Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 168215
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso de apelación articulado el día 30/04/2019 (arts,. 242, 245 y cctes. del CPCC).
II. Imponer las costas en el orden causado dado que la contestación efectuada por el accionado fue realizada extemporáneamente (arts. 68 "a contrario" y 69 del CPCC, v. escrito electrónico de fecha 19/05/2019 y traslado dispuesto el día 06/05/2019 a fs. 69).
CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL - SALA SEGUNDA.
REGISTRO N° 346-R FOLIO N° 623/6
EXPEDIENTE N° 168215. JUZGADO N ° 6.
"SARACO PATRICIA ANA Y OTRO/A C/ EICKENBERG GUSTAVO HUGO S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES".
Mar del Plata,27 de agosto de 2019.
AUTOS Y VISTOS: Las presentes actuaciones caratuladas: " SARACO PATRICIA ANA Y OTRO/A C/ EICKENBERG GUSTAVO HUGO S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES " traídas a despacho a fin de resolver el recurso de apelación deducido por la parte actora contra la resolución de fs. 66.
I. En el auto cuestionado la Sra. Jueza ordenó reabrir la etapa de mediación en función de la discordancia entre el domicilio del requerido denunciado por el actor (Juana Manso n° 1943, v. fs. 7) y el que el Sr. Eickenberg acreditó en la presentación de fecha 28/02/2019 (calle Hauzenbergerstrasse 30, Munich, Alemania, v. fs. 62/5).
II. Los Sres. Saraco, con el patrocinio letrado del Dr. De Natale, interpusieron revocatoria con apelación en subsidio el día 30/04/2019.
Argumentaron que el domicilio en el que fue anoticiada la audiencia de mediación era el especial constituido en el contrato de compraventa objeto de la presente acción para todos los efectos derivados de aquél resultando, por ende, absolutamente válido.
Sostuvieron que el único interés de la demandada era demorar el proceso pretendiendo que la mediación sea notificada a un domicilio fuera del país.
Desestimado el primer embate fue concedido el segundo a fs. 81.
III. 1. Si bien podría considerarse que el proveído que dispuso reabrir la mediación previa obligatoria atendiendo a la petición formulada por el requerido no les causa un agravio irreparable que torne operativa la apertura de esta instancia (art. 242 inc. 3° del CPCC y art. 2 de la ley 13.951, esta Sala causa n° 159.020 RSI 260 del 28/05/2015, 161.894 RSI 424 del 12/09/2016, 145.205 RSI 152 del 31/03/2010, entre otras), en el caso se presentan ciertas particularidades que justifican el tratamiento de las quejas que exponen los recurrentes.
2. Aclarado ello, adelantamos que el recurso no prospera.
a) El planteo gira en torno a que es improcedente la reapertura de la mediación pues la notificación dirigida por el mediador al domicilio de la calle Juana Manso nº 1941/3 ha sido bien diligenciada, por tratarse éste de un domicilio especial, fijado contractualmente. De allí que, para la postura del actor, sea intrascendente que el demandado tenga su domicilio real en Alemania, pues el especial subsiste para todos los efectos del contrato mientras no se modifique.
b) Es útil recordar que el domicilio puede ser general o especial.
El domicilio general – que se subclasifica en real o legal- es el que considera atributo de la persona y surte efectos para la “generalidad” de las relaciones jurídicas de su titular. Es el eje de su actividad jurídica y es fijado por la ley en base a ciertos elementos objetivos que ella misma determina – la residencia habitual o actividad profesional o económica (art. 73CCyC) o la función pública o militar que presta la persona (arts 74 inc a y b) o si se trata de transeúntes (art 74 inc c) o en razón de la incapacidad (art 74 inc d)-.
Por su parte, el domicilio especial limita sus efectos a una o varias relaciones jurídicas determinadas. Puede ser convencional o elección (art. 75 CCyC) o procesal o ad litem (art 41 del CPCC).
El domicilio convencional se constituye en el centro de cumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato en el que se ha estipulado. Es bilateral, accesorio, fijo e invariable, porque siendo una cláusula contractual no puede alterarse unilateralmente por uno de los contratantes. Por excepción se admite el cambio dentro de la misma localidad y siempre que sea debidamente informado a la contraria.
Tiene como efecto primordial la prórroga de la competencia y que en él se pueden practicar válidamente todas las notificaciones y emplazamientos extrajudiciales motivados en el contrato (oferta, aceptación, interpelación para constituir en mora, etc), como las notificaciones judiciales, que se tienen por válidas con independencia de la residencia del constituyente del domicilio.
“La regla general indica que, en los procesos judiciales, el primer emplazamiento a la parte demandada debe practicarse en su domicilio real. La razón de ello consiste en asegurar que el emplazado tome conocimiento efectivo de la existencia del proceso, de forma tal que quede habilitada la posibilidad de ejercicio de su derecho de defensa en juicio. No obstante, es de estilo la cláusula contractual por la cual se constituye un domicilio especial, previéndose que serán válidas todas las notificaciones que allí se practiquen con motivo del contrato, incluso la notificación de la demanda en los juicios de conocimiento y la intimación de pago en los de ejecución para el caso de que sea necesario el inicio de un proceso judicial para procurarse el actor lo que le es debido” (Peralta Mariscal y Ruíz Díaz “El domicilio fijado contractualmente y el primer emplazamiento a la parte demandada en un proceso judicial”, La Ley 2001-F , 1058, Cita Online: AR/DOC/10335/2001; en el mismo sentido esta Sala exptes. nº 114934 RSI-1314-00 I 26/12/2000 y 119060 RSD-96-2 S 09/04/2002, entre otros).
De todos modos, lo expuesto no implica asignarle al domicilio convencional el carácter de constituido en el proceso, regulado por los arts. 40 y 41 del Código Procesal.
De allí que la notificación del traslado de la demanda debe efectuarse dando cumplimiento a lo previsto en el art. 338 y sgtes. del mismo código y si se practica “bajo responsabilidad de parte” ésta debe asumir las consecuencias correspondientes en caso de que haya actuado de mala fe (conf. lo explican Peralta Mariscal y Ruiz Díaz en artículo de doctrina mencionado).
c) Estas ideas son de plena aplicación a la notificación de la mediación prejudicial obligatoria establecida por la ley provincial 13.951, por lo que corresponde analizar bajo ese marco si el emplazamiento ha sido efectuado correctamente o si, en su caso, debe ordenarse la reapertura de la instancia de conformidad a lo previsto en el art. 17 del dec. 2530/10 (aplicable al caso, pese a su derogación por el dec. 43/19 –argto art. 7 del CCyC)
La referida norma establece: “ Si la mediación fracasare por no haberse podido notificar la audiencia al requerido en el domicilio denunciado por el reclamante, cuando se promoviere la acción, el domicilio en el que en definitiva se notifique la demanda debe coincidir con aquél. En caso contrario, será necesaria la reapertura del trámite de mediación; el mediador fijará nueva audiencia e intentará notificar en ese nuevo domicilio. Igual procedimiento se seguirá cuando el requerido que no hubiere podido ser ubicado en el trámite de mediación comparezca en el juicio a estar a derecho ” .
El actual decreto reglamentario de la ley 13.951 (43/19) lo resuelve de forma similar en su art. 18.
A nuestro entender, el caso se subsume en el supuesto que prevé esta norma en su última parte, de modo que corresponde confirmar la solución adoptada. No está demostrado que el requerido haya sido citado correctamente, de allí que no puede considerarse que haya sido ubicado en el trámite de mediación.
Es que la operatividad del domicilio convencional no exime de cumplir con los procedimientos que aseguren la eficacia de la notificación que allí se practique.
Debe recordarse que tras celebrar el acuerdo entre el COLPROBA y la SCBA (2513 y Anexo I del 26/09/2012), se faculta al mediador a concretar la notificación por cédula, interviniendo en ese caso la oficina de Mandamientos y Notificaciones departamental.
Expresamente el artículo 7 del referido Anexo I dispone: “A los fines de la notificación de una audiencia en un procedimiento de mediación el domicilio donde debe diligenciarse revestirá carácter de denunciado (art. 9 in fine Decreto N° 2530/10), debiendo observarse a sus efectos las prescripciones de los artículos 175, 176, 179, 180 inciso a) y d), 181,183,184,185,186 del Acuerdo 3397.” Y el artículo siguiente, establece que cuando el mediador libre la cédula bajo responsabilidad de parte, será de aplicación el art 189 del Acuerdo. 3397.
Por su parte, el derogado art. 9 del dec.2530/10 inc. 8 último parágrafo preveía que “A pedido de parte y en casos debidamente justificados, la cédula podrá ser librada por el mediador para ser notificada en el domicilio denunciado bajo responsabilidad de la parte interesada ”.
En idéntico sentido, el actual decreto reglamentario de la ley 13.951 en su art. 10 dispone que “Las notificaciones se efectuarán en los domicilios denunciados por el requirente, o a los constituidos según el artículo 13 del presente. A pedido de parte y en casos debidamente justificados, la cédula podrá ser librada por el mediador para ser notificada en el domicilio denunciado bajo responsabilidad de la parte interesada conforme lo establecido por el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires y la Acordada SCBA 3397/08 o aquella que en el futuro la sustituya.”
De acuerdo a lo que surge del acta de cierre de la mediación obrante a fs. 7, el demandado habría sido notificado de la mediación a través de una cédula de notificación diligenciada bajo responsabilidad de parte.
Pero la cédula no ha sido agregada, con lo que no podemos saber si se ha dado cumplimiento a lo previsto en los arts. 338 y cdtes. del CPCC y las normas pertinentes ya señaladas del Ac. 3397.
Tampoco han quedado explicitados los motivos que habrían justificado ante el mediador el diligenciamiento bajo esa modalidad.
Este déficit impide al Tribunal tener por demostrado que el demandado fue debidamente notificado en la instancia de mediación y, en consecuencia, corresponde su reapertura (argto. arts 18 CN, 15 CPBA, 17 dec. 2530/10 y 18 dec. 43/19).
d) Por lo demás, no es posible soslayar las particulares circunstancias que se presentan en la causa evidenciadas en la formación de la investigación penal cuyas copias obran a fs. 76/77 y que, oportunamente de corresponder, serán tratadas.
En lo tocante al tema nos ocupa, se destaca que:
el boleto de compraventa cuyo incumplimiento se demanda tiene como objeto el inmueble de la calle Juana Manso nº1943 de esta ciudad, de propiedad del demandado, adonde residía su hermana.
el boleto fue suscripto por la hermana del demandado, en su calidad de apoderada, quien habría fallecido al día siguiente;
el domicilio del vendedor fue constituido en el mismo inmueble que se vendió;
De este modo, entendemos que la coincidencia del domicilio fijado con la cosa vendida y cuya posesión ha sido entregada hace que tal estipulación carezca de toda eficacia o que habría operado su extinción al fallecer la Sra. Eickenberg, tal como sucede cuando el que lo constituyó ha sido desalojado a pedido de quien pretende hacerlo valer, o el edificio ha dejado de existir por su demolición o ha sido expropiado o clausurado o cuando han pasado muchos años desde su constitución (conf. lo explica Julio César Rivera en “Instituciones de Derecho Civil” Parte General Tomo I Quinta edición actualizada, p.677, Abeledo Perrot)
Al respecto, explicaba Jorge Joaquín Llambías que “cuando el domicilio constituido lo haya sido en el domicilio de la otra parte, tal constitución no es eficaz para las notificaciones que deben ser practicadas en el domicilio ordinario del constituyente. Esta conclusión se basa en el principio de la buena fe y en la necesidad en que está el titular del domicilio de dar aviso al constituyente de cualquier novedad que pueda producirse: por tanto aquél debe omitir notificar en su propio domicilio, debiendo hacer directamente la notificación en el domicilio ordinario del notificado” (“Tratado de Derecho Civil” Tomo I Nociones Fundamentales. Personas”. Vigésima tercera edición actualizada por Patricio Raffo Benegas, Abeledo Perrot, p.599)
Por lo expuesto y lo normado por los arts. 34, 36, 161, 243, 246 y cctes. del CPCC, RESOLVEMOS:
I. Rechazar el recurso de apelación articulado el día 30/04/2019 (arts,. 242, 245 y cctes. del CPCC).
II. Imponer las costas en el orden causado dado que la contestación efectuada por el accionado fue realizada extemporáneamente (arts. 68 "a contrario" y 69 del CPCC, v. escrito electrónico de fecha 19/05/2019 y traslado dispuesto el día 06/05/2019 a fs. 69).
III. Registrar el presente y una vez transcurrido el plazo previsto en el art. 267 in fine del CPCC, devolver las actuaciones al Juzgado de origen.
RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J. LOUSTAUNAU
Lucas M. Trobo
Auxiliar Letrado
Fin de la sentencia