Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Quilmes, Sala I · Causa 15574
Causa Nº15574.- Jdo. Nº9. Quilmes.
CORRADO MIRIAM MARTA C/ BAMERIS SA Y OTRO/A S/CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES.-
En la ciudad de Quilmes, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces y la Sra. Jueza de la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial, Doctores Gabriel Pablo Zapa, Gerardo Crichigno y Griselda Nora Pastorino, con la presencia de la Secretaria del Tribunal, se trajo al despacho para dictar sentencia la causa Nº 15.574, caratulada CORRADO MIRIAM MARTA C/ BAMERIS SA Y OTRO/A S/CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 168 de la Constitución Provincial y 266 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, la Excelentísima Cámara resolvió votar las siguientes
1ª) ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada del 16/10/2025?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley (Art. 263 última parte del C.P.C.) dio el siguiente orden de votación: Doctores Griselda Nora Pastorino, Gerardo Crichigno y Gabriel Pablo Zapa
A la primera cuestión la Dra. Griselda Nora Pastorino dijo:
1. Antecedentes:
1.i Con fecha 16/10/2025 la Sra. Jueza de la instancia anterior rechazó la demanda interpuesta por CORRADO MIRIAM MARTA y adhesión efectuada por el tercero citado MARCELO GIACOMAZZI contra BAMERIS SA por cumplimiento de contrato de compraventa celebrado el 27 de mayo de 2011 y contrato de locación de obra anexo al boleto de compraventa celebrado con fecha 30 de mayo de 2011 respecto de la adquisición de la 1/8 parte indivisa del inmueble sito en la calle Rivadavia N° 426 de Quilmes, consignación de sumas y multa.
Impuso las costas del juicio a la parte actora y tercero citado que revisten la calidad de vencida (arts. 68 y cctes. Del CPCC
Para así decidir consideró que:
- La cesión de los derechos litigiosos y del boleto que el Sr. Giacomazzi realizó a favor de la Sra. Corrado en 2018 fue declarada inoponible a Bameris S.A., debido a que el contrato original contenía una cláusula expresa de intransferibilidad sin la autorización del vendedor, la cual nunca fue otorgada.
- Constató que la parte compradora (la Sra. Corrado y el Sr. Giacomazzi, quienes asumieron las obligaciones de forma conjunta y solidaria) incurrió en mora en el pago de las cuotas mensuales a partir de septiembre de 2012. La propia actora reconoció este estado de morosidad e imposibilidad de pago en el intercambio de cartas documento y sobre la base de los arts. 1201 y 510 del anterior Código Civil entendió que el estado de mora de los compradores los inhabilitó legalmente para exigir la entrega del inmueble o constituir en mora a la empresa constructora.
- Entendió que una parte sustancial del precio del contrato (U$S 128.300) que debía integrarse mediante la entrega y colocación de las carpinterías de aluminio del edificio, obligación que estaba a cargo exclusivo y solidario de los compradores -Sra. Corrado ni el Sr. Giacomazzi- no fue probado que ellos hayan comprado, entregado o financiado dichas aberturas, cuya colocación fue constatada notarialmente constatación notarial.
- Consideró que la empresa vendedora (Bameris S.A.) ejerció de manera legítima la facultad resolutoria (pacto comisorio) el 8 de abril de 2013.
- Desechó las defensas de la actora basadas en el conflicto matrimonial y divorcio ya que no afectó su obligación solidaria frente al vendedor. Así como tampoco el hecho de que la demandada haya incumplido con la ley de prehorizontalidad, ya que en el contrato de compraventa las partes acordaron voluntariamente un sistema distinto (venta de partes indivisas y promesa de división de condominio).
Sobre estos puntos sustanciales, concluyó “…En base a estas consideraciones, no encontrándose configurado el incumplimiento que alegara la accionante respecto de las obligaciones que asumiera la parte demandada, ni el cumplimiento de las obligaciones por ella asumidas , la presente demanda, en cuanto persigue se declare improcedente la resolución contractual y se haga lugar a la demanda por escrituración , no puede ser admitida (arts. 163 CPCC, 7 del CC y C, 1137, 1197, 1198, 1203, 1204 y concds. del Código Civil)…” (sic sentencia apelada)
1.ii Contra dicha forma de resolver, se alza el tercero citado Sr. Marcelo Giacomazzi a través de su letrada apoderada Dra. Lorena Lilián RICCILLO, mediante pieza electrónica de fecha 22/10/2025, y funda sus agravios con fecha 12/3/2026.
Su queja se centra en las omisiones de la jueza a quo, ya que, en su entendimiento, luego de rechazar la demanda de cumplimiento y confirmar la resolución de los contratos (boleto de compraventa y locación de obra) omite tener en cuenta la cláusula penal -décimo Tercera "b" y Sexta "b" de los contratos- las cuales expresamente disponen que, ante el incumplimiento de los compradores, la vendedora podía resolver el vínculo con la pérdida del 50% de lo entregado como total indemnización. Por ende, BAMERIS S.A. tiene la obligación legal y contractual de restituir el 50% restante.
Se queja del monto que se tuvo por pagado en base a la pericia presentada en autos -U$S 215.000,00- cuando a su entender se encuentra probado que lo pagado alcanzó la suma total de U$S 231.241,29 (más del 50% del precio total convenido). Por lo que, a su criterio, la vendedora retiene ilegalmente la totalidad del dinero desde hace más de 12 años, al no haber restituído el 50% correspondiente (U$S 115.620,64) con sus respectivos intereses. En definitiva, solicita a la Cámara que, bajo el amparo del art. 273 del CPCC, supla la omisión de grado y ordene a BAMERIS S.A. la inmediata restitución de los U$S 115.620,64 más intereses.
Cuestiona la imposición de costas ya que los compradores litigaron con la convicción razonable de su derecho, motivados centralmente por la retención ilegal de su capital por parte de la demandada durante más de una década.
1.iii Con fecha 23/10/2025 apela la Sra. Miriam Corrado a través de su letrado apoderado Dr. Marcelo Baldoni, y con fecha 13/2/2026 funda sus agravios.
La defensa plantea la cuestión constitucional por arbitrariedad de la sentencia (alegando violación al derecho de propiedad y de defensa en juicio) y solicita a la Cámara que revoque el fallo de primera instancia, declare la improcedencia de la resolución contractual y haga lugar a la demanda por escrituración, con más la aplicación de las multas de la Ley del Consumidor
En prieta síntesis se agravian porque la jueza rechazó el argumento de que la demandada incumplió la afectación del inmueble al régimen de Prehorizontalidad (Ley 19.724) y que por ello el vendedor se encontraba en mora por lo que mal podía exigir el cumplimiento de las obligaciones ni solicitar la resolución contractual.
Entienden que la parte actora no se encontraba en mora para la entrega de la carpintería ya que del contrato no surgía un plazo ni fecha cierta de entrega para las aberturas, por lo que, según el artículo 509 del Código Civil, Bameris S.A. debía interpelar formalmente a la deudora para constituirla en mora, lo cual no ocurrió de manera oportuna.
Cuestionan el plazo otorgado para el cumplimiento bajo apercibimiento de resolver el contrato, ya que fue otorgado uno de 5 días, cuando el plazo mínimo legal es de 15 días según la norma para la resolución por pacto comisorio.
Denuncian un ejercicio abusivo del pacto comisorio y fraude negocial, ya que rescinden el contrato y se quedan con el inmueble y con los U$S 231.241,29 ya abonados (56,4% del precio total).
De ninguna manera los demandados han logrado probar cómo y con qué fondos adquirió las aberturas, dado que sus propios registros contables y pericias no pudieron acreditar que los materiales comprados correspondieran a la obra en litigio o hubieran sido adquiridos con recursos propios. Invirtiendo la Sra. Jueza la carga de la prueba sin aplicar la Ley de Defensa del Consumidor la que conforme el art. 53 de la LDC, Bameris S.A. (proveedor) tenía la carga de probarlo.
Como contrapartida, señala que sí fue probado por esa parte con la causa sobre divorcio “Giacomazzi Marcelo c/ Corrado Miriam Marta s/ Divorcio Contradictorio" Expíe. 79.989_ -en trámite ante el Tribunal de familia N°1- en la que se dio por probado un ardid económico y una "injuria grave" del Sr. Giacomazzi en perjuicio de la Sra. Corrado, confirmando que las aberturas de aluminio de la empresa Plock S.A. ya habían sido efectivamente entregadas y colocadas en la obra. Así como que omitió considerar las escrituras públicas y los testimonios que dan cuenta de la entrega de las aberturas por parte de la empresa Plock S.A.
Finalmente, aun defendiendo la rescisión, se agravia de la falta de devolución de los fondos y rechazo de la multa del art. 52 bis de la ley de defensa del consumidor.
1. iv. Las réplicas de la contraria contra ambas piezas de agravios fueron presentadas el día 25/2/2026 -la de la actora- y el 13/3/2026 -la del tercero- y a la lectura de su contenido remito en honor a la brevedad del presente.
1.v: Con fecha 4/6/2026 asume intervención el Fiscal de Cámaras Adjunto del Departamento Judicial de Quilmes en los términos del art. 52 de la LDC y contesta la vista.
1.vi: Convocados los autos a sentencia el 22/4/2026 y reanudado el pazo con 9/6/2026, dicho proveído ha adquirido firmeza habilitando el dictado del presente pronunciamiento
2. Este Tribunal y la solución al caso:
2.i Iniciando la tarea que nos ha sido encomendada, cabe dejar aclarado que, no atenderemos todos los planteos de los apelantes, sino solo los argumentos y las probanzas que se estime esenciales y dirimentes para pronunciarme en el caso (CSJN 13-11-1986, “Altamirano, Ramón c. Comisión Nacional de Energía Atómica”, Fallos 221:37; 222:186; 226:474; 228:279; 233:47; Esta Sala causa 23542, RR-158-21, 17/12/21).
De la misma manera, es una cuestión que no llega controvertida a este Tribunal el régimen legal aplicado en la instancia, vale decir el Código Civil derogado y la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 340; art. 7 de la ley 26.994; ley 24.240)
Dicho lo cual, se impone dar un orden jerárquico y estratégico al tratamiento de los agravios -en forma conjunta ya que se dirigen en lo sustancial a atacar similares puntos- para una mejor comprensión y lógica argumentativa.
2.ii Legitimación e interés del tercero citado Sr. Giacomazzi:
Como se sabe el tribunal de alzada es el juez del recurso y entre sus innegables facultades está la de constatar, por ejemplo, si éste fue interpuesto en término, si la resolución es apelable, la legitimación o el interés de quien recurre, etc., sin estar atado ni por lo resuelto por el juez de la instancia anterior ni por lo acordado por las partes (conf. SCJBA C. 102.827 del 14-IX-2011; Ac. 73.617 del 12-IX-2001; entre otras).
La legitimación para apelar una decisión está dada por el requisito del interés que debe invocar aquél que se sienta perjudicado por la misma, aun cuando no sea parte en el juicio que se dicte (doct. art. 242 inc. 3 del CPCC).
Ahora bien, para que el recurso de apelación sea admisible es necesario que exista agravio o interés, esto es, un perjuicio cierto que el recurrente pretenda reparar; debiendo existir una conexión directa entre éste y el decisorio atacado.
Pues bien, liminarmente debo analizar la situación jurídica del Sr. Giacomazzi, y como lógica consecuencia, su interés para apelar.
La actora en el apartado VII. REQUIERE CITACION DE TERCERO EN LOS TERMINOS DEL ART. 94 DEL CCC de su demanda, teniendo en cuenta lo expuesto en los hechos alegados, requiere la citación como tercero del Sr. Marcelo Giacomazzi, en los términos del art. 94 del CPCC.
Una vez citado, con fecha 04/08/2015 se presentó espontáneamente el Sr. Marcelo GIACOMAZZI, contestando la citación como tercero y adhiriendo a la petición de la actora de que se dicte sentencia haciendo Iugar a la demanda, ordenándose escriturar a nombre de los compradores Giacomazzi - Corrado el inmueble adquirido a Bameris SA mediante el boleto de compraventa de fecha 27/05/2011 y contrato de locación de obra de fecha 30/05/2011 anexo al boleto, todo con costas.
Lo dicho es a los fines de comprender de qué manera se suscitaron los hechos y las consecuencias procesales que devinieron.
La actora trajo al tercero alegando que "los hechos lo conciernen y podría ser responsable" pero sin demandarlo formalmente, lo trajo bajo la figura llamada tercero interesado, cuyo único fin, entiendo hoy, era que mañana ésta sentencia le fuera oponible.
Al presentarse, Giacomazzi eligió adherirse a la demanda de la actora. Al hacer esto, el tercero asumió el rol de litisconsorte voluntario o coadyuvante autónomo (art. 90 y 91 del CPCC)
Ahora bien, mientras remaban juntos, el tercero le hizo una cesión de derechos litigiosos por escritura pública a la actora.
Y adelanto, en ese preciso instante, el tercero dejó de tener un interés propio en el juicio. Todo su derecho se lo transmitió legalmente a la actora.
De la cesión efectuada mediante la Escritura Nro. 82 del 28/09/18 pasada ante el Registro de Escrituras Nro. 1 del partido de Quilmes (v. fs. 1587/1590) surge que el Sr. Marcelo Giacomazzi ha cedido y transferido en favor de la Sra. Miriam Marta Corrado la totalidad de los derechos emergentes que tenía y le correspondía del boleto de compraventa y los derechos litigiosos emergentes de las presentes actuaciones, colocando a la cesionaria en su mismo lugar, grado y prelación, con subrogación para todos los efectos legales.
A un lado los fundamentos dados por la magistrada a quo acerca de la declarada inoponibilidad a la firma Bameris S.A del contenido y alcance de la cesión de derechos litigiosos la cual comprende también la cesión del boleto de compraventa celebrado oportunamente por las partes -los que llegan incontrovertidos a esta instancia-, lo cierto es que no puede -y no lo hizo la magistrada- desconocerse la validez de la cesión de los derechos litigiosos del presente juicio que tiene por objeto el boleto aludido.
De esta manera, siendo que a través de la Escritura pública N°82 el Sr. Giacomazzi lo que cedió fue un derecho litigioso y patrimonial (la facultad de reclamar judicialmente), lo cual es plenamente válido y oponible (arts. 1434 y ss. CC de Vélez), corresponde declarar a la Sra. Corrado legitimada de forma exclusiva para litigar por la totalidad de las obligaciones de la parte compradora (arts. 1614 siguientes y ctes. del CC).
Ende, llega a esta instancia el Sr. Giacomazzi sin interés legítimo para cuestionar, por cuanto lo que derive del fallo -y su revisión- no le afecta, deviniendo abstracto nuestro pronunciamiento sobre los agravios por él vertidos (art. 242 y su doctrina del CPCC), sin perjuicio de lo que corresponda en torno a las costas de su actuación en la primigenia y actual instancia.
2.iii El fondo de la cuestión. Resolución contractual vs. Cumplimiento. Procedencia del pacto comisorio.
2.ii a) Se trata aquí de determinar si los contratos de compraventa inmobiliaria y de locación de obra que unieron a las partes se encuentran vigentes y pasibles de ser ejecutados mediante la demanda de escrituración y consignación introducida por la actora Corrado, o si, por el contrario, medió una extinción válida por resolución contractual previa, tal como lo sostuvo la firma demandada Bameris S.A y lo convalidó la sentencia de grado que llega apelada.
Que la recurrente se agravia sosteniendo que la resolución invocada por la constructora en el mes de abril de 2013 fue unilateral, intempestiva y abusiva, fundada en un requerimiento materialmente imposible de cumplir en el plazo de cinco días —en alusión a la provisión y colocación de la totalidad de las carpinterías de aluminio de la torre—. Aduce, en consecuencia, que el vínculo asociativo y de consumo se mantuvo vigente hasta la promoción de las presentes actuaciones, debiendo hacerse lugar a su derecho a escriturar previo pago del saldo de precio.
Tras examinar minuciosamente el material probatorio arrimado a la causa a la luz de las reglas de la sana crítica, adelanto que en este punto específico el fallo de origen debe ser confirmado, toda vez que la resolución contractual operó por exclusiva culpa de la parte compradora con anterioridad al inicio de esta demanda.
Y lo argumento (arg. art. 171 de la C.Pcial)
De los propios términos de los intercambios epistolares (v. prueba informativa de fs. 1046/1080, 1260/1263 y 1330/1335) y, fundamentalmente, de las conclusiones de la pericia contable (v. presentación electrónica de fecha 22/6/2021 -específicamente Anexo III incorporado como archivo adjunto- y ampliación de fecha 15/7/2021) surge que la parte actora incurrió en mora en el cumplimiento de su obligación principal: el pago de las cuotas dinerarias pactadas en tiempo y forma.
A un lado la objeción a ese trabajo pericial de la parte actora de fecha 1/7/2021, es lo cierto que este dictamen no mereció cuestionamientos que resten su fuerza convictiva. El informe detalla prolijamente las operaciones realizadas y arriba a un resultado que se encuentra fundamentado, extremoséstos que me persuaden de la conveniencia de aceptar sus conclusiones, sobre todo frente a la carencia de elementos de signo contrario que aconsejen un proceder diverso (art. 474 -su doct.- CPCC; MORELLO et al., Códigos…, 4a. ed., Abeledo Perrot, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2015, v. 6, 443 y sgtes.).
En efecto, el cronograma de desembolsos en efectivo comenzó a sufrir interrupciones definitivas a partir del mes de septiembre de 2012, acumulando un saldo deudor remanente que la propia compradora reconoció adeudar (ver escrito postulatorio de la instancia y las ya mencionadas Cartas documento), aunque pretendió justificarlo en cuestiones ajenas a la obligación contraída, llámese su ruptura matrimonial y luego ya, la introducción del no cumplimiento por parte de la demandada de su obligación de afectar el inmueble al régimen de la ley 19. 724 lo que, a su entender, la convierte también en parte morosa.
Pude constatar, conforme los dichos de la actora -reconocidos por la demandada-, documental y la prueba pericial contable antes referida, que la actora al tiempo de la resolución contractual operada el 8/4/2013, había desembolsado la suma total de U$S 215.000 (dólares estadounidenses doscientos quince mil), derivada del pago de las sumas de U$S 75.000,00 correspondientes al contrato de compraventa del 27/5/2011 y de la suma de U$S 140.000,00 del contrato de locación de obra de fecha 30/5/2011, estando incumplidas a ese tiempo (8/4/2013) al menos 9 cuotas, presumiblemente -atento que los pagos reconocidos fueron inoportunos- correspondientes a las cuotas de los meses Septiembre/2012 a Marzo/2013 de ambos contratos firmados por las partes.
Ya sobre la entrega de la carpintería de aluminio cuya obligación asumieron en el contrato de fecha 27/5/2011 (clausula tercera), equivalente a la suma de U$S 128.300,00, la actora dice que se resolvió el contrato en una fecha anterior a la constatación notarial del 24/4/2013 (Escritura N° 25 del 24 de abril de 2013, pasada ante el Registro Público de Escrituras N° 45 a cargo de la Escribana Graciela Nieves -v fs. 390/412-) que daba cuenta que las aberturas no estaban colocadas pero que la obra se encontraba en condiciones de que las mismas pudieran serlo. Señala que La Sra. Corrado, jamás ha sido notificada del estado de la obra, como así tampoco fue notificada de la fecha de entrega de las carpinterías metálicas (sic escrito de agravios ap. 4.6.1 de fecha 13/2/2026).
Ello no se condice con la propia prueba documental por ella arrimada al proceso a fs. 64, conforme la cual, mediante Carta Documento de fecha 22/3/2013 -antes de la resolución- la demandada “…intimo perentorio plazo de 5 días para que cumplan con lo pactado en boleto de compraventa y contrato de locación de obra suscripto por la empresa ut supra detallada y los cónyuges Marcelo Giacomazzi y Miriam Marta Corrado,
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.