Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123325
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnte la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
La Plata, 25 de Septiembre de 2019.
Los señores Jueces doctores Genoud, Torres y Soria y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca revocó el pronunciamiento de origen que -a su tiempo- hiciera lugar a la acción de cumplimiento contractual incoada por Nancy Miriam Crupkin contra Juan Carlos Álvarez, desestimándola al no encontrar reunidos los extremos necesarios para su progreso (v. fs. 285/290 y 313/319 vta.).
II. Frente a ello, la accionante vencida -por medio de asistencia letrada- interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que aduce infracción a los arts. 1172, 1173, 3279, 3281, 3417, 3450 y 3451 del Código Civil y 45 inc. 3 del Código Procesal Civil y Comercial. Asimismo, denuncia conculcación de doctrina legal que cita (v. fs. 331/334).
III. La impugnación intentada no puede ser de recibo, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (art. 279, CPCC).
III.1. Ha sostenido este Tribunal -reiteradamente- que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una aserción cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 119.531, "Chirichimo", resol. de 4-III-2015; C. 120.072, "Rivara", resol. de 9-III-2016; C. 120.223, "Equity Trust Compañy (Argentina) SA", resol. de 23-V-2017; entre otras), tal como se verifica en el caso (art. 279, cit.).
En efecto, el Tribunal de Alzada -a la luz del material probatorio colectado, en especial: el expte. sucesorio n° 36.284 que se encuentra acollarado- para revocar la decisión de primer grado y, en consecuencia, desestimar la pretensión intentada sostuvo que "... la invocada adquisición de lo subastado en el marco del trámite sucesorio -cualquiera sea el problemático alcance que corresponda asignarle- no legitima a la demandante para promover el presente, porque lo único claro es que lo que no adquirió: la universalidad de los derechos y acciones hereditarios que integran el acervo transmitido ..." (v. fs. 319).
Tal fundamento, que se erige en el asiento jurídico del fallo atacado, no logra ser desvirtuado por las escuetas manifestaciones vertidas a fs. 331/333, en tanto tales ataques (emparentados con la adquisición de los derechos sucesorios y la aptitud legal para estar en juicio) se limitan a discrepar con las razones expuestas por el a quo , exteriorizando una mera disconformidad con el resultado obtenido y esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la legitimación sustancial (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.), lo que no basta para demostrar el error imputado.
Sabido es que para revisar las cuestiones de hecho -como en el caso, determinar la legitimación de la accionante a través de la documentación acompañada- es indispensable evidenciar contundentemente que las conclusiones que se cuestionan son el producto del error grave y manifiesto que derivan en afirmaciones insostenibles a la luz de los instrumentos objetivos de la causa, situación que no ocurre en autos. Por más respetable que sea la opinión del aquí agraviado, ello no autoriza -por sí solo- para que este Superior Tribunal sustituya con su criterio al de los jueces de la instancia de apelación (conf. doctr. causas C. 118.133, "L., M. F.", sent. de 8-IV-2015; C. 120.322, "Galván", resol. de 29-VI-2016 y C. 121.414, "Ramírez", resol. de 12-IV-2017).
Lo expuesto, basta para repeler esta parcela revisora y habilita a descartar las infracciones normativas indicadas a lo largo del recurso (arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. Finalmente, tampoco cabe atender el tópico que alega violación de doctrina legal (v. fs. 333 vta.), toda vez que en los casos en los cuales se endilga dicha infracción, es indispensable que primeramente la misma sea individualizada y luego se exponga su similitud con la cuestión bajo análisis para pretender finalmente su aplicación (conf. doctr. causas C. 119.452, "Benítez", resol. de 17-XII-2014; C. 120.343, "Fortunato", resol. de 25-XI-2015; C. 121.131, "Ceratto", resol. de 21-XII-2016; e. v.), carga ésta última no abastecida por la interesada que conlleva a repeler este segmento de la protesta.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia