Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mercedes, Sala I · Causa SI 119515
Expte: SI-119515
Juzgado de origen: Juzg Civ y Com N° 2 Dptal
Juicio: MIRANDA MARIA ALEJANDRA C/ TRIUNFO COOP, DE SEGUROS LTDA. S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES
En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, en el día de la firma, se reúnen en Acuerdo continuo (Res. SCBA 480/20 y complementarias sobre COVID-19 y Res. del Presidente de esta Sala nro. 28/4/2020) los señores Jueces de la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes de la Provincia de Buenos Aires, Dres. EMILIO ARMANDO IBARLUCIA Y LUIS MARIA NOLFI , en virtud de lo dispuesto por el art. 4° del Ac. Extraordinario del 25 de septiembre del 2008 (publicado en el Boletín Oficial el 06/12/2010, pags. 12.609/12.610), con la intervención del Auxiliar Letrado actuante, para dictar sentencia en el Expte. Nº SI-119515 , en los autos: “ MIRANDA MARIA ALEJANDRA C/ TRIUNFO COOP, DE SEGUROS LTDA. S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES ” .-
La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones esenciales de acuerdo con los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del C.P.C.C.
1ª) ¿Es justa la sentencia interlocutoria apelada?
2ª) ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: Dres. Emilio Armando Ibarlucía y Luis María Nolfi. -
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA , el señor juez Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:
I. 1.- Llegan los autos a esta instancia por apelación de la parte demandada contra la sentencia interlocutoria de fecha 13/12/21, que rechaza la excepción de prescripción opuesta. El memorial obra en EE del 28/01/22, contestado por la actora por igual medio
2. La acción se promueve el 31/03/21 por cumplimiento del contrato de seguro contratado por el hijo de la actora, fallecido el 2/09/17.
Triunfo Coop. de Seguros Ltda. opone excepción de prescripción con sustento en el art. 58 de la ley 17.418. Dice que la actora denunció el siniestro el 15/09/17 y que la compañía, por CD del 14/12/17, le pidió documentación que nunca acompañó. Expresa que aún cuando se considere que se inició mediación (el 6/02/19), la misma se cerró el 20/02/19, por lo que, al tiempo de presentarse la demanda, estaba cumplido el plazo de un año previsto por el art. 58 de la LS.
La actora responde diciendo que, sin perjuicio de que contestó el requerimiento oportunamente formulado, el plazo de prescripción que debe aplicarse es el general del art. 2560 del C.C.C. (5 años) por ser más favorable al consumidor.
Cumpliéndose con el art 27 de la ley 13.133, se corre vista al representante del Ministerio Público Fiscal quien dictamina que, mediando una relación de consumo, debe tenerse en cuenta el régimen tuitivo del consumidor.
3. La sentencia apelada acoge el planteo de la actora. En síntesis, sostiene, con cita de doctrina, que por imperio de una interpretación armónica y concordada de los artículos 42, 75 inciso 22 de la CN, los arts. 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 961, 991, 1061, 1067, 1092, 1093, 1094, 1095, 1097, 2532, 2560 del Código Civil y Comercial y arts. 1, 2, 3, 8 bis, 37, 50 y 65 de la Ley N° 24.240 (t.o.), debe aplicarse el art. 2560 del C.C. Agrega que el plazo del art. 58 de la L.S. rige sólo para las acciones entabladas por las aseguradoras contra los asegurados, o por estos cuando no media relación de consumo en los términos del art. 1 de la LDC.
En consecuencia, independientemente del reconocimiento del contrato por la accionada y de la mediación, no habiendo transcurrido el plazo de cinco años del art. 2560 del C.C.C. desde la fecha del hecho (2/09/17), rechaza la prescripción opuesta, con costas a la demandada.
II. La demandada se agravia alegando que el juez pasa por alto que la ley 26.994 modificó el art. 50 de la ley 24.240 (texto ley 26.361), quedando redactada de la siguiente manera: “ Prescripción. Las sanciones emergentes de la presente ley prescriben en el término de tres (3) años. La prescripción se interrumpe por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas”. Por consiguiente – sostiene -, la ley que aprobó el Código Civil y comercial también eliminó expresamente la referencia a que “ las acciones judiciales ” y “ las administrativas ” prescriben a los tres años.
Siendo ello así, argumenta que rige la ley 17.418 (art. 58), que es la ley especial que prima sobre la ley general (art. 2560 CCC), tal como, además, surge del texto de esta última norma y del art. 2532 del mismo código. Cita fallos de la C.N. Comercial (Salas D y B) en sustento de su posición).
En la contestación del memorial, la actora apoya la resolución apelada, con cita de doctrina y jurisprudencia.
III. Esta Sala ya se ha expedido sobre el tema en tratamiento en la sentencia dictada en la causa n° 117.842, “Vega, Adriana c. Antártida Cía. de Seguros”, del 5/12/19 (publicada el La Ley RCyS 2020-VII , 298, L.L AR/JUR/58085/2019 y elDial.com - AAB9E7 Publicado el 13/02/2020), en el sentido de la prevalencia del art. 2560 del C.C.C. (precedente reiterado en la causa n° 119.236). El mismo criterio ha sido seguido por la Sala 3 en las causas n° 5.391 del 4/03/20 y 6.278 del 21/09/21 - siguiendo el temperamento aplicado antes de la ley 26.994 en la causa n° 5.823, fallada el 14/10/20 -, como también por la Sala 2 en la causa n° 31.887 del 16/03/21, en todos los casos sin disidencias).
Entre otros argumentos, dijo la Sala en dichos precedentes que antes de la ley 26.994 se había planteado el debate acerca de si era aplicable el art. 50 de la LDC – que preveía el plazo de 3 años para las acciones judiciales – o el del art. 58 de la LS, y que la S.C.B.A. se había pronunciado por la primera alternativa (LP C 107.516 S. 11/07/2012, “Canio, Daniel Gustavo c/Seguro Metal Coop. de Seguros s/Cumplimiento contractual”, al igual que la C.N. Comercial en el plenario “Saez González, Julia del Carmen c/ Astrada, Armando Valentín y otros s/ daños y perjuicios ” del 12/03/2012, en relación al contrato de transporte.
En el caso – se añadió – la demanda se había interpuesto luego de la modificación introducida al art. 50 de la LDC por la ley 26.944 y que, de acuerdo al art. 2537 del C.C.C. debía decidirse cuál era el plazo de prescripción aplicable. Al respecto, se dijo que había posturas contrapuestas: a favor del art. 58 de la LS, entre otros: Compiani, María F., “El régimen jurídico del contrato de seguro en el derecho argentino. Actualidad y perspectivas”, Revista Actualidad Jurídica Iberoamericana - Número 5 Ter - Diciembre 2016, 01-12-2016, Cita: IJ-CCCLXXVII-793; Cracogna, Fernando “La prescripción en el derecho de seguros. Hacia el fin de una controversia” y fallos allí citados, LA LEY 09/02/2017, 09/02/2017, 8 - LA LEY2017-A, 277 - RCyS2017-III, 227; AR/DOC/3877/2016; Cám. Nac. Com., Sala B, 4/8/2017, “Agut, Fernando Martin c/ Caja De Seguros S.A. s/Ordinario”; Cám. Nac. Com., Sala D, 29/12/2016; “GDF Cargas Congeladas S.R.L. C/ QBE Seguros La Buenos Aires Sociedad Anónima y Otros s/ Ordinario”; y a favor del art. 2560 del C.C.C.: Waldo Sobrino “El nuevo plazo de prescripción de cinco (5) años en los seguros por aplicación del Código Civil y Comercial”, ponencia presentada en el XVI Congreso Nacional de Derecho de Seguros, La Plata. 21, 22 y 23 de septiembre de 2016, Colegio de Abogados Departamento Judicial La Plata; elDial.com - DC223D, publicado el 24/11/2016. Ver también del mismo autor “ Prescripción de cinco años en seguros en el nuevo Código”, LA LEY 25/02/2015, 25/02/2015, 1 - LA LEY2015-A, 1008, AR/DOC/206/2015; Diego S. González Vila, “La Prescripción en el Contrato de Seguro a la luz del Código Civil y Comercial, un nuevo capítulo de una vieja controversia”, Revista Jurídica Región Cuyo - Argentina – N° 7 - el 31-10-2019; a Cám. Nac. Com. Sala F (fallo del 10/05/2018, “Salina, Gladys Mirtha c. BBVA Consolidar Seguros S.A. s/ ordinario”, La Ley Online AR/JUR/33012/2018; con cita de otros precedentes en igual sentido.
Dijo la Sala que optaba por esta última interpretación porque era la propuesta más razonable (art. 3 C.C.C.) y que armonizaba todo el marco normativo de defensa del consumidor (arts. 42 C.N., 1094 C.C.C. y 3 L.D.C.), no pudiéndose perder de vista que los arts. 1 y 2 C.C.C. imponen una interpretación según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República es parte. Se agregó también que en caso de duda en cuanto sobre si una prescripción se encuentra o no cumplida debe estarse por la subsistencia de la acción (Pedro N. Caseauz y Félix A. Trigo Represas, “Derecho de las Obligaciones”, Tomo III, Ed. LaLey, Bs. As., 2010, pág. 474 y doctrina y jurisprudencia allí citada; y doctrina de la S.C.B.A, LP C 115276 S 27/11/2013 entre otros).
Ratificamos estos argumentos pero como veo que, con el texto del art. 50 de LDC luego de la ley 26.944 (no ya con el texto de la ley 26.361) existen tribunales y autores que se han pronunciado por la prevalencia del art. 58 de la ley 17.418 (fallos de Salas la Cámara Nacional en lo Comercial y .N.Com. y de distintas Salas de las Cámaras Civiles de la Provincia, detalladamente citados en el dictamen del Procurador General ante la S.C.B.A. en el dictamen emitido el 18/04/22 en la causa C 125.122, “Pieruzzi c. Caja de Seguros S.A.”- http://cijur.mpba.gov.ar/dictamen/C/125122?keyword=seguro&ModoBusqueda=1 - y distintos autores, como Compiani, Fabiana; "La Prescripción en el contrato de Seguro", publicado en La Ley, del 23/12/15; López Saavedra, Domingo; "La vigencia de la Ley de Seguros y de la de Navegación en el Proyecto de Unificacion de los Códigos Civil y de Comercio", páginas 1.355 a 1.360, en Comentarios al Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación 2012, bajo la Dirección de Julio César Rivera, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2012, entre otros citados por Sobrino, Waldo en “El nuevo plazo de prescripción de cinco años en los seguros por aplicación del Código Civil y Comercial”, www.saij.gob.ar , Id SAIJ: DACF17027, autor éste tenaz sostenedor de la postura contraria junto con otros autores), consideramos necesario abordar el tema.
La misma ley 26.994, al tiempo que por medio del Anexo I, aprobó el Código Civil y Comercial, simultáneamente dio sanción al Anexo II, que, entre otras normas, modificó el art. 50 de la ley 24.240, de forma tal que no sólo quitó la referencia a la prescripción de las acciones judiciales y administrativas – limitándolo a la de las “ sanciones emergentes de la presente ley ”, sino que también eliminó la frase “ Cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción distintos del establecido precedentemente se estará al mas favorable al consumidor o usuario”.
Esta modificación de la LDC no estaba propiciada en los Fundamentos de la Comisión Redactora del Anteproyecto de Código Civil y Comercial designado por el decr.191/2011 del P.E.N. Por el contrario, junto con el proyecto de ley aprobatoria del código, agregó un articulado con derogaciones y sustituciones de legislación complementaria, entre otras de los arts. 1, 40 y 52 bis de la ley 24.240. O sea, no propició modificación alguna del art.50 ( ver www.proyecto-reforma-ccyc-anteproyecto-de-codigo-civil.pdf ).
Cuando el P.E.N. envió el proyecto al Congreso (Mensaje de Elevación 884/12 del 8/06/12), como es bien sabido, lo hizo con varias modificaciones al código (exclusión de normas sobre derechos de incidencia colectiva, propiedad de los pueblos originarios, derecho al agua, comienzo de la concepción, responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos, prescripción de tributos, entre las mas importantes), enumeró en el articulado de la ley, las leyes que se derogaban y un Anexo II con modificaciones de varias leyes. Entre estas, la ley 24.240 en sus arts. 1, 8, 40 bis y 50. Este último con el texto arriba mencionado.
Apenas ingresado al Congreso el proyecto de ley en la fecha indicada, se formó la Comisión Bicameral para la reforma, actualización y unificación de los Código Civil y Comercial de la Nación, que organizó jornadas para debatir el proyecto el seno de la comisión y en todo el país. El dictamen final fue incorporado al Orden del Día n° 892/13, con un Anexo II igual al mandado por el P.E.N. El proyecto fue tratado en las sesiones del 27 y 28/11/13 del Senado y no surge de la lectura de los discursos que hubieran hecho referencia alguna a la modificación del art. 50 de la LDC (ver https://www.senado.gob.ar/parlamentario/sesiones/busquedaTac ).
El proyecto sancionado pasó a la Cámara de Diputados y fue tratado en la sesión del 1/10/14, aprobándose sin modificación alguna. No surge tampoco de la lectura del diario de sesiones que el tema del art. 50 de la LDC haya sido siquiera mencionado ( https://www.hcdn.gob.ar/sesiones/sesiones/sesiones.html ). Finalmente, fue promulgada por el decr. 1795 del 7/10/14 sin observaciones.
Se sancionó, entonces, – si se nos permite el término – una ley esquizofrénica. Por un lado, siguiendo los Fundamentos del Anteproyecto (Título III) se incorporó al código un capítulo sobre “Relación de consumo”, que en su art. 1094 dice expresamente: “ Las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el de acceso al consumo sustentable. En caso de duda sobre la interpretación de este Código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor”. Norma esta concordante con el art. 3 de la LDC, que prescribe: “ En caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley prevalece la más favorable al consumidor”. Por otro lado, la misma ley eliminó del Anexo II, como ya vimos, la indicación de que en caso de duda acerca de los plazos de prescripción debía estarse al más favorable al consumidor o usuario.
¿Cuál es, entonces, la finalidad de la ley , como dice el art. 1 del Código Civil y Comercial?
Destacamos que si habláramos de la voluntad del legislador – como históricamente se hizo -, la respuesta sería que es un enigma, dado que esa reforma del art. 50 de la LDC no está fundada, como vimos, en ninguna parte. En los Fundamentos del Anteproyecto se explica que se optó por poner la finalidad de la ley a fin de que la interpretación no se limite a la intención histórica u originalista, sino que se permita una consideración de las finalidades objetivas del texto en el momento de su aplicación
Lo primero que se advierte es que esa expresión tiene una evidente relación con el debate que, en materia constitucional, desde siempre existió entre la interpretación originalista o estática y la interpretación dinámica o actualizada de la Constitución (tema especialmente debatido en EE.UU. pero también en nuestro país, sobre lo que no voy a abundar por escaparía al objeto de este pronunciamiento). La primera conduce a posturas conservadoras y la segunda a posturas progresistas. Esto se vincula con que se haya eliminado del art. 1 (en el tránsito de la Comisión Redactora por el P.E.) la referencia a la jurisprudencia como fuente de interpretación del derecho. La intención, aparentemente, fue que, como el código innovaba en muchas cuestiones trascendentes con una nueva visión (desde el derecho constitucional y los tratados de derechos humanos), los jueces no se vieran atados a la jurisprudencia surgida del código “viejo”, lo que podía producir un freno a la modernización o “aggioranamento” de la interpretación del nuevo ordenamiento (comentario de Marisa Herrera y Gustavo Caramelo al art. 1 en CyC_Comentado_Tomo I, http./www.saij.gob.ar ).
Si esa ha sido la intención, ¿cómo se explica una reforma que en lugar de beneficiar a los consumidores, en principio, los perjudica?
Si la finalidad de la ley es toda la ley, no parece que pueda concluirse que las acciones de los consumidores se rijan por plazos de prescripción muy breves previstos en leyes especiales (v.g. Ley de Seguros).
Sin embargo, lo primero que cabe preguntarse es si al excluir la ley 26.994 el tema de la prescripción de acciones judiciales, la finalidad fue que no formara parte del “ núcleo duro” de protección del consumidor aludido en los Fundamentos del Anteproyecto elaborado por la Comisión Redactora.
En efecto, al fundamentar el Título III del Libro III del Código, dijo la comisión que una de las decisiones que tuvieron que tomar fue la extensión que debía darse a la regulación de los contratos de consumo toda vez que existía una ley sobre el particular, y se optó por la inclusión de un capítulo con la “ protección mínima”.
Textualmente se dijo: “ Ninguna ley especial en aspectos similares podría derogar esos mínimos sin afectar el sistema. El código, como cualquier ley, puede ser modificado, pero es mucho más difícil hacerlo que con relación a cualquier ley especial. Por lo tanto, estos “mínimos” actúan como un núcleo duro de tutela .”
Cabe preguntarse, entonces, si al no incluirse en el capítulo de los contratos de consumo nada acerca de la prescripción de las acciones judiciales, se entendió que el tema no formaba parte del “ piso mínimo ” o “ núcleo mínimo ” de tutela del consumidor, y por ello el legislador – por medio de la misma ley -, reformó el art. 50 de la LDC excluyendo la prescripción de las acciones judiciales y administrativas, y de esa forma entendió que debía regirse por las leyes especiales (interpretación que, como vimos un sector de la doctrina y de la jurisprudencia sostiene). Después de todo en el precedente C 107.516 del 11/07/12, la Suprema Corte, si bien dijo que luego de la ley 26.362 no cabían dudas de que el plazo era el de 3 años del art. 50, sostuvo que antes de ello, en virtud de la la no retraoctividad de las leyes, el tema se regía por el plazo especial del art. 58 de la LS (y por ello rechazó el recurso extraordinario); o sea, no dijo que debía aplicarse el plazo general del art. 4023 del Código Civil.
La otra interpretación posible es pensar que se hizo tal eliminación porque se entendió que no hacía falta. O sea, a falta de previsión en la LDC, debía regirse el tema por la regla general de prescripción de las acciones del C.C.C. (art. 2560), o, en su caso, por los plazos especiales del mismo código (arts. 2561, 2562, 2563 y 2564).
Si volvemos a los Fundamentos del Anteproyecto, vemos que a continuación de lo arriba transcripto dice: “ También es considerable el beneficio en cuanto a la coherencia del sistema, porque hay reglas generales sobre prescripción , caducidad, responsabilidad civil, contratos, del Código Civil que complementan la legislación especial proveyendo un lenguaje normativo común. En el campo de la interpretación se establece un “ diálogo de fuentes ” de manera que el código recupera una centralidad para iluminar a las demás fuentes. El intérprete de una ley especial recurre al código para el lenguaje común de lo no regulado en la ley especial y, además, para determinar pisos mínimos de tutela conforme con el principio de interpretación más favorable al consumidor. De conformidad con esta perspectiva, se produce una integración del sistema legal en una escala de graduación compuesta por: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional; b) los principios y reglas generales de protección mínima y el lenguaje común del Código; c) la reglamentación detallada existente en la legislación especial. Los dos primeros niveles son estables, mientras que el tercero es flexible y adaptable a las circunstancias cambiantes de los usos y las prácticas”.
O sea, pese a que los autores del Anteproyecto no propugnaron la reforma del art. 50 de la LDC, los mismos Fundamentos pueden conducir a que, si en el capítulo sobre contratos de consumo no se incluyó el tema de la prescripción, es porque debe regirse por las normas sobre el tema previstas en el mismo código (Título I del Libro VI).
Leyendo este Título vemos que comienza el art. art. 2532 diciendo: “ En ausencia de disposiciones espec
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.