Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 180249
Expte. Nº 180249 - Juzgado Civil y Comercial N°4
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “SALAZAR SOSA, JUAN IGNACIO Y SENDYK, KEVIN JULIÁN C/ COLAVITA, JULIANA MARÍA Y MARESCA LEONARDO JONATHAN S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau;
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª) ¿Es justa la sentencia dictada el 11 de abril de 2024?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. El 11 de abril de 2024 la jueza de primera instancia dictó sentencia definitiva en la que hizo lugar a la demanda instaurada por Juan Ignacio Sosa Salazar y Kevin Julián Sendyk contra Juliana María Colavita y condenó a esta última a pagarle a los actores la suma de $4.419.090 con más los intereses estipulados en el considerando VII, todo ello en el plazo de 10 días de quedar firme la decisión. Asimismo, rechazó la demanda incoada contra Leonardo Jonathan Maresca.
Para así decidirlo, señaló que fue acreditado que Juan Ignacio Salazar Sosa y Juliana María Colavita celebraron un contrato en el cual el primero asumió el rol de dueño de la obra y la última de las mencionadas la calidad de contratista, obligándose a la construcción de una vivienda. También se vincularon negocialmente Kevin Julián Sendyk y la codemandada Colavita, contrato mediante el cual esta última resultó contratista de una obra en la que Sendyk asumió el rol de dueño. Explicó la magistrada que ambos contratos debían ejecutarse en el inmueble de calle 30 entre calles 47 y 49 de la localidad de Balcarce.
En lo que respecta a la defensa de Colavita (fundada en el hecho de que Sendyk no es legitimado activo), apuntó que se demostraron dos contratos distintos y Kevin Sendyk celebró con Colavita una locación de obra que tuvo por objetivo ampliar la obra que Salazar Sosa había gestionado con otro contrato previo celebrado también con Colavita. Refirió que «ambos contratos se encuentran íntimamente conectados por la finalidad económica común previamente establecida». Aclaró que el segundo contrato resulta determinado por el primero y así se lo indicó en el encabezado.
Sobre esa base, y con referencia a la noción de contratos conexos, juzgó que Sendyk tiene legitimación para reclamar dado que ambos acuerdos tienen un fin común, que es obtener la vivienda.
En lo tocante al codemandado Maresca, señaló que la prueba producida no ha sido suficiente para demostrar un vínculo contractual, toda vez que «no ha sido parte de la locación de obra celebrada entre los actores y la co-demandada Colavita, por lo que corresponde concluir que no reviste el carácter de legitimado pasivo»
Luego de analizar las obligaciones asumidas por la arquitecta Colavita, enumeró los defectos en la construcción que halló el perito Pisani en su dictamen del 11/05/2022 y sus explicaciones del 21/08/2022). Consideró que ello reveló el incumplimiento de labores que formaban parte del débito de la arquitecta, incluyendo la obligación de ejecutar el contrato conforme las previsiones contractuales, ejecutarlo conforme a los conocimientos razonablemente requeridos al tiempo de su realización y proveer los materiales adecuados que son necesarios para la ejecución de la obra.
Por no encontrar mérito para apartarse de lo dictaminado por el perito, concluyó que se demostró el incumplimiento de la arquitecta Colavita alegado en la demanda. Indicó que los actores demostraron el pago total de la obra contratada, no existiendo saldo alguno pendiente de pago.
En cuanto a los daños, admitió un rubro conjunto comprensivo de daño al proyecto de vida y daño moral por un total de $2.169.090 y luego un total de $2.250.000 en concepto de “daños no patrimoniales” (sic, aunque vinculados al lucro cesante derivado del menor valor de venta).
II.1 El recurso de los actores
La parte actora apeló el 19 de abril de 2024 y fundó su recurso el 18 de marzo de 2025, mereciendo la réplica de la contraria el 26 de marzo de 2025.
Los agravios pueden sintetizarse del siguiente modo:
i) Piden se revoque la sentencia en lo que respecta a la falta de legitimación pasiva de Leonardo Jonathan Maresca. Afirman que los accionados viven en aparente matrimonio, comparten la casa y trabajan juntos. También comparten el estudio de arquitectura y comparten cartel en las obras. Argumentan que la prueba pericial informática demostró la existencia de mensajes y llamadas realizadas por los actores a Maresca, quien se mostró a cargo de innumerables tareas y resolviendo cuestiones de carácter técnico y recibiendo dinero en pago por la obra.
ii) Alegan que la jueza se equivocó al considerar que pese a los incumplimientos en cabeza de la demandada el inmueble sirve y los actores no pueden exigir el reembolso de lo pagado frente al incumplimiento de la otra parte. Entienden que la solución contradice lo normado en el art. 1082 inc. “b” del CCyC, que incluye el reembolso total o parcial de los gastos generados por la celebración del contrato y de los tributos que lo hayan gravado. Sustentan su visión sobre la viabilidad de la propiedad en lo que informó la empresa Acero Construcciones, a quienes se consultó para hacer las reparaciones y quienes se negaron a hacerlo porque no podían garantizar el resultado deseado.
Dicen que la propiedad era habitable, pero no era segura, no respetaba lo estipulado en el contrato, no respetaba las medidas de seguridad y, concretamente, no era lo que los actores habían encomendado a la arquitecta.
Piden por ello se haga lugar al reintegro del monto total del contrato
iii) Cuestionan el rechazo del reintegro de los gastos de reparación. Afirman que tales erogaciones fueron acreditadas, tanto con la documental ofrecida (facturas originales) como con los testimonios de las personas que realizaron las reparaciones. Si bien estas últimas no recordaban los montos abonados, dijeron que recibieron una paga por los trabajos realizados, los cuales detallaron minuciosamente concuerdan con los inconvenientes detectados a través de los informes periciales. Destaca la facturación y pago por reparaciones eléctricas (Simonetta), trabajos de plomería y agua (Liempi) y albañilería (Pereira). Cita jurisprudencia vinculada al principio iura novit curia, al principio de congruencia, las cargas probatorias y al exceso ritual manifiesto.
iv) En el último apartado («V») cuestiona la decisión relativa a los intereses y, luego de transcribir la parte pertinente del fallo, solicita la inconstitucionalidad del art. 7 de la Ley 23.928y 25.561 con fundamento en el fallo “Barrios” de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.
Los demandados apelaron el 19 de abril de 2024 y fundaron su recurso el 17 de marzo de 2025, con réplica de los accionantes el 31 de marzo de ese mismo año.
Los agravios de los accionados pueden sintetizarse del siguiente modo:
i) Cuestionan la decisión relativa a la legitimación del Sr. Sendyk con relación al contrato del cual no resulta parte. Alegan que los contratos solo producen efectos entre partes y Sendyk no fue respecto del contrato de obra, por lo que no puede exigir su cumplimiento.
Entienden que la mención a la noción de contratos conexos resulta violatoria del principio de congruencia, dado que no fue materia de debate y prueba, y no se le dio la posibilidad a los demandados de producir prueba específica. Piden la nulidad de la sentencia
Agregan que no se probó que el contrato de Sendyk depende jurídicamente del contrato celebrado por Salazar Sosa y la mera coincidencia en el objeto no es suficiente para identificar ese vínculo. Tampoco lo hace la finalidad común. Niegan la aplicación de la figura de la conexidad contractual e insisten en que Sendyk no está legitimado para hacerse acreedor de obligaciones convencionales emergentes de un contrato del cual no es parte.
ii) Objetan la procedencia y cuantía del lucro cesante. Luego de argumentar la extensión del resarcimiento en el marco de los incumplimientos contractuales no dolosos, argumentan que el acto voluntario de los actores de vender el inmueble a un cierto precio es un acto volitivo por el cual la Sra. Colavita no debe responder, dado que ese menor valor obedece a una decisión de los actores de transmitirlo a ese precio. Es una consecuencia mediata que no puede asumir el incumplidor del contrato.
Afirman que «la cuestión fiscal ha disfrazado el precio real de la operación».
Se quejan, además, de que no se haya producido un peritaje para determinar el valor real de la propiedad como consecuencia de las supuestas deficiencias. Enfatizan que era carga de los actores demostrar este hecho. Los informes de las inmobiliarias Piedra y Fischenich no tienen valor de prueba pericial.
iii) Critican la procedencia y cuantía del daño moral y daño al proyecto de vida. Destacan que los actores decidieron irse a vivir a otro país y ello no ha tenido vínculo causal con los incumplimientos que se le imputan a Colavita. Se probó que los accionantes vivían en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y allí tenían su hogar, en un departamento de su propiedad: no era ni su primera vivienda, ni su hogar, ni nada parecido.
Refieren que tampoco es correcto afirmar que debieron vender la vivienda, la cual no era imposible de reparar y los propios accionantes reconocen haberla reparado.
Entienden que los hechos considerados en la sentencia para sostener la admisión del daño no son reales ni están probados.
En cuanto a su cuantificación, entienden que la admisión de un costo de terapia que no fue reclamado viola la congruencia. Luego, consideran subjetivo fijar el valor de un alquiler comercial de una vivienda desde una página extranjera elegida azarosamente. Critica la extensión de días utilizada para mensurar el perjuicio.
iv) Afirman que la pericia en la que se sostiene el fallo no permite alcanzar con un grado de certeza razonable una determinación que justifique atribuir los incumplimientos indicados.
En lo que respecta a las conexiones de canaletas, entienden que el perito no especifica en qué consiste dicha precariedad ni aporta pruebas técnicas que respalden esta afirmación. En lo tocante al destino de aguas pluviales, la crítica es la misma, dado que no se indicó qué modalidad se utilizó, por qué está prohibida, qué normativa se incumplió, etc.
Objetan que el perito no haya especificado qué materiales se utilizaron que no serían propios del sistema, o qué consecuencias técnicas genera esta combinación de materiales o si afecta la seguridad de la obra. Lo mismo señalan con relación a la ejecución parcial del sistema, dado que no se especifica en qué consiste ese déficit. Lo mismo señala con relación al acondicionamiento térmico, colocación de la chapa, y los elementos estructurales requeridos.
v) En el apartado «II» critican que en la cuantificación de los daños se han considerado un conjunto de inconvenientes que involucran o que se vinculan con tareas que no formaban parte de las previstas en el contrato de obra.
Afirman que el fallo incurre en una grave distorsión al no realizar una adecuada segmentación de las responsabilidades, separando aspectos que no guardan relación alguna con las tareas encomendadas a la Sra. Colavita.
Piden que se “ajuste la responsabilidad por la que deben responder, de acuerdo a las pruebas que los actores han logrado acreditar, excluyendo el parcial de incumplimientos que no son responsabilidad de Colavita”.
vi) Consideran que el juez se equivocó al condenar a la Sra. Colavita al pago de las costas, dado que no resulta vencida en relación al rechazo de la acción contra el Sr. Maresca. Piden se modifique la decisión y se impongan las costas a los actores por el rechazo de la demanda contra el Sr. Maresca.
III. Tratamiento de los recursos.
Por razones de orden lógico y claridad expositiva, analizaré en primer lugar las quejas que los accionantes formulan en torno a la legitimación pasiva del codemandado Maresca y los cuestionamientos que, a su turno, los accionados presentaron en torno a la legitimación activa del coactor Sendyk.
Seguido a ello, me detendré en los agravios de los codemandados que refieren al dictamen del perito arquitecto y las objeciones que una y otra parte presentaron sobre los rubros indemnizatorios y demás créditos que fueron objeto de reclamo.
Sobre el final, abordaré el planteo de inconstitucionalidad de los actores y el agravio de los demandados relativo a las costas por el rechazo de la demanda contra Maresca.
III.1. Sobre la legitimación activa del Sr. Sendyk y la legitimación pasiva del Sr. Maresca.
III.1.a. La jueza consideró que el Sr. Sendyk es legitimado activo en razón de la conexidad contractual que media entre uno y otro contrato de obra: el suscripto por Salazar Sosa y el que rubricó su cónyuge.
Los demandados cuestionan este enfoque sobre la base de dos líneas argumentales. Por un lado, consideran que el encuadre resulta violatorio del principio de congruencia y, con ello, requirieron la nulidad del fallo. Por el otro, alegaron que la figura no es aplicable porque no se cumplen los requisitos que la tornen aplicable. Insisten por ello en la falta de legitimación activa del coactor Sendyk.
No tienen razón.
En primer lugar, la aplicación de la figura de los contratos conexos no se revela en el caso como lesiva del principio de congruencia ni del derecho de defensa de los accionados, motivo por el cual no existe vicio constitucional alguno que motive la nulidad de la sentencia impugnada.
Los jueces, de la mano del postulado del «iura novit curia», tienen un amplio margen para interpretar la demanda, sus fundamentos y sus alcances, siempre que no alteren "las bases fácticas del litigio, ni la «causa petendi», ni tampoco a la admisión de hechos o defensas no esgrimidas por los litigantes" (SCBA, C. 88.434, sent. del 08/03/2007, C. 112.660, sent. del 08/07/2012, C. 117.314, del 12/11/2014, entre muchos otros).
La decisión relativa a la conexidad contractual queda comprendida en el referido margen interpretativo sobre el contenido y alcances de los contratos implicados en la obra, y no veo que la magistrada haya alterado las bases fácticas del litigio, ni tampoco los alcances y naturaleza del derecho creditorio invocado por los actores. Adviértase, además, que la decisión relativa al vínculo entre los contratos de obra ha sido la interpretación gestada en el marco del estudio de una defensa que los propios accionados opusieron al progreso del reclamo. En este contexto, insisto, hallar esa forma particular de contacto entre ambos negocios —y no de forma oficiosa, sino para explicar los motivos de la improcedencia de una defensa formulada por los apelantes— no se revela ni violatoria del principio de congruencia, ni mucho menos demuestra —ni los recurrentes explican cómo podría demostrar— una afectación al derecho de defensa (art. 18 CN).
Tampoco me persuaden las razones que proponen los demandados para cuestionar la aplicación al caso de la figura regulada en el art. 1075 del Código Civil y Comercial. Concuerdo con la jueza en que, efectivamente, existe un lazo estrecho entre el contrato original (suscripto por Salazar Sosa) y lo que la magistrada y el perito arquitecto Pisani calificaron como un contrato de ampliación (rubricado por Sendyk): uno no puede explicarse sin el otro y ambos refieren a la misma obra, al mismo terreno, vincula a las mismas partes con idénticos roles (coactores como comitentes; codemandada Colavita como arquitecta contratista), se gestaron y ejecutaron en un espacio temporal único o común, generaron los mismos canales de comunicación en sus respectivos tramos de ejecución y han tenido una ostensible finalidad económica común, donde uno (el principal) es el que determina la existencia del otro (la ampliación) (v. pericia informática del 27/03/2022, 19/07/2022 y documentos adjuntos al acta del 22/09/2022; v. pericia arquitectónica del 11/05/2022 y 21/08/2022).
Por las razones expuestas, los agravios que a este tópico refieren, deben ser desestimados (art. 1073 y 1075 del CCyC).
III.1.b. En lo tocante a la legitimación pasiva de Maresca, los argumentos que postulan los actores tampoco son suficientes para derrotar las premisas en las que se sostiene la decisión impugnada.
Tiene razón la jueza en que no se ha producido prueba alguna que permita ubicar al nombrado como co-contratista o parte integrante del elenco de obligados con causa fuente en los contratos de obra suscriptos por los accionantes y Colavita. El aparente matrimonio, la convivencia, o el modo en que aparecen en carteles de obra (que los apelantes invocan en general, sin invocar o probar un cartel de obra referido a este caso en particular), resultan hechos que demuestran, en el mejor de los casos, que el Sr. Maresca es un colaborador o auxiliar de la contratista (arg. arts. 732 y 1254 del CCyC). Pero no hay allí elementos de convicción suficientes para que, en el marco de un conflicto gestado en la ejecución de un contrato específico, ese colaborador sea elevado a la categoría de cocontratante y asuma las obligaciones propias del contratista (arts. 732. 959, 1254 del CCyC).
Por este motivo, encuentro infundado el agravio de los actores referido a la legitimación pasiva del coaccionado Maresca (arts. cit.).
Las quejas relativas al valor convictivo de la pericia del arquitecto Pisani resultan extemporáneas, y por ello devienen inadmisibles (art. 272 del CPCCBA).
El perito Pisani respondió con precisión los puntos sobre los cuales le fueron exigidas explicaciones en la presentación del 03/06/2022 (v. explicaciones del 21/08/2022). Sobre estas últimas aclaraciones, o incluso sobre el contenido general del dictamen principal del perito arquitecto, la recurrente no ofreció impugnación alguna ni formuló observaciones críticas como las que ahora, tardíamente, presenta en instancia recursiva.
Ha resuelto este Tribunal en reiteradas oportunidades que «la pericia que es consentida por las partes, por no haber sido cuestionada en primera instancia en ocasión del traslado pertinente, no puede ser objetada por vía del recurso» y ello es así en tanto «el art. 473 del C.P.C. brinda a las partes una concreta y clara oportunidad —hasta el momento de alegar— para que manifiesten las discrepancias que eventualmente se tengan con el dictamen pericial. Si se deja pasar tal ocasión, mal pueden plantearse cuestiones en la expresión de agravios que no fueron sometidas al juez de primera instancia» (causas nro 140568 -"Saiz..." del 14/09/2010; n 151504, autos -“R.V.A...”- del 14/02/2013; c. 154994 -"Moliendas del Sur S.A."- del 21/06/2019; en igual sentido, e integrando la Sala Tercera de esta Cámara, causa nro.161066 “Denegri...” del 22/12/2016, entre muchos otros).
El principio sentado encuentra fundamento en dos cuestiones básicas: en primer lugar, no pueden plantearse cuestiones en la expresión de agravios que no fueron sometidas en el momento oportuno a decisión del juez y, en segundo término, se estaría violentando una etapa clausurada, revisando actos procesales sin escuchar a todos los interesados -particularmente al experto- (arts. 272 y 473 del CPCCBA; c. 143705 -"Agropecuaria Don Emilio S.A."- del 03/11/2009, c. 140568 -"Saiz"- del 04/9/2010, c. 151504 -"R.V.A. S.A." del 14/02/2013).
Tal es el escenario que se presenta en el caso, puesto que la totalidad de los aspectos sobre los que la recurrente considera que el perito fue impreciso o poco claro, son tópicos que pudieron (y debieron) haber sido incluidos en el
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