Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Pergamino · Causa 5617
En la ciudad de Pergamino, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en la causa N° 5617-25 caratulada "HARNAN ANDREA CAROL C/ FCA AUTOMOBILES ARGENTINA SA Y OTRO/A S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES", Expte. 88.648 del Juzgado en lo Civil y Comercial n° 2, se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Graciela Scaraffia y Roberto Degleue, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
I. ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
II. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia dijo:
El Sr. Juez de la anterior instancia declaró la inconstitucionalidad sobrevenida de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, según ley 25.561, del mismo modo que su inaplicabilidad al caso, a fin de disponer una equitativa actualización del crédito adeudado. Hizo lugar a la demanda instaurada por la Sra. Andrea Carol Harnan, condenó en consecuencia a la parte demandada FCA Automóviles Argentina S. A. y a Pesado Castro Dealer S.A., por un lado, a abonar a la actora dentro de los diez días de notificada la presente, la suma de veintiséis millones doscientos diez mil setecientos cuarenta y nueve Pesos con 50/100 ($26.210.749,50), actualizable según lo dispuesto en el considerando VII, con más sus respectivos intereses calculados en la forma establecida en el considerando VI, a partir de la fecha de mora (14/07/2023) y hasta el momento de su efectivo pago (S.C.B.A., Ac. 2078, C-95.720 del 15/09/2010 y L-118615 del 11/03/2015) (art. 768 C.C.C.N.). Y, por otro lado, la parte demandada, dentro de los treinta días de notificada la presente, deberá hacer entrega a la parte actora de un rodado JEEP modelo COMPASS LIMITED 1.3T AT6 4X2 cero kilómetro; debiendo la accionante entregar simultáneamente y a entera disposición de la parte accionada el automotor marca Jeep, Año 2023, modelo Compass Limited 1.3T AT6 4x2, tipo rural 5 puertas dominio AF714TW. Aplicó las costas a la parte demandada, que resulta vencida (art. 68 C.P.C.). Difirió la regulación de honorarios de los letrados intervinientes y de los peritos, hasta que medie firme la respectiva liquidación de intereses y gastos (art. 51 ley 14.967).-
Tal decisorio fue objeto del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada FCA Automóviles Argentina S. A. el 20-2-2025, concedido el 12-3-2025 en relación y al solo efecto devolutivo. El día 19-3-2025 la demandada expreso sus agravios y de los mismos traslado a la contraparte el 20-3-2025. Dicho traslado fue evacuado por la parte actora el 25-3-2025. Elevados los autos a esta Alzada con fecha 22-4-2025 llamamiento de autos, providencia, que firme a la fecha deja la causa en condiciones de ser fallada.-
El doliente pretende la revisión de lo decidido basando su queja agregada electrónicamente en fecha 19/03/2025 en los siguientes tópicos: a) achaca valoración parcial de la pericia mecánica b) cuestiona la procedencia de los rubros privación de uso, daño moral, c) controvierte el daño punitivo dado, d) la admisión del rubro pérdida por pago de patente y seguros, e) sostiene la inaplicabilidad de la doctrina de "Barrios", y f) la imposición de costas a su parte.-
A su turno la parte actora evacua el traslado rebatiendo los puntos de queja y pidiendo la confirmación de lo decidido.-
Entando a resolver las constancias procesales dan cuenta de la demanda de incumplimiento contractual más daños promovida por Andrea Carol Harnan contra Pesado Castro Dealer S.A. y FCA Automóviles Argentina S.A. solicitando la primera la entrega de un vehiculo 0 Km Marca Jeep modelo Compass Limited 1..3T AT6 4x2 por ella adquirido , facturado y registrado a su nombre .-
Surge que el 14 de noviembre de 2022 la accionante suscribió un contrato de compraventa del rodado mencionado abonando la suma total de $ 17.000.000, la factura fue emitida el 2 de enero de 2023 y el vehiculo entregado el 20 de enero de 2023, pero a los pocos minutos de uso el tablero habría comenzado a indicar fallas en el sistema de frenado de emergencia y en el sensor del punto ciego, informándose inmediatamente al concesionario, donde le habría indicado llevar el vehiculo a un service oficial, desde entonces el rodado habría sido ingresado en reiteradas oportunidades a distintos servicios técnicos oficiales con intervenciones sin éxito.-
En marzo de 2023 el Service Bonavita habría dictaminado que era necesario reemplazar el módulo de la cámara frontal advirtiendo que no debía circular en ruta por riesgo en el sistema de seguridad, en abril de 2023 la actora habría decidido adquirir otro vehículo 0 km de otra marca.
En su ampliación aduna que el rodado permaneció en el service oficial Bonavita desde el 30 de mayo de 2023 por fallas en el sistema de frenado y anomalías en el tablero y le habría sido devuelto el 29 de setiembre de 2023 sin haber sido reparado.-
En este marco atribuye a la concesionaria y al fabricante un incumplimiento en la obligación de entregar un vehículo en condiciones aptas para su uso achacando la vulneración de la ley de defensa al consumidor, pidiendo la entrega de una unidad nueva de idénticas características o en su defecto la restitución del importe abonado con actualización e intereses, reclamando ademas una indemnización por privación de uso, resarcimiento por la pérdida de renta financiera generada por la compra de otro vehiculo y el reintegro de gastos de patente y seguros abonados en exceso, daño moral y daño punitivo alegando una conducta maliciosa de la parte demandada.-
De este relato los hechos no controvertidos versan sobre el negocio juridico celebrado, el retiro de la concesionaria del vehículo individualizado por parte de la actora, las circunstancias apuntadas de que se realizaron diversas reparaciones sobre la unidad en el taller de la codemandada. -Pero se desconoció el origen de las fallas otrora comprobadas a través de la pericia mecánica realizada sobre la unidad.-
Con atinado esfuerzo el a quo trató el tema de la responsabilidad que da origen al resarcimiento encuadrándolo en las operatorias de financiación destinadas al consumo, prevista en la ley 24.240 (arts. 1, 2, 13, 17 y ccs) estimando que la circunstancia de que haya mediado un ofrecimiento de diagnóstico y reparación por la parte demandada no es un argumento válido para exonerarla de responsabilidad habiéndose constatado vicios de la cosa y una reparación insuficiente en reiteradas ocasiones (más de 5 veces). Siguiendo los lineamientos de la ley citada atribuye la responsabilidad a FCA Automóviles Argentina SA y Pesado Castro Dealer SA por los daños sufridos como consecuencia del hecho debatido (arts. 1, 730, 731, 778, 957, 1708, 1710, 1711, 1747, 886, 888, 1724, 1092, 1093, 1094, 1096, 1097, 1099, 1100, 1119 del CCCN y arts. 1, 2, 7, 8, 17, 52 y ccs de la Ley 24.240 y art. 42 de la Constitución Nacional.).-Es tan completo el encuadre normativo elegido por el operador que no lo alcanza a derribar la mera afirmación del apelante en sus agravios cuando pretende controvertir la calidad de consumidora de la actora, sin dar razón de cuales serían los motivos para apartarse de ese esquema.-
En efecto, sabido es que la Ley 24.240 texto ley 26.994 ha definido al consumidor como "la persona fisica o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.-Queda equiparado al consumidor, quien, sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar" y en la especie surge prístino la calidad de tal de la parte actora, en tanto adquirente de un rodado identificado a una concesionaria para uso personal y/o familiar. Ninguna duda cabe que la parte demandada entra en el concepto de proveedor del art. 2 de la citada norma y tampoco fue cuestionado.- Y que este negocio jurídico descripto es una relación de consumo definida en el art. 3 cuando señala que es el vinculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario.-Tanta protección adquiere esta relación de consumo que está prevista en el art. 42 de la Constitución Nacional y el art. 63 de la ley 24.240 establece que es de orden público y debe ser aplicada de oficio.- de lo que se sigue que no se ha conmovido pese al deficiente intento, ni la calidad de consumidora ni la aplicación normativa realizada por el juez de grado.-
Se ha controvertido por el apelante además lo atinente a la valoración de la pericia mecánica que tacha de parcial en cuanto dice que sólo se ha recogido los ingresos de la unidad al taller oficial, la circunstancia de que usó el rodado 4 meses antes de su primer ingreso, que la unidad recorrió 4.000 km en utilizándola por lo menos un año y medio, oponiéndose desde aquí a la entrega de una unidad 0 Km como lo pide. Cuestiona la orden de entregar una unidad idéntica en el plazo de 30 dias alegando las restricciones dictadas por el estado nacional vigentes hasta diciembre de 2023 , considerando exiguo el plazo.-
Del informe pericial del 13/05/2024 y su ampliación del 12 de junio de 2024 surgen los elementos tenidos en cuenta por el Perito Oficial Ingeniero Mecánico tales como el anexo de factura tipo B, el título automotor, la factura tipo B del 5//5/2023 y factura tipo B del 2/01/2023 relatando que examinado el rodado marca Jeep Año 2023, Modelo Compass Limited, 1.3 AT6 4x2, tipo rural 5 puertas Dominio AF714TW observa "estado externo y habitáculo en muy buen estado de uso y mantenimiento, con cubiertas prácticamente sin uso. El tablero indica que al momento del informe el kilometraje es de 4.311 km. Se observó la constatación fallas de carácter electrónico en la colocación y desenganche de los cinturones de seguridad traseros, los que indicaban en el tablero una alarma intermitente durante un lapso prolongado" Adjunta fotos en formato PDF y aclara que el rodado fue comprado el 2 de nero de 2024 y entregado el 20 de enro de 2024.-
Junto a ello recoge que si bien en la demanda se señala que el automóvil presentó fallas ni bien salió de la concesionaria e ingresa al taller de Biondi el dia 25 de enero de 2023 y posteriormente el 23 de febrero de 2023, la documentación adjunta el 1/04/2024 pagina 1 a 7 Services Juan Pedro Bonavita indica que realiza su primer ingreso el 14 de marzo de 2023 , y el km de este service fue de 1.086 km , ingresando en 5 oportunidades en este taller realizándose las mismas reparaciones que se mencionan en el documento adjunto.-
Claramente el perito dice que " de acuerdo a lo observado el vehiculo presentó fallas en el sistema electrónico con muy poco kilometraje que no solo evidencian una falta de confianza en quien lo conduce sino que también puede poner en riesgo la seguridad al circular".-
En la pericia ampliatoria de fecha 12/06/2024 el experto ratifica lo dicho en la primera y aduna que "en el examen de visu este profesional observó que al sentarse en el asiento de atrás y colocarse el cinturón de seguridad la Sra Andrea Carol Harnanm una vez desenganchado el mismo y saliendo fuera del habitáculo dicha persona, se originaba una alarma en el tablero que permanecía encendida un tiempo no menor a un minuto de duración. Durante dicho proceso el automóvil se encontraba en contacto".
Las conclusiones del dictamen pericial conforme lo normado por el ar,. 474 del CPCC y su doctrina no han sido neutralizado con otro tipo de elementos probatorios que permitan el apartamiento de la misma, más allá del disgusto evidenciado por el quejoso en cuanto le es adversa.-Y la misma ha sido valorado por el operador conforme las reglas de la sana crítica prescriptas por el art. 384 y 386 del CPCC y su doctrina, de lo que sigue que tampoco pueda atender este punto de queja.-
Con relación a los restantes rubros que vienen cuestionados reitero conceptos vertidos por este Tribunal en Registro 130 Nro 219, en punto al daño moral donde se expresara "...... debo puntualizar que la aplicación restrictiva del daño moral en materia contractual – conforme a la doctrina tradicional de la S.C.B.A. – ha sido morigerada en los últimos tiempos cuando se trata de relaciones de consumo, y así se ha entendido que se debe aplicar un criterio flexible, ya que están en juego los derechos del consumidor, objeto de especial tutela en nuestro régimen constitucional (esta Sala causas nros. 117.024 del 18/12/2018 y 117.338 del 02/05/19; SCBA LP 115486 S 30/09/2014, CC0002 AZ 62827 85 S 05/06/2018, CC0201 LP 120537 rsd 286/16 S 25/10/201, CC0102 MP 161454 263-S S 03/11/2016, CC0002 QL 16462 113/15 S 07/08/2015, CC0002 QL 16312 49/15 S 16/04/2015, CC0001 LM 213 RSD-25- S 09/09/2004; JUBA; Farina, Juan M., “Defensa del consumidor y del usuario”, Astrea, 2008, p. 481, con cita de C.N.Civ. y Com. Fed., Sala III, 19/02/08, “Borlenghi c. Cubana de Aviación”).
En la especie, el daño moral surge de los antecedentes y constancias de la causa; en definitiva, se desprende de los hechos mismos, la accionante adquirió un automotor cero km con una garantía legal y convencional de reparación satisfactoria que nunca se hizo efectiva toda vez que ha quedado demostrado que la accionada no logró solucionar el problema eléctrico que acusaba el vehículo vendido a la actora.
Deviene razonable suponer que, como consecuencia del incumplimiento contractual, la actora debió atravesar toda una serie de intranquilidades, incertidumbres y malestares originados en la imposibilidad de valerse de un vehículo que adquirió en la legítima expectativa de poder utilizar con normalidad.
De manera que a la frustración propia de quien recibe una cosa en condiciones disfuncionales se agregó aquí también las dificultades prácticas derivadas de tal situación, prolongándose la situación
Es decir las consecuencias del incumplimiento tuvieron una proyección temporal significativa y la solución adoptada demandó un considerable esfuerzo económico , actores que necesariamente deberán ser tenidos en cuenta al momento de determinar la extensión del resarcimiento debido a la víctima en concepto de daño moral.
Asimismo, no puedo soslayar que la gestión del conflicto no ha resultado inocua para la accionante, habida cuenta de que el itinerario que supuso la reclamación extrajudicial y judicial tendiente a efectivizar sus derechos hubo de acarrearle preocupaciones y tensiones propias de la situación de incertidumbre que deriva de toda controversia judicial.
Y finalmente se suma la conducta reticente de las demandadas, quienes en lugar de dar respuesta inmediata a los requerimientos de la actora (como lo exigía su profesionalidad y el deber de buena fe contractual), prolongaron en demasía la solución del diferendo, tornando necesario el dictado de una sentencia judicial para restablecer la situación a su debido quicio. O sea que la actora se ha visto expuesta a padecimientos que excedieron las molestias propias del mundo de los negocios, pues lo acontecido no se compadece con lo que debe suceder según el curso natural y ordinario de las cosas, en una operación de compraventa de un automotor. Máxime cuando se trata de un consumidor que no sólo contaba con la garantía legal de buen funcionamiento, sino también con un compromiso expreso de revisión, lo que refuerza la confianza suscitada en que el uso del bien estaría especialmente asegurado por la empresa vendedora (arts. 3, 11 y 17 de la ley 24.240 y 508, 511, 512, 519, 520, 522, 901, 902, 906, 909 y ccs. del Cód. Civil; arts.163 inciso 5, 375, 384 y ccs. del Cód. Proc.)".-
Por lo dicho se confirma el rubro dado en primera instancia y su importe.-
Por último, arribamos a la crítica relativa al daño punitivo. Aquí el demandado ataca la condena judicial por improcedente y exhorbitante.
En cuanto al primer aspecto señalado (procedencia), diré que, al igual que lo que acontece con el rubro daño patrimonial, falla la premisa basal del agravio expresado. Ello así, por cuanto la defensa ensayada por el accionado se limita a negar la existencia de incumplimiento culpable y excepcional, cuando ello ha quedado decantado en la presente instancia conforme a la fundamentación vertida en el punto aludido en esta sentencia. Es dable remarcar que el artículo 52 bis de la Ley Consumo establece: "Daño Punitivo: Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley".
Cabe tener en cuenta que: "El instituto del daño punitivo abastece tres funciones: I) sancionar al causante de un daño inadmisible; II) hacer desaparecer los beneficios injustamente obtenidos provenientes de la actividad dañosa, III) prevenir o evitar el acaecimiento de hechos lesivos similares al que mereciera la punición (CC0203 LP 124158 RSD-229-18 S 25/10/2018 - Carátula: Chacon Damián Esteban c/ Plan Ovalo S.A. de ahorro para fines determinados y otros s/ Daños y Perj. incump. contractual (exc. estado) - sumario Juba:B356893). Al respecto, en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil realizadas en la ciudad de Santa Fe en septiembre de este año, la Comisión 4 sobre "Daño Punitivo" concluyó por despacho unánime que: "Los daños punitivos tienen finalidad preventiva, disuasoria y sancionatoria"
A partir de estos postulados y principios básicos, podemos efectuar una caracterización esencial de la figura:
a) Los daños punitivos son excepcionales, toda vez que no proceden frente a cualquier incumplimiento, sino ante un grave reproche en la conducta del agente dañador, y no resultan de aplicación contra los particulares sino únicamente contra los proveedores.
b) Pueden ser accesorios o principales, en el sentido de que son pasibles de acoplarse a la pretensión principal de condena por daños y perjuicios, o bien ejercerse a través de una acción autónoma para la aplicación de daños punitivos.
c) No revisten el carácter de indemnización, sino que consisten en un plus –traducido en una suma dineraria- que se agrega a aquélla, atento a que no tienden a resarcir al damnificado, sino que apuntan a objetivos de prevención y punición.
d) Es un instituto de carácter obligatorio, en el sentido de que su aplicación no puede quedar librada al libre arbitrio del juez que entiende en la causa. Vale decir que si el demandante lo pide expresamente y se hallan reunidos los presupuestos de procedencia de la figura corresponde su otorgamiento.
e) Atento al carácter excepcional de la figura, su aplicabilidad debe ser ponderada con criterio restrictivo, toda vez que debe mediar una prueba concluyente acerca de la gravedad de la conducta del demandado. Teniendo en cuenta las notas tipificantes del instituto y sus diversas finalidades a la luz de las diversas circunstancias acreditadas en el caso concreto, puedo anticipar y concluir que la procedencia de la condena punitiva ha quedado fuera de toda discusión, resultando estériles las objeciones basadas en la falta de gravedad y excepcionalidad que fueran invocadas por el apelante en su expresión de agravios.
Es que la gravedad del incumplimiento ha quedado patentizada en la existencia de una falla técnica de fabricación -conforme surge de la pericia mecánica precitada- que no fue solucionada oportunamente a pesar de haber ingresado el vehículo a servic
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.