Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de La Matanza, Sala II · Causa LM 18988 2020
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la sentencia definitiva de la causa en todas sus partes.
2Imponer las costas de la Alzada a las demandadas recurrentes quienes resultaron vencidas, en virtud del principio objetivo de la derrota (arg. art. 68 CPCC), difiriéndose la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna (art. 51 ley 14.967). 3)
ALCARAZ HUGO CESAR (83) C/ PLAN OVALO DE AHORRO S.A.
PARA FINES DETERMINADOS Y OTROS S/ CUMPLIMIENTO DE C O N T R A T O S LM-18988-2020
Juzgado de Origen: Civil 5 ///En la ciudad de San Justo, Provincia de Buenos Aires, en la fecha de suscripción digital, reunidos virtualmente por medios telemáticos, los señores Magistrados de esta Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial La Matanza, doctores Carlos Alberto Vitale y con la integración temporal del doctor Héctor Roberto Pérez Catella -ello en virtud de las vacancias en las Vocalías N°4 y 6 de esta Sala - y lo expresamente dispuesto por el Acuerdo Extraordinario N°773 del 30 de mayo del 2023, con la asistencia virtual de la señora Secretaria de la Sala, para dictar resolución en los autos caratulados: "ALCARAZ HUGO CESAR (83) C/ PLAN OVALO DE AHORRO S.A. PARA FINES DETERMINADOS Y OTROS S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES (COD. 64)", habiéndose practicado el sorteo pertinente - artículos 168 de la Constitución y 263 del Código Procesal Civil y Comercial, ambos de la Provincia de Buenos Aires resultó que debía observarse este orden: doctor Pérez Catella y doctor Vitale; y en los que se procederá tratar las presentes C U E S T I O N E S Primera Cuestión: ¿Es justa la sentencia recurrida?
Segunda Cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión, el doctor Pérez Catella dijo:
I. Antecedentes -Vienen los autos a conocimiento del Tribunal para tratar los recursos de apelación deducidos con las piezas electrónicas de fechas 24/4/2023 21:11:49 (FORD ARGENTINA SCA), 28/4/2023 11:28:29 (Aback SA) y 28/4/2023 11:30:45 (Plan Ovalo S.A. de Ahorro Para Fines Determinados), concedidos libremente el 16/05/23 y 11/05/23, contra la sentencia definitiva de fecha 20/04/2023 que hizo parcialmente lugar a la demanda promovida por Hugo César Alcaraz contra Plan Óvalo SA de Ahorro Para Fines Determinados, Ford Argentina SCA y Aback SA. Y resolvió:
"1°. Disponer, a favor de Hugo César Alcaraz, el reajuste de las cuotas pendientes de pago correspondientes al Plan de ahorro, Grupo N° 9452, Orden N°91 a partir del mes de junio de 2020 de conformidad a las pautas dispuestas en el Considerando Quinto, Apartado “5.d”.
A tal fin, se deberá aplicar mensualmente el índice de actualización que arroja el sub ítem “Adquisición de vehículos” dentro del apartado “Transporte” del nivel general de la composición del Índice de Precios al Consumidor publicado el mes anterior al del vencimiento de cada cuota por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Para llegar a dicha tasa deberá hacerse un promedio entre la variación del mencionado sub ítem entre las distintas zonas geográficas allí discriminadas -esto es, Gran Buenos Aires, Pampeana, Noreste, Noroeste, Cuyo y Patagonia-.
La diferencia que pueda resultar del cálculo aquí ordenado desde la fecha dispuesta -junio de 2020- y lo que fue efectivamente pagado a partir del dictado de la resolución de fecha 14 de julio de 2020 recaída en los autos “Alcaraz, Hugo César c. Plan Óvalo de Ahorro Para Fines Determinados y otros s. Medidas Cautelares” -Expte. N° LM 14299-2020- en trámite por ante esta Dependencia, deberá ser reintegrada al accionante o imputarse a futuras cuotas, a su elección.
El cálculo aquí dispuesto será aplicable siempre y cuando éste resulte más beneficioso para el consumidor al que venía efectuando, no pudiéndose afectar en modo alguno el derecho de los demás suscriptores del grupo del plan de ahorro indicado.
2°. Rechazar, de acuerdo con los fundamentos vertidos en el Considerando Quinto, Apartado “5.d” toda clase de reintegro de las sumas que hayan sido abonadas voluntariamente por el accionante -ya sea, a título de intereses, honorarios, costos, etc.-con anterioridad al mes de junio de 2020.
3°. Condenar a la totalidad de las demandadas recientemente indicadas a abonar a Hugo César Alcaraz, la suma de trescientos cincuenta mil pesos -$ 350.000- en concepto de Daño Moral con más los intereses establecidos precedentemente en el Considerando Quinto, Apartado “5.e”, dentro del plazo de diez días de quedar firme la liquidación que al efecto deberá practicarse una vez que este pronunciamiento pase en autoridad de cosa juzgada, bajo apercibimiento de ejecución.
4°. Rechazar la solicitud de Daño Punitivo efectuada por la parte actora, conforme lo dispuesto en el Considerando Quinto, Apartado “5.f”. 5°. Rechazar la petición de Pluspetición interpuesta por la parte demandada, Aback SA, conforme lo dispuesto en el Considerando Sexto. 6°. Rechazar la solicitud de Temeridad y Malicia realizada por la parte demandada, Aback SA, conforme lo dispuesto en el Considerando Séptimo.
7°. Imponer las costas del juicio a las demandadas vencidas, conforme el principio objetivo de la derrota (arts. 68 y 77 del CPCC). 8°. Diferir la regulación de honorarios de los letrados y demás profesionales intervinientes para el momento procesal oportuno; así como, en su caso y de así corresponder, la liquidación de la tasa de justicia (art. 51 de la Ley N° 14.967; art. 337 del Código Fiscal)."
Se deja constancia que el recurso deducido por la actora el 25/4/2023 14:38:11 hs. fue declarado desierto por falta de presentación de la correspondiente expresión de agravios (arts. 254 y 261 del C.P.C.C.) mediante resolución de esta Sala fecha 06/07/2023.
- Ahora bien, con fecha 14 de agosto de 2020, se presentó Hugo César Alcaraz, por derecho propio con el patrocinio letrado de Arturo Alberto Brizuela Acosta e inició formal demanda contra Plan Óvalo de Ahorro S.A. Para Fines Determinados, Ford Argentina S.C.A. y Aback S.A. con el objeto de esgrimir las siguientes pretensiones: a) Que se decrete la nulidad parcial del contrato de plan de ahorro que lo unió con Plan Ovalo de Ahorro S.A. Para Fines Determinados; b) Se integre judicialmente el referido contrato en lo que fuere nulo, y se reajusten las prestaciones cuyo sinalagma se encuentre desnaturalizado; c) Se reintegren los montos percibidos indebidamente; d) Subsidiariamente se reajuste el precio de la cuota; e) Se declare configurado el incumplimiento contractual; f) Se obligue a las demandadas a cumplir cabalmente con las prestaciones a su cargo; g) Se reintegren los honorarios por administración del plan en contra de sus intereses; h) Se aplique, a toda devolución de dinero, intereses a tasa activa, en virtud del principio de reciprocidad que surge de la Ley N° 24.240 y del art. 42 de la Constitución Nacional; i) Se indemnice el daño moral; y j) Se declaren las infracciones denunciadas y se imponga una multa civil en concepto de daño punitivo a las demandadas.
Con relación a los hechos, relató en lo sustancial que el 1 de diciembre de 2015 suscribió con la demandada el plan de ahorro, Grupo N° 9452, Orden N° 91, en virtud del cual adquirió un automóvil. Para garantizar el saldo del precio, señaló que el rodado fue prendado a favor de la administradora del plan comprometiéndose el demandante a pagar mes a mes el equivalente a dividir el valor móvil de la unidad por la cantidad de cuotas en las que se componía el contrato en cuestión.
Sin embargo, afirmó que en la actualidad no puede afrontar el valor actual de las cuotas sin comprometer seriamente los gastos esenciales de su vida cotidiana. Al respecto, describió que, a la época de la licitación, el monto de la cuota no superaba el 41% de su jubilación, pero que al momento de interponer la presente acción, los importes habían registrado un aumento de un 664% en un plazo de cuatro años y seis meses, superando holgadamente los valores de la inflación y abarcando el 81% de su jubilación neta, escapando ello a cualquier previsión que podría haber efectuado como consumidor.
En tal sentido, luego de haber hecho referencia al contexto en el que se produjo el crecimiento del monto de las mentadas cuotas, aseveró que los referidos aumentos resultan arbitrarios, injustificados e irrazonables, que no se corresponden con ninguna de las variables de la economía, y que por ende implican una alteración sustancial y desnaturalizante de las contraprestaciones originariamente establecidas en el contrato pre redactado por la administradora. Con relación a esta última demandada, alegó que al favorecer notablemente los intereses del fabricante, incurrió en una actitud desleal faltando a sus obligaciones, tanto contractuales como legales, que al menos, le exigían adoptar medidas que permitieran preservar la ecuación económica del contrato y asegurar así su continuidad. Finalmente, advirtió que la situación descripta lo expone al peligro cierto y concreto de perder el vehículo, en el caso de que fuera ejecutada la prenda que grava la unidad, o bien que se le obligue a adoptar otro tipo de decisiones que implicarían un sobreendeudamiento que terminaría en un descalabro total de su economía familiar.
Seguidamente, hizo referencia al marco jurídico del reclamo, se manifestó en torno a los fundamentos de la acción entablada, defendió la procedencia del daño moral alegado y del daño punitivo requerido, ofreció prueba, dejó planteado el caso federal y peticionó la admisión de la demanda en todas sus partes.
II. Con fecha 12 de abril de 2021, el demandante desistió de las pretensiones individualizadas en los apartado anterior y manifestó su intención de continuar con el contrato de plan de ahorro objeto de marras, requiriendo en definitiva lo siguiente: a) Que se modifique el monto de la cuota emitida por la administradora del Plan Óvalo Grupo N° 9452, Orden N° 91 al 40% del valor actual; b) Que se reintegren los montos percibidos indebidamente; c) Que se reintegren los honorarios por administración del plan en contra de sus intereses; d) Que se aplique, a toda devolución de dinero, intereses a tasa activa en virtud del principio de reciprocidad que surge de la Ley N° 24.240 y del art. 42 de la Constitución Nacional; e) Que se indemnice el daño moral; f) Que se imponga una multa civil en concepto de daño punitivo a las demandadas.
- Con fecha 07/07/2021, se presentó la demandada, Plan Óvalo S.A. de Ahorro Para Fines Determinados, mediante su letrado apoderado, Jorge A. Lovaglio Rivas, quien acreditó personería conforme el Poder Judicial acompañado digitalmente adjunto al referido conteste (art. 47 del CPCC).
Así pues, luego de efectuar una negativa general y particularizada de los extremos expuestos por la parte actora y de desconocer asimismo la documental anejada oportunamente por esta última, desarrolló una narración acerca de la realidad de los hechos.
Al respecto, indicó en primer lugar que en el mes de agosto de 2015, el referido accionante suscribió la Solicitud de Adhesión Nº 2.079.818 y Anexos correspondientes al Plan de Ahorro de Plan Óvalo, a través del concesionario Aback S.A. para la adquisición de un automotor 0 Km, marca Ford, Modelo ECOS5, por lo que en virtud de ello, pasó a integrar el Grupo N° 9452, Orden N° 91, mediante la modalidad del plan 70/30, pagadero en 84 cuotas mensuales y consecutivas -70% como aporte del valor móvil a integrar con alícuotas reducidas a lo largo de los meses de duración del plan, y 30% como parte complementaria del valor móvil a integrar en un pago único hasta el momento de la adjudicación.
Seguidamente, indicó que en el mes de junio del año 2017, el demandante procedió a través de la “Orden de Pedido de Unidad Adjudicada”, a solicitar la entrega del bien que le fuera adjudicado, por lo que con fecha 26 de septiembre de 2.017, luego de haber abonado aquél una diferencia de $ 22.777,60 por pretender un rodado de mayor valor al de su grupo de ahorro, se le entregó efectivamente el automotor por él requerido.
También detalló que el mentado plan, al día de presentar la contestación de demanda, registró cincuenta y cinco cuotas pagas, diecisiete cuotas impagas, y doce cuotas a vencer, siendo el último pago registrado el del día 19 de febrero de 2020 por la suma de $ 18.603,12. En base a ello, de modo previo a advertir que el requirente reviste un status de “adjudicatario en mora” y que el contrato se encuentra rescindido por falta de pago, remarcó lo contradictorio que resulta el accionar de este último quien, según sus dichos, al haber abonado y consentido la referida cantidad de cuotas, al resultarle ahora desventajoso para sus intereses, desconoce el mecanismo de pago convenido pretendiendo así eludir las obligaciones de pago que se encuentran a su cargo, para obtener un beneficio económico a costa de su mandante. Acto seguido, luego de explicar que un plan de ahorro no cuenta con una cuota fija sino esencialmente variable de acuerdo al valor del 0 km en el mercado y el precio de venta al público informado por el fabricante -en este caso, Ford Argentina SCA-, señaló que nadie obligó al actor a contratar, sino que fue este último quien optó por esta modalidad de contratación, teniendo toda la información al respecto, y el pleno conocimiento de su funcionamiento. También advirtió que de hecho el demandante cuenta en su peculio con un bien cuyo valor está determinado en dólares y cuya reventa a valores actuales es marcadamente superior a la operatoria que surge de multiplicar el monto que el demandante pretende abonar.
Por otro lado, luego de explayarse acerca del marco normativo y la autoridad de contralor que avala la actividad de su mandante, brindó explicaciones acerca del funcionamiento de la figura del plan de ahorro al valor móvil de los rodados objeto del mismo. A tal efecto, señaló que el mismo se encuentra fijado por la terminal automotriz -en este caso, Ford Argentina SCA- y la administradora solamente procede a consignarlo en los cupones de pago que se emiten mensualmente sin tener injerencia en lo que atañe a la fabricación, importación y/o fijación de precios de las unidades. Concluyó señalando que, en este tipo de contratos, la obligación a cargo de los adherentes reviste el carácter de una deuda de valor. Seguidamente, aludió al rol de la administradora en el plan de ahorro y al deber de información que pesa sobre esta última. Asimismo, hizo referencia tanto a las bonificaciones existentes, como al deber del demandante de informarse en este tipo de contratos.
Posteriormente, se manifestó en torno a las pretensiones reclamadas por la parte actora, ofreció prueba, efectuó oposiciones, solicitó la citación de la Inspección General de Justicia como tercero en los términos del art. 94 del CPCC, citó derecho, efectuó reserva del caso federal, y solicitó que oportunamente se rechace la presente acción con expresa imposición de costas.
- Con fecha 27 de septiembre de 2021, se resolvió rechazar in limine la solicitud de citación de tercero recientemente indicada, sin imposición de costas (cfr. arts. 68 y 69 del CPCC).
- El 28/02/2022, se presentó la demandada Ford Argentina SCA, mediante su letrado apoderado, Eduardo Mosé Medrano, quien acreditó personería conforme el Poder Judicial acompañado digitalmente adjunto al referido conteste (art. 47 del CPCC).
Así pues, luego de efectuar una negativa general y particularizada de los extremos expuestos por la parte actora y de desconocer asimismo la documental anejada oportunamente por esta última, indicó que en lo que hace a las circunstancias que envolvieron la relación contractual de las partes, por apego al principio de lealtad procesal, se remitía a lo que fuese admitido expresamente por Plan Ovalo S.A. de Ahorro Para Fines Determinados. Asimismo, en lo que hace al fondo del asunto, adhirió a la contestación de demanda efectuada por la demandada recientemente indicada.
Seguidamente, luego de alegar que no administra círculos cerrados de ahorro destinados a la adquisición de automotores ya que no se encuentra autorizado por la autoridad de aplicación para el desarrollo de dicha actividad, afirmó que ninguna cláusula del contrato del Plan de Ahorro la vincula con el cliente-adquirente del concesionario y que tampoco existen cláusulas que la hagan garante de la otra accionada Plan Óvalo S.A. En base a ello, aseveró que Ford Argentina S.C.A. no ha vendido automotor alguno al demandante, ni ha celebrado contrato de ahorro previo, ni ha mantenido intercambio de misivas con este último, por lo que mal puede aquél pretender responsabilizarla solidariamente ya sea a tenor de lo normado por el art. 40 de Ley de Defensa del Consumidor o bien en los términos del contrato celebrado con Plan Óvalo S.A. y el concesionario interviniente en la operatoria.
Acto seguido, realizó un desarrollo acerca de la dinámica contractual y la venta de automotores en el sistema de planes de ahorro, haciendo énfasis en que en realidad la variación de los precios -y consecuentemente, la de los aportes del grupo de ahorro- no depende del arbitrio de los ahorristas, de la administradora o del índice de inflación, sino exclusivamente del valor de mercado del bien en el momento de la adquisición. Así, explicó que tal como surge del contrato tipo acompañado por el accionante, los saldos debidos por los ahorristas no se vinculan con el precio de los vehículos pagados y adjudicados, sino con los aportes que se deben hacer al grupo para proseguir con las compras. Ello, a fin de que los demás partícipes obtengan la propiedad de bienes semejantes a los recibidos por quienes ya han sido adjudicados, siendo la esencia del funcionamiento de dicho sistema que el dinero aportado por los integrantes del grupo sea suficiente para que todos ellos accedan a unidades similares. Seguidamente, refirió que la Resolución N° 14/2020 dictada por la Inspección General de Justicia el 10 de abril de 2020 -esto es, con anterioridad al traslado de demanda de autos- puso punto final a la controversia aquí planteada tornando abstracto el planteo efectuado. Ello, toda vez que aquel organismo admitió la variación de los montos de las cuotas, otorgando a los suscriptores la opción de un diferimiento en el pago de un porcentaje de las cuota-partes emitidas y a emitirse, fijando las pautas y condiciones para ello. Según sus dichos, la mencionada resolución apunta a que los ahorristas -incluido el actor-, tengan herramientas para afrontar, sin sobresaltos financieros o económicos, el pago de las cuotas comprometidas contractualmente preservando el funcionamiento y existencia del sistema de ahorro.
A continuación, luego de realizar manifestaciones en torno a las bonificaciones que se otorgan en los contratos como el de marras, refirió que en realidad, el precio absoluto de los automotores en el período indicado por el actor no aumentó, sino que, por el contrario, su valor se mantuvo constante a través del tiempo por sobre la depreciación del valor de la moneda, acompañando así el precio del vehículo y de la correspondiente cuota los embates de la economía nacional sin que existiera una estampida del valor mensual. Por lo demás, en sentido análogo a la demandada, Plan Óvalo S.A. de Ahorro Para Fines Determinados, remarcó que el demandante, residente de la República Argentina, conocía los habituales vaivenes de nuestra economía y que nadie lo obligó a incorporarse al plan de ahorro, sino que aquel lo hizo por considerar que era un negocio conveniente asumiendo los riesgos que ello implicaba.
Acto seguido, se explayó en torno a la inexistencia de una situación de abuso a través del contrato en cuestión y aclaró que, a diferencia de lo que sostuviera el requirente en su escrito liminar, Ford Argentina S.C.A. no reviste la calidad de accionista de la demandada Plan Ovalo S.A. de Ahorro Para Fines Determinados.
Posteriormente, se manifestó en torno a los rubros pretendidos por la parte actora, ofreció prueba, efectuó reserva del caso federal, y solicitó que oportunamente se rechace la presente acción con expresa imposición de costas.
- Con fecha 03/03/2022, se presentó la demandada Aback S.A.
mediante su letrado apoderado Marcelo Guillermo Thoman, quien acreditó personería conforme el Poder Judicial acompañado digitalmente adjunto al referido conteste (art. 47 del CPCC).
Así pues, luego de efectuar una negativa general y particularizada de los extremos expuestos por la parte actora y de desconocer asimismo la documental anejada oportunamente por esta última, afirmó que Aback S.A. resulta ser completamente ajena al presente reclamo. Ello, debido a que aquella no forma parte del plan de auto ahorro que la actora mantuvo con la demandada Plan Ovalo S.A. de Ahorro Para Fines Determinados y que resulta ser administrado exclusivamente por Ford S.A. de Ahorro Para Fines Determinados.
Al respecto, alegó que para participar en este tipo de contrataciones, los interesados deben suscribir una “Solicitud de Adhesión” por medio de la cual se formaliza la compra de un automotor a través del sistema de ahorro previo, celebrándose así dicho contrato únicamente entre la sociedad administradora -Plan Óvalo SA de Ahorro Para Fines Determinados- y el adherente que se regirá por las Condiciones Generales de contratación allí pactadas. Sobre esto último, aseguró que su participación se limita únicamente a proporcionar a sus clientes información acerca del plan contratado y a prestar solo ciertas tareas administrativas consistentes en la recepción del pedido de adhesión a dicha modalidad contractual, el envío del mismo a la sociedad administradora, y la entrega de los vehículos una vez que los mismos resulten adjudicados a sus compradores. Por el contrario, invocó que todo lo relativo a la administración de los planes de ahorro y lo relacionado con el cobro de las cuotas de éstos últimos, deviene responsabilidad de la sociedad administradora, teniendo incluso los adherentes la posibilidad de solicitar a Plan Óvalo S.A. de Ahorro Para Fines Determinados la entrega de la unidad en cualquier concesionario oficial de la marca, si así lo quisieran.
Acto seguido, afirmó que en ningún momento el demandante estuvo en una posición desventajosa o fue víctima de una práctica abusiva o de un trato indigno. En este sentido, aseguró que no se lo ha engañado ni se le han ocultado datos que pudieran llevarlo, en su carácter de consumidor, a una confusión o perjuicio, no obstante los canales específicos que la administradora tiene para evacuar las consultas de sus consumidores. Se le brindó la mejor atención ante cada consulta que aquel efectuara, brindándosele en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado a las características contractuales del plan de ahorro suscripto, hasta incluso un ejemplar de las Condiciones Generales de Contratación y anexos que se encuentran sujetas a un estricto control de legalidad y aprobadas por la Inspección General de Justicia de la Nación.
Por lo demás, previo a aseverar que Aback S.A. no es ni productora, ni fabricante, ni importadora, ni distribuidora, ni proveedora, ni vendedora, ni transportista, ni se encuentra contractualmente ligada con el accionante; aseveró que, en realidad, son las terminales automotrices -en este caso, Ford Argentina- quienes fijan el valor móvil de las cuotas de éstos contratos, y que son las administradoras -en el caso, Plan Óvalo- quienes consignan tales importes en los cupones de pago que emiten mensualmente, no así la concesionaria.
Posteriormente, se manifestó en torno a los rubros pretendidos por la parte actora, indicó que el demandante incurrió en plus petición inexcusable y en una actitud temeraria y maliciosa, realizó oposiciones, ofreció prueba, citó derecho, efectuó reserva del caso federal, y solicitó que oportunamente se rechace la presente acción con expresa imposición de costas.
- Con fecha 15 de julio de 2022, atento la existencia de hechos controvertidos, se dispuso la apertura a prueba de las presentes actuaciones, llamándose con fecha 17 de febrero de 2.023, los autos para dictar sentencia. Finalmente, con fecha 20/04/23 se dictó el pronunciamiento que ahora es objeto de revisión.
Elevado el expediente y practicado el sorteo pertinente, el mismo fue radicado ante esta Sala II y tras el trámite de rigor, se llamó a las partes a expresar sus agravios contra la sentencia atacada.
Agravios de Aback S.A (24/6/2023 16:29:06)
En su primer agravio, arremete contra la responsabilidad atribuida al Concesionario. Expresa que ABACK SA no formó parte del contrato limitándose únicamente a prestar solo ciertas tareas administrativas a la Sociedad Administradora consistentes en la recepción del pedido de adhesión al plan de ahorro, el envío del mismo a la Administradora y la entrega de los vehículos. Señala que tampoco ha infringido norma alguna, no ha engañado, ni ocultado datos al consumidor. Enfatiza que tampoco es la concesionaria quien fija el precio de las unidades.
Se queja por cuanto el iudex A Quo una vez probado el incumplimiento contractual por parte de la administradora del plan de ahorro Plan Óvalo SA de Ahorro para Fines Determinados, extiende la responsabilidad a las restantes demandadas. Lo que no corresponde, ya que su representada no tiene el carácter de mandante respecto al ahorrista. En ese sentido, indica que la sentencia apelada es arbitraria.
Argumenta que la pretensa devolución que el demandante requiere es de cumplimiento imposible para su representada, porque no puede “reintegrar” lo que nunca le fuera “integrado”, ya que jamás percibió el monto de cuota alguna, ni el monto de honorario por administración de plan alguno.
Entiende inaplicable al caso el artículo 40 de la ley Defensa al Consumidor.
En segundo lugar, impugna la procedencia y cuantía del daño moral. Sostiene que el supuesto sufrimiento invocado por le actor no ha sido causado por ninguno de los demandados, ya que el incremento de la deuda del demandante obedeció a fluctuaciones de variables económicas o a una política macroeconómica que escapa al control y a las razonables previsiones de las partes. Asimismo, resalta que el daño moral debe ser considerado en forma excepcional y restrictiva, teniendo que ser efectivamente acreditado por quien lo reclama, circunstancia que no se da en el caso de autos. Se agravia de que se hubiere reconocido un monto superior al solicitado por el actor (aduce "ultra petita", violación del principio de congruencia).
En tercer lugar, se queja del rechazo de la pluspetición inexcusable y temeridad y malicia solicitados por su parte. Postula que lo resuelto por el Juez de Grado en este punto no constituye una derivación razonada del derecho vigente, por cuanto no ha sido debidamente fundado el rechazo. Señala que las reformulaciones que el actor ha introducido en la pretensión liminar distorsionaron torpemente el reclamo incoado. Además, todo lo que el demandante reclamó -con excepción de lo solicitado por daño moral- le fue rechazado. Indica que lo decretado como improcedente supera con creces el 20 % que exige la norma del art. 72 CPCC.
El cuarto lugar, cuestiona la imposición de costas, entiende que no corresponde sean impuestas a Aback S.A. toda vez que lisa y llanamente ninguna responsabilidad le cabe a su representada en los hechos demandados en autos. Seguidamente, formula reserva del caso federal y solicita se haga lugar al recurso interpuesto.
Agravios de Plan Ovalo S.A. de Ahorro Para Fines Determinados (27/6/2023 17:16:18)
-Indica que el juzgador parte de la premisa equivocada que su mandante es quien determinó el contenido del contrato (cfr. art. 984 del CCyCN) y por tanto predispuso las condiciones sobre las que a la postre el Sr. Alcaraz terminó aceptando contratar. Sin embargo, ello es inexacto en lo que atañe al quid de la cuestión (v.gr. determinación del valor móvil y su comunicación).
Explica que las condiciones generales de contratación deben ajustarse a la norma base (v.gr. RG IGJ 8/2015) y, por lo tanto, no hay margen de disposición para las administradoras.
“La mencionada res. 8/2015 de la Inspección General de Justicia (IGJ) muestra una notoria intervención en la libertad contractual, pues establece en forma taxativa los requisitos que deben reunir los contratos para ser aprobados por la Inspección que, en algunas circunstancias requiere previa intervención de la autoridad de aplicación de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor."
Destaca, en alusión al informe presentado en autos por la IGJ de fecha 25/11/22, que si el propio órgano de contralor no introdujo modificaciones en el valor móvil, sino que optó por estructurar un régimen de diferimientos con el dictado de la RG IGJ N° 14/2020, es harto evidente que ello avala y ratifica el proceder de su representada. Las únicas modificaciones que pudieron introducirse provinieron de una disposición reglamentaria de la IGJ y se cimentaron únicamente en diferimientos y no en limitaciones o variaciones desnaturalizantes del valor móvil, por razones y fundamentos netamente matemáticos.
-El segundo agravio apunta contra el presunto incumplimiento al deber de información. Sostiene que en el abordaje de este tópico la sentencia es arbitraria y vulnera el principio de congruencia, desde que a juzgar por los dichos del accionante en su demanda, en ningún apartado de la misma reprocha a su mandante un incumplimiento en los términos pergeñados por el juzgador de grado. El actor simplemente cuestionó el aumento de las cuotas pero no hace ningún tipo de mención a la “formación del valor móvil de la unidad contratada y su variación.
Aduce que su representada no puedo ofrecer probanzas específicas en torno al aspecto que el juzgador acabó tomando como determinante para fallar en el modo en que lo hizo.
-En tercer lugar, se agravia de la responsabilidad que se le adjudica por aquello a lo que no se encontraba obligada (obligación de “informar debidamente el proceso de formación del precio” ). Pone de resalto que en el contrato no existe ningún apartado que fije la referida obligación (art. 726 CCyCN) y que toda la normativa pone en cabeza del fabricante la determinación del precio, por ende su representada mal podría informar respecto de un proceso de formación de precio que desconoce. No cuenta con información sobre la composición del valor del rodado. Destaca cuanto surge de la prueba informativa de la IGJ (25/11/22), en el sentido que PLAN OVALO cumple con la presentación periódica de listados de precios en cumplimiento al Régimen Informativo establecido en el artículo 16 apartado 16.2. - Comunicación de precios - del capítulo I anexo A de la Resolución General IGJ N° 8/2015. En dichas presentaciones se acreditan los precios comunicados por la administradora con el listado de precios de venta al público de los vehículos. Indica que el apartado. 1.3.1. inciso l) de la RG IGJ 8/2015, dispone expresamente que todo el régimen informativo del valor móvil no resulta materia disponible por la administradora. Es decir, debe regirse exclusivamente por lo dispuesto por el órgano de contralor. Enfatiza que la IGJ únicamente estipuló el régimen informativo del art. 16.2.1 de la RG IGJ 8/2015 y aprobó el texto de las condiciones generales de contratación, en cuanto dispone la publicación del valor móvil en los cupones de pago, entonces se pregunta ¿cómo puede condenarse a su mandante por aquello que no solo no le compete, sino que tampoco se encontraba obligada, conforme las imposiciones reglamentarias imperantes? El eje de su agravio apunta a demostrar que no le asiste margen de disponibilidad para modificar, como se le achaca, “la forma de comunicación del valor móvil” (cfr. RG 8/2015 Anexo “A” art. 1.3.1. inc. l)). Ergo se pregunta ¿cómo puede sostenerse que se configuró un incumplimiento a partir de no informar aquello que de hacerlo importaría infringir la normativa ut supra referida?
Cita el art. 1121 inc. a) del CCyCN, según el cual no pueden ser declaradas abusivas "las cláusulas relativas a la relación entre el precio y el bien o el servicio procurado".
Indica, que incluso el A Quo llegó a mencionar expresamente en la sentencia cómo se computa el valor móvil: “en el contrato objeto de autos se denomina valor móvil “al precio de lista de venta al público sugerido o indicado por el fabricante del bien, al contado, incluyendo las bonificaciones que otorgue a los agentes y concesionarios de su red de comercialización, impuestos internos e impuesto al valor agregado, los que se tomarán como pago a cuenta de los valores finales resultantes, siendo cualquier diferencia por cuenta del adherente adjudicatario” (cfr. Cláusula denominada “Definiciones” agregada en las Condiciones Generales de la Solicitud de Adhesión N°2.079.818). Sostiene así que el pronunciamiento infringe el principio de no contradicción, pues en varios pasajes se afirma que el valor móvil era una cuestión conocida y aceptada por el accionante, cuya determinación se encontraba explicitada en el contrato, más luego se decide lo contrario.
Refiere que la apreciación del sentenciante referida a que las cuotas aumentaron en un mayor grado que otros indicadores es una mera afirmación dogmática, producto de su subjetividad personal. Pues, no existe ningún tipo de evidencia que lo avale.
En síntesis, postula que su mandante cumplió con todas las obligaciones informativas a su cargo. A su vez, enfatiza que Plan Ovalo S.A. "1) no es quien fija el precio de las unidades, por ende, difícilmente podría haber informado sobre aquello que le excedía, 2) la cuestión del precio y su determinación se encuentra contemplada y regulada por la Ley de Defensa de la Competencia y el margen para difundir y/o dar a conocer cuestiones atinentes a ello es extremadamente limitado, so riesgo de incurrir en infracciones a dicha normativa; 3) El precio y su determinación no puede reputarse una cláusula abusiva (cfr. art. 1121 inc. a) del CCyCN); 4) Todo lo atinente al valor móvil y su régimen informativo se encuentra limitado a lo expresamente autorizado por la IGJ."
Refiere haber cumplido con todo cuanto estaba a su alcance, de conformidad con la normativa y su limitado curso de acción (vg. aplicó esquema de diferimientos previstos por la IGJ desde septiembre 2019 a enero 20202 al 20% de as alícuotas; aplicó bonificaciones al plan de ahorro del actor en las cuotas 1-6; en lo atinente a la cancelación del crédito, procedió a brindarle un plan de pagos en fecha 02/11/2022, lo cual no mereció respuesta alguna del accionante), todo lo cual no fue valorado. -En cuarto lugar, se agravia de que se haya reputado configurado un supuesto de excesiva onerosidad sobreviniente. Aduce que el decisorio impugnado realiza un incorrecto encuadramiento del instituto receptado en el art. 1091 del CCyCN y consecuentemente del tipo contractual. Se encuentra fuera de discusión que la teoría de la imprevisión o excesiva onerosidad sobreviniente es un instituto propio de los contratos bilaterales o sinalagmáticos. El contrato del plan de ahorro, por el contrario, es de tipo plurilateral o asociativo.
Sostiene que no podría consumarse una desproporción en la equivalencia de las prestaciones, tal y como lo requiere el art. 1091 del CCyCN, si se prorratean los valores fijados por la terminal automotriz entre todos los adherentes, y con los aportes idénticos de todos ellos se alcanza el precio de un rodado el cual es equivalente a la sumatoria de todos sus aportes. Es decir, la eventual equivalencia se mide en función de lo que aportan los restantes miembros del grupo de ahorro.
Señala que no existió un desequilibrio prestacional pues el accionante posee en su peculio un rodado que a la par de cada incremento del valor móvil su valor de reventa incrementó en términos proporcionales. Es decir, se fue capitalizando a la par del incremento en el precio de los 0km.
-Como quinto agravio, cuestiona la solución del caso propuesta por el juzgador de grado que por un lado, reconoce el carácter sistémico y asociativo del contrato, cimentado en torno a una comunidad de aportes equivalentes e idénticos, y por el otro, avala una modificación que acaba desnaturalizando el contrato y la obligación en cabeza de la actora. Entiende que El a quo introdujo una mutación en uno de los elementos esenciales del contrato que no se compadece con la naturaleza y características del tipo contractual. En otros términos, acaba adoptando una resolución que resulta inconciliable con los basamentos del plan de ahorro.
El art. 12 del Anexo “A” de la Resolución General 8/2015 de la Inspección General de Justicia, estipula sin lugar a dobles interpretaciones: “12.1. En relación con un mismo período de suscripción no se podrán otorgar ventajas, bonificaciones u otros beneficios limitándolos a determinados suscriptores o grupos o de manera que importe una desigualdad en el trato entre quienes se encuentran en situación análoga y se hayan suscripto durante la vigencia de dicha oferta y bajo las condiciones indicadas en la misma”.
Aduce que la aminoración de los aportes, acabará por perjudicar a los restantes miembros de su grupo de ahorro quien al percibir sus haberes lo harán en una menor proporción. Afirma que bajo ningún concepto podría admitirse que en los meses en que se continuaron adjudicando unidades (v.gr. hasta julio 2022 inclusive) se aplique un parámetro disímil al valor del rodado para la determinación de su quantum. Expresa que dicho modo de decidir manifiestamente arbitrario y abusivo afecta derechos de terceros ajenos a la presente litis.
Por su parte, arremete contra el índice de precios al consumidor tomado como pauta, ya que jamás podría reputarse una variable que presente “objetividad y certeza”. Si bien el juzgador lo limita al rubro “Adquisición de vehículos”, dentro del apartado “Transporte”y opta por tomar la media entre las distintas regiones del país, lo real y cierto es que no existe forma o parámetro para determinar a qué tipo de vehículo hace referencia. Por último, destaca que si la accionante decidiera proceder a la venta de su rodado en el mercado de usados, con la solución aquí impugnada obtendrá una diferencia más que considerable entre el precio que corresponde por contrato y el valor de reventa.
-En sexto lugar, se agravia de la procedencia del daño moral.
Refiere que si sobrevino un factor exógeno que desvirtuó un eventual equilibrio de prestaciones de manera imprevisible luego no pudo existir una causación de daño propiamente dicha. Destaca que en materia contractual el perjuicio extrapatrimonial no se presume y es carga del pretensor su prueba concreta. Y sostiene que no luce explicitado la entidad del sufrimiento, ni las pautas consideradas para su determinación. Finalmente, toda vez que el juzgador de grado fijó la suma compensatoria a valores actuales, señala que bajo ningún concepto corresponde adicionar accesorios.
Agravios de FORD ARGENTINA SCA (27/6/2023 21:13:51)
Cuestiona la responsabilidad atribuida a su parte. Postula que la invocación del art. 40 de la ley 24.240 como fundamento de la pretendida solidaridad constituye un serio error de la sentencia. Como claramente lo dice dicha regla, la solidaridad se aplica solo si “el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio…”, situación que no se presentó en autos, por lo que entiende no corresponde su aplicación.
En apoyo cita jurisprudencia que avala esta postura. Y esgrime que el objetivo del régimen de responsabilidad establecido en el artículo aludido no fue el de conferir a todos los miembros de la cadena de producción y comercialización de un producto o servicio el carácter de garantes del exacto cumplimiento de las obligaciones del vendedor directo, sino solamente el de poner a su cargo un deber de inocuidad respecto de esos productos o servicios por su riesgo o vicio, nada de lo cual se presenta en la especie. El art. 40 de la ley 24.240 supone la presencia de un producto o servicio riesgoso o vicioso y que el consumidor ha sufrido un daño por ese defecto, siendo precisamente tal hipótesis la que justifica extender la legitimación pasiva a todos los sujetos que participaron en la creación del riesgo u obtuvieron ventajas del producto o servicio.
Destaca que el contrato objeto de autos no fue celebrado directamente con su mandante, por lo que solicita se lo exima de la condena. La mera cuestión de la existencia de contratos conexos, distintos al de ahorro suscripto por el ahorrista y la administradora (POSA), no es suficiente argumento para atribuir responsabilidad sobre quien no ha incumplido ni generado perjuicio alguno.
Corrido traslado de los agravios, este no fue contestado, de lo que se dejó constancia el 01/08/2023. Seguidamente, se corrió vista al Agente Fiscal, quien presentó el correspondiente dictamen el 8/9/2023 09:41:09, a cuyas consideraciones me remito en apego a la brevedad. Culminadas las tramitaciones de rigor, con fecha 12/09/2023 se dictó el llamamiento de autos para sentencia, providencia que una vez firme, motivó el sorteo del 06/10/2023 que me desinsaculara como Magistrado preopinante.
II. Solución Centrados los agravios que constituyen el marco cognoscitivo de esta instancia jurisdiccional, me abocaré al tratamiento de los mismos, debiendo destacar que, salvo disposición legal en contrario, los Jueces han de formar convicción respecto de la prueba haciendo mérito de las reglas de la sana crítica. No tendrán obligación de valorar expresamente en la sentencia cada medio de prueba producido, sino únicamente aquellos que fueron esenciales y decisivos para el fallo de la causa (Art. 384 CPCC). Del mismo modo, he de dejar aclarado que en el estudio y análisis de los agravios los jueces no están obligados a analizar todos y cada uno de los argumentos de las partes sino tan solo los que considere suficientes y decisivos para resolver el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225).
En igual sentido, se ha dicho que los jueces no están obligados a seguir a los apelantes en cada uno de sus agravios en tanto éstos no resulten esenciales y decisivos para resolver la causa. (Sumario JUBA CC0001 SM 52033 RSD-70-8 S 26/03/2008 Juez SIRVEN (SD) Carátula: Syctel S.R.L. c/Cooperativa Telefonica Viv. Cred. y Servicios Asist. s/Cobro ordinario).
Por ello, habrá de responderse a los agravios formulados en un contexto global de acuerdo a las particularidades del caso y por una razón de orden lógico.
II. a) Sentencia arbitraria Las co-demandadas Aback S.A y Plan Ovalo S.A. de Ahorro Para Fines Determinados tildan a la sentencia de arbitraria, parcial e incongruente, por los motivos ya expuestos.
Tal como tiene dicho la jurisprudencia “las resoluciones deben contener los fundamentos e indicar cuáles son las normas o principios jurídicos aplicables al caso y que den sustento a la decisión que se pronuncia (art.161 cit.). Es más, cabe consignar que la exigencia de motivar la sentencia tiene raigambre constitucional, pues el artículo 171 de la Constitución de la Provincia impone que los jueces las funden "en el texto expreso de la ley, y la falta de ésta, en los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva, y en defecto de éstos, en los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso. Debe recordarse, como lo ha hecho reiteradamente la Suprema Corte, que dicho requisito, lejos de constituir una solemnidad secundaria y dispensable, constituye en cambio una de las más trascendentes garantías de la justicia, cuyo cumplimiento debe ser exigido incluso de oficio desde que permite a los justiciables conocer cuáles son las razones por las que se admite o rechaza la pretensión, posibilitando de tal modo la debida crítica o el eventual consentimiento y, asimismo, en cuanto al Tribunal "ad quem", valorar cuáles serán los agravios y ataques que el recurrente deberá efectuar al pronunciamiento que reputa injusto.” (CC0001 QL 19338 RSI 221/18 I 28/06/2018).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha tenido oportunidad de expedirse manifestando que: “Cabe recordar que la doctrina de la arbitrariedad debe aplicarse únicamente en aquellos fallos en los que las deficiencias lógicas del razonamiento o la total ausencia de fundamento normativo impiden considerar el decisorio como sentencia fundada en ley, a la que aluden los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 308:2351, 2456, 311:786, 2293; 312:246 entre otros). Por esta razón, dicha doctrina es de carácter excepcional y exige para su procedencia un apartamiento inequívoco de las normas que rigen el caso o una absoluta falta de fundamentos (Fallos: 329:717 entre otros).” (Flores, Lorena Romina c. Giménez, Marcelino Osvaldo y otro s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte) Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS) Fecha: 06/06/2017. LA LEY 19/06/2017, 19/06/2017, 4 – LA LEY2017-C, 490 – LA LEY 26/06/2017, 5, con nota de Felipe F. Aguirre; LA LEY 2017-C, 552, con nota de Felipe F. Aguirre; LA LEY 17/06/2017, 17/06/2017, 8 – LA LEY2017-C, 450 – RCyS2017-VII, 173).
Por su parte, nuestro Tribunal Provincial tiene dicho que: “La doctrina de la arbitrariedad es de aplicación restrictiva, pues no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales en orden a temas no federales, dado que para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido” (Berdichevsky, Claudia contra Swiss Medical S.A. Amparo Queja SCBA LP Rc 120988 I 19/04/2017 B3902576). “El concepto de absurdo hace referencia a la existencia, en la sentencia atacada, de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o a una grosera desinterpretación material de la prueba producida. No cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurarlo, sino que es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, que debe ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca. (SCBA, conf. L. 83.456, sent. del 19-XII-2007; L. 91.739, sent. del 20-II-2008; L. 89.858, sent. del 19-III-2008). (Esta Sala in re “Perez Sanchez Francisco c/ Carapella Sergio s/ daños y perjuicios”; Causa N° 4566/1 RSD 149 de fecha 21/8/2019, voto del Suscripto).
Así de la atenta lectura de la causa, no se advierte que el Sr. Juez de grado haya dictado una sentencia arbitraria ni que pueda tacharse de absurda, ilógica e incongruente, por lo que rechazo el planteo introducido al respecto por las co-demandadas (art. 384 del CPCC).
II. b) El caso de autos El presente se trata de un reclamo tendiente a obtener el reajuste de un contrato de plan de ahorro en curso de ejecución, tras haber sufrido las cuotas a cargo del adherente un incrementado desmedido a partir del aumento del valor móvil (valor del automotor).
Dejo constancia que ha arribado firme a esta Alzada el encuadre de la operatoria como una relación de consumo y el ordenamiento tuitivo aplicable en consecuencia. Asimismo, fue consentido el rechazo del daño punitivo y la desestimación del reintegro de las sumas abonadas por el actor con anterioridad al mes de junio 2020.
De la responsabilidad I. En el sub examine, a modo de síntesis, podemos resumir que se atribuyó responsabilidad a la administradora del plan de ahorro -Plan Ovalo SA de Ahorro para fines Determinados- atento su calidad de mandatario del actor por la que debió dar aviso inmediato a su mandante de cualquier circunstancia sobreviniente que razonablemente aconseje apartarse de las instrucciones recibidas (art. 1324 inc. b y cctes. CCyCN, art. 28.2 Anexo 16.2.1.1 de la Res. Gral. N° 8/15 IGJ). Asimismo, por encontrarse acreditado el incumplimiento contractual consistente en la omisión de informar acabadamente de manera cierta, objetiva y veraz al demandante -en su calidad de consumidor- sobre la formación del valor móvil de la unidad contratada y su variación durante el iter contractual. (arts. 42 CN, 38 Const. Prv. art. 4 LDC).
Conforme el principio de la carga dinámica de la prueba (art. 53 ley 24.240), el iudex A Quo refirió que era la empresa demandada quien estaba en mejores condiciones de acreditar tal extremo, lo que no ocurrió, coligiéndose que el precio del automotor fue fijado unilateralmente sin intervención del consumidor. Indicó que "Por el contrario, de los medios probatorios producidos se desprende que sólo se ha puesto sucesivamente en conocimiento del consumidor adherente -esto es, el aquí demandante- el importe final de los aumentos ocasionados por medio de los respectivos cupones de pago que mensualmente se generaban (ver los talones acompañados en formato digital junto con el escrito liminar de fecha 14 de agosto de 2020). Esto último, si bien resulta acorde a lo que se encuentra expresamente convenido en las Condiciones Generales del contrato ahorro previo antes mencionado (cfr. art. 4 de dicho instrumento), ante el devenir de las condiciones extraordinarias económicas sobrevinientes ya citadas no susceptibles de ser previstas en tal grado por aquel, deviene notoriamente insuficiente para cumplir el objetivo de suministrarle a este último, aún en la etapa de la ejecución del contrato, todos los datos relevantes para que pueda tomar la decisión que estime corresponder (vgr. continuar con el pago de las cuotas devengadas, cancelación parcial o total anticipada del crédito, solicitar la cesión de su solicitud de adhesión, o renunciar al contrato)." En lo que hace a la responsabilidad de las restantes demandadas, la misma se sostuvo en la interdependencia de las relaciones que encuentra su razón de ser en la conexión funcional de lo contratos, haciendo que se extienda solidariamente y alcance a todo aquel que se benefició del negocio y no solamente a quien entabló relación directa con el consumidor. De su parte, se invocó la legitimación pasiva amplia que dimana del art. 40 de LDC que viene a ratificar la responsabilidad solidaria de los sujetos intervinientes en la cadena de producción y comercialización del bien.
Así, se tuvo por acreditado que Ford Argentina SCA formó parte del sistema de comercialización, en su calidad de fabricante y en virtud de ello ser quien determinaba el precio del bien (valor móvil), constituyendo esto el fundamento de la responsabilidad solidaria frente al consumidor, argumentando el sentenciante que "...en el contexto descripto, correspondía que la fabricante asumiera también la obligación de informar al demandante en los términos antes aludidos (cfr. 4 de la Ley N° 24.240) y, el hecho de no hacerlo, la convierte en merecedora del mismo juicio de reproche que el realizado a la administradora del plan (cfr. art. 40 de la Ley N° 24.240)." En lo que atañe a la co-demandada Aback SA, se entendió que la concesionaria es un mandatario de la administradora, habiéndose acreditado el despliegue de actividad comercial de aquella frente al demandante, desde que intermedió para concretar la suscripción de la adhesión del actor al plan de ahorro de marras y además resultó ser la concesionaria a través de la cual el requirente concretó el retiro de la unidad que se le adjudicó. En esta tesitura, el Juzgador argumentó que "...en los contratos de ahorro previo destinados a la adquisición de automotores -tal el caso de autos-, la concesionaria actúa en cumplimiento de las instrucciones o del mandato recibido de la administradora como representante de ésta. En tal desempeño, ella tiene como misión recibir la oferta y eventualmente proceder a la entrega del bien en el caso que la administradora así lo decida poseyendo a su vez facultad de contratar en representación de aquella. Por dichas tareas, percibirá al efecto una compensación proporcional a la importancia de los negocios concluidos con su intervención.
Tal estrecha vinculación ha merecido incluso una regulación específica por parte de la Inspección General de Justicia quien en el art. 6º de la Resolución General 26/2004 dispuso que “las entidades administradoras deben cuidar de la debida promoción y celebración de los contratos y títulos que constituyen su objeto, así como de su correcta y leal ejecución hasta el cumplimiento de la prestación ofrecida y liquidación final; su responsabilidad se extiende a las consecuencias de los actos de sus concesionarios, agentes o intermediarios como así también de los agentes de los fabricantes e importadores de los bienes a adjudicar en relación a la suscripción o ejecución del contrato o título aprobado". (sic)
II. Ora bien, como fuera indicado en los antecedentes del caso, todas las co-demandadas se alzan cuestionando la responsabilidad a cada una de ellas endilgada, por diferentes argumentos, sosteniendo en pocas palabras que ninguna de las aquí accionadas debería responder ante el actor.
En primer lugar, para echar luz sobre esta cuestión, debemos enfatizar en la circunstancia de que el caso de marras fue encuadrado jurídicamente bajo la órbita de las relaciones de consumo -lo que devino firme ante esta Alzada por falta de cuestionamiento-. En consecuencia, resulta plenamente aplicable todo el ordenamiento tuitivo del consumidor, aún de oficio, es decir, sea peticionado -o no- por la parte interesada, por ser normativa de orden público (arts. 42 CN, 38 Const. Prov. ley 24.240 y sus modificatorias, art. 65 y cctes.). Esto tiene especial relevancia por cuanto habilita al Juzgador a indagar sobre distintos aspectos de la relación (vgr. valor móvil) y verificar en torno al mismo el cumplimiento o no de los derechos y obligaciones que se derivan del plexo normativo consumeril (ej. deber de información), aunque esto no haya sido explícitamente solicitado, sin infringir el principio de congruencia.
De dicho encuadre se deriva, a su vez, cuales han de ser las pautas a seguir en materia de interpretación y prelación normativa en las relaciones de consumo. Para esto, debemos recurrir a las previsiones del art. 1094 CCyCN, que dispone: "Las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el de acceso al consumo sustentable. En caso de duda sobre la interpretación de este Código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor."
Esto adquiere sentido, por ejemplo, a la hora de contrastar e interpretar por un lado, las limitaciones o imposiciones reglamentarias que la IGJ pone en cabeza de la administradora del plan en todo lo que concierne al régimen informativo del valor móvil y por el otro, el derecho del consumidor a recibir información clara veraz y detallada respecto al proceso de formación de dicho precio, en el contexto económico adverso y sobreviniente del contrato, debiendo prevalecer siempre la interpretación más favorable al consumidor.
III. A la hora de desentrañar la responsabilidad del caso, es importante recordar que existe conexidad de contratos en el marco de los negocios jurídicos de ahorro previo. Así, calificada doctrina que comparto ha enfatizado que "el análisis jurídico - económico debe pasar por el estudio real de las relaciones jurídicas negociales y -en este aspecto- creemos que las mismas se entablan entre un grupo económico, conformado por la fábrica terminal, el ente financiero (sociedad administradora), y en determinadas oportunidades por la concesionaria oficial, y por otro lado, el consumidor, más allá de todas las ficciones jurídicas que puedan insertarse. Esto es importante porque superamos el esquema formal generado por estos grupos económicos que estructuran toda esa sistemática para eludir responsabilidades y obstruir el acceso a los reclamos presentes y futuros de los consumidores. Esta forma de encuadrar la negociación por las fábricas terminales, en definitiva apunta al traslado de riesgos al consumidor y esto consiste, desde entorpecerle el accionar jurídico tribunalicio a través de las formas futuras de estructurar las relaciones jurídicas, hasta generar en los consumidores un desgano procesal que determina no sólo el abandono de acciones, sino directamente una conducta al no accionar, todo lo cual se traduce en sumas fabulosas en favor de los grupos económicos" (Ghersi, Carlos A; Muzio, Alejandra E. "Compraventa de automotores por ahorro previo", Ed. Astrea, pág. 54, Bs. As., 1996; citado en fallo en web https://www2.jus.mendoza.gov.ar/listas/proveidos/vertexto.php?ide=8249120 744).
En igual orden de ideas, nos ilustra Ghersi: "existe entre el ahorrista y el fabricante una empresa intermediaria o financiera (v.gr. "Plan Ovalo") pero que en realidad solo era un "hombre de paja" -como ha sido declarado constantemente por nuestros tribunales- con la finalidad perversa de confundir al consumidor. El problema se agudiza cuando analizamos la operatoria y seguramente el lector coincidirá con el calificativo de perverso. El ahorrista es inducido a entregar su dinero a la intermediaria o administradora de los fondos (vgr. Circulo de equis cantidad de adherentes), y ésta, por administrar dichos fondos percibe un honorario o comisión que generalmente es un porcentaje. Luego la administradora entrega a la fábrica de automotores el capital reunido y ésta inicia la fabricación de los vehículos. Creemos que los lectores perspicaces habrán descubierto la maniobra: obtención de fondos de inversión sin costo financiero alguno, es más, en realidad la administradora recibe una comisión por administrar el dinero de los ahorristas y después cobra por la financiación del precio final. Las características salientes son: a) el ahorrista pierde el capital y abona comisiones por administrar su dinero; b) La administradora y la fábrica terminal son el mismo grupo económico; c) En el precio final de compra por autoahorro se incrementa con el costo por financiamiento." (GHERSI, Carlos A., MUZIO, Alejandra E., "Compraventa de automotores por ahorro previo", Astrea, Buenos Aires, 1996, p. 27.)
En este sentido, señala Peyrano: "No son los ahorristas lo que normalmente promueven la formación de estos grupos, sino que es la misma empresa terminal la que, necesitada de colocar sus productos, crea la sociedad de ahorro y préstamo para que ésta se encargue de conseguir los interesados en ingresar a los planes -sea directamente o por intermedio de los concesionarios de la empresa terminal. Queremos significar con esto que ya no es el ahorro y préstamo para fines determinados meramente un medio de facilitar el acceso a determinados bienes a los interesados en adquirirlos, sino que ha terminado de constituirse en un auténtico y rentable sistema de ventas patrocinado e impulsado por las empresas terminales." (PEYRANO, Guillermo F., "Ahorro y préstamo para fines determinados. La desviación de su finalidad y la protección del ahorrista", La Ley 1984-C, 1202, Cita On Line: AR/DOC/17471/2001).
En definitiva, la red contractual configurada en los sistemas de ahorro previo, permite superar el principio de la relatividad de los contratos, y extender la responsabilidad en forma solidaria tanto al fabricante, como al distribuidor, comerciante, administrador del plan de ahorro, concesionaria, etc. (Arias, María Paula, op. cit. pág. 2. En idéntico sentido: Junyent Bas, Francisco "Ejes del sistema de capitalización y ahorro previo para fines determinados. La tutela del consumidor en la compraventa de automóviles" publicado en: LA LEY 6/5/2019, 1 ? LA LEY 2019-B, 1108 www.informacionlegal.com.ar cita online: AR/DOC/1044/2019; v. pag. web citada). (Sumario Juba CC0000 TL 93632 RR-261-2023 I 24/04/2023 Juez SCELZO (SD) Carátula: "ROJAS, ANGELA FILOMENA Y OTROS C/ VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS S/MATERIA A CATEGORIZAR") En igual sentido, CC0002 SM 75036 RSD-254/19 S 15/08/2019 Juez SCARPATI (SD), Carátula: ORTEGA NORA SILVIA C/ LUXCAR S.A. Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ. INCUMP.
CONTRACTUAL (EXC. ESTADO).
IV. En relación a la administradora, Pan Ovalo SA de Ahorro para Fines Determinados, la existencia de un mandato con el ahorrista se trata de un hecho que no admite controversia. En las Condiciones Generales de la Solicitud de Adhesión N° 2.079.818, bajo la cláusula denominada “Mandato”, Hugo César Alcaraz, otorgó a favor de Plan Óvalo SA de Ahorro para Fines Determinados un poder irrevocable para realizar todos y cada uno de los actos necesarios para la debida administración del sistema durante toda la vigencia del grupo, cuya vigencia comenzó a partir de la constitución de mismo y se previó su extensión hasta la total disolución de aquel (cfr. art. 17 de dicho instrumento. Ver documentación adjunta en formato digital a las presentaciones electrónicas de fecha 14 de agosto de 2020, 7 de julio de 2021 y 31 de agosto de 2022. Ver asimismo, la contestación de oficio efectuada por el estudio jurídico Rivas Orozco & Asociados con fecha 1 de noviembre de 2022).
No sólo forma parte del contrato mismo que las partes han suscripto, sino que además, dicho carácter surge de la normativa del ente regulador (IGJ), según art. 22 del Anexo 16.2.1.1 de la Resolución General N° 08/15 que establece que las reglas del mandato y de los contratos de consumo (arts 1.092 y sgtes. y 1.319 y cdtes. del Código Civil y Comercial) se aplicarán a las relaciones jurídicas habidas entre los suscriptores y la entidad administradora, en todo aquello no previsto expresamente en la normativa específica y en los contratos, siempre que fueren compatibles con los sistemas de ahorro y capitalización. Razón por la cual devienen de aplicación las normas contenidas entre los arts. 1319 y 1334 del Código Civil y Comercial.
El contrato de mandato supone de acuerdo a lo dispuesto en las normas precedentemente mencionadas, una serie de derechos y de obligaciones que deben cumplir tanto mandante como mandatario.
En lo atinente a las obligaciones del mandatario, es importante destacar lo dispuesto por el art. 1324: "Obligaciones del mandatario. El mandatario está obligado a: a) cumplir los actos comprendidos en el mandato, conforme a las instrucciones dadas por el mandante y a la naturaleza del negocio que constituye su objeto, con el cuidado que pondría en los asuntos propios o, en su caso, el exigido por las reglas de su profesión, o por los usos del lugar de ejecución; b) dar aviso inmediato al mandante de cualquier circunstancia sobreviniente que razonablemente aconseje apartarse de las instrucciones recibidas, requiriendo nuevas instrucciones o ratificación de las anteriores, y adoptar las medidas indispensables y urgentes; c) informar sin demora al mandante de todo conflicto de intereses y de toda otra circunstancia que pueda motivar la modificación o la revocación del mandato; d) mantener en reserva toda información que adquiera con motivo del mandato que, por su naturaleza o circunstancias, no está destinada a ser divulgada; e) dar aviso al mandante de todo valor que haya recibido en razón del mandato, y ponerlo a disposición de aquél; f) rendir cuenta de su gestión en las oportunidades convenidas o a la extinción del mandato; g) entregar al mandante las ganancias derivadas del negocio, con los intereses moratorios, de las sumas de dinero que haya utilizado en provecho propio; h) informar en cualquier momento, a requerimiento del mandante, sobre la ejecución del mandato; i) exhibir al mandante toda la documentación relacionada con la gestión encomendada, y entregarle la que corresponde según las circunstancias.
Si el negocio encargado al mandatario fuese de los que, por su oficio o su modo de vivir, acepta él regularmente, aun cuando se excuse del encargo, debe tomar las providencias conservatorias urgentes que requiera el negocio que se le encomienda."
Esta norma contiene tres incisos (b, c y h) que se refieren de modo directo a la obligación de informar, por lo que puede inferirse la importancia que el legislador le ha querido asignar a la misma en el sistema regulado. Asimismo, es menester poner de resalto que tratándose de relaciones de consumo, esta obligación adquiere un especial cariz, teniendo incluso raigambre constitucional (arts. 42 de la C.N., y art. 4 de la LDC). En sintonía con ello, el art. 28.2 del Anexo 16.2.1.1 de la Res. Gral Nro. 8/15 IGJ dispone que las entidades administradoras, en su condición de mandatarias de los suscriptores, deberán obrar con la lealtad, buena fe y diligencia necesarias para asegurar la obtención de acuerdos con los proveedores de los bienes que garanticen el mantenimiento de los valores durante el período comprendido entre la fecha de emisión y la de vencimiento de las cuotas.
En este punto, coincido con el análisis formulado por el A Quo, en el sentido que ante las extraordinarias circunstancias económicas sobrevinientes, devino insuficiente para tener por cumplida la obligación de información (art. 4 LDC), el simple hecho de poner en conocimiento del consumidor adherente -por medio de los cupones de pago- el importe final de los aumentos ocasionados. Debió habérsele suministrado a la actora información pertinente acerca de la formación del valor móvil de la unidad contratada y su variación en el tiempo. Al no encontrarse ello acreditado (art. 53 LDC), se concluye que el precio fue fijado unilateralmente sin intervención del consumidor, desconociendo éste último que parámetros y variables se utilizaron para ello. Esta información -omitida en el caso- tiene especial relevancia, ya que su conocimiento le hubiera permitido al actor conocer de antemano el impacto posible que el aumento iba a tener en su economía personal y tomar una decisión consentida sobre la continuidad o no del contrato.
Tan compleja es la trama contractual que subyace en este mecanismo de contratación, que inclusive en ocasiones ha de haber conflicto de intereses entre la propia administradora y el suscriptor. Claro está, la sociedad de ahorro tiene interés en su mandante, ya que el sistema funciona en gran parte gracias a él, pero tampoco puede descuidar los intereses de la fábrica, desde que las rentabilidades que genera se deben al precio del valor móvil que fija esta última. Es decir, a la sociedad de ahorro no le resulta económicamente conveniente que los grupos de ahorro se disuelvan, por ejemplo, en caso de que los suscriptores rescindan contrato por tornarse impagable la cuota. No obstante, el mandatario, ante una posible colisión de intereses, debe preferir los de su mandante en pos de los propios, y si no puede dar cumplimiento a ello, debe renunciar (art. 1325 CCyCN).
Al respecto ha dicho la jurisprudencia, "Ahora bien, los principios y caracteres aludidos no deben justificar en modo alguno prácticas abusivas por parte del comerciante (art. 8 bis de la ley 24240). Es decir que no ha de permitírsele a quienes forman parte de la cadena de comercialización la fijación de condiciones (entre otras el precio) de modo unilateral, inconsulto e incurriendo en desinformación al consumidor (arts. 42 Constitución Nacional, 53 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 4 y 8 bis de la ley 24240). En la presente causa se configura este extremo. Nótese que -más allá de estar ajustado a los requerimientos de la normativa específica de la Inspección General de Justicia- los oferentes del plan suscripto por Ortíz no dieron publicidad ni información fehaciente de cómo se fijaría, para las cuotas a devengarse, el valor móvil del bien, extremo que tampoco se cumplió durante la ejecución del contrato. En consecuencia, incumplieron con la carga que les pesa en su carácter de proveedores (arts. 4 ley 24240; 375 CPCC). Esta inobservancia se profundizó cuando la situación económica del país generó aumentos abruptos y desmedidos con la variación en el índice de salarios, al omitir informar cómo procederían a liquidar las cuotas pendientes ante el novedoso escenario económico. Nótese que esta omisión surge del plexo probatorio de estas actuaciones en donde no se acredita en modo alguno el cumplimiento del deber de información por parte de las empresas (art. 375 CPCC)." (Juba CC0202 LP 108535 214/2022 S 22/09/2022 Juez BANEGAS (SD) Carátula: ORTIZ MARCELA ALEJANDRA C/ PLAN OVALO SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP.
CONTRACTUAL).
Vemos, entonces, que la demandada definitivamente ha incurrido en un incumplimiento de sus obligaciones. No sólo no ha actuado de acuerdo a las reglas más elementales que deben regir en un contrato de mandato (conf. arts. 1324 y 1325), sino que, peor aún, ha incumplido con la obligación de información que contempla el plexo consumeril (conf. art. 4 LDC, y 42 C.N.), por cuanto no surge acreditado en autos que se le hubiere suministrado al actor información fehaciente de cómo se fijaría el valor móvil.
V. Desde otra arista, también es innegable la responsabilidad solidaria que les cabe en todo esto tanto a Ford Argentina SCA (fabricante) como a Aback SA (concesionaria oficial). La responsabilidad del fabricante y la concesionaria puede endilgarse por dos caminos, ambos igualmente válidos de forma individual, y que complementados no hacen más que reforzar esa conclusión. Por un lado, la disposición del art. 40 LDC que prevé la responsabilidad objetiva de quienes intervienen en la cadena de comercialización de un producto o servicio, y por otro lado, las normas que nuestro Código Civil y Comercial contiene en sus arts. 1073 a 1075, que refieren a la conexidad contractual.
En esta línea argumental se ha dicho, "Veamos en este punto lo que prevé nuestro art. 40 LDC: "Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del servicio." La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena. El caso que analizamos tiene en miras a la prestación de un servicio, toda vez que el producto en sí mismo, en cuanto a su calidad, no se encuentra en discusión. Eso descarta la discusión acerca de si el producto comercializado ha de ser riesgoso o vicioso, toda vez que tratándose de servicios, en general se ha entendido que se trata de todos los servicios, y no solo aquellos que resulten riesgosos o viciosos. Esta conclusión se ve apuntalada por la norma del art. 3 LDC, que en caso de duda, habilita la interpretación que resulta más favorable al consumidor. Sin perjuicio de ello, no hay duda alguna que el servicio prestado por el mandatario, (...), lo cual ha sido en desmedro de su mandante consumidora, no puede menos que ser catalogado de vicioso. La norma, conforme se desprende de la misma, permite extender la responsabilidad al fabricante (aunque tratándose de automóviles, podría ser el importador, o el distribuidor, que resulta ser, además, quien pone la marca en el servicio). La responsabilidad que la ley asigna es de corte objetivo, y sólo permite al agente demandado liberarse mediante la acreditación de que la causa del daño le ha sido ajena.
Claro está, la causa del daño no le ha sido ajena. Más aún, tiene participación activa en la causación del daño. Ambas codemandadas integran el mismo grupo económico, y como hemos visto, es la propia fabricante la que persigue colocar sus productos mediante la utilización del sistema de autoahorro." (cita: Faría Micaela Fabiana c/ FCA S.A. de Ahorro Para Fines Determinados y otro s/ abreviado - cumplimiento / resolución de contrato" Expte. n° 8749580 Tribunal: Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Córdoba, Sala/Juzgado: XXVII, Fecha: 20-sep-2021, Cita: MJ-JU-M-135026-AR | MJJ135026 | MJJ135026). -El subrayado de la cita me pertenece y con ello se brinda adecuada respuesta al agravio traído por las demandadas, quienes sostenían la inaplicabilidad al caso del art. 40 LDC por no tratarse de un daño resultante del vicio o riesgo de la cosa. En cuanto al fenómeno de la conexidad contractual, previsto en los arts. 1073, 1074, 1075 del CCyCN, en el sub examine se patentiza la presencia de dicha figura, atento la vinculación y finalidad económica en común de los distintos contratos individuales.
Messineo explica que "los contratos vinculados constituyen algo más amplio que la mera reciprocidad y que esa vinculación puede ser tanto "genética" como "funcional". Así, estamos frente a una vinculación genética cuando un contrato ejerce un influjo decisivo sobre los otros, mientras que la relación será funcional si existe mutua influencia, aun cuando se caractericen por la subordinación a la causa común, cual es la distribución de bienes y consecuentemente, la compraventa por parte de los consumidores.
De esta forma, como ya se dijo, la red contractual permite superar el clásico principio de la relatividad de los contratos prevista en el art. 1137 del Código Civil, y extender la responsabilidad que de aquellos se derive en forma solidaria tanto al fabricante como al distribuidor, comerciante, administrador del plan de ahorro, etcétera, es decir, a todos los que han intervenido en la cadena de comercialización, tal como lo hace el art. 40 de la ley 24.240, que será de aplicación en caso de que se den los requisitos de los arts. 1, 2 y 3 de dicha normativa especial." (JUNYENT BAS, Francisco; GARZINO, María C., "La tutela del consumidor en la capitalización y ahorro previo para fines determinados", Cita on line: TR LALEY AR/DOC/1974/2013). Advertida una situación jurídica abusiva (art. 1120 CCyCN) -entendida como una sucesión de actos jurídicos conexos que tienden a obtener un determinado resultado- y de acuerdo a lo dispuesto por el art.1075 del mismo cuerpo normativo, hace nacer la responsabilidad de aquel con quien el consumidor no contrató de manera directa.
No existen dudas a esta altura que Ford Argentina SCA formó parte del sistema de comercialización, en su carácter de fabricante y al ser la fijadora del precio del valor móvil, por lo que también tenía la obligación de informar al consumidor en los términos antes indicados (cfr. 4 de la Ley N° 24.240), (conforme respuesta IGJ de fecha 03/10/2022, documental agregada el 14/08/20, 31/08/22).
En lo que atañe a la co-demandada Aback SA, claro está que la concesionaria oficial es un mandatario o representante de la administradora, que actuó como intermediaria para instrumentar la suscripción de la adhesión del actor al plan de ahorro y además resultó ser la concesionaria a través de la cual el requirente concretó el retiro de la unidad que se le adjudicó (documental agregada el 14/08/20, contestación de oficio de fecha 01/11/22).
Por último tenemos que "La responsabilidad de la administradora de un plan de ahorro para la compra de un automotor se extiende a las consecuencias de los actos de los concesionarios y agentes del fabricante del bien a adjudicar, pues aquélla debe cuidar de la debida promoción y celebración de los contratos que constituyen su objeto y de su correcto ejercicio hasta la entrega del bien y liquidación fiscal." (CC0002 SI 93342 RSD-208-4 S 21/09/2004 Juez MALAMUD (SD) Carátula: Guakeken c/Plan Rombo s/Cumplimiento de contrato).
Por todas las consideraciones hasta aquí expuestas, no puedo más que concluir bien atribuida la responsabilidad del caso de manera solidaria, en cabeza de las tres accionadas.
De la excesiva onerosidad sobreviniente La co-demandada Plan Ovalo SA cuestiona la aplicación de la teoría de la imprevisión (art. 1091 CCyCN), por las argumentaciones citadas en los antecedentes del caso.
El iudex A Quo sostuvo que la prestación a cargo del demandante (suscriptor del plan de ahorro en cuestión) se tornó excesivamente onerosa por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por aquel.
Sobre ello, es necesario considerar si se encuentran cumplidos los requisitos enumerados en la norma, a saber: a) excesiva onerosidad en las prestaciones a cargo del adherente, b) la existencia de un evento extraordinario, c) la imposibilidad de prever la alternación extraordinaria que motiva el pedido, d) la no asunción del riesgo por parte del adherente. En consonancia con ello, la doctrina ha dicho: "Si bien no existen parámetros matemáticos u objetivos - y no parece adecuado sujetarse a los criterios que propician una evaluación meramente cuantitativa de los valores involucrados -, puede decirse que una prestación es más o menos onerosa según ella supere en mucho o en poco el valor de la ventaja que habrá de obtener la parte. Si bien no debe verificarse exacta equivalencia, debe haber un razonable balance entre los distintos términos de la relación negocial..." (Ruben S. Stiglitz, Contratos Civiles y Comerciales, Parte General, T° 2, 3° Ed., La Ley, 2015, pág. 337, con cita a CNEsp. Civ y Com. Sala II, 18-XII-1979, ED, 88-167-CCiv. Com. Santa Fe, Sala III, 27-XI-1984, ED, 116-176; CNCiv., Sala G, 26-XII-1984, ED, 113-463).
A la luz de las pruebas colectadas (art. 384 CPCC) habremos de analizar si en el sub examine los incrementos suscitados en el valor de las cuotas mensuales y el valor móvil ameritan la aplicación de la denominada teoría de la imprevisión.
En relación al "evento sobreviniente", si bien el contexto económico en el cual vivimos, en particular la devaluación monetaria suscitada en el año 2018, no puede ser considerado per se como un hecho imprevisible, desde que en este país la inflación y la crisis económica son moneda corriente, teniendo que convivir con devaluaciones monetarias, y así lo ha entendido la jurisprudencia, no pudiendo invocarse dichas circunstancias como un evento extraordinario e imprevisible. Lo cierto es que se torna decisivo analizar como han operado dichas variables en el caso concreto. En este sentido, resulta determinante el minucioso análisis que formula el A Quo en relación al incremento de las cuotas, del cual surge palmario y evidente que las mismas se elevaron en exceso por encima del valor móvil, del índice de inflación y de los propios ingresos del accionante (jubilación), y nada de todo esto ha sido refutado, ni rebatido con pruebas por el recurrente. Veamos, el sentenciante -con sustento en las constancias probatorias del caso- ha indicado que:
"... con relación al cumplimiento de las prestaciones que fueron asumidas por el requirente al momento de incorporarse al vínculo contractual bajo análisis, de la pericia contable presentada en autos, surge que aquel, habiéndosele ya adjudicado la unidad antes indicada, abonó cincuenta y cinco de las alícuotas de las que se encontraban previstas, siendo la última de aquellas erogada con fecha 19 de febrero 2020. A su vez, del cotejo de los datos aportados por la referida perito contadora pública, se evidencia que los importes de dichas cuotas, a lo largo del desarrollo de la vida del contrato fueron permanentemente incrementándose. Así, mientras que con fecha 11 de septiembre de 2015, en concepto de cuota N° 2 -que incluía los conceptos de alícuota, cargos administrativos, bonificaciones, recuperos, seguros, mora, iva por distintos conceptos, diferimientos, prorrateos, diferencias y gastos- el accionante erogó la suma de $ 1.621,27 por un valor móvil de $ 236.500, la última cuota por él abonada por similares conceptos, ascendió al monto de $ 18.603,12 teniendo un valor móvil de $ 1.310.710.
Es más, conforme se desprende de la planilla acompañada por la mentada experta, el importe de la siguiente cuota prevista en el plan contratado -esto es, la número cincuenta y seis- que ya no fue cumplida por el adherente, se elevaba a poco más del doble de lo que fuera pagado en último término por el demandante, incrementándose su valor a la suma de $ 37.471,45. Asimismo, del referido instrumento emana que al momento de que el accionante iniciara las actuaciones “Alcaraz, Hugo César c. Plan Óvalo de Ahorro Para Fines Determinados y otros s. Medidas Cautelares” (Expte. N° LM 14299-2020), en trámite por ante esta Dependencia, -esto es, el 27 de junio de 2020- el valor móvil del automotor objeto del plan de ahorro en cuestión se elevaba a la suma de $ 1.234.000 y al mes de agosto de 2020, período en el cual se iniciaron los presentes obrados, el mismo reptaba al valor de $ 1.347.000 (ver al respecto, Anexos “I” y “II” adjuntos en formato digital a la pericia contable de fecha 31 de octubre de 2022)." "...
De tal modo, en el intervalo de tiempo señalado -esto es, desde el mes de septiembre de 2015 al mes de febrero de 2020- se registra un incremento del 1.147,4 % respecto de la cuota y 568,14 % con relación al valor móvil del rodado. Si se ha de considerar dicho lapso hasta el mes en que fueran iniciadas las actuaciones cautelares recientemente indicadas -esto es, junio de 2020- el aumento que se registra en el valor móvil es del 534,89 % y al mes de agosto de 2020 -período en el cual se iniciaran los presentes obrados- un valor de 583,87 %. Ello equivale a decir que dichos conceptos sufrieron un aumento mensual aproximado y promedio de 21,65 %, o 254,98% anual en el caso de las cuotas, y de 10,72 % mensual, o 126,25 % anual en el caso del valor móvil (en este último caso, de tomar el intervalo hasta el mes de junio de 2020 el aumento se registra a valores promedio de 10,1% mensual y 109,16 % anual respectivamente.
De tomar el mes de agosto de 2020 los números escalan a 9,90 % mensual y 120,88 % anual respectivamente). Ni siquiera los porcentajes de inflación que en el año 2017 fueron de 24,8%, en el año 2018 de 47,6%, en 2019 de 53,8% y en 2020 de 36,1%, aún sumados, superan dichos valores. (cfr. INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina)." "... Finalmente, en lo que hace a los ingresos económicos particulares del demandante, Hugo César Alcaraz, que se encuentran acreditados en autos, se advierte que conforme se desprende de la contestación de oficio efectuada por la Anses con fecha 27 de septiembre de 2022, aquel efectivamente reviste el carácter de jubilado bajo el régimen S.I.P.A. con el beneficio N° 15-0-5337606-0 que le fuera otorgado desde el mes de mayo del año 2012.
Asimismo, del cotejo del referido instrumento en conjunción con la constancia de liquidación previsional que acompañara el requirente en su escrito liminar, se colige que mientras el haber jubilatorio de aquel, a la fecha de pago de la cuota N° 2 del plan de ahorro objeto de marras -esto es, 11 de septiembre de 2015-, ascendía a la suma de $ 3.938,51; al mes de febrero de 2020, fecha en la cual el demandante abonó la cuota número cincuenta y cinco, el mismo era de $ 13.645,89 y el del período siguiente -esto es, marzo de 2020- de $ 15.414,75. Finalmente, si se considera el mes de agosto de 2020, época en la que se interpusiera la presente demanda, se advierte que la jubilación del demandante ascendía al monto de $ 16.358,13 (ver asimismo, en sentido complementado, el archivo adjunto a la presentación electrónica de fecha 14 agosto de 2020)..." "De esto último se colige que, en el intervalo de tiempo señalado -esto es, desde el mes de septiembre de 2015 al mes de febrero de 2020- se registra un incremento del 346,47 % respecto de los haberes jubilatorios del demandante.
Si se ha de considerar el mes en que fueran iniciadas estas actuaciones -esto es, agosto de 2020- el aumento que se registra en dichos ingresos es del 415,39 %. En otras palabras, en el primer caso, dichos conceptos sufrieron un aumento mensual aproximado y promedio de 6,54 % mensual o 76,99 % anual y en el segundo registraron uno valores promedio de 7,04 % mensual o 86 % anual respectivamente. Dichos promedios resultan, claramente, sensiblemente inferiores al promedio de los aumentos relativos al valor móvil y a las alícuotas que fueran recientemente señalados."
Los datos antes graficados -en cuanto demuestran la evolución que ha ido teniendo el valor de las cuotas, el valor móvil, el índice de inflación y los ingresos por jubilación del actor- hablan por sí solos a la hora de demostrar que existió una modificación sustancial en las condiciones desde el momento de la contratación hasta el inicio de las presentes actuaciones, por lo que -al igual que el A Quo- entiendo aplicable al caso la teoría de la imprevisión y, en consecuencia, la excesiva onerosidad sobreviniente (art. 384 CPCC). Esta conclusión, como se dijo, no se basa en el proceso inflacionario por sí mismo, sino en el hecho incontrastable que ese proceso ha tenido la característica de aumentar de modo desproporcionado o inequitativo las diferentes variables, tornando excesivamente onerosa la prestación a cargo del actor, en relación a sus ingresos, el que notoriamente aumentó muy por debajo de la cuota. Lo determinante aquí es el precio exagerado de la cuota, su aumento exponencial por sobre cualquier otra variable y que esta se volvió impagable para el actor de acuerdo a sus posibilidades económicas.
Lo que se erige como imprevisible es que el mencionado proceso haya generado una brecha de tal magnitud entre la evolución de sus ingresos y los restantes guarimos (alícuota, valor móvil, tasa de inflación, etc.). Es decir, el actor pudo efectivamente prever la presencia de datos inflacionarios durante el iter contractual del plan de ahorro al que había adherido en base a su experiencia personal, pero resulta altamente improbable que haya podido vaticinar que ese proceso iba a dejarlo en una posición ostensiblemente desmejorada en la relación ingresos - gastos. Consecuencia de ello deviene necesaria la readecuación de los términos contractuales. La lógica, el sentido común y las máximas de la experiencia de vida indican que nadie que tenga capacidad para prever semejante incremento, a sabiendas de ello, contraiga una deuda que en el futuro se torne impagable por exceder en más del doble el total de sus ingresos (vg. cuota impaga nro. 56 $37.471,45, vs. ingresos del actor jubilación mes de marzo 2020 $15.414,75). Va de suyo, que esto no pudo ser un riesgo previsto. En referencia a los agravios traídos por la co-demandada Plan Ovalo SA de Ahorro debo indicar que no existen constancias objetivas en el expediente que demuestren que el actor percibía otros ingresos además de su jubilación. Constituye una crítica sin sustento (art. 375 CPCC). Además no debe perderse de vista, la mecánica económica y jurídica del contrato de ahorro previo basada en que los adherentes al sistema carecen de la solvencia económica necesaria para adquirir el bien de contado, por lo que se nutren o autofinancian de los fondos que genera el propio plan de ahorro. Sin embargo, la excesiva onerosidad no puede ser valorada limitándose al análisis del valor de las cuotas, sino que también debe ponderarse la contraprestación percibida o el valor móvil del rodado. En el supuesto de marras, la demandante cuenta en su poder con el vehículo adjudicado. Y ese bien, también afectado al devenir de la economía, sufrió incrementos notorios en su valor. Sin embargo, tal como lo hizo notar el A Quo, se advierte que el valor de la cuota ha registrado un incremento muy superior en relación al valor móvil del rodado (desde el mes de septiembre de 2015 al mes de febrero de 2020- se registra un incremento del 1.147,4 % respecto de la cuota y 568,14 % con relación al valor móvil del rodado). Por lo que no cabe duda alguna que existió un quiebre en las contraprestaciones a cargo de las partes.
Indice de precios al consumidor Cuestiona Plan Ovalo el índice aplicado para el reajuste de las cuotas, por ser dicho parámetro diferente al valor del rodado. El agravio debe ser desestimado, desde que el índice de mención aparece razonable y además se condice con el criterio aplicado por la jurisprudencia en casos similares, en los que se dijo: "... el índice de precios al consumidor (en adelante denominado IPC) mide la variación mensual en los precios de bienes y servicios representativos del gasto de consumo de los hogares a los fines graficar un promedio de aumento (o disminución si fuera el caso) aplicable de modo genérico.
Dentro de este indicador se incluye una gran variedad de bienes y servicios de distinta índole: desde alimentos y bebidas, prendas de vestir, comunicaciones, educación, equipamiento para el hogar, hasta los gastos por servicios de salud, entre tantos otros.
Por la propia naturaleza del indicador el resultado arroja un estado de situación "macro" o de carácter general, no circunscribiendo ni otorgando datos sobre un producto en particular.
Por ello, su aplicación a un bien específico como lo es un automotor, sobre el cual la composición de su valor es alcanzado por distintos fenómenos (variación en la cotización del dólar, fenómenos y modalidades de importación y exportación, contexto económico internacional, etc.) no resulta adecuado en el presente proceso conforme las características del bien objeto del contrato suscripto.
Aún así, la composición del IPC cuenta con el seguimiento particularizado -dentro del contexto general- de una serie de productos y servicios determinados, entre ellos los relativos a ?Transporte? y dentro de éste lo tocante al costo por ?adquisición de vehículos?. A su vez, este estudio divide el país en zonas (GBA, Pampeana, Noreste, Noroeste, Cuyo y Patagonia) para efectuar el análisis geográficamente sectorizado. En virtud de lo expuesto, encontrando parcialmente atendibles los agravios de la apelante, éste es el índice que considero adecuado aplicar para fijar el valor móvil del automóvil objeto de este proceso: al precio del bien fijado al mes de septiembre de 2020, momento de la pretensión cautelar que es el momento en el que se exterioriza la falta de consentimiento de la accionante con el monto de la cuota (v. sentencia del 30 de junio de 2022 pág. 12 último párrafo; autos "Ortíz c/ Plan Ovalo s/ medidas cautelares" en trámite ante el mismo Juzgado) se aplicará mensualmente el índice de actualización que arroja el subítem ?adquisición de vehículos? dentro del apartado ?transporte? del nivel general de la composición del IPC publicado el mes anterior al del vencimiento de la cuota por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC). Parra llegar a esa tasa deberá hacerse un promedio entre la variación del mencionado subítem entre las distintas zonas geográficas.
A modo de ejemplo explicativo las partes podrán verificar en el sitio web de INDEC el IPC de agosto de 2022 (ver https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_09_221BCA18CD3 2.pdf página N° 14) en donde podrán visualizar el apartado referido. Se establece que el cálculo aquí dispuesto será aplicable siempre y cuando éste resulte más beneficio para el consumidor que el que venía efectuando la demandada bajo los parámetros de la resolución 8/2015. Se ordena asimismo que la decisión aquí adoptada en modo alguno puede afectar el derecho de los demás suscriptores de ese grupo del plan de ahorro en virtud al riesgo empresario que debe soportar la empresa organizadora." (Juba CC0202 LP 108535 214/2022 S 22/09/2022 Juez BANEGAS (SD) Carátula: ORTIZ MARCELA ALEJANDRA C/ PLAN OVALO SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL).
Daño Moral Encontrándose acreditado el incumplimiento del caso (deber de información) y atribuida la responsabilidad de manera solidaria a todas las accionadas, sumado a las circunstancias extraordinarias sobrevinientes (art. 1091 CCyCN), corresponde ahora tratar la queja que arremete contra el daño extrapatrimonial, en lo que hace a su procedencia y cuantía. Se quejan las demandadas recurrentes porque el Juez de Grado ha concedido a la parte actora una indemnización en concepto de daño moral por la suma de $350.000, cuando a su criterio no existe razón alguna para ello, ante la inexistencia de prueba que demuestre que los hechos de autos han lesionado las afecciones legítimas del actor, su paz y tranquilidad. Puede definirse al daño moral como: “una minoración en la subjetividad de la persona, derivada de la lesión a un interés no patrimonial. O, con mayor precisión, una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial” (Pizarro, Ramón D., Daño moral. Prevención. Reparación. Punición. El daño moral en las diversas ramas del derecho, Hammurabi, Buenos Aires, 2004, p. 31). En lo que hace al monto fijado por tal concepto, cabe recordar que el daño moral resulta de una lesión a los sentimientos, en el padecimiento y las angustias sufridas, molestias, amarguras, repercusión espiritual, producidos en los valores más íntimos de un ser humano; que, probado el daño, el monto de la indemnización ha sido diferida por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias del proceso- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (S.C.B.A., Ac. Y Sent., 1992, t. I., pág. 99; 1974, t. I., pág. 315; 1975, pág. 187).
Ahora bien, al tratar cuales son las consecuencias de las afecciones espirituales legítimas, antes denominado daño moral, debemos recordar que este perjuicio fue descripto como el menoscabo que sufre una persona en su bienestar psíquico sin que ese estado negativo o disvalioso sobreviniente (tristeza, dolor, amargura, inseguridad, angustia, etc.) llegue a configurar una situación patológica como consecuencia de la vulneración de un derecho o interés generado por un hecho antijurídico y reprochable. (Alterini, Jorge H. Código Civil y Comercial comentado. TVIII. Arts. 1738/1741, pág. 246).
El daño extrapatrimonial (o moral) es la modificación disvaliosa del espíritu de una persona, también productor (“consecuencia”) de la lesión a un interés extrapatrimonial, que reposa sobre un derecho de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial; y que se traduce en un modo de estar de la persona distinto producto de ese hecho lesivo, y anímicamente perjudicial. (Ossola, op. cit. págs140).
Si bien en el CCyC no se lo define de manera explícita, en el art. 1741 se dispone respecto de la indemnización de las consecuencias no patrimoniales derivadas del suceso lesivo. Esta locución tiene una amplitud tal, que permite abarcar todas las repercusiones anímicamente perjudiciales derivadas de un suceso dañoso, se trate de un damnificado directo o indirecto, en tanto y en cuanto guarden adecuada relación de causalidad con el hecho y estén comprendidas en el elenco de las consecuencias indemnizables (art. 1726 CCyC). No cabe dudar que el daño moral comprende todas las consecuencias perjudiciales en las capacidades del entender, querer y sentir, derivadas de la lesión a intereses no patrimoniales, y que se traducen en un modo de estar diferente de aquél al que se hallaba el damnificado antes del hecho, como consecuencia de este, y anímicamente perjudicial. Así las cosas, son dos las operaciones que deben realizarse: en primer lugar, determinar la entidad cualitativa del daño moral (su “valoración”). Luego de ello, sigue lo más difícil: determinar su entidad cuantitativa (esto es, la cuantificación). (Ossola, op.cit. págs156). En cuanto al monto de la indemnización, en el estado actual del Derecho Argentino, la determinación de la cuantía de la indemnización por daño moral constituye un problema de solución aleatoria y subjetiva, librado al criterio del juzgador. Ello es así, evidentemente, por la falta de correspondencia entre un perjuicio espiritual y el patrón dinerario con que se resarce. Pero, además, debido a que falta todo criterio normativo regulador, que establezca algunas pautas comunes, con lo cual el tema queda abandonado a la intuición, prudencia y discrecionalidad judicial.” (in re: “Soria Carlos Alberto y otros c/ Satro S.A. y otros s/ daños y perjuicios”, causa N° 5521/1, RSD N° 38 /19 de fecha 26/3/2019, voto del Dr. Taraborrelli).
En referencia al rubro bajo análisis también se ha dicho que "El Código Civil y Comercial de la Nación en el art. 1744 descarta, entonces, la tesis tradicional que distribuye la carga de la prueba de acuerdo a la diferente naturaleza (contractual o extracontractual) de la obligación incumplida, la carga de la prueba debe ser asignada de acuerdo con las reglas generales vigentes en el ámbito procesal (art. 375 del CPCC.). Consecuentemente, la carga procesal referida a la existencia, juridicidad y reparabilidad del daño moral recae indefectiblemente en el accionante. De tal forma, por imperio de la normativa procesal en vigencia, quien incumpla con la carga probatoria de los hechos sobre los cuales encara su pretensión, defensa o excepción resultará perdidoso en el proceso. Cabe ameritar que la línea divisoria indicativa de cuándo resulta necesaria la prueba directa (actividad probatoria activa) o autosuficiente la indirecta (presuncional) del daño moral debe, necesariamente, fincarse en la diferente naturaleza de los bienes afectados (patrimonial o extrapatrimonial), cualquiera fuere la fuente del deber de responder. debe recordarse que no es éste el típico contrato paritario sino de consumo, por lo que, nuevamente, las reglas del llamado microsistema de protección del consumidor gozan de preeminencia sobre las generales (v. arts. 42 CN; 37 y 65 LDC; 1095 y 1709 inc. "a" CCyC). De allí que no sea extrapolable a ese campo la clásica limitación o restricción a reclamar daños extrapatrimoniales derivados de una relación contractual. Así basta con advertir que en materia de consumo el trato digno es elevado a garantía constitucional (art. 42 CN) de donde su incumplimiento ya está afectando una esfera claramente extrapatrimonial, aun cuando lo que motive el reclamo tenga origen en un diferendo contractual. En otros términos el rigor probatorio del "daño moral" que se predica para los contratos paritarios, debe morigerarse cuando de consumidores dañados se trata. Y esto no es nuevo ni producto de la modificación legislativa al Código Civil, pues varias Cámaras provinciales han seguido esta orientación." (Sumario JUBA CC0001 QL 22084 RS 3/2020 S 26/02/2023. Carátula: CASTELLANO NORMA GLADYS Y OTRO/A C/ FEDERACION PATRONAL SEGUROS SA S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO).- Ello en respuesta a los agravios vertidos por la demandada.
En este punto entiendo que la procedencia de la indemnización por daño moral debe ser confirmada en tanto -en el caso- el daño surge notorio de la misma índole del hecho generador. Es dable concluir que el actor sufrió afectaciones a su esfera moral (padecimientos, perturbaciones de ánimo, incomodidades, angustias, etc.) por todas las contingencias suscitadas por el incumplimiento, por la conducta de la concesionaria vendedora del plan, la administradora demandada y la fabricante; se trata de una cuestión derivada de una relación de consumo donde puede apreciarse afectación al derecho de información y al trato digno, lo que conlleva por sí la presunción de molestias, incomodidades y aflicciones no patrimoniales padecidas por el actor (arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8bis, 10bis, 13, 17, 18, 37, 38, 40 y concs. L.D.C.; arts. 1066, 1067, 1078, 1083 y concs. Cód. Civ ; arts. 1741 y concs. CCyCN). Considerando además las condiciones personales de la parte actora, quien a raíz del evento dañoso ha experimentado cierta conmoción en su paz y plenitud, y en virtud de las pruebas rendidas en autos, las cuales dan suficiente sustento –a ver de este Sentenciante- de la situación vivida por el mismo y de la lesión a su espíritu.
En lo que hace a la cuantificación del rubro, no debe perderse de vista lo dispuesto por el art. 165 CPCC, en cuanto prevé que la sentencia fijará el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto. Por lo que deben desestimarse los agravios traídos, confirmándose el rubro en tratamiento. Dejando aclarado que si bien el mismo prosperó por una suma mayor a la reclamada en la demanda, no hubo infracción al principio de congruencia, toda vez que el propio actor dejó librada la cuantificación del rubro a "...lo que más o menos resulte de las pruebas a rendirse y que V.S se servirá fijar de acuerdo a su sana crítica." Asimismo, el agravio que plantea la co-demandada Plan Ovalo referido a los accesorios que se adicionaron al rubro, tampoco puede prosperar, ya que su fijación se encuentra en sintonía con la doctrina de la SCBA (art. 772 del CCC; S.C.B.A., causas Vera, C. 120.536, sent. de 18-03-2018; y Nidera, C. 121.134, sent. de 03-05-2018).
Plus petición inexcusable. Temeridad y malicia Se agravia la co-demandada Aback SA por el rechazo del pedido de aplicación de estas figuras procesales.
En lo atinente a la plus petición inexcusable, coincido con la apreciación del A Quo en el sentido que no se encuentran reunidos los requisitos que prevé el rito para su admisión. Sobre el instituto se ha dicho que "Se produce en el caso un abandono de la teoría objetiva del vencimiento para atender a la conducta de los peticionarios, configurándose ante la desproporción exagerada entre la pretensión y la cantidad sensiblemente menor acogida. El aspecto subjetivo resalta cuando la conducta del pluspeticionario evidencia malicia, temeridad o negligencia grave hasta resultar injustificable. La ley exige también como recaudo que la contraria admita el monto hasta el límite de la sentencia. No se configurará en los casos en que la estimación del actor haya quedado sujeta a las resultas de las probanzas a producir, siempre sobre la base de un monto razonable:" (Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Comentado, anotado y concordado. Carlos Eduardo Fenochietto. Editorial Astrea 9na. edición. págs. 109 y 110). Asimismo, se ha dicho que "Para que la pluspetición produzca consecuencias desfavorables respecto del vencedor, la otra parte debe haberse allanado y admitido el monto hasta el límite establecido por la sentencia (art. 72, C.P.C.C.)." (Juba CC0202 LP 117827 RSD 265/19 S 03/10/2019 Juez HANKOVITS (SD) Carátula:
"Suarez Diego Maximiliano C/ Suarez Alcides Gabriel S/Fijacion Precio Alquileres"). Como se advierte, ninguno de los aspectos del instituto en cuestión se verificó en autos, por lo que corresponde el rechazo del agravio. De igual modo acontece con la pretensión de temeridad y malicia (art. 45 CPCC). Incurre en temeridad la parte que litiga sin razón valedera a sabiendas de la propia sinrazón. En cuanto a la malicia consiste en utilizar el proceso en contra de sus fines y se concentra en ejercitar actitudes dilatorias con la finalidad de obstaculizar y retardar el proceso. De las constancias objetivas del caso de marras, no se aprecian configuradas tales inconductas por parte del actor. Por lo que también corresponde desestimar el agravio.
En función de como se resuelve, corresponde confirmar la imposición de costas, atento la vigencia del principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCC). Por todo lo expuesto, voto a la primera cuestión por la AFIRMATIVA.
A la misma Cuestión, y por los mismos argumentos, el doctor Vitale vota en idéntico sentido.
A la Segunda Cuestión el doctor Pérez Catella dijo:
Teniendo en cuenta el resultado obtenido en la votación a la Cuestión que antecede, corresponde confirmar la sentencia definitiva de la causa en todas sus partes. Imponer las costas de la Alzada a las demandadas recurrentes quienes resultaron vencidas, en virtud del principio objetivo de la derrota (arg. art. 68 CPCC), difiriéndose la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna (art. 51 ley 14.967). Así lo voto.- A la misma Cuestión, y por los mismos argumentos, el doctor Vitale vota en idéntico sentido.
Por lo que, dando fe éste Actuario de la coincidencia de votos entre los señores Jueces votantes, se da por finalizado el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Conforme el resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, este Tribunal
1. Confirmar la sentencia definitiva de la causa en todas sus partes. 2) Imponer las costas de la Alzada a las demandadas recurrentes quienes resultaron vencidas, en virtud del principio objetivo de la derrota (arg. art. 68 CPCC), difiriéndose la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna (art. 51 ley 14.967). 3) Regístrese. Notífíquese (art 10 del Anexo Único del Ac. 4039/2021 de la S.C.B.A). Oportunamente, devuélvase a sus efectos.-
Fin de la sentencia