Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124227
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnte la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
El depósito previo queda perdido (art. 294, CPCC), debiendo el Tribunal de Alzada dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto según Resol. 3.135/2013).
C. 124.227 "SURIS LUCIANO GABRIEL C/ OTAEGUI SEBASTIAN ERNESTO Y OTRO/A S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/ COMERCIALES" y su acumulada.
I. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca, en lo que importa destacar, confirmó el fallo único de origen que, a su turno, por un lado, rechazara la acción de cumplimiento contractual incoada por Luciano Gabriel Suris contra Sebastián Ernesto Otaegui y, por el otro, estimara la interpuesta por Sebastián Ernesto Otaegui e Irene del Carmen Otaegui contra Luciano Gabriel Suris, René Danilo Perotti y Efraín Orlando Videla (v. sentencias de fecha 14-VIII-2018 y 4-XI-2019).
II. Frente a ello, el letrado apoderado del señor Suris interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que denuncia infracción a los arts. 17, 19, 28 y 31 de la Constitución nacional y 10, 31, 57, 168 y 171 de su par local. Asimismo, esgrime infracción al principio de congruencia, absurdo en la valoración de las constancias y transgresión de doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de fecha 29-XI-2019).
III. El remedio no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
III.1. Ha sostenido este Tribunal -reiteradamente- que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una aserción cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 119.531, "Chirichimo", resol. de 4-III-2015; C. 120.072, "Rivara", resol. de 9-III-2016; C. 120.223, "Equity Trust Compañy (Argentina) SA", resol. de 23-V-2017; entre otras), tal como se verifica en el caso (art. 279, cit.).
En efecto, el Tribunal de Alzada en su sentencia de fecha 4 de noviembre de 2019 -a la luz del material probatorio colectado en la especie- para confirmar el pronunciamiento de primer grado sostuvo "... en definitiva, si las partes pactaron que la obligación debía cumplirse en sesenta días, es evidente que el plazo debía contarse desde la fecha en que se celebró el acuerdo, salvo que hubieran pactado lo contrario, lo que no ocurrió en la especie; y si bien es verdad que los compradores solucionaron su conflicto recién en el año 2015 con el otorgamiento del poder de escrituración que rola a fs. 770/775, ello aconteció mucho tiempo después de que incumplieran el plazo fijado inicialmente en el contrato de compraventa de acciones e incurrieran en mora y, en rigor de verdad, paralelamente la contraparte también resolvió su problema antes del dictado de la sentencia, porque las inhibiciones dejaron de estar vigentes desde el día 8 de junio del 2017. En otras palabras, si bien es cierto que ambas partes incumplieron sus obligaciones, hoy los escollos ya no existen; consecuentemente, los compradores deben pagar el saldo del precio, como bien lo indicó el sentenciador, razón por la cual corresponde confirmar la resolución apelada en este punto." (v. págs. 51/52).
Tal fundamento, que se erige en el sostén jurídico del pronunciamiento en crisis, no logra ser conmovido por los reproches expuestos en las págs. 8/16 del escrito electrónico, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (vinculados con la mora en el cumplimiento de las obligaciones, el efecto de las cautelares trabadas, la voluntad de las partes, el instituto contractual la consignación del saldo de precio retenido y la valoración de la prueba) se desentienden de los expuestos por el a quo , limitándose a ofrecer una mera disconformidad con el resultado obtenido, esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la cuestión debatida (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.).
Cabe rememorar que discrepar con las motivaciones brindadas por los sentenciantes no es base idónea de agravios, ni constituye el supuesto de absurdo, causal de procedencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y doctrina legal, ya que esa anomalía queda configurada cuando media cabal demostración del error palmario y fundamental en el discurrir del juez, dando lugar así a la única vía que autoriza la apertura de la casación para el examen de temáticas de hecho y prueba (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 118.426, "Dignani", sent. de 12-VII-2017; C. 121.282, "Club Atlético All Boys", sent. de 21-III-2018 y C. 122.323, "Suelgaray", sent. de 6-XI-2019; e. o.).
Lo dicho, basta para desestimar este fragmento impugnativo y permite, además, descartar las infracciones legales indicadas a lo largo del embate (arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. Igual suerte adversa debe correr la invocada transgresión al principio de congruencia (v. págs. 4/8 del escrito electrónico), ya que no se han desarrollado argumentos suficientes que permitan visualizar el apartamiento del juez del razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, mostrándose la sentencia en crisis atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la controversia (conf. doctr. causas C. 120.313, "Espíndola", resol. de 13-VII-2016; C. 121.270, "Barbizan", resol. de 29-III-2017; C. 122.100, "Mendivil", resol. de 7-III-2018; e. o.).
III.3. Tampoco puede atenderse la aducida transgresión a las garantías constitucionales que se expresan en las págs. 4 y 15/16 de la vía recursiva, ya que no se logra acreditar de qué manera la decisión colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo del interesado -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 120.725, "Fisco de La Provincia de Buenos Aires", resol. de 1-VI-2016; C. 121.691, "Medina", resol. de 6-IX-2017 y C. 122.504, "Carrizo", resol. de 26-IX-2018).
III.4. El mismo déficit porta la alegada violación a la doctrina legal que se transcribe a lo largo del recurso, toda vez que en los casos en los cuales se endilga dicha infracción es indispensable que primeramente la misma sea individualizada y luego se exponga su similitud con la cuestión bajo análisis para pretender finalmente su aplicación (conf. doctr. causas C. 119.452, "Benítez", resol. de 17-XII-2014; C. 120.343, "Fortunato", resol. de 25-XI-2015; C. 121.131, "Ceratto", resol. de 21-XII-2016; e. v.), carga esta última no abastecida eficazmente por el quejoso que conlleva a repeler también este segmento de la protesta.
III.5. Finalmente, respecto a la transgresión de las mandas contenidas en los arts. 168 y 171 de la Constitución local (v. págs. 4 y 18/19 de la pieza en estudio), es preciso recordar que éstas resultan extrañas al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, siendo propias de la vía anulativa (conf. doctr. causas C. 119.305, "Selvarolo", resol. de 27-V-2015; C. 120.642, "Aranda", resol. de 1-VI-2016; C. 120.959, "Freire Hnos. S.A.I.C.F.", resol. de 5-IV-2017; e. o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
El depósito previo queda perdido (art. 294, CPCC), debiendo el Tribunal de Alzada dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto según Resol. 3.135/2013).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/11/2021 16:25:52 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/11/2021 21:10:46 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/11/2021 12:11:48 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2021 16:18:23 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/11/2021 14:07:36 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/12/2021 13:39:59 hs. bajo el número RR-911-2021 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia