Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 97736
En la ciudad de Dolores, a los diez días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en causa Nº 97.736, caratulada: "DE IRAOLA, RODRIGO C/ VUKMICKICH, NELIDA CASILDA S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CIVIL-COM.", habiendo resultado del pertinente sorteo (arts. 263 del CPCC; 168 de la Constitución Provincial), que los Señores Jueces debían votar según el siguiente orden Dres. Mauricio Janka y Silvana Regina Canale.El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes: C U E S T I O N E S Primera cuestión ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 484/489?Segunda cuestión ¿Qué corresponde decidir?
V O T A C IÓ N A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JANKA DIJO:I. Vienen los autos a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora mediante la presentación de fecha 13.12.2018; concedido libremente a fs. 490, se sustenta ya en esta instancia con el escrito de fecha 23.04.2019, que merece la oportuna réplica de la contraria. II. A través de dicho decisorio la sentenciante de grado rechaza la demanda por cumplimiento de contrato y escrituración promovida por Rodrigo Hernán De Iraola contra Nélida Casilda Vukmirovich -hoy presentados sus herederos, v, fs. 493-; hace lugar a la reconvención deducida y declara resuelto el contrato suscripto entre las partes respecto del inmueble sito en calle Del Melgacho n° 1733 de la ciudad de Pinamar, debiendo los intervinientes restituirse mutuamente lo que se hubieran entregado con su motivo.
Asimismo, recepta el reclamo indemnizatorio formulado por la reconviniente en concepto de alquileres adeudados por la ocupación del inmueble, por la suma de capital más los intereses allí fijados, y costas a la parte actora en su objetiva calidad de vencida. Para así decidir, la Sra. Jueza valora sustancialmente el incumplimiento del actor de las obligaciones asumidas como comprador, conforme lo convenido. Señala que no habiendo intimado a la vendedora en forma fehaciente a percibir el precio a efectos de colocarla en mora, ni acreditada la alegada negativa a percibir el pago mensual o promovido la pertinente acción de consignación, cabe otorgar plena operatividad a la opción resolutoria ejercida por la vendedora en sede judicial.
III. De ello se agravia el recurrente al sostener que la iudex a quo desarrolla una errónea valoración de la prueba, en tanto ha omitido analizar la carta documento de fs. 7 remitida a la demandada en fecha 14.11.2012, donde la intima a percibir el precio pactado y la coloca en mora ante su negativa de recepcionarlo de manera voluntaria. Manifiesta haber puesto a su disposición las cuotas adeudadas hasta ese entonces -meses de septiembre, octubre y noviembre de 2012- y que le solicitó información sobre la conclusión del trámite sucesorio de su hija fallecida, trámite necesario a fin de lograr la escrituración, conforme fuera aclarado en el contrato celebrado. Agrega que, ya iniciado este proceso judicial, ha depositado las cuotas que se han ido venciendo en concepto de precio del bien, sin perjuicio de la determinación de sus intereses o saldo de precio.
IV. Previo a entrar al tratamiento de la cuestión, corresponde dejar sentada la anticipación del ejercicio de las pautas de la apelación adhesiva, en referencia a la recomposición positiva de la litis; todo ello a fin de no violentar normas de raigambre constitucional como lo son el art. 18 de la Const. Nacional y la tutela judicial efectiva que alberga el art. 15 de la Const. Provincial (SCBA, causa 88.683, sent. del 12-XII-2007, voto JUEZ HITTERS). Si la sentencia que favorece a una parte es apelada por otra, toda la cuestión materia del litigio pasa al superior en la misma extensión y con la misma plenitud con que fue sometida al inferior (SCBA, Ac. 78.251, sent. del 19-II-2002), implicando ello un nuevo análisis sobre las cuestiones que ante un eventual cambio de rumbo del fallo le han de provocar un perjuicio a la parte gananciosa en la sentencia dictada en primera instancia.V.
Abordando la cuestión traída, cabe dejar sentado que el caso en revisión tiene su causa fuente en la relación contractual que uniera a las partes, mediante la cual el actor Rodrigo Hernán De Iraola y la demandada Nélida Casilda Vukmirovich suscribieron, previa reserva de compra -conforme el instrumento privado obrante a fs. 10 de fecha 30.06.2011- un contrato de reafirmación de venta respecto de un inmueble sito en la ciudad de Pinamar, en la calle Del Melgacho n° 1733 -designado catastralmente como circunscripción IV, sección V, manzana 67, parcela 13- con fecha 24.11.2011, según el instrumento que obra glosado a fs. 9. De este último surge que entre las partes existía una relación locativa desde hacía diez años respecto del bien, en relación al cual la demandada le propuso al actor su compraventa por un precio de U$S 40.000.
También consta allí que habiéndose entregado la suma de $ 1.000 en concepto de reserva y a cuenta del monto total a abonar, las partes pactaron el pago mensual de U$S 300 -a abonar el día 10 de cada mes en el domicilio del deudor- cuya sumatoria sería descontada del monto convenido al quedar habilitada judicialmente la transferencia del inmueble y celebrarse la escritura traslativa de dominio. Se estipula, además, que previo a ello sería necesario tramitar la sucesión de la hija pre fallecida de la vendedora.El contenido de dicho contrato se encuentra reconocido por sus intervinientes y sus cláusulas no resultan en la actualidad motivo de debate; no obstante, el diferendo de los contratantes se refiere al incumplimiento de las obligaciones asumidas que ambos se atribuyen en forma recíproca.
La parte compradora -Rodrigo Hernán De Iraola- aduce haber cumplido con sus obligaciones y que no se le ha otorgado la escritura traslativa de dominio en virtud de lo cual inicia este proceso por cumplimiento de contrato. Señala que de no haber efectuado el pago del precio desde el mes de septiembre de 2012, fue porque la demandada se negó sistemáticamente a partir de allí, a recibírselo. La parte vendedora -Nélida Casilda Vukmirovich- aduce que encontrándose el actor en posesión del bien, no ha abonado las cuotas pactadas desde el mes de septiembre del año 2012. Ello ni siquiera en moneda nacional, como su parte venía aceptando conforme los recibos de pago de fechas anteriores, cuyos originales fueron agregados a fs. 11/14.
Pretende el rechazo de la acción de cumplimiento y la recepción de la reconvención por resolución contractual, haciendo operativo el ejercicio del pacto comisorio implícito en orden a la autonomía de su voluntad y al incumplimiento del deudor.Planteada así la cuestión, cabe anticipar que en todos los contratos con prestaciones recíprocas, el cumplidor tiene el derecho de poner fin al contrato cuando la otra parte no cumpla con sus obligaciones, no mediando diferencias en torno a la naturaleza jurídica o su fundamento, sea que se trate del pacto comisorio implícito o pacto expreso. En otras palabras, la facultad de resolver se funda en la reciprocidad de las prestaciones, en su interdependencia o conexión, que no sólo existe en el momento de la celebración del contrato -sinalagma genético- sino que también gravita en la etapa del cumplimiento -sinalagma funcional- (Belluscio-Zannoni, Código Civil...; pág. 998, pto.
I).Esta facultad resolutoria por incumplimiento, sea expresa o tácita, constituye un elemento natural del contrato, es un derecho subjetivo de opción y su ejercicio implica la extinción de la relación jurídica.Pero ello no puede legitimar su abuso frente a cualquier incumplimiento, siendo menester la previa constitución en mora del deudor y la voluntad de resolver el vínculo debe ser declarada por el acreedor y comunicada en forma fehaciente, dado que el pacto no funciona, a diferencia de la condición resolutoria, de modo automático (Bueres-Highton; “Código Civil…”. Ed. Hammurabi, año 2007, Buenos Aires, página 69).Refiere el apelante al expresar agravios que con la misiva de fs. 7 de fecha 14.11.2012 -recibida por la demandada en fecha 16.11.2012- debe tenerse por acreditado que ésta no se disponía a recibir el pago de las cuotas mensuales en pesos desde el mes de septiembre inclusive, quedando constituida en mora.
Y que en el mismo acto le fueron puestas a su disposición las sumas adeudadas, correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2012. Pretende así el quejoso que se considere a la contraria reticente a recibir pagos dejando planteada la problemática del régimen de la mora, que cabe analizar a fin de determinar si debe dársele a la misiva de fs. 7, la trascendencia que se pretende. Para ello debo detenerme en los términos del acuerdo de fs. 9, del que surge que se estipuló el pago de una cuota mensual de U$S 300 con fecha de vencimiento -al día 10 de cada mes a abonarse en el domicilio del deudor- es decir, a cumplirse en un plazo convenido, cierto y expreso. Ante esta circunstancia, es que rige la llamada mora ex re respecto del deudor que dispone el primer párrafo del art. 509 del CC -ley aplicable al caso en estudio-, la que se produce automáticamente por el solo vencimiento del plazo en que debía cumplirse la obligación, debido a que el deudor conoce anticipadamente y con toda exactitud el momento en que debe cumplir con la prestación a su cargo.
Sin embargo, la configuración de esa especie de mora -automática- en las obligaciones a plazo cierto y determinado que deben ser cumplidas en el domicilio del deudor -como ocurre en el caso conforme los términos del instrumento de fs. 9, en su párrafo sexto-, ha sido un tópico controvertido tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. La problemática radica en definir si es el deudor quien debe acreditar que el acreedor no se presentó en su domicilio (para demostrar que la mora no se configuró por el solo vencimiento del plazo) o si, en cambio, es el acreedor quien debe probar que se presentó en el lugar de pago -convenido previamente en el caso-, para exigir el cumplimiento.La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha interpretado la regla contenida en el art. 509 del CC (Ley 340, aplicable por conducto del art. 7 del CCyCN dada la época en la que se gestó el diferendo) y fijado una postura contraria a la asumida por la demandada en el caso, quien pretende que se tenga al actor por incumplidor en forma automática.
Esto es, sin haber demostrado ella haber colaborado en la consecución del cobro de las cuotas estipulado en el domicilio de aquél, y sin haberlo intimado en forma previa al ejercicio de la voluntad resolutoria del contrato.En el Acuerdo n° 29.284 -sent. del 02.09.1980 en los autos "Prados, Humberto y otros c/ Cinalli de Zinnini, Gerónima A s/ Consignación, embargo preventivo, etc."- la Suprema Corte resolvió que cuando el domicilio de cumplimiento de una obligación fuera el del deudor -como aquí ocurre de acuerdo al contrato de fs. 9- se requiere la efectiva colaboración del acreedor para que se pueda efectivizar el pago y por consiguiente la mora automática del art. 509 del CC no se produce de pleno derecho y queda sin efecto la llamada mora ex re (automática): es necesario que el acreedor demuestre que ha concurrido al domicilio de pago con intención de recibirlo y así dar por cumplida con la obligación que emergía del contrato (en el caso incluso se aclaró que el acreedor debe presentarse con buena fe y con intención de requerir el pago de la obligación, dado que en la controversia allí tratada el acreedor concurrió al lugar pero tenía una confesa voluntad de resolver el negocio y no de exigir el cumplimiento de las obligaciones que de él emergían).Esta posición fue reiterada casi dos décadas después, en el Acuerdo n° 53.421, sent. del 31.03.1998 ("Zajsek, María Marta c/ Pollaroli, Ethel Angela s/ Cumplimiento de contrato").
Explicó allí el Ministro Negri que no había motivo para que la Corte cambie su criterio y citando al precedente "Prados", afirmó que “cuando el domicilio de pago es el del deudor se requiere la efectiva colaboración del acreedor para que se pueda efectivizar la obligación; caso en que la mora del art. 509 del CC no se produce de pleno derecho, pues es necesario que el acreedor demuestre que ha concurrido al domicilio de pago con intención de recibirlo y así dar por cumplida con la obligación que emergía del contrato”. Agregó que “...más recientemente al pronunciar su voto en la causa B. 49.803 (sent. del 31.03.92) dijo el doctor Mercader que no se configura mora en el obligado, si la tardanza en el pago se produjo porque el acreedor no se presentó en el lugar de cumplimiento, que era el domicilio del deudor (arts. 618 y 747 del CC) pues se trata de una demora en el cumplimiento causada por falta de cooperación del acreedor” (vot. cit.; en igual sentido, CNCiv., Sala E, “B.A.
Consulting C. En I. Ybhs & Soft D. Clever Group S.A. c. Compañía Esteban S.A. s/ ordinario”, Sent. del 01/04/2011, publicado en La Ley, AR/JUR/20758/2011; Cám.Civ.Com. de San Isidro, Sala Segunda, autos "López Doriga Piñal, María A. c. García Solla, Alberto C. y otro", Sent. del 10/02/2004, publicado en La Ley, AR/JUR/134/2004).Por su parte, la doctrina autoral ha referido que “no puede funcionar el sistema de la mora automática, ya que se vendría a romper el equilibrio de la relación obligatoria, habida cuenta que dentro de los denominados principios de la identidad e integridad del pago, no solamente se debe tener en cuenta la identidad de la prestación debida con la pagada, sino que la conducta de cumplimiento se lleve a cabo en el tiempo y lugar pactado.
Si se afirma la existencia de la mora se hace prevalecer el tiempo sobre el lugar, lo que en definitiva significa crear un favoritismo hacia uno de los sujetos de la relación (el acreedor) en desmedro del otro sujeto (el deudor)” (COLOMBRES GARMENDIA, 1974, 491; RACCIATTI, 1969; RAFFO BENEGAS-SASSOT, 1970). También aportan razones que sustentan esta teoría Llambías, quien acusa la falta de la necesaria cooperación del acreedor (LLAMBÍAS, 1973) y Cazeaux, para quien la no concurrencia del acreedor se debe interpretar como una negativa a recibir la prestación, que lo pondría en mora y que le impide constituir a su vez en mora al deudor quien no está obligado a la consignación (CAZEAUX, 1969).En el caso de autos, sin perjuicio de haberse pactado un plazo cierto para el cumplimiento del pago mensual como obligación asumida por el deudor en el párrafo sexto del contrato de fs. 9 -o lo que es igual, aunque hubiera sido pactada la mora automática en cabeza del deudor- lo cierto es que al haberse también convenido que el pago se llevaría a cabo en su domicilio, es que correspondía a la acreedora acreditar que concurrió al lugar del pago y que el cobro le fue imposible.Nos encontramos frente a un supuesto en el cual la propia interesada en el cumplimiento de la prestación –la acreedora– es quien debe realizar la acción positiva de concurrir al domicilio de la contraparte para obtener allí, una vez exigible la prestación, el pago.
Supongamos que, por las razones que fueran, el accipiens no concurre: tratándose de una obligación sujeta a plazo determinado, la aplicación lisa y llana del principio general establecido en el primer párrafo del art. 509 del CC dejaría automáticamente en mora al solvens –que nada debía hacer más que esperar en su domicilio–. Aquí es donde juega la parte final del art. 509 del CC: si el deudor demuestra su diligencia (haber permanecido en el lugar convenido para el pago) no tiene lugar la imputabilidad y las consecuencias de la mora no le serán atribuidas. Pero ¿cómo demostrar la no concurrencia del acreedor? Se trataría de la prueba de un hecho negativo injustificadamente puesto en cabeza del deudor desde que se le estaría exigiendo una prueba de difícil o nula concreción en virtud de su imposibilidad material.Es así como, a la luz de la interpretación efectuada por la Suprema Corte sobre el entonces vigente art. 509 del CC, la mora automática de las obligaciones a pagar en el domicilio del deudor no se produce de pleno derecho -como aquí pretende la accionada reconviniente- sino que el acreedor debe demostrar en juicio que concurrió al domicilio de pago con intención de recibirlo (SCBA, fallos “Prados” y “Zajsek”).Pues bien, observo aquí que la demandada no produjo elemento de convicción alguno para acreditar que, como dijo al contestar la acción (v, fs. 83 vta.), concurrió un par de veces al domicilio de De Iraola a reclamar el pago de la prestación debida, no pudiendo por ende funcionar el sistema de la mora automática o de pleno derecho, conforme las reflexiones realizadas en torno al equilibrio de la relación obligacional; es necesario que el acreedor demuestre que ha concurrido al lugar de pago con intención de recibirlo, cosa que no ha ocurrido en el caso.Por el contrario, fue el deudor quien la intimó a mediados del mes de noviembre de 2012 mediante la misiva de fs. 7 -ni siquiera mencionada por la sentenciante al momento de resolver-, poniendo a su disposición las sumas adeudadas como se había pactado en el contrato de fs. 9, asumiendo una conducta positiva en relación a su voluntad de cumplimiento de la prestación.Esta cuestión, que hubo de generar ciertas controversias durante la vigencia del art. 509 del Código velezano y al menos hasta en forma previa a la doctrina emanada del Superior Tribunal provincial, ha sido en principio zanjada en la actualidad, frente a la redacción de su norma análoga en el Código Civil y Comercial de la Nación (el art. 888).
Aquí se especificó, que para eximirse de las consecuencias jurídicas derivadas de la mora, el deudor debe probar que no le es imputable (hasta aquí igual al art. 509 última parte), ‘cualquiera sea el lugar de pago de la obligación’ (nuevo agregado). Si bien la norma del art. 888 del CCyCN -que aparece superadora de la doctrina referida y que mantiene en cabeza del deudor la carga de la prueba cualquiera fuera el domicilio del cumplimiento de la obligación- ninguna incidencia tiene en el caso, por no resultar aplicable frente a la época en que fuera gestada y perfilada la relación jurídica ventilada (arts. 3 del CC y 7 del CCyCN), lo cierto es que si por hipótesis -en el caso- dejáramos de lado la circunstancia del lugar de cumplimiento, el deudor De Iraola ha dejado aquí acreditado, que en definitiva la mora automática nunca le fue imputable.
Así, aún considerando la literalidad del art. 509 del CC y sin acudir a la interpretación judicial y doctrinal que del mismo se ha realizado, el deudor ha demostrado que existen razones suficientes para quedar eximido de las responsabilidades derivadas de la mora (art. 375 del CPCC).Ello a través de la ya referida y analizada carta documento de fs. 7, agregada en su original y contestada por la demandada conforme la constancia de fs. 8, mediante la cual coloca en mora a la acreedora en su obligación de recibir los montos correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2012, los que pone a su disposición. Lo que se quiere significar con tal razonamiento y dejar en evidencia, es que aún colocando la carga de la prueba en cabeza del deudor y sin importar el lugar del cumplimiento del objeto de la prestación -lo que en principio habría quedado despejado en la nueva redacción del Código Civil y Comercial de la Nación, en su art. 888- cabe considerar que el comprador ha cumplido con aquél extremo.
No sólo impidiendo que sobre él recaigan las consecuencias de la mora automática pactada, sino constituyendo a su vez en mora a su contraria. VI. Ahora bien, por otra parte cabe atender a la actitud que asume la demandada a través de la remisión de la carta documento de fs. 8, que es resolver el contrato de compraventa celebrado -además de desconocerle al actor su calidad de adquirente- sin haber colocado en mora a su cocontr
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