Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 123329
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 123.329, "Salvucci, Adriana Marisa y otro contra La Caja de Seguros S.A. y otro. Cumplimiento de Contrato", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Torres, Pettigiani, Soria.
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca revocó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había desestimado la demanda contra Automóvil Club Argentino, condenándolo solidariamente con Caja de Seguros S.A. A su vez, hizo lugar a la multa por daño punitivo y modificó el fallo estableciendo el valor de restitución del bien a la fecha de su pronunciamiento. Impuso las costas de ambas instancias a los vencidos (v. fs. 513 y vta.; aclar. fs. 523 y vta.).
Se interpusieron, por Automóvil Club Argentino, recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 3 de abril de 2019); por Caja de Seguros S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 1 de abril de 2019).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad de fecha 3 de abril de 2019?
En caso contrario:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley de fecha 3 de abril de 2019?
En su caso:
3ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley de fecha 1 de abril de 2019?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. La señora Adriana Marisa Salvucci y el señor Félix Antonio Crispo promovieron demanda de cumplimiento de contrato y daños y perjuicios contra Caja de Seguros S.A. y Automóvil Club Argentino. Relatan que el día 17 de agosto de 2014 el automotor, de propiedad de ambos, marca Renault Duster Privilege, dominio KWQ-271, modelo 2012, en perfecto estado de uso y conservación, fue colisionado por un Volkswagen Golf, dominio FJN-129, de propiedad del señor Rubén Corradi, cuando estaba estacionado correctamente en la Avenida Colón a la altura del número 140 de la ciudad de Bahía Blanca.
Manifiestan que el vehículo se encontraba asegurado en Caja de Seguros S.A., que la denuncia del siniestro se realizó el día 19 de agosto de 2014, que el automotor fue trasladado a dependencias del Automóvil Club para la inspección, que esta no se realizó y que, por ello, costearon el traslado a un taller para evaluar los daños.
Afirmaron que hubo destrucción total porque los daños excedieron el ochenta por ciento (80%) del valor del rodado, según estaba dispuesto en la póliza, y por tanto reclamaron su reposición a la fecha de interposición de la demanda, más los gastos de guarda, costos de verificaciones e inspecciones presupuestarias, privación de uso, daño moral y la multa civil del art 52 bis de la ley 24.240. Ofrecieron prueba (v. fs. 106/114 vta.).
Corrido el traslado de ley, se presentó el Automóvil Club Argentino. Opuso excepción de falta de legitimación pasiva -la que fue repelida por los actores (v. fs. 195/197 vta.)- y contestó en subsidio la demanda, solicitando su rechazo (v. fs. 137/145 vta.).
También se presentó Caja de Seguros S.A. repeliendo la acción (v. fs. 167/172).
Oportunamente se abrió el juicio a prueba y se dictó sentencia, haciendo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Automóvil Club Argentino y condenando a Caja de Seguros S.A. a abonar a los actores solamente la indemnización comprensiva del valor de reposición con más intereses, desde la fecha de la denuncia del siniestro y hasta el efectivo pago, a la tasa pasiva que pagaba el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito en plazo fijo digital, por aplicación de la doctrina de esta Corte en la causa C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016). Impuso las costas a la actora por la excepción y a la demandada vencida por el principal (v. fs. 443/449 vta.).
Este pronunciamiento fue apelado por Caja de Seguros S.A. (v. fs. 457) y por los actores (v. fs. 459), presentando sus respectivos memoriales (v. escrito electrónico de fecha 25 de junio de 2018; fs. 477/485) y contestaciones (v. fs. 490/493 vta. y 487/489 vta.).
I.2. Elevados los autos a la Cámara, esta modificó parcialmente la sentencia de primera instancia.
Para decidir de esa manera, y en la medida del recurso interpuesto, ingresó primero a analizar la excepción de falta de legitimación pasiva admitida y revocó la decisión de grado anterior, condenando al Automóvil Club Argentino solidariamente con Caja de Seguros S.A.
En principio, hizo el relato histórico de la relación comercial entre ambos demandados. Luego transcribió los arts. 53 y 54 de la ley 17.418 para descartar que el Automóvil Club hubiera actuado como productor o como agente institorio, figuras contempladas en esos preceptos legales (v. fs. 498/499).
Luego resaltó el incumplimiento de la aseguradora de registrar al Automóvil Club Argentino como intermediario según las exigencias de las resoluciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación, las que transcribió (v. fs. 499/502).
Reconoció la vinculación contractual que relacionaba a los demandados y así dijo que ello no dejaba dudas de que el Automóvil Club Argentino se insertaba en la cadena de comercialización de los servicios producidos por la aseguradora, cotizándolos, vendiéndolos, cobrándolos y atendiendo todas las vicisitudes de la ejecución del contrato (v. fs. 502).
Todo esto llevó al sentenciante a formar su convicción de que el Automóvil Club Argentino era proveedor en los términos del art. 2, párrafo primero de la ley 24.240, pues se trataba de una persona jurídica que realizaba de manera profesional la comercialización de unos servicios producidos por una compañía aseguradora de la que no era representante según la normativa vigente que había reseñado (v. fs. 502 y vta.).
Determinó además, a diferencia de lo decidido en la instancia anterior, que el litigio estaba encuadrado en una relación de consumo, pues el automotor de marras no era exclusivamente usado para los fines profesionales del señor Félix Antonio Crispo (abogado) sino que con él se satisfacía un cúmulo de necesidades familiares, como era el transporte de la señora Salvucci y el de los tres hijos del matrimonio en razón de sus compromisos estudiantiles, sociales y deportivos a lo que se sumaba que la cobertura de seguro había sido contratada por el actor y por ello se encuadraba en el art. 1 de la ley 24.240 (v. fs. 502 vta.).
II. Se agravia el Automóvil Club Argentino, mediante recurso extraordinario de nulidad, denunciando la violación del art. 171 de la Constitución provincial.
Sostiene que el fallo de la Cámara contiene una aparente fundamentación legal ya que en el desarrollo de su decisión solo hace mención a la historia de la institución con la aseguradora, para concluir -sucintamente- que es proveedora en los términos del art. 2 de la Ley de Defensa del Consumidor, pero sin argumentar el motivo o la causa que le permite llegar a dicha conclusión (págs. 20/21).
Señala, además, que la falta de motivación del fallo se vuelve más ostensible cuando no fundamenta, ni fáctica ni jurídicamente, la causa de la responsabilidad de la institución, ya que la simple condición de proveedor que le atribuye no la justifica, ni tampoco se abastece el requisito constitucional con la cita entre paréntesis de los arts. 10 bis y 40 del régimen consumeril. Cita las causas L. 89.389 y Ac. 56.599, y doctrina de autor en apoyo de su postura (v. págs. 21/22).
III. En concordancia con lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 551 y vta., estimo que el remedio de nulidad extraordinaria interpuesto por el accionado debe ser rechazado.
Sin dificultad se advierte que no se configura en la especie el denunciado quebrantamiento del art. 171 de la carta constitucional, pues de la mera lectura del fallo surge que este se encuentra fundado en derecho, siendo que para que prospere tal protesta resulta necesario que el pronunciamiento carezca por completo de sustento (conf. doctr. causas C. 103.628, "Larruy", sent. de 27-IV-2011 y C. 110.619, "Gigena", sent. de 2-V-2013).
De la argumentación desarrollada por el recurrente surge claramente que su embate está dirigido contra la forma en que ha resuelto la Cámara.
De allí que las alegaciones encaminadas a cuestionar el acierto jurídico de lo resuelto se hallan detraídas del ámbito de actuación del recurso extraordinario de nulidad, resultando propias del de inaplicabilidad de ley (conf. doctr. causas C. 119.637, "Fornasar", sent. de 22-VI-2016; C. 122.165, "R., G.", sent. de 26-XII-2018; e.o.).
IV. Por lo expuesto, no habiéndose acreditado la infracción constitucional denunciada (art. 296, CPCC), de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, corresponde rechazar la vía extraordinaria de nulidad interpuesta. Con costas de esta instancia al recurrente vencido (arts. 68 y 298, CPCC).
Voto por la negativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al voto de la doctora Kogan y doy el mío por la negativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al voto de la doctora Kogan.
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó la primera cuestión también por la negativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al voto de la doctora Kogan
Voto por la negativa
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Como surge del resumen efectuado en el punto I al tratar la cuestión anterior, a cuya exposición me remito por razones de brevedad, la Cámara condenó al Automóvil Club Argentino (ACA), solidariamente con Caja de Seguros S.A., a abonar a los actores la indemnización que determinó en su pronunciamiento.
II. Frente a esa decisión se agravia el recurrente (ACA) denunciando la violación o errónea aplicación de los arts. 34 inc. 4 y 163 incs. 5 y 6 del Código Procesal Civil y Comercial; 2, 10 bis, 40 y concordantes de la ley 24.240; de la ley 17.418; también de los arts. 17, 18 y 31 de la Constitución nacional; 15 de su par provincial; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; así como de doctrina legal.
II.1. Sostiene que la Cámara ha fallado más allá de lo pedido y, por ende, ha violado el principio de congruencia cuando rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por esta parte. Entiende que el sentenciante se basó para decidir en los argumentos planteados por los actores al contestar el traslado de la excepción, los que considera que fueron introducidos tardíamente por estos últimos, ya que al demandar atribuyeron al accionado solamente el carácter de promotor del seguro (v. escrito electrónico de fecha 3 de abril de 2019, págs. 10/11).
Agrega que existe la limitación temporal para ampliar o modificar la demanda en el art. 331 del Código Procesal Civil y Comercial y que la Cámara suplió la carga procesal de los actores y condenó al recurrente con fundamentos fácticos y jurídicos ajenos al litigio. Cita fallos de Cámara y doctrina de autor en apoyo de su postura (v. págs. 11/12).
Resalta que los actores no fundaron la responsabilidad del recurrente en el plexo normativo de la ley 24.240 y que la mención a ese régimen fue solo por el reclamo de la multa civil. Tampoco argumentaron sobre las circunstancias en las que se basó el sentenciante para decidir, con lo cual es imposible justificar el fallo aplicando el principio iura novit curia . Cita doctrina legal (v. págs. 12/13 vta.).
II.2. Respecto de la aplicación que la Cámara hizo de la ley 24.240 para responsabilizar al recurrente, señala que al Automóvil Club Argentino se le ha quitado el rol de promotor de seguros para trasladar su posición al derecho del consumidor a través de una interpretación por demás exigida de los arts. 2 y 40 de ese régimen legal y con gran esfuerzo para no aplicar la ley 17.418 (v. pág. 14).
Destaca que en el marco del contrato de seguros que se debate en autos el recurrente es únicamente promotor y nunca proveedor, y que la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor ha significado obviar la legislación específica en materia de seguros, trayendo aparejado un escenario de inseguridad jurídica para todos los agentes que intervienen de un modo u otro en el comercio de seguros, pues difícilmente puedan "caucionar" eficazmente sus responsabilidades y riesgos (v. pág. 15).
Resalta que el recurrente es una entidad civil -club de automovilistas- con objetivos claramente definidos en su estatuto por lo que resulta imposible calificarlo como proveedor de seguros en los términos de art. 2 de la Ley de Defensa del Consumidor, ya que no es parte en el contrato y solo actúa como simple promotor, pues el proveedor para el régimen consumeril es Caja de Seguros S.A. (v. págs. 15/16).
Refuerza su argumentación con el art. 1 de la ley 17.418 y afirma que el fin legítimo de proteger al consumidor no debe ir más allá de lo que la legislación permite (v. pág. 16).
Expone que es erróneo considerar que Caja de Seguros S.A y Automóvil Club Argentino están en igualdad de condiciones cuando la realidad demuestra que la contratación de seguros es el objeto social de la compañía aseguradora (v. pág. 17).
Recuerda que la contratación de pólizas de seguros colectivas por sus socios, empleados y concesionarios tuvo como finalidad el pago de una prima mucho menor y fue producto del acuerdo logrado entre las entidades. Entiende que ha sido un exceso calificar al recurrente como proveedor del servicio de seguros y responsabilizarlo con basamento en el art. 40 de la ley 24.240 (v. pág. cit.).
Finalmente, considera que la Cámara ha interpretado erróneamente el texto de la norma cuando esta establece la responsabilidad del proveedor por el daño causado, ya que el daño reclamado por la actora no aparece como consecuencia del vicio o riesgo del servicio contratado. Cita doctrina de autor sobre la hermenéutica del referido precepto legal y refuerza su postura sosteniendo que debería ser de aplicación el art. 10 bis de la ley 24.240 (v. págs. 17/20).
III. Discrepo con la opinión del señor Procurador General. El recurso prospera.
III.1. Considero que le asiste razón al impugnante en cuanto a que no debe responder por el siniestro que los actores reclaman.
La Cámara, resolviendo sobre la admitida falta de legitimación pasiva articulada por el Automóvil Club Argentino, centró su decisión en la ley 24.240, entendiendo que la intervención de aquel en la contratación del seguro por los actores con Caja de Seguros S.A. había sido en su carácter de proveedor, al que hacía referencia el art. 2 del régimen legal mencionado.
Soy de la opinión de que la decisión adoptada por el Tribunal de Alzada ha sido errónea al desnaturalizar el contrato de seguro.
La ley 20.091 regula en todo el territorio nacional el ejercicio de la actividad aseguradora, determinando las personas jurídicas que pueden desarrollarla siempre que cuenten con la autorización de la autoridad de control (arts. 1 y 2).
De allí que surja prístinamente que el Automóvil Club Argentino no es una compañía aseguradora, pues Caja de Seguros S.A. es quien se obliga por la ley 17.418 a responder frente al reclamo de los actores.
Debe tenerse presente que el contrato de seguro suscripto tiene características especiales, pues los actores pudieron formalizarlo con la aseguradora por pertenecer al colectivo "socios del Automóvil Club Argentino", pero este último no tiene obligación alguna ni derecho que emerja de las cláusulas de la póliza ya que solo ha sido una actividad de intermediación lícita, aunque no esté debidamente registrado, situación que es ajena al caso que nos ocupa.
A mayor abundamiento cabe recordar que la ley 17.418 en su art. 1 establece que: "Hay contrato de seguro cuando el asegurador se obliga mediante una prima o cotización, a resarcir un daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto".
Por otro lado, la ley 24.240 en su art. 2 dispone:
" Proveedor. Es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios. Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley".
De ello se desprende que el proveedor del contrato de seguros es la compañía aseguradora que por la ley 20.091 está autorizada por la autoridad de control, como es en este caso la condenada Caja de Seguros S.A., y no el que es un tercero ajeno al vínculo contractual del seguro.
Surge prístinamente que es incorrecta la interpretación normativa que efectuó la Cámara para endilgar al Automóvil Club Argentino la calidad de proveedor, cuando su actuación debe ser asimilada a la intermediación en seguros que está legislada en la ley 17.418, arts. 53 y 54, lo que impide la aplicación del régimen consumeril.
III.2. En cuanto al agravio por la violación del principio de congruencia, no corresponde ingresar a su tratamiento por resultar abstracto el abordaje de tal cuestión.
IV. En consecuencia, debe hacerse lugar al recurso interpuesto y revocarse la sentencia en lo concerniente al rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Automóvil Club Argentino, confirmándose la decisión de primera instancia. Costas de alzada y de esta instancia extraordinaria a los actores vencidos (conf. arts. 68 segunda parte, 274 y 289, CPCC).
Voto, pues, por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Coincido con la doctora Kogan en cuanto a la razón que lleva el recurrente.
En autos, el Tribunal de Alzada evalúa, primero, la relación habida entre la compañía de seguros y el Automóvil Club Argentino (en adelante ACA) para luego, ya en el campo propio de la responsabilidad comprometida, condenar solidariamente a ambos en los términos del art. 40 de la ley 24.240.
En su recurso el apoderado del ACA se dedica, precisamente, a refutar ambos fundamentos conexos.
II. Veamos, pues, las justificaciones que llevaron al Tribunal de Alzada a proceder como lo hizo, de modo condenatorio.
En principio, para fundar la responsabilidad comprometida, en lo que interesa a los fines del recurso, descartó el Tribunal de Alzada que la figura del "promotor" echara luz sobre la real vinculación entre la aseguradora y el ACA
Por las razones argüidas y luego de efectuar una detallada reseña de las normas legales involucradas en materia de derecho de seguro (cita dec. PEN 855/94; resols. SSN 23.469/94, 30.418/05 y 38.052/13), desechó la Cámara que al hoy recurrente pudiera atribuírsele la condición de "promotor" de contrato de seguro, precisando también los fundamentos que descartaban tanto la figura del productor asesor (art. 53, ley 17.418) como la propia de agente institorio (art. 54, ley 17.418).
Luego, adelantando nociones que la conducirían a justificar la responsabilidad del ACA, y centrándose en las tareas o cometido de este, sostuvo el Tribunal de Alzada que "...el Automóvil Club se comporta como si fuera un representante de la Caja: ofrece seguros que cotiza en línea a la par de esta última, emite certificados de cobertura con sello de la entidad y firma de sus autoridades administrativas (fs. 30), recibe denuncias de siniestro con la misma modalidad (fs. 33), comunica al asegurado por carta documento -suscrita por el 'Jefe Administrativo Sin
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.