Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 123695
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 123.695, "Vidal, Laura Isabel contra Juárez, Ana María. Cumplimiento de contrato", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Martín confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había dispuesto la restitución del inmueble a la actora en el mismo acto en que esta abonara a la demandada el monto finalmente establecido (v. sentencia electrónica de fecha 5-IX-2019).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. documento electrónico de fecha 25-IX-2019).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1.a. La señora Laura Isabel Vidal promovió demanda por resolución de contrato de compraventa inmobiliaria contra la señora Ana María Juárez (v. fs. 75/77), quien la resistió y reconvino por el pago de las mejoras efectuadas.
Durante el curso del proceso, las partes formalizaron un convenio que ponía fin al pleito, mediante el cual la demandada reconocía adeudar la suma de $75.000 como saldo por la totalidad de los rubros recíprocamente reclamados entre las partes, importe que sería abonado al momento de la escritura traslativa de dominio, con más los gastos de dicha operación. Se acordó también que tal acto se llevaría a cabo en el plazo de sesenta días desde la firma de ese acuerdo (v. fs. 197/198).
El convenio fue homologado, pero ante el incumplimiento por parte de la accionada y previa intimación, la magistrada actuante declaró la rescisión de la compraventa inmobiliaria ordenando la restitución del bien y declarando perdidas, para la demandada, las sumas que había abonado y las mejoras que había realizado.
I.1.b. Apelado este pronunciamiento por la accionada, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial -Sala II- del Departamento Judicial de San Martín lo modificó, disponiendo que la operación inmobiliaria había quedado resuelta en los términos del art. 1.204 del Código Civil y estableciendo que la restitución del inmueble procedía contra entrega de las sumas que había abonado la compradora en el marco de la venta instrumentada por boleto. Dejó habilitado el reclamo de los daños y perjuicios que cupiera (v. sentencia electrónica de fecha 7-XII-2010; v. fs. 268/282)
Este pronunciamiento llevó a la demandada a interponer sendos recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley ante esta Corte. Sus rechazos provocaron la interposición del recurso extraordinario federal, que tampoco le fue admitido.
I.1.c. Vueltos los autos a la primera instancia y en el marco de cumplimiento de la sentencia definitiva que había adquirido firmeza, la accionante presentó la correspondiente liquidación (v. fs. 390), la que fue impugnada por la demandada dado que durante el trámite de la causa -en razón del acuerdo transaccional arribado y la suspensión de las actuaciones- no se había llegado a producir la prueba de los pagos realizados por ella.
Tales objeciones fueron recibidas por la magistrada de grado, quien abrió la causa a prueba y, finalmente, dictó resolución ordenando a Laura Isabel Vidal reintegrar a Ana María Juárez las sumas de (i) $29.000 en concepto de pagos parciales recibidos en el marco de la compraventa ($20.000 de pago inicial y $9.000 por el pago de 9 de las 21 cuotas mensuales comprometidas); (ii) junto con las sumas correspondientes a las 31 cuotas que la compradora había abonado en nombre de la vendedora por el mutuo hipotecario que previamente pesaba sobre el inmueble vendido (desde la cuota 55 a la cuota 85, habiéndose abonado 31 de las 66 cuotas pendientes al tiempo del boleto) y (iii) USD45.000 en concepto de pago por las mejoras que la compradora había introducido en el inmueble luego de tomar su posesión a la firma del boleto, tal como se había determinado en la pericia producida. A ello, la jueza adunó que la demandada debía restituir el inmueble objeto de la litis en el mismo acto en que le fueran restituidas y abonadas tales sumas de dinero. Impuso las costas por su orden (v. resolución electrónica de fecha 9 de octubre de 2018).
Este pronunciamiento fue apelado por la accionada en razón de que las sumas a serle restituidas habían sido fijadas a valores históricos (al momento de su inicial desembolso), lo que había acontecido hacía más de diecisiete años (v. escritos electrónicos de fechas 26-III-2019 y 10-IV-2019). La actora repelió el memorial de la contraria.
I.2. La Cámara confirmó la sentencia de primera instancia. Para ello, tuvo en cuenta su pronunciamiento anterior y firme de fs. 268/282. Señaló que la demandada no había objetado en tal momento los valores históricos contenidos en dicha sentencia definitiva, por lo que no cabía atender los agravios traídos en esta oportunidad.
Paralelamente, sostuvo que -sin perjuicio de lo anterior- como la obligación a cargo de la compradora debía considerarse de dar sumas de dinero, que sus originarios pagos habían sido realizados en pesos y que no podían ser actualizados en razón de lo dispuesto por el art. 10 de la ley 23.298 (texto conf. ley 25.561), entonces la pretensión de aquella -de fijar el valor porcentual actual del inmueble para cuantificar la suma a percibir como restitución- importaba en los hechos una actualización contraria a tales disposiciones. Agregó, además, que hasta el momento en que las partes debieran reintegrarse lo percibido mutuamente por el contrato resuelto no mediaba mora susceptible de generar intereses. Por fin, confirmó la distribución de las costas de primera instancia y fijó las de alzada a la apelante perdidosa (v. sentencia electrónica de fecha 5-IX-2019).
II. Frente a este pronunciamiento, la demandada se agravia denunciando errónea aplicación por parte de la Cámara de los arts. 1.050 y 1.052 del Código Civil.
Sostiene que si el art. 1.050 del Código Civil vuelve las cosas al estado anterior, debe tenerse presente la situación jurídico-económica que diera causa al negocio, pues esas son las equivalentes restituciones que cada parte espera como efecto de la extinción de la transacción, de conformidad con el art. 1.052 del citado código, cuando remite a los efectos de la nulidad entre las partes.
Asimismo, entiende que es erróneo sostener, como lo hizo la Cámara, que no hubo impugnación a su sentencia definitiva de fs. 268/282 con el objeto de conservar el valor adquisitivo del dinero. Destaca, por un lado, que su parte interpuso los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley, los que denegados provocaron que interpusiera el recurso extraordinario federal que no le fue admitido. Por otro, que el referido decisorio -en verdad- no abordó la cuestión de la determinación de las sumas a serle restituidas, derivando dicha labor a la ulterior instancia de ejecución.
Achaca a la parte actora haber incurrido en deslealtad procesal al presentar una liquidación sin la previa apertura a prueba sobre los pagos parciales efectuados, con la consecuente pretensión de consolidar un despojo en su contra.
Aduna que lo abonado por el contrato finalmente resuelto debe resignificarse con los valores inmobiliarios actuales y reales para que no se configure una grosera vulneración de su derecho de propiedad y un enriquecimiento sin causa en favor de la vendedora.
Agrega que el Tribunal de Alzada debió abordar su planteo en razón de la funcionalidad social que emana de la intervención de la judicatura y hace referencia a lo que dispone el art. 1.081 del Código Civil y Comercial en torno de los efectos de la restitución, para señalar que la actora recibirá el 100% del inmueble, apropiándose del 80% de él, al no restituir el valor de lo que fue recibiendo desde la fecha en que se formalizó el boleto (14 de febrero de 2002).
Refiere al art. 772 del Código Civil y Comercial para señalar que la obligación de restituir lo percibido debe considerarse como una deuda de valor, porque el contrato de compraventa giró en torno al valor real del inmueble, más allá de la moneda de pago. Así, resalta -de un lado- que las cuotas oportunamente pagadas del crédito hipotecario de la vendedora representaron el equivalente a USD33.480; así como -de otro- que la restitución del inmueble equivale a USD115.000 por su tasación actual, por lo que si se confirmara lo establecido en la sentencia que ataca le correspondería percibir como devolución en pesos solamente el equivalente a USD1.000.
Sin perjuicio de ello, finalmente reprocha que aun cuando no se considerara que las restituciones deben ser efectuadas en valores actuales, debe declararse para el presente caso la inconstitucionalidad de la ley 23.928 y procederse a actualizar las sumas dinerarias respectivas.
III. Pues bien, el recurso prospera.
III.1. En principio, es necesario dejar sentado, en virtud de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación a partir del 1 de agosto de 2015 (ley 26.994, texto según ley 27.077, B.O. de 19-XII-2014), el marco legal dentro del cual habrá de resolverse la cuestión planteada, en razón de que su art. 7 dispone que "a partir de su entrada en vigencia las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes...".
En el caso, nos encontramos ante una resolución contractual que operó el día 9 de junio de 2010 (v. fs. 242 y 268/282). Por lo tanto, la resolución del contrato acaeció durante la vigencia del Código Civil (ley 340), razón por la cual bajo sus disposiciones debe resolverse este entuerto.
III.2. Despejado ello, cabe ingresar en los agravios traídos sobre los efectos restitutorios de la resolución contractual decretada.
Como fue dicho, para rechazar el agravio de la demandada contra la fijación de las sumas a ser restituidas a valores históricos, la Cámara se remitió inicialmente a su anterior pronunciamiento de fs. 268/282, sosteniendo que "...el fallo en cuestión no [había contemplado] que la restitución de sumas percibidas por la vendedora se [hubieran sujetado] a algún tipo de actualización o mecanismo de avaluación tendiente a conservar el valor adquisitivo del dinero correspondiente, destacando la ausencia de toda impugnación oportuna a ese respecto (arg. arts. 242 inc. 3 del CPCC)" (v. pto. IV.a. de la sentencia electrónica de fecha 5-IX-2019).
Ante tal apreciación y fincando el agravio de la demandada sobre este tópico, encuentro necesario repasar lo efectivamente acontecido en el caso:
a) iniciada la demanda y presentada la contestación, las partes arribaron a un acuerdo que introdujeron en el expediente (ninguna prueba se había producido acerca de los pagos realizados por la demandada);
b) ante el incumplimiento del acuerdo por parte de la demandada, la jueza de primera instancia decretó la restitución del inmueble a la actora y la pérdida de lo abonado por aquella y del valor de las mejoras que había efectuado en el inmueble;
c) esta resolución fue apelada por la accionada; la Cámara resolvió "... Modificar su punto II primer párrafo (de la sentencia de grado anterior), estableciendo que la restitución que allí se ordenaba solo procedía contra la devolución de las sumas percibidas o que la demandada hubiera abonado (mutuo hipotecario que tomó a su cargo) en el marco de la compraventa inmobiliaria instrumentada por boleto" (fs. 281 vta.);
d) la demandada interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley. El primero de ellos se le declaró inadmisible y el segundo fue rechazado por insuficiente. En él la recurrente cuestionaba la finalización de la compraventa por aplicación del art. 1.204 del Código Civil. Contra tales denegatorias interpuso un recurso extraordinario federal que tampoco le fue admitido (v. causa C. 114.713);
e) devueltos los autos al juzgado de origen la actora presentó liquidación, la que fue impugnada por la demandada con fundamento en que no se había producido debida prueba de los pagos que ella había realizado, ni de las mejoras que había efectuado en el inmueble; objeciones que fueron acogidas por la magistrada, abriéndose a prueba tales extremos;
f) clausurada la etapa probatoria, la jueza de primera instancia resolvió (v. fs. 676/679 vta.) que la actora debía reintegrar a la demandada $29.000 correspondientes al adelanto y cuotas abonados por aquella en cumplimiento del boleto de compraventa, con más las sumas pagadas por las 31 cuotas del mutuo hipotecario y USD45.000 por las mejoras introducidas al inmueble, todo en el mismo acto en el que la accionada debía restituir el bien a la actora, bajo apercibimiento de lanzamiento; y
g) esta decisión fue apelada por la demandada, agraviándose de que se fijara el reintegro a valor histórico tanto de las sumas que había abonado a la actora como de los pagos de las cuotas del mutuo hipotecario. La Cámara confirmó la resolución de grado anterior, pronunciamiento que aquí ha sido puesto en crisis.
Así las cosas, en atención a las resultas reseñadas, considero que acierta la recurrente al reprochar que el anterior decisorio de la Cámara, de fs. 268/282, definitivo y firme, se abstuvo de precisar o convalidar las sumas que debían ser restituidas por la vendedora como consecuencia de la resolución contractual, toda vez que meramente revocó la decisión de la instancia anterior que había considerado a tales sumas de forma imprecisa y genérica como la "avaluación contractual de los daños derivados de la resolución de la relación jurídica" en beneficio de la vendedora (v. fs. 280 vta.).
Con la decisión de modificar la sentencia de grado para restablecer la mutua obligación de las partes de restituirse lo recibido, percibido o abonado a terceros por causa del boleto de compraventa resuelto (incluyéndose el reconocimiento de las mejoras efectuadas en el inmueble) y dejándose a salvo el derecho de la parte vendedora de reclamar los daños y perjuicios padecidos como consecuencia de ello, el Tribunal de Alzada no profundizó -en tal decisorio de fs. 268/282- sobre la magnitud, composición, características o modalidad del recíproco reintegro, por lo que su posterior específico tratamiento por la jueza de origen en el citado resolutorio electrónico del 9 de octubre de 2018 no se yergue como violatorio de los principios de preclusión y seguridad jurídica (v.gr. arts. 155, 333, 381, 400 y concs., CPCC), quedando de esta manera patentizado el yerro denunciado sobre la interpretación de las constancias de la causa.
Por lo demás, como derivación de lo expuesto, cabe observar que el perjuicio que aquí plantea la recurrente se pudo haber generado -a todo evento- recién cuando la magistrada de primera instancia determinó las cifras para la devolución del adelanto de precio y del importe por las 31 cuotas relativas al crédito hipotecario, haciéndolo a valores históricos, en esa etapa de ejecución de sentencia, por lo que tampoco es dable apreciar que nos podamos hallar ante una posible reedición de agravios semejantes, con base en aquel primer decisorio de la Cámara de fs. 262/282.
De modo que conforma un supuesto característico de la doctrina legal del absurdo el pronunciamiento del Tribunal de Alzada que -como el de marras- rechaza el abordaje de una cuestión litigiosa al considerar precluido su debate sobre la base de que ya había recibido debido tratamiento en un previo decisorio, definitivo y alcanzado por los efectos de la cosa juzgada, cuando de la compulsa de este último no es posible apreciar que tal precisa cuestión haya sido efectivamente resuelta, ni expresa ni implícitamente (doctr. art. 384 y concs., CPCC).
III.3. Habida cuenta de lo precedentemente expuesto, cabe ingresar entonces al análisis de las impugnaciones traídas por la recurrente contra la calificación y extensión del mutuo deber de restitución de lo percibido, derivado de la resolución contractual operada.
En este punto, encuentro que la manera en que se ha decidido la cuestión ha afectado sustancialmente las características jurídico-económicas del sinalagma contractual (Betti; Teoría generale delle obligazioni, Milán, 1955, Tomo 4, pág. 130; asimismo, causas Ac. 83.349, "De Pierris", sent. de 29-IX-2004; C. 98.058, "Rossotti", sent. de 24-XI-2010; C. 118.224, "Di Giano", sent. de 10-VIII-2016; e.o.).
Empero, restituir solamente el valor nominal de lo abonado hace más de diecisiete años implicaría devolver a la compradora una suma irrisoria en atención a la incidencia de los valores en su momento entregados y la actual realidad económica imperante, reflejada en el valor presente del inmueble de marras. Ello así pues el monto parcialmente abonado, constituido por el saldo inicial de $20.000, las 9 cuotas de $1.000 y las 31 cuotas del crédito hipotecario, representó en su momento un porcentaje de magnitud del precio inicialmente pactado para la venta del inmueble (en $74.000).
Más allá de que aquí no quepa discutir ya sobre la pertinencia de la resolución contractual dispuesta, sino solamente sobre las características y extensión de la restitución mutua de los efectos recíprocamente recibidos en el marco de la parcial ejecución del boleto de compraventa resuelto, no es posible prescindir de que nos hallamos ante una operación concertada en 2002, que involucra un inmueble y numerosos pagos parciales efectuados hace más de diecisiete años.
En tal contexto, es necesario tener nuevamente presente lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Di Cunzolo, María Concepción c/ Robert, Rubén Enrique s/ Nulidad de acto jurídico" (sent. de 19-XI-2019), en la cual, al examinar la extensión del reajuste equitativo del precio propuesto por el adquirente en una compraventa inmobiliaria afectada por el vicio de lesión subjetivo-objetiva, afirmó que los jueces no debían juzgar dicha cuestión como si se tratara de simples "obligaciones dinerarias" sino que debían darles el trato de "obligaciones de valor" como mecanismo idóneo para restablecer el equilibrio de las prestaciones en su momento realizadas. De tal modo, dispuso que no resultaba razonable que dieciocho años después de haberse celebrado el contrato de compraventa se fijara el saldo de precio derivado de la recomposición contractual a valores nominales a la fecha de formalización del acuerdo, pues la economía del país había sufrido en ese período un agudo proceso inflacionario del que resultaba imposible prescindir.
Tomando en cuenta dicha directiva del Máximo Tribunal del país, entiendo que esta resulta igualmente aplicable en el presente caso, tanto para la restitución del adelanto de precio abonado por la demandada al tiempo de la celebración del boleto como para la de los montos pagados con posterioridad (relacionados tanto con las 9 cuotas mensuales canceladas como con las 31 cuotas del préstamo hipotecario que pesaba sobre el inmueble), toda vez que tales prestaciones han sido parte de la relación jurídico-económica desarrollada por las partes al contratar, la que -considero- tampoco puede ser sustancialmente alterada en la etapa restitutiva de lo en su momento dado en virtud o por consecuencia del contrato, por lo que cabe proferirle el trato de las "obligaciones de valor" para mantener el equilibrio o equivalencia de las prestaciones involucradas, resultando esta una respuesta acorde con la justicia y equidad del caso (en el mismo sentido, C. 123.323 "Vargas", sent. digital de 26-IV-2021); y ello así sin perjuicio de las consecuencias del incumplimiento incurrido por la compradora y el posible reclamo por daños y perjuicios que pueda instar la vendedora (conf. doctr. arts. 5
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.