Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 64941
Causa nº: 2-64941-2019
"CUESTA LUCIANA PAOLA Y OTRO/A C/ ZYA S.A. S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - TANDIL
Sentencia Registro nº: ............. Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los veintitrés días del mes de Abril de Dos Mil Veinte, celebrando Acuerdo Telemático (arts. 1º apart. b 1.1. de la Resolución 10/2020 y 7 de la Resolución 14/2020; art. 4 inc. a Resolución 18/2020; Resolución 165/2020; Acuerdo 3971 y Acuerdo 3975/2020), los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Víctor Mario Peralta Reyes , Jorge Mario Galdós y María Inés Longobardi , con la presencia virtual del Sr. Secretario Doctor Claudio Marcelo Camino , para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “Cuesta, Luciana Paola y Otro/a c/ Z. y A. S.A. s/ Cumplimiento de Contratos Civiles y Comerciales” (Causa n° 64.941) , habiéndose practicado el sorteo pertinente (art. 168 de la Constitución Provincial; arts. 263 y 266 del C.P.C.C.), resultó que debían votar en el siguiente orden: Dr. Galdós – Dr. Peralta Reyes - Dra. Longobardi .
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Corresponde declarar la deserción del recurso interpuesto por la demandada el 10-7-19, contra la sentencia de fs. 931/947?.
2da.- ¿Procede el recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 949/949vta. contra la sentencia de fs. 931/947?.
3ra.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION , el Señor Juez Dr. Galdós , dijo:
I.1. Habiéndose incorporado a fs. 978/982 el dictamen de la Fiscalía General Departamental, y practicado el sorteo del orden de votación (fs. 984), la causa está en condiciones de ser decidida.
2. En respuesta a la primera cuestión, propongo al acuerdo decretar la deserción del recurso de apelación interpuesto por la demandada el 10-7-19 contra la sentencia de fs. 931/947 (concedido libremente a fs. 963), en razón de no haber dicha parte expresado agravios en tiempo útil conforme da cuenta el informe de secretaría de fs. 976 (arts. 254 y 261, CPCC).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Peralta Reyes y Longobardi adhieren al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION , el Señor Juez Dr. Galdós , dijo:
II.1. Luego de tramitarse el pleito al amparo de la ley de defensa del consumidor n° 24.240, se arribó a la sentencia apelada de fs. 931/947 que, en lo sustancial, hizo lugar a la demanda y de esa manera condenó a ZYA S.A.: a) a entregar a la actora el inmueble objeto del contrato; b) a pagarle una multa equivalente al valor locativo diario de una vivienda de similares características desde el 01-4-15 y hasta la efectiva entrega de la posesión del inmueble, autorizando además a la actora a compensar el importe de la multa con el saldo impago del precio; c) a pagarle a la actora la suma de $26.500 en concepto de daño punitivo; d) en todos los casos con más intereses a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquéllos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo deberá ser diario con igual tasa; con más las costas del juicio. Por el contrario, la sentencia apelada rechazó: a) anular la cláusula de reajuste prevista por las partes en la cláusula segunda del negocio; b) y el reclamo por daño moral.
2. Fue precisamente contra la desestimación de estas dos últimas pretensiones contenidas en la demanda que la actora (integrada a la sazón por Luciana Paola Cuesta y Sebastián Rebollo) dedujo el recurso de apelación que nos convoca.
Contra el rechazo de la anulación de la cláusula de ajuste dijo la apelante que las obligaciones dinerarias están alcanzadas por el principio nominalista y son insusceptibles de reajuste alguno. Que la circunstancia de revestir la actora la condición de abogada –argumento utilizado por la sentencia en crisis- no coloca a las partes de la presente relación de consumo en un plano de igualdad al momento de contratar, ni muchos menos supone que hubiera existido la posibilidad de negociar dicha cláusula: la accionante sólo pudo elegir entre contratar, o no contratar.
Con relación al rechazo del reclamo por daño moral alegó que con la prueba producida se acredita el sentimiento disvalioso que le generó la frustración del contrato en cuyo cumplimiento ambos demandantes habían puesto grandes expectativas para crecer familiarmente y volver a vivir junto a su familia y amigos en la ciudad de Tandil, sufrimiento que persiste hasta el día de hoy debido a la falta de entrega del inmueble.
Sobre esas bases argumentativas pidió a esta alzada que anule parcialmente la cláusula segunda del contrato teniéndose por no convenido el ajuste mensual de la cuota conforme al Índice de Variación de Costos de la Construcción, y que se admita el daño moral peticionado en la demanda (fs. 971/973vta.).
3. Destaco que la demandada no contestó el traslado que se le confirió (cf. informe de fs. 976).
III.1. Luciana Paola Cuesta y Sebastián Rebollo demandaron a ZYA S.A. el cumplimiento de lo pactado en el boleto de compraventa de fecha 02-02-13, mediante el cual ésta se obligó a entregar en propiedad a los primeros un inmueble a construir en el desarrollo inmobiliario denominado “Palermo Norte” de la ciudad de Tandil, identificado como unidad funcional 45 (fs. 9/11, cláusula primera).
En cuanto atañe específicamente al recurso deducido (art. 266, CPCC), pactaron que el precio total de $468.690 se pagaría según el siguiente cronograma: a) la suma de $3.173 a la firma del boleto; b) la de $43.508 el día 15-02-13; c) el saldo de $422.009, dividido en ciento treinta y tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $3.173 ajustadas cada mes de acuerdo al Índice de Variación de Costos de la Construcción que publica la Revista Vivienda para el mes anterior al del pago, que no podría ser negativo; d) al momento de la posesión se abonarían trece cuotas adicionales a la del mes en curso, deducibles de las anteriores (cláusula segunda). Y se previó asimismo en esa cláusula segunda que “dado el carácter de las obligaciones asumidas por LA VENDEDORA, la presente operación genera una obligación de valor en cabeza de LOS COMPRADORES…” . Finalmente, se pactó que la entrega de la posesión se haría efectiva a los treinta (30) meses de comenzada la obra (cláusula cuarta), habiendo la sentencia de primera instancia dotado de certeza definitiva a dicho plazo -aspecto que arriba firme a esta instancia; art. 266, CPCC-, al establecerlo en el mes de abril de 2015 (fs. 940vta.).
Pues bien, de las constancias de autos se puede apreciar que el plan contractual comenzó a ejecutarse de acuerdo a lo pactado hasta el mes de agosto de 2015 inclusive. De ello da cuenta no sólo el pago por parte de la actora de la suma $3.173 que hizo efectiva con carácter de seña a la firma del boleto el 02-02-13 (cf. fs. 9/11 y recibo de fs. 18), o de la de $43.508 que abonó pocos días después el 15-02-13 conforme previeran en el contrato (cf. recibo de fs. 20), sino –principalmente- de las numerosas cuotas que la accionada liquidaba mes a mes aplicándole el prealudido índice y que la actora cancelaba con puntualidad y sin formular objeciones de ningún tipo mediante transferencias bancarias desde una cuenta de su titularidad (arts. 570, 618, 721, 742, 746, 750, Cód. Civ.; art. 7, CCyC; fs. 22/56). Cabe destacar que ese modo de conducirse de las partes –me refiero, claro está, al pago de las cuotas que contenían el índice- se inauguró con la cuota número dos abonada por un total de $3197,75 (de modo tal que contenía una suma en concepto de reajuste de $24,75), no obstante lo cual fue pagada puntualmente y sin objeciones por la compradora-actora en fecha 05-4-13 (cf. recibo de fs. 24). Desde aquel momento y hasta que la actora decidió discontinuar con los pagos invocando la falta de entrega de la unidad -y no la pretensa ilegalidad de la cláusula de reajuste-, las partes exteriorizaron un comportamiento regular, periódico y contractualmente predecible a lo largo del tiempo: la demandada liquidando mes a mes las cuotas con el índice de reajuste y la actora pagando el monto resultante sin objetarlo y puntualmente. Es decir, a partir de la cuota segunda en todos los casos la cuota mensual llevabaínsita una suma en concepto del reajuste previsto en el boleto que la actora pagaba sin protesta alguna, tal como se desprende con toda claridad de cotejar el monto de la cuota pura mencionada en el contrato ($3.173) con las sumas que surgen de los recibos y de las transferencias bancarias agregados a fs. 24/56.
Considero trascendental este aspecto de la temática recursiva que concierne a la liquidación y pago de las sucesivas cuotas contemplando el índice de reajuste, porque del comportamiento regular y periódico exhibido por las partes a través del tiempo no puede sino concluirse que ambas consideraron que existía una pauta común de conducta a la que debían acatamiento, y que no es otra que aquella que emerge de la cláusula segunda del boleto de compraventa. La apuntada regularidad en la conducta de las partes que tuvo su inicio, reitero, con el pago de la seña y del desembolso denominado “pago total entrega inicial” en fechas 05-02-13 y 15-02-13, respectivamente (fs. 18 y 20), se mantuvo inalterable por más de dos años y sólo se vio interrumpida en septiembre de 2015 (cf. constancia de transferencia bancaria de fs. 56), cuando la actora decidió discontinuar los pagos mensuales invocando la falta de entrega del inmueble en el plazo pactado, y de ningún modo amparándose en la supuesta abusividad de la cláusula de reajuste.
La ausencia de cualquier tipo de cuestionamiento en torno a la legitimidad de la cláusula de reajuste persistió aún durante el intercambio epistolar prejudicial e, incluso, al momento de efectuarse la denuncia ante la OMIC de la ciudad de Tandil oportunidad ésta última en la que la actora omitió cualquier mención sobre el punto (fs. 69, 79/80). Fue recién con la demanda entablada el 21-12-16 –o sea, más de un año después de suspender los pagos invocando la falta de entrega- cuando la accionante, variando radicalmente aquella conducta anterior, decidió exteriorizar su disconformidad con la mentada cláusula (fs.113/137vta.).
A esta altura se hace preciso recordar que la Suprema Corte Provincial ha expresado que “la buena fe implica un deber de coherencia de comportamiento, que consiste en la necesidad de observar en el futuro la conducta que los actos anteriores hacían prever; regla que gobierna tanto el ejercicio de los derechos como la celebración y ejecución de los contratos según los arts. 1071 y 1198 del Código Civil y es aplicable por igual en el campo del derecho privado como del derecho administrativo, por lo que es dable exigir un comportamiento ajeno a los cambios de conducta perjudiciales y desestimar toda actuación que implique un obrar incompatible con la confianza que, merced a los actos anteriores, se haya suscitado en la contraparte” (SCBA, B. 64.355, "Casa Vitale de Daraya y otros contra Provincia de Buenos Aires (Poder Judicial). Demanda contencioso administrativa").
Entiendo que la pretensión de nulidad bajo examen ha importado de parte de la actora un obrar incompatible con la confianza que dicha parte había suscitado en su contraria en virtud de comportamientos anteriores suyos válidos, regulares y persistentes en el tiempo –y, agrego, contractualmente esperables- en perjuicio de la accionada, que vino a alterar de modo unilateral e injustificado el plan contractual original a las que ambos contratantes quisieron y entendieron ajustarse, y que por tanto no merece ser receptada (arts. 1137, 1197, 1198 y ccs., Cód. Civ.; art. 7, CCyC).
2. Al margen de lo dicho hasta aquí, la aplicación del concreto índice de reajuste previsto en el contrato (variación del costo de la construcción) no puede desentenderse del contexto contractual y económico general para el cual fue previsto y dentro del cual se aplicó. En efecto, es imprescindible tener en cuenta que el caso versa sobre una compraventa en pesos de un inmueble a construirse, en cuyo marco el pago del precio total de $468.690 comenzó a efectivizarse mediante una seña confirmatoria de $3.173 a la firma del boleto más un desembolso de $43.508 a los pocos días, y que para el pago del remanente del precio de $422.009 se contemplaron ciento treinta y tres (133) cuotas mensuales, iguales y consecutivas sin interés de $3.173 cada una, ajustables cada mes en base al índice de variación de costos de la construcción. Entiendo que esta cláusula presenta una serie de elementos que exhiben, a partir de un análisis contextual y finalístico de la cuestión, lo infundado del agravio de la actora cuando insiste en anular lo previsto en el contrato con relación al reajuste de las cuotas del saldo del precio. Esas circunstancias son: a) el precio se estableció en pesos; b) el pago se fraccionó en ciento treinta y tres (133) cuotas mensuales y consecutivas, aspecto que –de seguirse el plan del contrato- aplazaría más de once años el pago total del precio; c) no se contempló interés alguno con relación a esas ciento treinta y tres cuotas; d) se previó un reajuste de las cuotas de conformidad a un índice específico y directamente relacionado con el objeto del contrato.
Lo que quiero significar es que fue en esos concretos términos y en ese marco general de contratación que las partes establecieron de común acuerdo el intercambio económico que operarían recíprocamente en virtud del negocio, entendiendo que en ello residía el sinalagma genético del pacto y previendo y anticipando, además, en un contexto económico que no les era desconocido y que claramente no puede soslayarse en el análisis de la cuestión, el modo en que dicho equilibrio se mantendría a lo largo de los más de diez años que idealmente habría de insumir el pago de las ciento treinta y tres cuotas que conformaban el saldo insoluto del precio (sinalagma funcional).
Con cita de autorizada doctrina he sostenido antes de ahora que “existe una categoría de contratos que, tanto al concluirlos como al cumplirlos, la idea de reciprocidad, de nexo de unión entre las prestaciones e incluso de equivalencia entre éstas, es dominante. Son los contratos sinalagmáticos” . Y destaqué que “estos contratos con prestaciones recíprocas originan, según su naturaleza, derechos y obligaciones para ambas partes contratantes que se condicionan mutuamente, de manera que una parte acepta ser deudor porque al mismo tiempo se convierte en acreedor. Y es en estos contratos donde cobra sentido la idea de sinalagma, indicando modernamente el sentido de reciprocidad de la relación obligatoria, lo que sucede claramente en contratos como los de venta, permuta, locación de cosas, de servicios y de obra. En otras palabras, en los contratos con prestaciones recíprocas, el vínculo relacional de las obligaciones y derechos de las partes es fundamentalmente estrecho. Una obligación cobra existencia por la contraobligación y entonces se está frente al sinalagma” . Y referí que “el contrato con prestaciones recíprocas implica, por su naturaleza, una proporcionalidad entre las atribuciones patrimoniales esenciales; es decir, contiene un vínculo y un equilibrio” (Juan Carlos Rezzónico, “Principios Fundamentales de los Contratos”, ed. Astrea, págs. 321 y 323; esta Sala, causa n° 59.199 del 23-12-15, “Marmol…”).
Está claro, entonces, que tratándose de una compraventa en pesos celebrada en el marco de un proceso público y notorio de aumento generalizado de precios, y en la que el pago de una parte sustancialmente significativa del precio (90%) se estableció en ciento treinta y tres cuotas mensuales sin interés, desconocer el aludido reajuste importaría un estrepitoso quiebre del sinalagma contractual oportuna y libremente concertado por las partes, con un manifiesto perjuicio para la vendedora, proceder que naturalmente no puede ser avalado, máxime cuando la actora no ha probado ni surge tampoco de las constancias de autos que hubiera existido una vulneración de la igualdad o libertad negocial, tal como esgrime la apelante.
Sin perjuicio de considerar que lo dicho hasta aquí brinda suficiente respuesta al agravio agrego como refuerzo argumental, que al margen de las genéricas y dogmáticas consideraciones en torno a la nulidad de la cláusula de reajuste deslizadas en la expresión de agravios, la actora nada dijo acerca del concreto perjuicio que su efectiva aplicación le irroga, como podría ser, por hipótesis, que provoca un quiebre perjudicial en el equilibrio del contrato, o un injustificado y también perjudicial enriquecimiento de su contraria merecedores de reproche (arts. 163 inc. 6, 260, 266, 330 inc. 4, 375 y ccs., CPCC).
Por lo expuesto, propongo al acuerdo confirmar la sentencia apelada en cuanto rechazó anular la cláusula de reajuste (arts. 1137, 1197, 1198 y ccs., Cód. Civ.; art. 7, CCyC.; y cito además como pautas interpretativas, los arts. 1061, 1067 y ccs., CCyC.).
3. Por el contrario, entiendo que es de recibo el agravio intentado contra el rechazo de la indemnización del daño no patrimonial, cuya configuración se encuentra debidamente acreditada –aunque ciertamente no con el alcance cuantitativo requerido en la demanda ($250.000)-, en tanto la actora ha visto afectada su esfera moral (padecimientos, perturbaciones de ánimo, etc.) como consecuencia de la falta de entrega en plazo del inmueble prometido.
He sostenido que el daño moral tiene carácter resarcitorio aunque a veces encubiertamente suele contener -erróneamente a mi juicio- un “plus” como sancionador de la inconducta del dañador (conf. mis trabajos ”Daños a las personas” RRCyS 2005-35 “Acerca del daño psicológico” JA 2005-I-1197; “Un caso de gran discapacidad en fallo ejemplar”, en anotación a fallo Cám. Civ. y Com. Sala III, 20/2/2005, “Lioi, Ester y otro c/ Estado Nacional Ministerio del Interior”, LL 2005-B-868; “Nuevos daños a las personas en la sociedad de riesgo” en libro Homenaje al Profesor Jorge Mosset Iturraspe, Santa Fe, Ediciones UNL 2005, p. 159). Lorenzetti puntualiza que se asiste a una notable expansión del concepto de daño moral tanto en su contenido como en la titularidad de la acción, incluyéndoselo en una noción más amplia de daño a la persona como lesión a derechos fundamentales de raigambre constitucional (Lorenzetti Ricardo, “El daño a la persona”, LL 1995-D-1012; aut. cit. "La lesión física a la persona. El cuerpo y la salud. El daño emergente y el lucro cesante", Rev. de Der. Priv. y Com., Nº. 1, "Daños a las personas", p.103). El daño moral se concibe considerando el interés jurídico susceptible de ser reparado toda vez que el derecho no protege los bienes en si mismos o en abstracto sino en cuanto idóneos para satisfacer necesidades (intereses) patrimoniales o extrapatrimoniales que resultan frustrados a raíz del hecho dañoso (conf. “El daño moral colectivo. Su problemática actual” en “Derecho Ambiental y Daño” –Director Ricardo L. Lorenzetti- pág. 253; Bueres, Alberto J., “El daño moral y su conexión con las lesiones a la estética, a la sique, a la vida de relación y a la persona en general”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, p. 237; Boragina Juan ”El Daño” en "Derecho Privado” (Homenaje a Alberto Bueres), pág. 1138; Calvo Costa Carlos “Derecho de las obligaciones” T. 2 p. 239). El daño moral es el que conculca intereses extrapatrimoniales dignos o merecedores de tutela jurídica, que lo convierten en injusto o inmerecido para la víctima. (Morello Augusto M. “Indemnización del daño contractual“ pág. 180; esta Sala, causas nº 57.218 del 13/06/2013, “Rossi…”; n° 62.827 del 05-6-18, “Barcelonna…”).
De su clásico y más reducido ámbito, restringido inicialmente al “precio del dolor”, ahora se difunde
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.