Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122573
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar los recursos federales interpuestos. Las costas de ambas vías se imponen por su orden, dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 122.573 "LAGO RODOLFO HECTOR C/ LOPEZ ABEL LEANDRO Y OTROS S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO"
I. Los apoderados del demandado deducen dos recursos extraordinarios federales, uno contra la sentencia de esta Corte que hizo -parcialmente- lugar al de inaplicabilidad de ley interpuesto y, en consecuencia, revocó el pronunciamiento de grado en cuanto había ordenado la demolición de las obras realizadas en el frente del inmueble objeto de autos, con costas en un 50% al recurrente y a la actora en el porcentaje restante. Y el otro, contra la decisión que hizo lugar a la aclaratoria (arts. 68, segundo párrafo y 289, CPCC; v. sent. de 11-VIII-2020, su aclaratoria de fecha 12-II-2021 y los trámites titulados "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 9-IX-2020 y su último archivo adjunto y "DEDUCE REC. EXTRAORD. DE INCONSTITTUCIONALIDAD" de fecha 8-III-2021 y su último adjunto).
En el caso, la Cámara interviniente, por un lado, confirmó el fallo de primera instancia en cuanto había condenado a los accionados a la destrucción o demolición de lo construido en el patio común del edificio consorcial. Por otra parte, lo revocó en lo que respecta a las modificaciones realizadas en el frente del inmueble. En consecuencia, ordenó su demolición a los fines de restablecer la edificación a su estado anterior (v. sents. de 27-X-2018 y 20-IX-2017).
II.1. En la primera de las vías intentada, los impugnantes fundan la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de afianzar la justicia, defensa en juicio y propiedad (Preámbulo y arts. 1, 14, 16, 17, 18, 19, 28 y 31, Const. nac.; v. págs. 2, 4, 6, 19, 21/22 y 24/27, adjunto cit. al trámite de fecha 9-IX-2020).
II.2. Sostienen, que la sentencia objetada resulta arbitraria, constituye un abuso del derecho y debe ser dejada sin efecto. Ello por cuanto, esta Corte, apartándose de las circunstancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas -en particular el boleto de compraventa- y de la normativa que rige al caso, rechazó parcialmente el remedio local y, en consecuencia, confirmó las decisiones de las instancias anteriores en grado en cuanto habían ordenado la destrucción o demolición de lo construido en el patio común del edificio consorcial. Afirman que, en tanto se vulneran -de esta manera- las garantías constitucionales mencionadas, el presente configura una cuestión federal suficiente para habilitar esta vía. Y citan, en sustento de su postura, precedentes de la Corte Suprema nacional que estiman atinentes al caso (CSJN, Fallos: 261:263; 296:658; 303:1700; 307:1092: 308:2264; 311:148; 317:1133; 320:192; 325:3360; entre muchos; v. págs. 19/31, adjunto cit.).
En tal sentido, aducen que el fallo atacado omitió tratar y resolver debidamente los planteos esgrimidos en el recurso de inaplicabilidad de ley -que ahora reproducen- referidos a la inoponibilidad del Reglamento de Copropiedad y Administración contra su mandante, a la afectación de su derecho de propiedad y al planteo subsidiario, en caso no de tener dichas cuestiones favorable acogida, de que se admita la legitimidad de la utilización del patio posterior, dados los antecedentes del caso (v. págs. 19/22 y 25/31, adjunto cit.).
Denuncian, además, que dicha decisión es contradictoria, en tanto los mismos argumentos que utilizó para que prospere la parcela del remedio extraordinario respecto a que se mantengan las mejoras hechas en la fachada de uso común, fueron los que -luego- fundaron la orden de demolición de lo construido en el patio común (v. págs. 22/24, adjunto cit.).
II.3. En lo que atañe al remedio contra la sentencia aclaratoria, fundan la cuestión federal en la referida doctrina de la arbitrariedad y en la vulneración de las garantías constitucionales de afianzar la justicia, congruencia y defensa en juicio (Preámbulo y arts. 1, 14, 16, 17, 18, 19, 28 y 31, Const. nac.; v. págs. 1, 3 y 7/11, adjunto cit. al trámite de fecha 8-III-2021).
Arguyen que la sentencia aclaratoria es arbitraria, violó el principio de congruencia y debe ser dejada sin efecto, dado que -por un lado- trató una cuestión que no había sido propuesta con anterioridad por las partes, esto es, quién debía asumir los gastos de adecuación del Plano de Propiedad Horizontal y del Reglamento de copropiedad y Administración. Y -por el otro- resolvió dicha cuestión sin sustanciarla, con la consecuente afectación de la garantía constitucional de defensa en juicio.
Al respecto, exponen que el capítulo de la confección de los planos y reforma del mentado reglamento debe ser sometido en un futuro a la decisión del consorcio, que resolverá sobre su oportunidad, tarea a desarrollar y quién afrontará los costos de estas adecuaciones (v. págs. 8/12, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 31-III-2021) los mismos no fueron contestados.
IV.1. En lo que refiere a los remedios federales intentados, corresponde recordar que para la procedencia de los recursos extraordinarios es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el caso, la valoración de las circunstancias fáctico-probatorias a la luz del régimen de propiedad horizontal, respecto a la atribución del uso y las construcciones sobre partes comunes del inmueble, así como la aplicación del principio de congruencia) son ajenas -por regla y naturaleza- al recurso federal.
En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (doctr. arts. 14 y 15, ley 48; CSJN, Fallos: 249:530; 267:59; 310:405 y 750; 311:1337 y 1556; 312:1458; 315:2689; 316:238; 317:1684; 318:862; 319:3395 y 322:1426; 324:4349; 325:2192; 328:3878 y 330:133 y 4770; e.o.).
En el presente, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por los impugnantes no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de auto contradicción, falta de fundamentación suficiente, omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes y apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, tampoco se observan argumentos que -ponderados en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie. Ello pues, los recurrentes se limitan -en rigor- a denunciar dicho vicio respecto al fallo en crisis y su aclaratoria -y el de la instancia anterior en grado- y a disentir con las posturas de este Tribunal para descartar -parcialmente- el recurso intentado. Insisten en cuestionamientos que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 19/31, del adjunto del trámite de fecha 9-IX-2020 y sent. de fecha 11-VIII-2020) y para hacer lugar al pedido de aclaratoria (v. págs. 8/12, del adjunto al trámite de fecha 8-III-2021 y sent. de fecha 12-II-2021).
IV.3. En lo que atañe a la pretendida vulneración del derecho de defensa en juicio (art. 18, Const. nac.; v. págs. 8/12, del adjunto al trámite de fecha 8-III-2021), no se evidencia -en principio- que se hayan formulado argumentos suficientes para demostrar la relación directa e inmediata con las circunstancias particulares del caso (doctr. art. 15, cit.). En efecto, por un lado, el trámite de la aclaratoria se ajustó a derecho (doctr. art. 166 inc. 2, CPCC) y, por el otro, el planteo relacionado con el costo de la adecuación del Plano de Propiedad Horizontal y del Reglamento de copropiedad y Administración no resulta -como pretende el recurrente- novedoso (v. adjuntos identificados como "C. 122.753_Memoria_actor.pdf", págs. 3 y 5/8 y "C. 122.753_contestaMemoria.pdf", del trámite "OBSERVACIÓN" de fecha 31-V-2022).
IV.4. Finalmente, cabe apuntar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (derechos de afianzar la justicia, congruencia y defensa en juicio; Preámbulo y arts. 1, 14, 16, 17, 18, 19, 28 y 31, Const. nac.; v. págs. 2, 4, 6, 19, 21/22 y 24/27, adjunto cit. al trámite de fecha 9-IX-2020 y v. págs. 1, 3 y 7/11, adjunto cit. al trámite de fecha 8-III-2021, adjuntos cits.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que citan, no abastecen los remedios intentados, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 122.022, "Szabady", resol. de 13-III-2019; C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; C. 123.979, "Sismail", resol. de 23-XII-2020; C. 124.060, "Fisco Nacional", resol. de 31-III-2021; C. 124.640, "Cataffo", resol. de 10-IX-2021; C. 122.886, "Garcia Ezequiel", resol. de 9-XII-2021; C. 123.866, "Toncovich Rodriguez", resol. de 20-IV-2022; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar los recursos federales interpuestos. Las costas de ambas vías se imponen por su orden, dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/11/2022 20:49:29 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2022 15:39:23 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/11/2022 17:17:58 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/11/2022 14:16:15 - CARRAL Daniel Alfredo
Funcionario Firmante: 30/11/2022 15:02:12 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/12/2022 14:43:33 hs. bajo el número RR-770-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia