Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 63648
Causa nº: 2-63648-2018
"EUROTAPALQUE SA C/ SEGUROS DE DEPOSITOS SA S/CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - OLAVARRIA
Sentencia Registro nº: 16 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los trece días del mes de Marzo del año Dos Mil Diecinueve, reunidos en Acuerdo Extraordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi , Víctor Mario Peralta Reyes y Jorge Mario Galdós , para dictar sentencia en los autos caratulados: “EURO TAPALQUÉ S.A. C/ SEGURO DE PÓSITOS S.A. S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES” (Causa N° 63.648) , habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, arts. 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Galdós – Dr. Peralta Reyes – Dra. Longobardi .
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ª.- ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 601/608?.
2ª.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C IÓ N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Galdós , dijo:
I. Euro Tapalqué S.A. promovió demanda de cumplimiento de contrato contra Seguros de Depósito S.A. (Sedesa) solicitando se “dé cumplimiento con la escrituración del inmueble sito en ruta 51 intersección 25 de Mayo de la ciudad de Tapalqué, provincia de Buenos Aires, designado catastralmente como Circunscripción: L, Sección: G, Chacra 241, Fracción I, Parcela: 1-a, Partida: 5020 …” (sic., fs. 62 vta.). Sostiene que celebró contrato de leasing financiero, con sus Anexos, con el Banco de la Edificadora de Olavarría S.A., entidad que fue liquidada y cuyos créditos garantizados con hipoteca fueron transferidos, junto con otros, a Sedesa, entidad encargada de normalizar los créditos y deudas de aquella institución. De allí que Sedesa sea legitimada pasiva. Aduce que dio cumplimiento a todas las obligaciones asumidas y que en el Anexo A que acompaña el gerente general del Banco de la Edificadora, Ricardo Luis Pereyra, en oportunidad de suscribir el contrato de leasing referido, acordó que si el tomador cumplía integralmente con el pago de los cánones locativos y demás obligaciones, se tendría por dispensado el pago del monto pactado para ejercer su opción de compra.
La demandada se opuso a la procedencia de la acción, con distintos fundamentos, y reconvino solicitando se declare resuelto el contrato por culpa de la actora, por incumplimiento de sus obligaciones y dolo contractual y se la condene a la restitución del inmueble, al pago de las multas pactadas en el contrato para el caso de omisión de restituir el bien (desde la fecha del vencimiento de cada uno de esos plazos), y a la reposición de lo que faltara por haberse deteriorado el bien, “abonando el precio de reposición al valor corriente de plaza”, y el importe de la limpieza del inmueble, si no se lo reintegrara en perfectas condiciones. Finalmente solicita que se condene a Euro Tapalqué S.A. a reintegrar a Sedesa el capital con más intereses del importe de los impuestos y demás tributos y de los servicios públicos (gas, luz, teléfono, etc.) que ella haya abonado, desde la mora y hasta la efectiva restitución del inmueble. Funda su pretensión, en esencia, en el incumplimiento que le atribuye al tomador de diversas cláusulas contractuales y en la invalidez del Anexo A agregado por la actora mediante el cual se deja sin efecto el pago de la opción de compra.
Sustanciado el proceso, la sentencia de Primera Instancia hizo lugar a la demanda y rechazó la reconvención, con costas, tanto de la acción principal como de la referida reconvención y condenó a Sedesa “a escriturar en el término de treinta días, el inmueble designado como: Circ: L, Sección G, Chacra 241, Fracción I, parcela: 1-a, Partida: 5020, sito en ruta 51 intersección 25 de Mayo de la ciudad de Tapalqué, Provincia de Buenos Aires, bajo apercibimiento de suscribirla la Infrascripta por ellos y a su costa (arts. 163 inc. 7º y 510 del C.P.C.C.)”. Igualmente difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.
Para así decidir, y en lo sustancial, la sentencia de grado, centrándonos en el aspecto medular de la cuestión litigiosa, analizó el Anexo A, al que calificó de “vital importancia”, “toda vez que por el mismo se pactó que se eximía al tomador (léase actor de autos), del pago del valor de la opción de compra acordado en el contrato de leasing por la suma de U$S 150.000, ‘… siempre que el tomador cumpliera con todas las obligaciones asumidas en el contrato de leasing financiero celebrado en el día de la fecha con relación …’” (Anexo A, fs.22)” (sic., fs. 604 vta.). Tras ello confirió plena validez a dicho instrumento considerando que en el contrato de leasing financiero celebrado por escritura pública nº 387, y seguido de los Anexos “1” y “A” intervino el mismo escribano, quien en la audiencia videograbada y registrada en CD, agregada al expediente, señaló que las certificaciones notariales de las firmas impuestas en ambos Anexos le corresponden y que no inscribió el Anexo A en el Registro de la Propiedad porque no tiene vocación registral.
Se le preguntó al escribano a qué Anexo se refiere el instrumento notarial que certificó las firmas de Pereyra cuando dice que corresponde “al documento que antecede”. Ante ello el escribano Erramouspe contestó que dicho instrumento notarial se refiere “a ambos, por número de Folio de actuación, ambos tienen el mismo número … 01262301 del 16 de junio del 2000; … que no duda que el mismo día se firmó la escritura y los anexos A y 1; … que el Sr. Pereyra tenía facultades suficientes para firmar éste tipo de actos, que era de público conocimiento para él que era el Gerente General del BEO” (sic., fs. 605/605 vta.). También la sentencia consideró la pericia caligráfica glosada a fs. 46 que concluyó que la firma de Pereyra inserta en el instrumento mencionado precedentemente era auténtica.
Más adelante sostuvo que arribaba a la convicción de que era válido y auténtico el Anexo A en el que se pactó que “ante el cumplimiento en término de las obligaciones emergentes del leasing, se eximía al tomador del pago de la opción de compra”. Reitera su convicción de que “la voluntad que las partes intervinientes tuvieron en miras al contratar fue el contrato de leasing financiero con una cláusula de eximición de la opción de compra, “la cual se pactó en instrumento privado con firma certificada, plenamente válida entre las partes contratantes y reflejo de la verdadera voluntad de contratación” (sic., fs. 606). Para ello también ponderó la declaración testimonial de Lucas Martín Trepiccio, empleado de la firma actora desde el año 2002, y luego contador externo.
Paso seguido se pronunció por la procedencia de la demanda deducida y resolvió que la accionada debe otorgar a favor de Euro Tapalqué S.A. escritura de (transmisión de) dominio, a costa de la actora “conforme el propio Anexo A. Finalmente desestimó el daño moral reclamado por Euro Tapalqué S.A., fundado en el incumplimiento del demandado de otorgar la escritura pública, porque la actora no justificó la existencia de perjuicio moral ya que las afecciones que no superen las inquietudes corrientes del mundo de los negocios, deben ser objeto de prueba. La reconvención promovida por Sedesa contra Euro Tapalqué S.A. S.A., y como derivación del acogimiento de la demanda, fue desestimada. En efecto, los incumplimientos alegados por Sedesa se fundan en la falta de pago de los cánones locativos y de los tributos municipales y provinciales más los servicios públicos.
La sentencia resolvió que la demandada, por encontrarse en mejores condiciones, debía probar con documentación respaldatoria dichos incumplimientos, carga incumplida lo que conlleva el rechazo de dicha pretensión. Prosigue sosteniendo que el pago de los tributos y de los demás servicios son obligaciones que no hay dudas que recaen sobre la actora quien, por lo tanto, debe afrontarlas. Sin embargo Sedesa acreditó que los pagos que realizó fueron efectivizados luego de promovido el presente juicio y que abarcan períodos posteriores (fs. 337 cuota 5/2016; fs. 402 pago del impuesto municipal 06/2016), como en el caso de los pagos por los períodos 04/2013 al 02/2016 por el concepto de tasa de conservación de la Red Vial Municipal.
De ese modo admitió la demanda y rechazó la reconvención en la forma ya expuesta anteriormente. Contra dicho pronunciamiento apeló el demandado mediante presentación electrónica de fecha 30 de Julio de 2018, quien expresó agravios a fs. 617/625 los que fueron respondidos por la accionada a fs. 627/632 vta.
La accionada desarrolla sus agravios en varios acápites. Inicialmente efectúa una prolija descripción de los antecedentes administrativos y de resoluciones del Banco Central de la República Argentina que condujeron a la reestructuración del Banco de la Edificadora de Olavarría S.A. y que concluyeron en que Seguros de Depósito S.A. en su carácter de fiduciario del Fondo de Garantía de Depósitos, es titular del crédito debatido en autos porque se le transfirió a ella junto a otros activos. En este punto concluye que “los adquirentes de los activos excluidos (Sedesa) no son continuadores del Banco de la Edificadora de Olavarría” reestructurado “revistiendo el carácter de tercero interesado. En el acápite siguiente cuestiona con énfasis la validez y autenticidad del Anexo A del contrato de leasing sosteniendo, en lo sustancial, que fue celebrado en instrumento privado con la única grafía de Ricardo Pereyra, que medió infracción al art. 1784 del Código Civil (art. 1017 CCCN), porque debía ser hecho en escritura pública y tener inscripción registral.
Inclusive el art. 8 de la Ley 25.248 (art. 1234 CCCN) dispone que la escritura pública y sus anexiones, como lo sería el Anexo A, deben cumplir los mismos requisitos. Insiste con esta impugnación y recalca que como el contrato de leasing fue elevado a escritura pública cualquier acto posterior o modificatorio de él debía cumplir idéntica formalidad, con fundamento en los citados arts. 1784 del Código Civil y 8 de la Ley 25.248. En otro agravio esgrime y desarrolla distintos fundamentos controvirtiendo la validez del Anexo A. Así, sostiene que no se agregó el documento del cual surgirían las facultades legales del gerente general Pereyra, y que resulta inaceptable que un gerente general modifique condiciones fijadas en el contrato de leasing suscripto por el Vicepresidente Primero y un Director, quienes debieron haber suscripto el pretendido Anexo A.
Insiste en que el escribano no justificó las facultades de Pereyra, que el Anexo A también carece de validez porque no tiene la firma de las dos partes sino sólo la de quien dijo ser el gerente del banco, lo que incumple el art. 1012 del Código Civil (art. 288 CCCN). Por otro lado el escribano Carlos Severo Erramouspe, a la fecha de los hechos, era Director del banco por lo que el Anexo A carece de validez. Prosigue deteniéndose en los incumplimientos en que incurrió Euro Tapalqué S.A. En este sentido, en primer lugar, de los cánones locativos que debían ser pagados el 25 de Junio de cada año, habiéndose pactado la mora automática pese a lo cual, “varias cuotas del leasing fueron abonadas fuera de término”.
La cláusula séptima –prosigue- imponía al tomador el pago de todos los impuestos y tasas municipales y de los consumos o servicios de gas, luz, teléfono y agua corriente. Sin embargo Sedesa pagó tasas municipales por períodos comprendidos dentro del plazo de vigencia del leasing. En este acápite describe las cuotas, fechas y cuantía de la tasa de Reparación de la Red Vial Municipal que fueron abonadas por Sedesa, conforme al resultado de los oficios glosados en autos, detallándolos puntualmente. Luego hace lo propio con el servicio de luz prestado por Edea S.A., describiendo las facturas pagadas en mora. También se refiere al servicio de teléfono pagado con retraso por Euro Tapalqué S.A. tal como se desprende de los informes agregados al expediente, y que dan cuenta de la cancelación de dichas facturas fuera de término.
Lo mismo acontece con el Impuesto Inmobiliario abonado por Sedesa como resulta de fs. 422 y fs. 469 razones todas estas por las cuales el tomador no tiene derecho a la liberalidad prevista en el Anexo A. Por otro lado del mandamiento de constatación resulta que el inmueble está ocupado por terceras personas y tampoco se dio cumplimiento al pago de la cobertura asegurativa asumida por la actora ya que el informe de la aseguradora “Mercantil Andina” indica que no existe seguro vigente durante el plazo de leasing. Formula otras muchas consideraciones, algunas de las cuales se refieren a la prueba testimonial. Finalmente, y en síntesis, concluye que el Anexo A no es un instrumento privado porque le falta una firma, no está celebrado en escritura pública, no le resulta oponible a Sedesa, el deudor no tiene representación suficiente, Erramouspe no tiene capacidad para el otorgamiento del acto y la testación del escribano en el Anexo A ofrece dudas sobre su fecha 15 ó 16 de Junio de 2000, lo que no fue salvado.
Por todo ello y por otras consideraciones solicita se revoque la sentencia y se acoja a todas las pretensiones.
Llamados autos para sentencia y firme el proveído que hizo saber el orden de la votación (cf. fs. 634 y fs. 635 respectivamente) el expediente se encuentra en condiciones de ser resuelto.
II.- 1.- Pese al ingente esfuerzo de la representación procesal de la accionada, el agravio resulta -en lo sustancial- infundado, por lo que debe hacerse lugar a la demanda y desestimarse la reconvención, aunque con algunos matices que señalaré más adelante.
No está en discusión que el crédito que tenía el “Banco de la Edificadora de Olavarría”, cuando en el año 2002 suscribió con Euro Tapalqué S.A. el contrato de leasing financiero glosado a fs. 10/ 18, y admitido por ambas partes, hoy le pertenece a Seguro de Depósitos S.A. como fiduciaria del Fondo de Garantía de los Depósitos (en adelante Sedesa). En efecto, y habiendo sido liquidado el precitado banco, distintas resoluciones del Banco Central y diferentes operaciones financieras, contables y económicas, tendientes a la reestructuración del Banco de la Edificadora (hoy Banco Columbia S.A.), luego de otros avatares, conducen a que en la actualidad revista la condición de titular de ese crédito, por corresponderle a activos que le fueron transferidos por la autoridad financiera y monetaria (Banco Central de la República Argentina), a partir de Diciembre de 2002. Toda esta compleja operatoria, expuesta con claridad por la accionada al contestar la demanda (fs. 127/128 vta.) y reiterada al expresar agravios (a fs. 617/618), avalada por documentación respaldatoria (fs. 88/105, fs. 133/155), no fue objetada por las partes.
Tampoco está en discusión la celebración el día 16 de Junio de 2000 del contrato de leasing financiero, suscripto por el Banco de la Edificadora, como dador, representado por su vicepresidente y por un director, con Euro Tapalqué S.A. (en cuyo nombre intervino Leandro G. García), como tomador, e instrumentado por escritura pública pasada por ante el escribano Carlos S. Erramouspe, con relación al inmueble ubicado en Tapalqué, con nomenclatura catastral Circunscripción I, Sección G, Chacra 241, Fracción I, parcela 1 a, partida 5020. Más allá de otras cláusulas a las que me referiré más adelante, lo que quiero destacar es que se previó “como plazo de duración del contrato” desde esa fecha (16/08/2000) hasta el 16 de Junio de 2015, y que el 25 de Julio (contados a partir de ese año 2000) debía pagarse un canon locativo anual, adelantado, de US$ 30.388,77,acordándose la mora automática y facultando al tomador a ejercer una opción de compra de US$ 150.000 al vencimiento del plazo (el referido 16/6/2015). Igualmente debía notificar que ejercitaría esa facultad con un plazo no inferior de 60 días de la fecha de opción de compra. Recuerdo que el contrato vencía el 16 de Julio de 2015, los pagos de los cánones fueron por año adelantado, y la fecha de pago era el día 25 de Julio de cada año. Junto con dicho contrato, reitero aunque puede ser sobreabundante, celebrado por escritura pública (fs. 10/ 21) se agregó, como consta en el texto del negocio jurídico, un Anexo 1 (fs. 23) consistente en un inventario de los muebles entregados.
El punto de discusión es el “Anexo A Contrato de leasing”, obrante a fs. 22, en el que por instrumento privado con firmas certificadas notarialmente se conviene la cancelación de la deuda si el tomador cumple en plazo todas sus obligaciones modificando el contrato originario en lo relativo al monto de U$S 150.000 que debía abonarse para ejercer la referida opción de compra del inmueble. Aquél instrumento, suscripto en representación del dador por su gerente general Ricardo Luis Pereyra, agregado de modo intercalado (fs. 22) entre la escritura pública mencionada (fs. 10/21) y el referido Anexo 1 (fs. 23) es seguido de una actuación notarial del escribano Erramouspe (fs. 24/25) que certifica la autenticidad de la firma que obra en el “instrumento que antecede” ( recordemos que hay dos documentos; el Anexo A cuestionado y el Anexo 1, admitido) correspondiente a la grafía de Pereyra quien “concurre en nombre y representación del banco en su carácter de gerente general”, “con facultades suficientes” (sic.).
La demandada cuestiona la validez del Anexo A, que en los sustancial dice: “… para el caso de que el tomador de cumplimiento en tiempo y forma a la totalidad de las obligaciones asumidas en el Contrato de Leasing Financiero celebrado entre las partes en el día de la fecha sin incurrir en ningún retraso –independientemente de su dispensa por el dador-, tendrá derecho a adquirir el bien quedando eximido de abonar la cantidad pactada como valor de la opción de compra, sin perjuicio de continuar a su cargo el pago de los gastos, aranceles, impuestos, honorarios u otros gastos de cualquier naturaleza que demande la transferencia del bien a nombre del tomador” (sic., fs. 30 vta.).
Entiendo que los fundamentos de la accionada para controvertir la autenticidad y validez del Anexo A, no son de recibo. En primer lugar no es cierto que Sedesa revista la condición jurídica de “tercero” respecto del contrato de leasing alegando no ser sucesora del Banco de la Edificadora y no resultar continuadores de la entidad bancaria reestructurada. Es que, más allá de otras disquisiciones, los derechos que pretende ejercer la reconviniente son los que asistían al dador, esto es al precitado banco. Tampoco es atendible el cuestionamiento de que el escribano es director del banco porque esa impugnación sería igualmente aplicable a la escritura y al Anexo 1 (el inventario), cuya validez Sedesa reconoce expresamente (arts. 979 inc. 2º, 980, 993, 994, 997, 995, 1012, 1013 y concs. del Código Civil).
La existencia de la sola firma en el Anexo A del Sr Pereyra, gerente general del banco, no descalifica el acuerdo porque se trata de la copia obrante en poder de la actora, y se encuentra en idénticas condiciones que el Anexo 1, también firmado solo por Pereyra en la copia agregada en autos, no controvertida por Sedesa. Por lo demás, el art. 1013 del Código Civil señala expresamente que para la validez de los instrumentos privados es suficiente que el documento que obre en poder de la parte lleve la firma de la contraria. La suspicacia de que el mismo día de suscripción del contrato de leasing, por escritura pública firmada por el vicepresidente y un director de la entidad bancaria, un “gerente general”, ”con facultades suficientes” en representación del Banco, (como lo dice la actuación notarial de fs. 24) dispensara el pago de la deuda, en instrumento privado no inscripto registralmente, no resulta totalmente convincente y suficiente, conforme la prueba producida y lo actuado por las p
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