Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mercedes, Sala II · Causa 34146
En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, en el día de la fecha de la firma digital, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Segunda de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mercedes, doctores LUCAS RICARDO GOMEZ y TOMAS MARTIN ETCHEGARAY con la presencia de la Secretaria actuante, para dictar sentencia en el Expte. Nº SII-34.146 en los autos: “ALFONSO, JOSÉ CLEMENTINO Y OT. C/RÍO URUGUAY COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA S/CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES."
La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones esenciales de acuerdo con los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del CPCC.-
PRIMERA: ¿Es justa la sentencia única apelada al resolver la excepción de prescripción?
SEGUNDA: ¿Lo es en cómo resolvió los rubros valor de reposición del vehículo y daño moral?
TERCERA: ¿Lo es en cuanto declaró procedente el daño punitivo?
CUARTA: ¿Lo es en lo relativo a la tasa de interés?
QUINTA: ¿Qué pronunciamiento corresponde adoptar?
Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: Dres. Lucas Ricardo Gomez y Tomás Martín Etchegaray.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el señor Juez doctor Lucas Ricardo Gomez dijo:
I. El señor Juez a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial nro. 4 del Departamento Judicial Moreno General Rodríguez, mediante el dictado de la sentencia de fecha 12/10/2022 (y su aclaratoria de fecha 8/11/2022) acogió la demanda por incumplimiento de contrato promovida por el Sr. José Clementino Alfonso y por la Sra. Elsa Depieri contra Río Uruguay Seguros S.A.
Los actores resultan ser los padres del titular del interés asegurado, Sr. Santiago Alfonso, quien falleciera a resultas del trágico accidente de tránsito ocurrido el 21/10/2018 junto con su concubina y sus dos hijos.
La sentencia, rechazando la excepción de prescripción opuesta por la aseguradora, condenó a ésta al pago de la suma de $1.229.400 con más intereses y costas, en concepto de valor de reposición del vehículo ($676.600), daño moral ($252.800) y daño punitivo ($300.000).
Tanto la parte actora como la demandada -mediante sus apoderados (Dres. José Matías Diehl y Felipe Sario, respectivamente)- apelaron la sentencia.
Concedidos tales recursos fueron oportunamente fundados (presentaciones del demandado de fecha 8/11/2022 y de los actores de fecha 21/11/2022) y recíprocamente fueron replicados (presentaciones de fecha 29/11/2022 y 6/12/2022). Este párrafo contiene una síntesis de una multiplicidad de actuaciones que por razones de brevedad considero innecesario referir, que concluyeron con el auto de esta Sala de fecha 11/4/2023.
Corrida en tal fecha vista al Fiscal de Cámaras del Departamento Judicial Moreno General Rodríguez y satisfecha la misma en fecha 22/6/2023, se realizó el correspondiente sorteo y quedó la presente en condiciones de ser votada.
Los rubros indemnizatorios y la admisión de la condena por daño punitivo, como así también lo relativo a los intereses, serán objeto de tratamiento en las demás cuestiones. Con ello estoy anticipando que propondré al Acuerdo la confirmación de la sentencia en cuanto desestimó la excepción de prescripción.
II. La aseguradora opuso la excepción de prescripción en el capítulo II de la contestación de demanda, señalando en tres breves párrafos que:
La norma aplicable y que invocaba en apoyo de su postura era el art. 58 de la ley de seguros 17.418.
Que el accidente había ocurrido el 21/1/2018;
Y que la interpelación había sido formulada mediante Carta Documento el 14/3/2019.
Tal laconismo resulta digno de elogio, como así también lo es el reconocimiento de haber recibido la Carta Documento aludida, esto último clara muestra de buena fe y lealtad procesal.
La sentencia rechazó la excepción declarando aplicable al caso el art. 2560 del Cód. Civil y Comercial que establece un plazo de cinco años, mucho más extenso que el de un año establecido por la ley 17.418.
Los fundamentos para el rechazo de la excepción por parte del señor Juez de grado fueron extraídos del precedente de la Sala I de esta Cámara que cita, que es el emergente de la causa N°117.842, fallada el 5/12/19 con voto de los Dres. Ibarlucía y Bagattin, señalándose además que en igual sentido se habían expedido los Dres. Nolfi y Etchegaray en la causa N°5.391 de la Sala III, y nuevamente el Dr. Nolfi aunque ahora junto al Dr. Violini en la causa N°6.278 también de la Sala III.
Los Dres. Ibarlucía y Nolfi ratificaron su postura en la causa N°119.515 de la Sala I.
Es también la doctrina de esta Sala, conformada a partir de la causa N°31.887, votada por los Dres. Bagattin y Etchegaray, reiterada en la causa N°33.525.
En esta última, me pronuncié adhiriendo al voto del del Dr. Etchegaray, pues consideré aplicable el art. 2560 del Cód. Civil y Comercial.
En este caso, sustancialmente análogo al recién mencionado, reitero los fundamentos contenidos en el voto que abría el Acuerdo, haciéndolos propios una vez mas:
“…frente a una relación de consumo debe aplicarse el plazo prescripción genérico previsto por el art. 2560 C.C.C. En este orden de ideas, el Prof. Sobrino, luego de detallar las opiniones contrarias, sostiene que el art. 1094 C.C.C. ‘ordena el principio de protección al consumidor, donde en el tema de la prescripción (dentro de la ‘protección mínima’ y ‘núcleo duro’) se determina en el art. 2560 que el plazo de prescripción es de cinco (5) años’, y donde -al decir de los Fundamentos- es que ‘ninguna ley especial’ (léase: Ley de Seguros), en ‘aspectos similares’ (v.gr. Prescripción), puede derogar esos mínimo (art. 2560, que establece la prescripción), sin afectar todo el nuevo sistema legal; justamente porque esos mínimos son el núcleo duro de tutela de los consumidores’ (Waldo Sobrino ‘El nuevo plazo de prescripción de cinco (5) años en los seguros por aplicación del Código Civil y Comercial’, ponencia presentada en el XVI Congreso Nacional de Derecho de Seguros, La Plata 21, 22 y 23 de septiembre de 2016, Colegio de Abogados Departamento Judicial La Plata; elDiar.com – DC223D, publicado el 24/11/2016, del mismo autor ‘Prescripción de cinco años en seguros en el nuevo Código’, La Ley 25/02/2015; La Ley 2015-A-1008, AR/DOC/206/2015; Diego S. González Vila ‘Prescripción en el Contrato de Seguro a la luz del Código Civil y Comercial, nuevo capítulo de una vieja controversia’, Revista Jurídica Región Cuyo – Argentina, n° 7, del 31/10/2019; Cám. Nac. Com. Sala F fallo del 10 de mayo de 2018. ‘Salina, Gladys, Mirtha c/BBVA Consolidar Seguros S.A. s/ordinario’, La Ley Online Ar/JUR 33012/2018; Sala I de este Tribunal, voto del Dr. Emilio A. Ibarlucía en el Expte. 117.842…’)”.
Entiendo así una vez más que esa directriz interpretativa es la más razonable (doc. art. 3 Cód. Civ. y Com.), además de armonizar con todo el marco normativo de defensa del consumidor (art. 42 C.N.; arts. 7 y 1094 CCyCN; art. 3 LDC). Los arts. 1 y 2 del CCyCN imponen una interpretación según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República Argentina sea parte. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento.
Por ello, teniendo en cuenta que entre la fecha en la que acaeció el hecho (21/1/2018) y la de la remisión de la Carta Documento (14/3/2019) no había transcurrido el plazo de cinco años establecido en el art. 2560 del Cód. Civ. y Com., propongo confirmar el rechazo de la excepción.
En cuanto a las costas por el rechazo de la excepción, propongo apartarnos del principio objetivo de la derrota e imponer las mismas por su orden, pues encuentro mérito para ello. Lo hago sólo respecto de las de esta instancia, en razón de lo normado por el art. 274 y la falta de agravio específico de la excepcionante sobre el punto.
Más allá de la unanimidad que sobre el punto campea en esta Cámara, lo cierto es que -como lo destaca el Dr. Ibarlucía en su voto en la causa N°119.515- diversos tribunales y autos continúan pronunciándose por la prevalencia del art. 58 de la ley 17.418, los que detalladamente cita el Procurador General ante la Suprema Corte en el dictamen emitido el 18/4/2022 en la causa C 125.122, en la cual -hasta el momento de la redacción de este voto- no ha recaído sentencia.
Y precisamente, la inexistencia de doctrina legal sobre esta cuestión dudosa de derecho (Véanse, entre otros: Parellada, Carlos A., La prescripción en el Código Civil y Comercial y en las leyes anteriores a su vigencia no derogadas; Chamatrópulos, Demetrio A., La prescripción liberatoria en las relaciones de consumo, sus dudas interpretativas; Compiani, María F., Prescripción y derecho de seguro; todos publicados en Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2021-2, Rubinzal Culzoni y jurisprudencia allí reseñada a partir de la pág. 751); y lo controvertida que resulta (Quadri, Gabriel H., Prescripción liberatoria y caducidad en el Código Civil y Comercial de la Nación, Erreius, p. 253), pues incluso prestigiosa doctrina propicia para supuestos de incumplimiento del contrato de seguro la aplicación del art. 2561 del Cód. Civil y Comercial (López Mesa, Marcelo J., Código Civil y Comercial de la Nación comentado y anotado, Hammurabi, T°14 p. 185), es lo que motiva mi propuesta de apartamiento del principio general en materia de costas y su imposición en el orden causado (arts. 68 y 274 del CPCC), valorando además sobre la cuestión la postura colaborativa de la demandada con el proceso, quien se ha limitado a sostener férreamente su postura defensista con atinados argumentos sin caer en negativas ritualistas (vgr. reconocer haber recibido la Carta Documento) que conspiran contra el mejor desarrollo del proceso.
Con el alcance que surge de lo precedentemente expuesto, mi voto es por la AFIRMATIVA.
A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN el señor Juez doctor Tomás Martín Etchegaray dijo:
Adhiero al voto que antecede. Mi voto también es por la AFIRMATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el señor Juez doctor Lucas Ricardo Gomez dijo:
III. Corresponde por el modo en que fueran propuestas las cuestiones a votación el tratamiento de los rubros "valor de reposición del vehículo" y "daño moral".
El primero, protestado por los actores reputándolo exiguo y el segundo, tanto por los actores como por la demandada considerándolo escaso o excesivo según cada quien.
a) Según lo refiere el a quo, y en lo aquí importa en la medida del agravio, la cláusula correspondiente de la póliza de autos contiene una previsión mediante la cual en caso de daño total el asegurador indemnizará al asegurado con el valor de venta al público de un vehículo de igual marca y características, hasta la suma asegurada que conste en el frente de póliza.
Seguidamente, caracterizando a la presente como una deuda de valor en los términos del art. 772 del Cód. Civil y Comercial y con cita de jurisprudencia de la Sala II de la Cámara de Apelaciones de Azul, determina que a los actores le corresponde por este ítem la suma de $676.000, que se corresponde con el 85% del valor real actual que tiene el vehículo según el Registro Nacional de la Propiedad Automotor.
Tal suma es establecida en el 85% del valor, en función de que según cálculos realizados ese era el porcentaje que representaba la suma asegurada respecto de la cotización que tenía por entonces el automotor.
Más del acierto o no de la operación realizada, lo cierto es que lo único que causa agravio a los actores es que se haya utilizado para determinar el valor que informa el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, el cual no se condice con la realidad del mercado, adjuntando a los pretendidos efectos de acreditar su aseveración una impresión obtenida en el sitio web de la empresa Mercado Libre.
Sostiene que, para enjugar su agravio, esta Alzada deberá fijar como valor de reposición el que resulte ser el 85% del valor actualizado del promedio de valor de venta de vehículos de similares características que surjan de la información que brinda la empresa antes mencionada.
La demandada le contesta desde un muy atendible punto de vista formal, relativo a la producción de prueba de segunda instancia y en definitiva al correlato del principio de formalidad que es el derecho de defensa en juicio.
También pone de relieve que los actores no produjeron prueba para acreditar el valor del automotor.
Considero que le asiste razón a la demandada y la documentación adjuntada -cuya autenticidad también fue negada- no puede ser atendida a los fines de determinar el valor del vehículo (art. 246 CPCC).
No obstante, me ha llamado la atención por lo exigua la valuación referida en la sentencia en cuanto a la valuación informada por el Registro Nacional Automotor, por lo cual hice la búsqueda correspondiente y encuentro que la valuación actual (al 1/6/2023) que allí se informa (www.dnrpa.gov.ar/valuacion/informacion/01-06-2023.pdf) para un automóvil Ford Ecosport 1.6 L 4x2 XLS (título adjunto a la presentación de fecha 7/8/2020) es de $2.103.400.
Siguiendo las enseñanzas del Maestro Augusto M. Morello, he dicho en más de una oportunidad que los jueces no podemos ser fugitivos de una realidad que se presenta evidente ante nuestros sentidos ("Memorias. Bases de una vocación", Platense-Emilio J. Perrot, p. 41) y la búsqueda de la verdad, representa un compromiso para el juez (Fernández Balbis, Amalia, Nuevas herramientas procesales II, Rubinzal Culzoni, p. 84), siendo del caso tener muy especialmente en cuenta que al demandar los actores solicitaron “el valor de reposición del vehículo a la fecha del efectivo pago” (véanse cap. 4 ap. I y 8 de la demanda), cuestión análoga a la que hemos resuelto en la causa N°34.069.
Así pues propongo al acuerdo elevar este renglón de la sentencia a la suma equivalente al 85% (cuestión indisputada) del valor actual (art. 772 del Cód. Civil y Comercial) del vehículo siniestrado, es decir, a la suma de $1.787.890.
La propuesta apareja la modificación oficiosa de la tasa de interés. Esta Sala, por vía de la cuantificación de daños "a valores actuales" y claro está que en la medida de los recursos, ha dispuesto en forma monocorde desde mi integración a la misma que los intereses deben ser calculados de conformidad con lo establecido en los precedentes de la Suprema Corte "Vera" (C 120536, sent. del mes de abril de 2018), y "Nidera" (C 121138, sent. del 03 de mayo de 2018), siempre que -como recién dijera- la cuantificación haya sido hecha a valores actuales (Esta Sala, Exptes. 33.200 “Alice, Verónica Y. y Ot. C/Logística Diesel S.A. y Ot.; 32.808 “Maraio, Santiago D. C/Paraná Seguros S.A.”; 32.794 “Peláez, César O. c/Terreri, Mario V.”; 32.242 “Ciafardini, Marisa V. c/Eransus, Pablo A. y Ot.” y su acumulado 32.241 "Mainelli, Fernando V. c/Eransus, Pablo A. y Ot."; 32.581 “Espejo, Marta B. c/Telefónica de Argenitna S.A.”; 32.764 “Del Río, Brian J. c/Almirón, Francisco N. y Ot.”; entre otros).
De tal modo, la tasa de interés será del orden del 6% anual desde el 30/4/2019 (quince días posteriores a la aceptación tácita del siniestro, luego de la recepción de la carta documento; arts. 46, 49, 49, 56 y 63 de la ley 17.418) hasta el 1/6/2023 (fecha en que comenzó la vigencia de la tabla de valuación de automotores de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios establecida por la Disposición Normativa 187/2023), y desde ésta última fecha en adelante será de aplicación la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a 30 días.
b) En cuanto al daño moral, el a quo consideró acreditado el padecimiento de los accionantes ante la actitud reticente de la aseguradora, lo cual ha excedido -según sus palabras- la mera perturbación o molestia por el incumplimiento contractual.
Más allá de una débil imputación a la falta de razonabilidad de la sentencia sobre este rubro, lo concreto es que el demandado brega por su disminución cuantitativa.
Por el contrario, los actores consideran insuficiente la suma fijada porque se vieron obligados a iniciar el juicio luego de haber confiado en que la aseguradora asumiría el pago que finalmente no hizo.
Reiteradamente he dicho que conozco las dificultades que afrontan los litigantes al momento de fundar su discrepancia con lo resuelto en relación a la cuantificación del daño moral, y que la misma es igual o muy similar a la de la Magistratura al momento de valuarlo.
Sin embargo, tratando el presente un supuesto de "daño moral contractual" no encuentro, en lo argumentado por las partes, razón alguna que me convenza de la necesidad de modificar lo decidido por el a quo, por lo que propongo su confirmación.
Con el alcance que surge de lo precedentemente expuesto, voto por la NEGATIVA.
A LA MISMA SEGUNDA CUESTION, el señor Juez doctor Etchegaray aduciendo análogas razones, dio su voto también por la NEGATIVA.
A LA TERCERA CUESTIÓN PLANTEADA, el señor Juez doctor Lucas Ricardo Gomez dijo:
La aseguradora protesta la admisión del rubro "daño punitivo".
Más allá de la disquisición acerca de la inaplicabilidad de la ley consumeril al caso de autos -cuestión suficientemente tratada en la primera cuestión- la apelante realiza una correcta síntesis de su agravio al sostener que a su parte "no se le puede atribuir una conducta dolosa, ni abusiva (...) a la aseguradora que actúa de acuerdo a los términos de la ley específica que regula el régimen de seguros..."
Para determinar su procedencia, el a quo comienza por resaltar la finalidad disuasoria del mismo para que, en el futuro, se abstenga de repetir la conducta que merece reproche. Realiza luego un repaso de ciertas posturas doctrinarias y jurisprudenciales, para concluir que "siendo que las presentes actuaciones se encuentran enmarcadas por el régimen tuitivo de los consumidores, resulta admisible la aplicación del daño punitivo" y seguidamente lo cuantifica en la suma de $300.000.
Falta en la sentencia la caracterización de la conducta que apareje la necesidad de disuadirla en el futuro. Es decir, falta el antecedente lógico que sustente la imposición del daño punitivo.
Lo pone de resalto la demandada, al argumentar acerca de la particular gravedad que debe revestir al acto lesivo, que vaya más allá del mero incumplimiento contractual, y enfatiza que a su parte no se le puede abribuir una conducta dolosa ni abusiva, pues ha actuado dentro de los márgenes de la ley de seguros, con antecedentes jurisprudenciales que avalarían su postura.
La defensa que sobre este aspecto de la sentencia realizan los actores al contestar el memorial se refiere a la ley aplicable y a una supuesta judicialización abusiva de la cuestión pero, naturalmente, guarda silencio sobre cuál ha sido la conducta que merezca el reproche que la haga pasible de una sanción.
Considero que le asiste razón al apelante. Como trae consigo cierta corriente jurisprudencial, no basta el mero incumplimiento para la procedencia de esta sanción sino que se requiere de algo más. De un elemento subjetivo agravado, que se traduzca en culpa grave o dolo, una negligencia grosera, una actitud temeraria o un notorio desprecio por derechos ajenos, y un elemento objetivo consistente en que el daño por su gravedad, trascendencia social o repercusión institucional demande la imposición de una sanción ejemplar.
Esta Sala participa de tal corriente jurisprudencial (Causas 32.944, 34.069, entre otras) y como lo ha indicado mi distinguido colega Dr. Etchegaray, cabe reservar la procedencia del rubro para aquellos supuestos en los que "el incumplimiento atribuido a la conducta de los demandados constituya un caso que por su gravedad institucional por la generalización de perjuicios sociales, o la repercusión social de esas conductas, o la existencia de un beneficio o a
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