Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 178063
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de la parte actora, sin costas atento a la falta de controversia (art. 68 del CPCCBA);
II. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); IV)
Expte. N º 178063 - Juzgado Civil y Comercial N°3
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “BALMACEDA, EVA HAYDEE Y OT. C/ DEBENJAK, LILIANA ROXANA S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO” , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau:
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1 ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 30 de noviembre de 2022?
2 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. El 30 de noviembre de 2022, el magistrado titular del Juzgado Civil y Comercial N°15 departamental, Dr. Héctor Fabián Casas, dictó sentencia definitiva en la que hizo lugar a la demanda de cumplimiento de contrato promovida por Eva Haydee Balmaceda, Luis Humberto Candial y Andrea Verónica Alí contra Liliana Roxana Debenjak, y como consecuencia de ello condenó a esta última a abonar a los actores U$D10.544 -susceptibles de ser pagados en moneda nacional-, todo ello con más intereses y costas.
Para así decidirlo, señaló que los actores reclaman el cumplimiento del pago del saldo de precio emergente del boleto de compraventa inmobiliario celebrado por las partes el 2 de septiembre de 2022 en el cual los accionantes vendieron a la demandada una finca ubicada en calle Juana Manso 2632 de esta ciudad. Destacó que tanto el contrato como el saldo debido fueron reconocidos por la demandada.
Explicó que existen obligaciones pendientes en cabeza de los actores (otorgamiento de la escritura) pero han demostrado su intención de cumplir mediante la certificación notarial realizada ante el escribano Ricardo R. Vaquero el 15/06/2017.
Concluyó por ello que la demanda es procedente.
Seguidamente, desestimó el reclamo indemnizatorio por no haberse acreditado daño alguno. Consideró que la mera indisponibilidad del dinero queda indemnizada con los intereses moratorios, los cuales -señaló- deben ser calculados a la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días en dólares, desde la mora [fecha de la audiencia de cierre de la mediación, ocurrido el 11/09/2017] y hasta su efectivo pago.
Finalmente, autorizó el pago de la deuda de moneda extranjera en moneda nacional, tomando el valor del dólar al tipo de cambio oficial con el impuesto “PAIS” agregado, sin la percepción adicional del 35% a cuenta del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales establecida por el BCRA.
Los accionantes apelaron la sentencia el 7 de diciembre de 2022 y fundaron su recurso el 24 de agosto de 2023, sin merecer réplica.
Plantean dos agravios:
(i) En primer lugar, cuestionan el tipo de cambio escogido por el juez en su sentencia. Entienden que debe utilizarse « las cotizaciones posibles a las que puede acceder esta parte para poder comprar, con los pesos que le entregará el deudor, los dólares que le adeudan, son las del dólar MEP y las del contado con liquidación, ya que son las únicas vías posibles hoy para poder adquirir con moneda de curso legal los dólares que se les adeudan». Afirman que el tipo de cambio que fija el fallo no existe y está muy lejos del valor que deberán abonar para poder comprar la divisa debida por la demandada.
(ii) En segundo lugar, critican el rechazo del reclamo indemnizatorio. Afirman que en su demanda invocaron la actitud dolosa asumida por la demandada, configurada por la inejecución maliciosa de su obligación de pago, habiendo recibido la posesión del inmueble y obteniendo una evidente ventaja del resultado de la ejecución contractual. Refieren que ello los coloca en una desventaja que se traduce económicamente en un desmedro en su propiedad, en su economía y hasta en su salud.
Argumentan que « resulta más que probado el daño, ya que la consecuencia del no cumplimiento está a la vista. El inmueble se vendía a un precio menor del valor del mercado para que la Sra. Balmaceda pueda acceder a sus tratamientos y no solo no pudo disponer del dinero para realizarlo de forma completa, sino que a su vez le trajo un problema más: haberse desprendido de inmueble (sic) sin poder cobrar su totalidad » .
Alegan que las consecuencias dañosas son “ a todas luces tanto mediatas inmediatas, cualquiera sea su presentación en los hechos deben ser resarcibles ” (sic). Cita doctrina que refiere al daño moral en la órbita contractual.
III. La solución del caso.
El recurso prospera parcialmente
III.1.a. El agravio relativo al tipo de cambio es fundado, aunque debo hacer una aclaración preliminar.
El juez afirmó en su sentencia que “ en el caso de una deuda contraída en dólares, o en cualquier otra divisa, el deudor puede desobligarse pagando su equivalente en pesos ” y, sobre esa base, definió el tipo de cambio a utilizar para el hipotético escenario en el que la accionada desee pagar la deuda en pesos.
El problema con esa afirmación es que es correcta en tanto la prerrogativa de pago por equivalente contemplada en el art. 765 del CCyC no haya sido renunciada, contexto en el cual el deudor de la divisa debe pagar en la especie comprometida. Y es eso, precisamente, lo que ocurre en este caso dado que en la parte final de la cláusula segunda del boleto que vincula a las partes, en el que se señala el saldo adeudado y que es objeto de cobro en este pleito (apartado «B»), se aclaró que los contratantes -demandada incluida- “ renuncian expresamente a la aplicación de lo normado por el art. 765 del mismo Código ”. Más allá de la defectuosa redacción del contrato, ninguna duda cabe que la única parte de la norma que prevé una prerrogativa disponible y susceptible de renuncia es la que habilita el pago en moneda nacional.
De todos modos, los actores no formularon cuestionamiento alguno a esta parcela de la decisión. Llega firme a esta instancia, entonces, el reconocimiento de la facultad de la demandada de cancelar en pesos la condena expresada en moneda sin curso legal (art. cit.).
b. Aclarado lo anterior, tienen razón los apelantes al cuestionar el tipo de cambio escogido por el colega de primera instancia.
Este Tribunal se ha expedido en varias oportunidades sobre el tipo de cambio aplicable al pago por equivalente regulado en el art. 765 del CCyC mediante el cual, salvo pacto en contrario, el deudor de una obligación de dar moneda sin curso legal puede liberarse dando el equivalente en moneda nacional. Esta misma solución —sin perjuicio de las salvedades ya mencionadas— resulta aplicable al caso.
En la causa “Roteño” (c. 171468, del 10/06/2021) esta Sala consideró que si el deudor tiene la posibilidad de pagar en pesos —como surge del art. 765 del CCyC para obligaciones de dar moneda extranjera, pues entonces el pago en moneda corriente nacional debe integrarse con la cantidad de unidades monetarias suficientes para llevar a cabo operaciones lícitas de adquisición de divisas, o, desde otro punto de vista: el principio general que veda el abuso de derecho (art.10 del CCyC) no tolera que se obtenga una ventaja patrimonial sin justificación en manifiesto desmedro de los derechos del acreedor (voto del Dr. Loustaunau en el precedente cit.).
El norte que orienta a estas decisiones consiste en evitar que, al utilizar un tipo de cambio oficial u otros tipos de cambio que se apartan de parámetros realistas, se genera un injustificado beneficio del deudor a costa de afectar el interés patrimonial del acreedor.
En el citado caso “Roteño”, esta Sala decidió utilizar el tipo de cambio conocido como “dólar MEP” o del dólar "contado con liquidación" -entre ellos, el que resulte más alto- vinculados a operaciones bursátiles en moneda extranjera mediante la compra en pesos de bonos solidarios y su posterior venta en dólares (v. causas n° 171468 -" R., K. E ."- sent. del 10/06/2021, n° 161853 -" Marengo "- sent. del 26/08/2021 y c. 171395 -" Jesús ..."- resol. del 21/09/2021).
Estos tipos de cambio reflejan variables económicas transparentes y reales, alejándose de parámetros de cambio hipotéticos o artificiales (v. voto del Dr. Loustaunau en causa “Roteño, Karina”, c. 171468, del 10/06/2021; en similar sentido, CNCiv., Sala L “B.O.R. c. Acorbi S.A. s. Resolución de contrato del 09/03/2021 AR/JUR/1556/2021; CNCom, Sala D Ortola Martínez c. Sarlenga AR/JUR/47237/2020 del 15.10.2020). Al momento de liquidar el crédito, las partes deberán reparar en las cotizaciones publicadas por el periódico “Ámbito” (www.ambito.com).
Por ello, y con el alcance señalado, corresponde admitir el agravio vinculado al tipo de cambio aplicable para la conversión a pesos de la deuda expresada en moneda sin curso legal (art. 765 del CCyC).
III.2. No correrá la misma suerte el agravio referido a los daños derivados del incumplimiento de la Sra. Debenjak.
La indemnización del daño moratorio generado por el incumplimiento de una obligación de dar moneda extranjera ha de regirse por las mismas reglas de las obligaciones dinerarias (Pizarro, Daniel, Vallespinos, Gustavo, Tratado de Obligaciones , Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2017, t. 1, pág. 489, 513).
Es por ese motivo que la actora, como acreedora de una suma de moneda sin curso legal, tiene derecho a percibir los intereses moratorios sin necesidad de probar perjuicio alguno, pues este último -tal como ocurre con la deuda de moneda nacional- se presume como derivado del incumplimiento de demandada (art. 765 a 771 del CCyC).
Los actores tienen derecho a reclamar otros daños moratorios distintos a los que tiene por objetivo resarcir el interés. Pero la reparación de tales perjuicios queda supeditada a dos exigencias fundamentales: (i) ser minuciosamente detallados en el escrito de demanda (art. 330 incisos 3 y 4 del CPCCBA) y (ii) ser debidamente acreditados, dado que no rige a su respecto ninguna presunción o tarifación abstracta prevista por la ley (art. 375 del CPCCBA).
La demanda lejos está de abastecer las exigencias procesales reseñadas dado que no hay un detalle preciso de los daños, de los hechos en los que se sustenta cada perjuicio ni del monto estimado que se reclama para resarcir cada uno de ellos. A todo evento, y dejando de lado lo anterior, la actora ninguna prueba produjo para acreditar esos supuestos perjuicios genéricamente enunciados en su escrito inaugural. En este último punto tiene razón el juez.
No hay prueba suficiente que demuestre el presupuesto central del planteo indemnizatorio (la intención maliciosa de la demandada de endeudarse a sabiendas de la imposibilidad de cumplir), ni tampoco hay elementos de convicción que den cuenta de las restantes circunstancias supuestamente configurativas de los daños reclamados: la relación entre el incumplimiento y el supuesto cese de un tratamiento médico, los mayores costos de las prestaciones médicas contratadas, la “afección psicológica” generada en su consecuencia, etcétera. Los actores no ofrecieron testigos, no produjeron pruebas periciales, ni ningún otro medio probatorio tendiente a acreditar alguna de las múltiples aristas de su narrativa.
En el memorial, la apelante cita doctrina relacionada al daño moral en el ámbito contractual. Pero tales consideraciones conceptuales resultan irrelevantes en el caso dado que se trata de un perjuicio que no fue invocado en el escrito de demanda demanda, donde los giros “daño moral” o “daño extrapatrimonial” siquiera están mencionados.
Hay solamente una referencia genérica a una “afección psicológica” derivada de otra circunstancia que tampoco fue demostrada (“la disfunción de un tratamiento inconcluso”) y que parece tener que ver más con una lesión generadora de una necesidad de terapia cuyo costo integraría, al parecer, el total reclamado. En cualquier caso, reitero, ninguna prueba pericial se produjo para acreditar esa supuesta consecuencia psicológica derivada de la falta de pago de la deuda.
Por lo demás, los apelantes refieren en su recurso al precio de venta y cómo la propiedad habría sido ofrecida a un menor valor para que la Sra. Balmaceda pueda acceder a sus tratamientos, pero tal circunstancia siquiera fue invocada en la demanda y sometida a debate y prueba, por lo que su análisis en segunda instancia resulta directamente inadmisible (art. 272 del CPCCBA).
En suma, cualquiera sea el contenido exacto del reclamo y los rubros invocados en la demanda, y cualquiera sea el justificativo del monto total peticionado en concepto de indemnización (U$D 20.000.-), lo cierto es que -reitero- tanto el presupuesto de hecho central que da soporte a esta parcela del reclamo (el dolo de la demandada) como los supuestos perjuicios no han sido debidamente acreditados.
De conformidad con lo prescripto por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial -y su doctrina-, es un principio procesal ineludible que las partes deben probar las circunstancias de hecho que pretenden subsumir en las normas que invocan como sustento de su pretensión, defensa o excepción, por lo que cada una de ellas debe aportar a la causa los elementos de convicción que justifiquen la legitimidad de su reclamo (SCBA, in re "Alonso, Ernesto Ariel contra Municipalidad de Junín. Daños y perjuicios", L.118441, del 14/10/2015).
En otras palabras, las partes tienen la carga de aportar la prueba de sus afirmaciones o, en caso contrario, soportar las consecuencias de omitir ese imperativo en el propio interés (SCBA, Ac 45068 S 13-8-1991, AC 73932 S 25-10-2000, AC 83124 S 5-3-2003, Ac 91961 S 20-12-2006, C 94338 S 16-9-2009).
Propondré al acuerdo desestimar esta parcela del recurso y confirmar el rechazo de la pretensión resarcitoria contenida en el apartado «V» del escrito de demanda (arts. 330 y 375 del CPCCBA).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
Corresponde : I) Rechazar el recurso de la parte actora, sin costas atento a la falta de controversia (art. 68 del CPCCBA); II) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia, se dicta la siguiente:
Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo se resuelve: I) Rechazar el recurso de la parte actora, sin costas atento a la falta de controversia (art. 68 del CPCCBA); II) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); IV) REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE a las partes en los términos del art. 10 del Anexo I -«Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos»- del Ac. 4039/21 de la SCBA). Oportunamente, devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 02/11/2023 09:32:04 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/11/2023 10:32:40 - LOUSTAUNAU Roberto José - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/11/2023 12:56:11 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 02/11/2023 13:48:14 hs. bajo el número RS-305-2023 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia