Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 27600
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAUTOS Y VISTOS : De conformidad al resultado que arroja la votación que instruye el Acuerdo que antecede, por unanimidad, se confirma la apelada sentencia de fs. 317/328, en todo cuanto ha sido materia de agravio y recurso.-
Costas de la Alzada, por su orden atento la suerte corrida por sendos recurso de apelación (artículo 68, segundo párrafo, del Código Procesal).
Se difiere la pertinente regulación de honorarios para su oportunidad.
CAUSA MO 27.600 2013 R.S.: 80/2020
Con fecha 30 de Abril de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020 y 3 de la Res. 480/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "Zambrano, Horacio José Marcos c/ Piyuka, Paola Sol s/ cumplimiento de contrato" MO 27.600 2013 habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
1ra.: ¿Es justa la apelada sentencia de fs. 317/328?
2da.: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION: EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA, DIJO:
I. Apelan la sentencia de autos la parte actora y la parte demandada, según da cuenta la providencia dictada a fs. 335.
II. La sentencia en trance de revisión hace lugar a la acción de cumplimiento de contrato, promovida por Horacio José Marcos Zambrano contra Paola Sol Piyuka, y en consecuencia condena a ésta última a entregar al primero el inmueble terminado -en la condiciones pactadas- y a otorgar la escritura respecto del mismo, contra el pago del saldo de precio (U$S 57.040).
III. El demandante objeta el pronunciamiento por cuanto considera que se ha omitido condenar a la accionada al pago de los perjuicios reclamados. En este sentido, sustancialmente, alega que la falta de disposición del inmueble en la fecha pactada importa un grave daño que debe ser reparado. Asimismo añade que, en todo caso, debía aplicarse la cláusula séptima del contrato de compraventa, por la que se acordó que en caso de incumplimiento de cualquiera de las partes se aplicaría una multa diaria de USS 50 diarios por quince días y luego quedaba habilitado el reclamo de cumplimiento. En este aspecto argumenta que sería razonable que se adoptara aquella pauta dineraria, para aplicar una sanción económica a la demandada incumplidora.
A su turno la parte demandada critica el fallo de primera instancia porque admite la pretensión de la contraria cuando, en su inteligencia, ha quedado demostrado el incumplimiento del demandante en abonar el saldo de precio. Añade que se omitió considerar que aquel no concurrió al acto escriturario para el que fue debidamente citado; agregando que el propio decisorio da prueba de esta circunstancia al condenarlo al pago del saldo del precio.
IV. Se encuentra fuera de toda controversia que las partes celebraron el boleto de compraventa de un inmueble en construcción ubicado en la ciudad de Hurlingham; acuerdo de voluntades éste contenido en el instrumento privado glosado a fs. 38/39.
A partir del examen de la cláusula segunda del contrato de mentas se advierte que los otorgantes pactaron específicamente que, tanto el pago del saldo del precio como la entrega del inmueble, debía efectuarse transcurrido el plazo de 6 meses a contar desde la suscripción de la promesa de venta (esto es el 21/04/2012). Concretamente -no es ocioso enfatizarlo- los contratantes correlacionaron temporalmente el pago con la tradición del bien.
Cabe apuntar, atendiendo a la especie de agravios planteados, que la demandada afirma en su responde que “…el comprador sr. Zambrano-durante dichos 6 meses de plazo-pagó a la suscripta la suma de U$S 15.000 en fecha 15/12/2011 y la suma de u$s 7960 en fecha 19/03/2012, es decir un total parcial-a cuenta- de u$s 22.960. En adelante nada más pagó ni ofreció pagar el comprador sr. Zambrano, por lo que vencido el plazo el día 21/04/2012, la ejecución del contrato se suspendió por incumplimiento parcial del comprador, quedando así autorizada la suscripta a retener la entrega de la unidad funcional prometida” (ver escrito de contestación de demanda, fs. 115 vta.).
Ahora bien la señalada correlación temporal pactada entre la entrega del bien y el pago del saldo del precio, imponía que fuera la demandada quien notificara fehacientemente- a más tardar el 21 de abril del 2012- al comprador que deseaba materializar la tradición del inmueble (arg. artículos 1197, 1198 y concordantes del Código Civil; 384 del Código Procesal; ver instrumento privado de fs. 15/17, cláusula segunda).
Esta exigencia se encontraba implícita en las obligaciones asumidas por la demandada; en tanto y en cuanto era aquella la que tenía a su alcance determinar-con exactitud- que la construcción que se obligó a realizar había concluido. (arg. artículos 1197, 1198 y concordantes del Código Civil, su doc.).
Sin embargo, no ha demostrado haber actuado en dicha dirección y su ofrecimiento a entregar la posesión- y a otorgar el acto escriturario- se concreta más de una año después (específicamente 13 de mayo de 2013). Ello, como respuesta, a la intimación cursada por el comprador (arg. artículos 384 y concordantes del Código Procesal; ver cartas documentos de fs. 78 bis y de fs. 82 ter).
Frente a este panorama fáctico, como acertadamente se sostiene en la sentencia de primera instancia, la parte demandada no ha demostrado que ofreció cumplir, en debido tiempo y forma, con su obligación de entregar el inmueble terminado en las condiciones concertadas.
Por ende, y como se enfatizó, en orden a la pactada inescindibilidad entre la tradición y la cancelación del saldo de precio, mal puede atribuir al demandante un incumplimiento de tal obligación de dar, que valide su propia inejecución (arg. artículos 750, 764, 1138, 1197, 1201, 1323 y concordantes del Código Civil, su doc).
Las reflexiones vertidas, me llevan a considerar inatendibles los agravios traídos por la accionada.
Igual suerte, en mi criterio, debe correr la queja planteada por el demandante.
La cabal demostración del daño es un requisito insoslayable al que se encuentra supeditado toda pretensión resarcitoria. Tal prueba, al decir del Superior provincial, es capital para la satisfacción del derecho que se invoca, pues no es dable otorgar indemnización alguna en ausencia de adecuada comprobación (arg. artículos y concordantes del Código Civil, 375 y concordantes del Código Procesal; conf. doctrina sentada por la SCBA C. 111739 , entre muchas otras) .
En la especie el reclamante expresa en su escrito de demanda que la falta de cumplimiento de la accionada le “causó infinidad de perjuicios, no sólo económicos sino también psicológicos” (ver escrito de demanda, fs. 27 vta.)
Empero no ha acreditado, siquiera tibiamente, la concreta existencia de aquellos; de modo que-como se pusiera de relieve-tal orfandad se erige como óbice de su reclamo resarcitorio (arg. artículos 375 y concordantes del Código Procesal).
Solución negativa que, en mi criterio, debe extenderse respecto a la pretensión de percibir la multa concertada contractualmente en la cláusula séptima del boleto de compraventa (ver instrumento privado de fs. 38/39).
Este temperamento queda en evidencia, tal como en definitiva lo manifiesta la misma quejosa, por cuanto la operatividad de dicha sanción se encuentra circunscripta al límite temporal de 15 días; y su extensión más allá de tal término conllevaría una impropia desnaturalización (arg. artículos 1137, 1197, 1198 y concordantes del Código Civil, su doc.).
A lo que debe adunarse que el demandante concretó su primer reclamo fehaciente el día 8 de abril de 2013 (ver carta documento de fs. 33/34).
Las razones esbozadas me convencen acerca de la inaceptabilidad del agravio traído por el demandante.
V. Por las razones, tanto fácticas como jurídicas, explicitadas a lo largo del presente voto he de proponer la desestimación de ambos recursos de apelación interpuestos.
Voto, en consecuencia, por la AFIRMATIVA.-
A la misma cuestión el señor Juez doctor GALLO , por iguales fundamentos votó también por la AFIRMATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTION, EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA, DIJO:
Conforme se ha votado la cuestión anterior corresponde confirmar la apelada sentencia de fs. 317/328, en todo cuanto ha sido materia de agravio y recurso. Las costas de la Alzada se imponen por su orden atento la suerte corrida por sendos recurso de apelación (artículo 68, segundo párrafo, del Código Procesal). La pertinente regulación de honorarios, se difiere para su oportunidad.
ASI LO VOTO .
El señor Juez doctor GALLO por los mismos fundamentos, votó en análogo sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : De conformidad al resultado que arroja la votación que instruye el Acuerdo que antecede, por unanimidad, SE CONFIRMA la apelada sentencia de fs. 317/328, en todo cuanto ha sido materia de agravio y recurso.-
Costas de la Alzada, por su orden atento la suerte corrida por sendos recurso de apelación (artículo 68, segundo párrafo, del Código Procesal).
SE DIFIERE la pertinente regulación de honorarios para su oportunidad.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE, DEJANDOSE EXPRESA CONSTANCIA QUE LOS TERMINOS A LOS EFECTOS DEL PRESENTE SE RIGEN POR LO ESTABLECIDO EN LA RES. 480/2020 DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Oportunamente, DEVUELVASE.-
Firmas
Funcionario Firmante: 30/04/2020 12:27:18 - JORDÁ Roberto Camilo ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 30/04/2020 12:33:28 - GALLO José Luis ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 30/04/2020 12:37:26 - QUADRI Gabriel Hernan ([email protected]) -
Fin de la sentencia