
Por ello la Sra. Jueza invocó “en consecuencia” el art. 793 del CCCN, para rechazar el reclamo de daños (considerando IV.c), y, luego el art. 794 para morigerar los intereses punitorios pactados (considerando V).
Para la mayoría de nuestros autores el interés punitorio sería simplemente un interés moratorio convencional al que debería aplicarse el régimen normativo de la cláusula penal de esa naturaleza (ver Alterini Atilio, Ameal Oscar, López Cabana Roberto, “Derecho de Obligaciones”, ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires 1995, pág. 461, y parágrafo 684 de pág. 296 al que remiten), pero Pizarro y Vallespinos sostienen que la idea de interés punitorio se asocia a la existencia de una pena privada, de una sanción a través de la imposición de intereses agravados, con virtualidad suficiente parea compeler al deudor a cumplir la obligación (Pizarro-Vallespinos, “Tratado de Obligaciones”, ob. cit., Tomo I, pág. 510).
Sostienen que, de ese modo, el interés punitorio no sólo regula y predetermina las consecuencias de la mora en una obligación dineraria, sino que actúa adicionalmente como una pena civil, y si son convencionales. “actúan como una verdadera cláusula penal” (con cita del art. 769 del CCCN), por lo que esa función punitiva y sancionadora, “debe ser tenida en cuenta a la hora de calibrar si procede o no la morigeración, y en caso afirmativo, cuáles son los límites de esta última. Dicho dato de la realidad no debe pasar inadvertido para el juzgador, quien en caso de atenuarlos evitará distorsionar su finalidad” (Pizarro-Vallespinos, ob. cit. Tomo I, pág. 511).
En autos la asimilación debería efectuarse con una cláusula penal moratoria, pactada para los casos de incumplimiento relativo de la prestación, comprensivo de los supuestos de retardo, mora, incumplimiento defectuoso e incumplimiento parcial (Pizarro-Vallespinos, “Tratado de Obligaciones”, ob. cit., Tomo II, pág. 552, con cita en nota 143 de las opiniones concordantes de Kemelmajer de Carlucci, “La cláusula penal”, pág. 161-163; Cazeaux y Trigo Represas, “Derecho de las obligaciones”, Tomo I, pág. 431; Busso, Código, Tomo IV, pág. 452; Salvat y Galli, “Obligaciones”, Tomo I, pág. 221; Lafaille, “Tratado”, Tomo I, pág. 228; Bustamante Alsina, “Teoría general de la responsabilidad civil”, pág. 204), y que supone la posibilidad material y jurídica de cumplimiento tardío. Actuaría como una pena por el retraso en la ejecución debida y sustituye a la indemnización por daños y perjuicios moratorios, por lo que nada impide que el acreedor pueda reclamar la prestación incumplida y además “la pena”, los intereses punitorios que pactaron (Pizarro-Vallespinos, ob. cit., pág. 586).
IV.2.2: La cuestión de si es procedente o no la morigeración de los intereses punitorios convencionales es compleja, porque el principio general es que deben aplicarse los pactados por las partes, ya que sólo ellas conocen cuáles fueron las razones que las llevaron a convenir esa tasa (art. 768 inc. a), 957, 958 y ccdtes. del CCCN).
El demandado solicitó la morigeración de la tasa convenida, por resultar “leonina y claramente lesiva de los intereses de mi mandante” (punto VI) de la contestación de demanda), y que en base a lo normado por el art. 771 del CCCN, se la redujera por ser desproporcionada, y se la reemplazara por otra que no excediera “el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la operación” (esa comparación con tasas de referencia la introdujo en su expresión de agravios). La remisión que efectúa el art. 769 del CCCN, determina que para analizar la procedencia o no de la reducción, debamos acudir a las pautas de análisis que brinda el art. 794 segundo párrafo del CCCN, porque la cláusula penal es en principio inmutable, y la morigeración — excepcional— sólo puede efectuarse cuando se ha verificado la concurrencia de los requisitos allí exigidos (Kemelmajer de Carlucci Aida; “La cláusula penal”, ed. Depalma, Buenos Aires 1981, pág. 86 y sgtes.; de la misma autora, “Algunos aspectos de la inmutabilidad relativa de la cláusula penal”, nota a fallo en LL-1991-B-353, punto IV.2; si bien las obras se refieren al art. 656 del CC ley 340, éste es reproducido por el art. 794 segundo párrafo del CCCN, sin la expresión “sin embargo”). La desproporción, además, debe subsistir al momento de la aplicación de la pena (Pizarro-Vallespinos, “Tratado de Obligaciones”, ob. cit., Tomo II, pág. 568; esta Sala, exped. n.° 181.942 y 181.943, “García Mona Nora Susana c. Farinella Mariana s. Desalojo” y “Farinella Mariana c. García Mona Nora Susana s. Daños y perjuicios”, sent. única del 30.9.2025).
La tasa pactada arroja un porcentual del 60 % anual para una obligación en dólares, desde la mora, que se ha fijado el 21.3.2020, por lo que es comprensible que cause una fuerte impresión en el intérprete, que tenderá, como primera reacción, a calificarla como exhorbitante.
La Sra. Jueza hizo referencia a que los jueces tienen la facultad de morigerar, aun de oficio, lo que las partes hayan pactado si se configura un abusivo aprovechamiento de la situación del deudor, pero limitándose a corregir el abuso y “no irrumpir en lo pactado libremente” (citó el art. 290 del CCCN, pero claramente alude al art. 332 que regula el vicio de lesión, con cita de jurisprudencia de otras jurisdicciones que admiten la revisión de oficio). Señaló que en los fallos que cita se afirma que la carencia de un efectivo aprovechamiento por parte del acreedor no puede obstar al reajuste de la pena “ya que la desproporción hace presumir el aprovechamiento, y en todo caso, subsiste la inmoralidad o la ilicitud del objeto de la cláusula penal” (nuevamente con cita de jurisprudencia de otras jurisdicciones). En cuanto al abusivo aprovechamiento que se habría verificado, la cita de fallos efectuada parecería reproducir el segundo párrafo del art. 332 del CCCN, que presume que existe explotación —uno de los elementos subjetivos de la lesión—, en caso de notable desproporción de las prestaciones (elemento objetivo).
Sin embargo, no encuentro que en el Sr. Saccone se configure el otro elemento subjetivo de la figura, la situación de inferioridad producida por la necesidad, la debilidad psíquica o la inexperiencia (art. 332 primer párrafo del CCCN), circunstancia que en el caso impide extender la presunción al elemento subjetivo que es presupuesto de la acción de la víctima “lesionada” (ver las distintas posturas en Zannoni Eduardo A., “Ineficacia y nulidad…”, ob. cit., pág. 331 y sgtes.; Moisset de Espanés Luis, “La lesión y el nuevo artículo 954”, ed. Víctor de Zavalía, pág. 99 y sgtes.; Rivera Julio César, “Instituciones…”, ob. cit., Tomo II, pág. 624 y sgtes.).
Si ceñimos el análisis a la gravedad de la falta y su proporción o no con los intereses pactados, se advierte que el demandado no ha justificado las razones que tuvo para no cumplir en tiempo y forma con la obligación asumida (arts. 888, 1724 y ccdtes. del CCCN). Pero, desde otro ángulo, la pertinaz falta de claridad de ambas partes a la hora de determinar la causa del convenio de reconocimiento, impide que se pueda establecer adecuadamente cuál fue el real valor de las prestaciones que tuvieron en cuenta a la hora de pactar el interés y juzgar así si existe o no un abusivo aprovechamiento de la situación del deudor (es llamativa la “cláusula de confidencialidad sobre el presente acuerdo y sobre la operación realizada en el día de la fecha”, que pactaron en la cláusula décima del convenio de reconocimiento, que contemplaba para el caso de incumplimiento de alguna de las partes, que la incumplidora debía abonar la suma de dólares treinta mil (U$S 30.000) en concepto de resarcimiento. Si hablamos de “falta de claridad” no hay explicación alguna sobre el alcance de esa cláusula de “confidencialidad” que los llevó a pactar una cláusula penal para resarcir los daños por su incumplimiento).
Ello determina que resulten de difícil aplicación al caso, las pautas de morigeración del art. 794 segundo párrafo del CCCN. Por su parte, el argumento de la actora, relativo a que si se rechazan los daños que reclamó por considerarlos comprendidos en el pacto de intereses punitorios, éstos no deben ser limitados, es inatendible, porque como vimos, las consecuencias que incluyó en su petición, no son imputables al deudor.
IV.2.3: La comparación con operaciones similares que pide el demandado es dificultosa, porque, reitero, al desconocer cuál fue la causa del convenio de reconocimiento, esa comparación no es posible.
La primera opción que menciona, la tasa para los plazos fijos en dólares, es una tasa pasiva que no resulta aplicable (en los simuladores del BAPRO se paga un 4,25 % por 365 días, en el BNA, en la sucursal un 2 % por el mismo plazo, y en la modalidad electrónico un 4,50 %; en el Banco Galicia, la TNA y la TEA es del 2,80 %; el BBVA Argentina, 4 % anual, última entrada 14.10.2026). Las entidades bancarias actualmente no ofrecen al público en general operaciones activas en moneda extranjera, porque la nueva normativa para el régimen de depósitos y financiaciones en moneda extranjera, el Decreto de Necesidad y Urgencia 736/2026 (B.O. 14.8.2026), que modifica el art. 23 del Decreto 905/2002 y la Comunicación “A” 8467 del BCRA (18.8.2026), sólo permite el financiamiento a prestatarios que tengan ingresos habituales provenientes, directa o indirectamente, de operaciones de comercio exterior y actividades vinculadas (art. 23 del Decreto 905/2002 sustituido por el art. 1 del Decreto 736/2026), y a otras personas jurídicas que no encuadren en la descripción anterior, “sin superar el 15 % (quince por ciento) de los depósitos en moneda extranjera de la entidad” (Com. “A” 8467/2026, que incorpora con ref. a LISOL 1-1150 y OPRAC 1-1316, en la Secc. 2 del texto ordenado sobre “Política de Crédito” ese destino bajo el numeral “2.1.xx”).
Los rendimientos en obligaciones negociables que también menciona el demandado, si tenemos en cuenta las emitidas por emisores corporativos con calificación AAA, y vencimientos cortos, giran en torno a un 6 % y 7% anual (fuente: Ámbito Financiero, “El mundo sube las tasas, Argentina aumenta el riesgo: ¿en qué invierto mis ahorros?, publicación del 10.10.2026), y tampoco resultan aplicables, pues no se trata de tasas activas.
La Bolsa de Comercio de Rosario informa que en las tasas bancarias de financiamiento en dólares para créditos al agro para la campaña 2026-2027, con convenio para la compra de insumos a través de plataformas (www.bcr.com.ar, relevamiento a bancos en septiembre de 2026, informe semanal Mercados ISSN 2796-7824), la TNAV para un plazo de hasta 365 días osciló entre el 5 % y el 7,25 %, y para préstamos de mayor duración, hasta 48 meses, las tasas llegaron al 12 % nominal anual (El Cronista informa bajo el título “Crecimiento exponencial del crédito para el agro; por qué ocho de cada diez son en dólares”, publicación del 14.8.2026, donde indica que las tasas cayeron del 8 % en enero al 5,5 % en junio de 2026).
Por su parte, en el Mercado Argentino de Valores (www.mav-sa.com.ar, entre el 7 y el 11 de septiembre de 2026), las tasas de financiamiento para créditos al agro, en pagarés no garantizados arroja una TNA mínima del orden del 7 % entre 181 y 365 días, máximas del 12 %, y una TNA promedio de 7,9%.
La modalidad comparativa resulta válida, ante la ausencia de un parámetro objetivo como sería la tasa de interés que se cobra en el mercado para operaciones activas en dólares, y por ello es la que se ha utilizado en los precedentes de esta Sala, algunos de los cuales, se citan en el fallo apelado.
Así, teniendo en cuenta sólo los créditos que no tenían garantía, un repaso por los antecedentes de esta Sala permite advertir que se ha dispuesto la morigeración en un 10 % anual por todo concepto (exped. n.° 158.764, “García Claudia c. Guinda Ana María s. Cobro”, sent. del 6.4.2018; exped. n.° 165.497, “Barbano leonardo c. Astoreca Leonardo s. Cobro ejecutivo”, sent. del 24.5.2018); en un 8 % anual para los punitorios pactados (exped. n.° 164.597, “Cermelo Agustín y otro c. Pompeyo Introcaso s. Consignación sumas de dinero”, sent. del 17.4.2018); un 18 % anual entre compensatorios y punitorios, en un caso donde la tasa se había estipulado en un 48 % anual (12 % para compensatorios y 6 % anual para punitorios, exped. n.° 176.032 y 175.924, “Calvi Miguel y otro c. Delgado Susana y otros s. Daños y perjuicios. Incumplimiento contractual”, y “Rabinowicz Samuel c. Calvi Cortez Angel y otros s. Cobro ejecutivo”, sent. única del 13.7.2023).
En el expediente n.° 177.563 (“Moretti Guillermo c.
Cueto Luis s. Cobro ejecutivo”, sent. del 19.10.2023), se confirmó la sentencia de primera instancia que había establecido una tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires que no podía superar el 10 %, para un pagaré emitido en dólares, por aplicación del principio de la reformatio in pejus, no sin señalar que la Sala había admitido recientemente la tasa pactada en un 13 % anual para un préstamo en moneda extranjera sin garantía hipotecaria (en causa n.° 174.746, “Vitiello Juan c. Pesquera Fiesta Sociedad Anónima s. Cobro ejecutivo”, sent. del 23.5.2023, la tasa pactada era del 13 % anual entre compensatorios y punitorios). IV.2.4: El desarrollo efectuado demuestra que los criterios legales o jurisprudenciales para arribar a una decisión sobre lo acertado o no de la morigeración practicada por la Sra. Jueza, resultan de difícil aplicación al caso.
La aplicación de las pautas del art. 794 segundo párrafo del CCCN y la comparación con las tasas que se cobran en operaciones similares son claramente dificultosas, y esa dificultad ha sido generada por la propia conducta procesal de las partes, que, reitero, ante la indagación sobre la causa del convenio de reconocimiento, optaron por el silencio como estrategia defensiva —la parte actora—, o por pretender su anulación por una causal que la ley expresamente le vedaba —la parte demandada— (su otro argumento, la función de garantía, fue descartado por no constituir una explicación razonable de la causa por la que firmó ese reconocimiento). En las causas “Cermelo”, “Barbano”, “Vitiello” y “Calvi” citadas, ante la dificultad para comparar operaciones similares recurrimos al art. 771 del CCCN, que regula una facultad especial que el nuevo ordenamiento otorga a los jueces, “cuando la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización de intereses, excede, sin justificación y desproporcionadamente, el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación”, y en base a él, promediamos los guarismos disponibles. En el caso, no encuentro que ninguno de los apelantes haya brindado fundamentos idóneos para sostener sus respectivos agravios, y mantener la tasa pactada en el caso de la actora, o hacer lugar a la reducción, si se trata de la demandada.
En un recordado fallo dictado antes de la sanción del Código Civil y Comercial, la Suprema Corte provincial se pronunció, con cita de los arts. 621 y 622 del CC —los actuales 767 y 768 del CCCN—, señalando que el ordenamiento entonces vigente admitía, por regla, la aplicación de los intereses tanto compensatorios como moratorios o punitorios a la tasa que las partes hubieran acordado, “sin que en principio corresponda a los tribunales sustituirlos para crear tasas en abstracto, desvinculadas de las circunstancias de cada operación financiera", esto es, "con abstracción de todo análisis concreto de la situación” (SCBA, Ac. 95.758, “Volpe José c. Banco de la Provincia de Buenos Aires s. Nulidad, repetición y compensación”, sent. del 9.12.2010), y dejó sin efecto la sentencia dictada por la mayoría de esta Sala, en cuanto había morigerado los intereses pactados sin la asistencia de ningún elemento probatorio (en igual sentido, esta Sala, exped. n.° 165.497, “Barbano” citado; ver argumentos en causa n.° 148.914, “Favacard SA c. Tello Manuel s. Ejecución”, sent. del 30.9.2011, considerando 6).
La aplicación de esa doctrina impide a los jueces establecer tasas de interés en abstracto, desprovistas de parámetros de comparación, y sin que las partes hayan aportado las pruebas necesarias para fundar sus cuestionamientos.
Por ello, en atención a los antecedentes de esta Sala que he citado, y las circunstancias particulares señaladas, propondré al acuerdo que se morigere la tasa de interés punitorio pactada al 13 % anual (art. 771 del CCCN; art. 384 del CPCC).
V: El agravio del demandado relativo a la moneda pago y su conversión al denominado dólar “MEP” no prospera. La parte actora consintió la premisa de la sentencia consistente en que la sustitución de la moneda de pago no resulta confiscatoria para el acreedor, y el tipo de cambio al que debía hacerse la conversión (con cita del art. 765 del CCCN).
El apelante sostiene que esa norma no contempla el tipo de dólar utilizado por la Sra. Jueza para efectuar la conversión, y que, ante la duda, debe aplicarse el art. 518 del CPCC. V.1: En la cláusula quinta del convenio de reconocimiento de deuda celebrado por las partes, expresamente se convino que en el caso de que el pago no pudiera hacerse en dólares billete, debía hacerse “por el monto de pesos necesarios para adquirir la cantidad de dólares estipulada en las plazas de Montevideo, Nueva York o Zurich, a exclusiva opción del acreedor”, conforme las cotizaciones que eligiera publicadas en los diarios La Nación o Ámbito Financiero.
“… Cualquier otra pretensión del deudor, como la de pago en moneda nacional o la cotización oficial prevista como opción por el art. 765 del Código Civil y Comercial, párrafo final, no liberará al deudor y no se considerará pago por falta de identidad o integridad conforme a lo que resulta de los arts. 867, 868 y 869 del Código Civil y Comercial de la Nación”.
La falta de crítica de la actora respecto a la conversión admitida en la sentencia (arts. 260 y 266 del CPCC), que constituye una conducta posterior (art. 1065 inc. b) del CCCN), llevan a aplicar lo decidido en la causa “López” (causa n.° 171.538, “López Gómez Eliseo c. Rodríguez Claudio s. Reivindicatoria”, sent. del 22.4.2025), en la que, al finalizar el denominado “cepo” cambiario, establecimos que la conversión a pesos (se le había reconocido al demandado vencido en la reivindicación el derecho a reembolso de la suma de U$S 20.000 por el valor de las mejoras realizadas), debía realizarse al tipo de cambio oficial para la venta del dólar estadounidense en el Mercado Libre de Cambios (con cita de las normas legales aplicables), o el tipo de cambio para la venta del denominado “dólar MEP”, utilizando el que fuera más alto, en decisión que ha sido la adoptada en resoluciones posteriores, cuando se reconoce un crédito en dólares (esta Sala, exped. n.° 180.265, “Pereyra Mariana c. Camacho Condori Eduin y otro s. Daños y perjuicios” sent. del 17.12.2025; n.° 183.253, “Trinchero Guillermo c. Serradell Nazareno y otro s. Daños y perjuicios”, sent. del 21.10.2025; exped. n.° 184.592, “Pellegrino María Cecilia c. GYM Transfers SRL s. Daños y perjuicios por incumplimiento contractual”, sent. del 10.3.2026; exped. n.° 185.386, “Bustamante Alexis c. Olguín Pedro y otro s. Daños y perjuicios” sent. del 5.5.2026, entre muchas otras).
La cuestión de la opción por la cotización más alta de los dólares cuya adquisición es lícita en el mercado de valores argentino, ha sido adoptada en varios fallos que tuvieron por norte evitar que el uso de un tipo de cambio oficial u otros tipos de cambio que se apartan de parámetros realistas, generara un injustificado beneficio del deudor a costa de afectar el interés patrimonial del acreedor.
El elenco de antecedentes citados, demuestra que en todos ellos se trató de mantener el poder adquisitivo del acreedor a la hora de la conversión a pesos del crédito reconocido en dólares (de la víctima en los juicios de daños, del poseedor que debía restituir en la reivindicatoria, del acreedor en juicios ejecutivos o en una liquidación de comunidad).
La diferencia en este momento no es sustancial, pues el dólar oficial cotiza a $ 1535 para la venta, y el dólar MEP, a $ 1539,25 para la misma operación (www.bna.com.ar, última entrada 9.10.2026), e incluso ha habido ocasiones en que la cotización del dólar oficial ha superado a la del MEP.
Por ello, propondré que se modifique la sentencia, y que una vez firme la liquidación, la conversión del crédito a pagar por el demandado se efectúe a la cotización del dólar oficial o del dólar MEP, el que resulte más alto a ese momento (arts. 765, 1065 inc. b) y ccdtes. del CCCN; arts. 34 inc. 4), 163 incs. 5 y 6, 384 y ccdtes. del CPCC). VI: Tiene razón el accionado en cuanto a la imposición de costas.
En el fallo se le imponen íntegramente las costas del proceso pese a que el reclamo de daños formulado por el actor fue rechazado, rechazo que en esta instancia ha sido confirmado.
Por ello, y en atención a los vencimientos parciales y mutuos operados, considero que las costas de ambas instancias deben imponerse en un 80 % al demandado y en un 20 % a la parte actora (arts. 71, 274 y ccdtes. del CPCC).
Por lo fundamentos expuestos, propondré al acuerdo que la sentencia de primera instancia sea parcialmente modificada.
VOTO POR LA NEGATIVA
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
Corresponde: I) Hacer lugar parcialmente a los recursos de las partes y modificar la sentencia: i) elevando la tasa de interés pactada al trece por ciento (13%) anual; ii) disponiendo que, una vez firme la liquidación, la conversión de la moneda de pago deberá efectuarse al valor del dólar oficial o del dólar MEP que resulte más alto en ese momento; y iii) imponiendo las costas de ambas instancias en un ochenta por ciento (80%) al demandado, y en un veinte por ciento (20 %) a la parte actora, en atención a los vencimientos parciales y mutuos operados (arts. 71 y 274 del CPCC). II) Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la Ley 14.967. III) Reanudar los términos procesales suspendidos.
ASÍ LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Por los fundamentos dados en el acuerdo que antecede se dicta la siguiente sentencia: I) Se hace lugar parcialmente a los recursos de las partes y se modifica la sentencia: i) elevando la tasa de interés pactada al trece por ciento (13%) anual; ii) disponiendo que, una vez firme la liquidación, la conversión de la moneda de pago deberá efectuarse al valor del dólar oficial o del dólar MEP que resulte más alto en ese momento; y iii) imponiendo las costas de ambas instancias en un ochenta por ciento (80%) al demandado, y en un veinte por ciento (20 %) a la parte actora, en atención a los vencimientos parciales y mutuos operados (arts. 71 y 274 del CPCC). II) Se difiere la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la Ley 14.967. III) Se reanudan los términos procesales suspendidos. Regístrese. Notifíquese por el sistema automatizado (art. 10 del Anexo del Ac. 4039/21). Devuélvase.
Fin de la sentencia