Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 169211
REGISTRADA BAJO EL N º 85-S Fo.
Expte. N º 169211 Juzgado Civil y Comercial N°1
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “ FERRANTE, JUAN N. C/ ASSIST CARD S.A. S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ” , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1 ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 05 de septiembre de 2019?
2 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. La sentencia dictada el 05 de septiembre de 2019 viene a conocimiento de este Tribunal de Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora el 10/09/2019.
En lo que aquí interesa destacar, el juez hizo lugar a la acción promovida por los actores Juan Nicolás Ferrante, Agustina Balza, ambos por sí y en representación del niño Augusto Ferrante contra Assist Card Argentina Sociedad Anónima de Servicios, condenando a ésta última a: i) abonar a favor de Juan Nicolás Ferrante, la suma de 95 dólares estadounidenses y 25.000 pesos; ii) abonar a favor de la Sra. Agustina Balza, la suma de 95 dólares estadounidenses y 25.000 pesos y iii) abonar a favor de Augusto Ferrante la suma de 95 dólares estadounidenses, en todos los casos más intereses y costas.
Para así decidirlo, explicó que no fue controvertido que los actores contrataron el servicio de asistencia al viajero prestado por la demandada Assist Card, instrumentado mediante la póliza agregada a fs. 35/42. Consideró probado que la contratación se hizo mediante el sistema de telemarketing , resultando los contratantes los actores, con vigencia desde el 24/6/2011 al 8/7/2011. La garantía comprendía una asistencia en caso de enfermedad de hasta U$D 250.000 y garantía de cancelación any reason e interrupción de viaje por U$D500. También fue demostrado el pago de dicho servicio por un total de $1.357,62.
Seguidamente, explicó que la relación contractual habida entre las partes queda aprehendida por la regulación tuitiva de los derechos del consumidor y que la responsabilidad que le atribuyen a la demandada se fundamenta en dos extremos: 1) no haber prestado la asistencia médica en el extranjero, pese a haber formulado el pertinente requerimiento y 2) frente al regreso anticipado al país, por motivos de grave enfermedad del padre del co-actor, debió la demandada afrontar el pago de las sumas convenidas en el contrato por interrupción del viaje.
Reparó en los testimonios de la Sra. María Julia Gregorini y el Sr. Maximiliano Ragnoli quienes describieron el tipo de viaje, el problema de salud del niño Augusto, los reclamos a Assist Card, la espera a la asistencia médica que nunca llegó y el regreso anticipado por una grave enfermedad del padre del coactor Ferrante. Consideró además lo informado por la agencia “Turismo Sat”, la cual refirió que las penalidades por la cancelación de los vuelos fueron de 95 dólares por pasaje y fueron abonadas por el Sr. Ferrante junto con los pasajes de Tienda León al arribar a Argentina.
Destacó que la demandada limitó su defensa a negar el incumplimiento y nada probó en el expediente (como dijo que lo iba a hacer), motivo por el cual juzgó acreditado el incumplimiento contractual.
En cuanto a los rubros que componen la pretensión, hizo lugar a los siguientes: a) Daño emergente: 95 dólares a cada uno de los tres actores; b) Daño moral: 50.000 pesos a dividir en partes iguales entre los actores Agustina Balza y Juan Nicolás Ferrante.
II. Síntesis del recurso.
Los accionantes apelaron la decisión y fundaron su recurso mediante el memorial agregado en formato papel a fs. 409/422 y cuya copia digital acompaña a la presentación electrónica n°24991679.
Sus agravios pueden resumirse del siguiente modo:
i) Cuestionan el modo en que fue receptado el rubro «daño emergente» alegando que el juez se apartó sin razón del monto de garantía pactado ante el acaecimiento del evento. Afirman que no debió reparar en la penalidad efectivamente abonada por la cancelación del vuelo (95 dólares) sino al monto establecido en el contrato (500 dólares). Argumentan que el magistrado interpretó mal el contrato: las sumas establecidas en el negocio no constituyen un reembolso de gastos sino el pago de una suma fija estipulada para el supuesto en el que se configure el evento previsto. Reclama se haga lugar al rubro por un total de U$D1.500.
ii) Objetan la cuantificación de los gastos, solicitando se incorpore la suma de U$D285 abonados en concepto de penalidades, $30 por gastos de teléfono y $500 por traslados. Sobre las penalidades, afirman que se han acreditado con las pruebas producidas en la causa. Sobre los traslados señala que se acompañaron recibos cancelatorios de la empresa Nanomar (viaje que finalmente no se hizo) y la contratación de Tienda León una vez que se adelantó el regreso; finalmente, en lo que refiere a las llamadas, pone de relieve el comprobante del Hotel Riu donde surge la duración y costo de una de las llamadas efectuadas a Assist Card. Explican que en una situación apremiante como la que vivieron es imposible estar pendientes de la obtención de comprobantes de todas las llamadas realizadas. Invocan el deber de colaboración procesal y la aplicación dinámica de las cargas probatorias, sopesando la ausencia de prueba producida por la demandada.
iii) Consideran injusto que se haya desestimado el reclamo por daño moral del niño Augusto Ferrante. Es equivocado -dicen- creer que un menor de 14 meses que se encontraba lejos de su hogar, con malestares físicos, fiebre y que debió regresar a su país en esas condiciones no sufrió un daño a su espiritualidad. Dice que es el más vulnerable de todos los involucrados.
iv) Afirman que los montos otorgados en concepto de daño moral para los coactores Juan Nicolás Ferrante y Agustina Balza es escaso, teniendo en cuenta la fecha en la que fue interpuesta la demanda y la caída en el poder adquisitivo de la moneda nacional. Exige que el daño sea íntegramente reparado.
v) Se quejan del rechazo al rubro daño punitivo. Entienden que la sanción es procedente dada la gravedad del incumplimiento contractual, el peligro que corrió la salud de su hijo, la falta de atención médica, la ausencia de respuestas ante los reclamos, el hecho de que los hayan sometido a un peregrinaje administrativo, prejudicial y judicial con años de litigio. Hacen foco en las razones por las que el juez consideró probado el daño moral y señalan que tales motivos también justifican la aplicación del daño punitivo.
vi) Finalmente, cuestiona la fecha de mora y exige que sea establecía el 1/7/2011, momento en el que se verificó el incumplimiento contractual por falta de asistencia médica al niño Augusto Ferrante. En cuanto a la tasa, solicita se aplique « la tasa pasiva Vip » (sic).
III. Tratamiento del recurso.
III.a. La parte demandada no ha recurrido el fallo que le fue adverso, motivo por el cual llegan firmes e incontrovertidas a esta instancia la totalidad de las premisas fácticas en las que se sustenta la decisión apelada, incluyendo i) el vínculo contractual existente entre las partes a través de un contrato de asistencia al viajero; ii) el viaje de los actores a Punta Cana, República Dominicana originalmente planeado para los días 25/06/2011 al 08/07/2011, iii) los problemas de salud del niño Augusto que se verificaron al arribar a destino, el 27 de junio de 2011, iv) la ausencia de la prestación médica requerida por los actores a la firma demandada, v) el regreso anticipado de Punta Cana motivado por la grave enfermedad del padre del Sr. Ferrante, y vi) los infructuosos reclamos extrajudiciales realizados por los Sres. Juan Nicolás Ferrante y Agustina Balza para percibir las obligaciones que son objeto de reclamo en este pleito .
Son igualmente irrevisables las apreciaciones y conclusiones jurídicas a las que arribó el colega de primera instancia en torno a tales acontecimientos, entre las cuales debo incluir a: i) que existió un incumplimiento contractual por las dos causales invocadas por los actores -asistencia médica en viaje y garantía por interrupción de la travesía-, ii) que sufrieron daño moral los padres del niño Augusto y iii) que no hubo una respuesta oportuna de la demandada frente a los reclamos realizados en instancias prejudiciales dentro de los términos y plazos comprendidos en el contrato.
Aclarado ello, me abocaré al estudio de los agravios de los actores. Intentaré en la medida de lo posible seguir el orden en el que fueron expuestos en el memorial.
Adelanto que el recurso prosperará parcialmente.
III.b. Sobre el denominado «daño emergente».
i. En el apartado «II» (fs. 263) y «III.A.2» (fs. 266) del escrito de demanda los accionantes reclamaron la suma de U$D500 para cada uno en concepto de garantía por cancelación o interrupción de viaje. Denominaron a este rubro “daño emergente” (fs. 270/vta, apartado «IV.A») pero no advierto que lo que invocan sea un daño propiamente dicho ni que su pretensión consista en un resarcimiento. Por el contrario, lo que peticionan no es más que el cumplimiento de una obligación de fuente contractual: exigen una prestación prevista en el negocio que los vincula y que ASSIST CARD no ha abonado en tiempo y forma.
El juez admitió el reclamo de los actores con fundamento en la cláusula «D.5.2.2» del contrato celebrado con la demandada (fs. 41), pero consideró que esa garantía implicaba un reembolso de gastos. Es por ello que limitó el monto del rubro a solo 95 dólares por persona, erogación que -según dijo- fue la única que se acreditó como generada a raíz del regreso anticipado desde República Dominicana.
ii. Los actores apelantes tienen razón cuando critican el modo en que ha sido interpretado el contrato y, consecuentemente, también cuando objetan el alcance económico que se le ha dado a su reclamo. Es por ello que su primer agravio es procedente.
Según se desprende del tenor de los vouchers adjuntados a fs. 35/7 (son tres idénticos, uno por cada pasajero), el seguro de viaje que contrataron los accionantes incluía la llamada « garantía de cancelación “any reason” e interrupción de viaje» por un total de 500 dólares.
Esa prestación se completa con la descripción contenida en las cláusulas «D.5» (fs. 41) que incluye dos tipos de incidentes: el viaje cancelado (interpreto que se refiere a aquel que luego de ser contratado no pudo ser realizado), y el viaje interrumpido (estimo que refiere a aquella travesía que comienza en su ejecución pero luego, por alguna de las causales que el propio contrato contempla, debe cesar anticipadamente motivando el regreso de los pasajeros titulares o de su grupo familiar en una fecha distinta y anterior a la originalmente prevista).
A la luz de los acontecimientos que han sido probados por los actores, es evidente que lo que aquí se dirime es el cumplimiento de la prestación que en el contrato se ha denominado garantía por interrupción del viaje , descripta como “riesgo comprometido” a fs. 41, en la cláusula «D.5.2.2.».
En dicha disposición se indica que el riesgo comprometido en la garantía es el de la pérdida irrecuperable de depósitos o gastos pagados por anticipado por el viaje de acuerdo a las condiciones generales del contrato suscripto por el titular con la Agencia de Viajes y/o Operado turístico cuando la interrupción se produzca por una de las cuatro causales que allí se enuncian, una de las cuales finalmente se concretó: la internación hospitalaria del padre del coactor Ferrante.
El contrato no prevé una garantía por reembolso de gastos realizados luego [y a consecuencia] de tener que interrumpir el viaje, como erróneamente interpretó el juez en su sentencia, sino que la garantía comprende aquellos servicios abonados antes de iniciar el viaje que luego se interrumpe por alguna de las cuatro causales enunciadas. Lo que el contrato viene a cubrir -o reparar, aún más no sea parcialmente y en los límites de la garantía contratada- es el costo de un servicio que finalmente no se pudo disfrutar en su totalidad por la necesidad de regresar en forma anticipada (podemos aquí incluir, por caso, a lo abonado por reservas de hoteles, traslados, excursiones, etcétera).
Refuerza esta interpretación el hecho de que en la audiencia celebrada el 3 de octubre de 2012 en la Dirección General de Defensa del Consumidor y Usuarios de la Municipalidad de General Pueyrredón (fs. 125), el apoderado de la accionada exigió una serie de comprobantes que son los mismos que figuran actualmente en la web de ASSIST CARD para supuestos de interrupción de viaje, y que versan sobre pasajes, facturas, recibos de pagos hechos a la agencia de viaje, cancelaciones de los servicios, etcétera (véase www.assistcard.com/ar/reintegros, última fecha de visita: 9 de mayo de 2020). Son además los documentos que enumera la cláusula «D.5.7» del contrato (v. fs. 41/vta último párrafo).
No dejo de reconocer que la regulación de esta garantía tiene una redacción sumamente confusa en torno a su alcance económico: la cláusula «D.5.4» habla de monto máximo de U$D500 por titular pero no se aclara si es un pago único y total en caso de generarse la interrupción del viaje por alguna de las causales comprendidas en la cláusula «D.5.2.2.» y que puede operar indistintamente en cualquier momento de la travesía o si, por el contrario, la proveedora se reserva la facultad de evaluar la entidad económica de esa “pérdida irrecuperable de depósitos o gastos pagados por anticipado” a la agencia u operador de turismo (por ejemplo, calculando cuántos días pudieron aprovecharse y cuántos se vieron frustrados por el regreso anticipado o sopesando alguna otra variable similar). Es decir, no es claro el contrato en torno a si luego de que el cliente le provee la documentación exigida la proveedora hace un pago único y definitivo por el monto total o si efectúa un análisis de cuyo resultado pudiere emerger una indemnización menor a ese límite y que sea proporcional a la referida pérdida demostrada por el viajero.
En cualquier caso, no he hallado en la contestación de demanda argumento alguno que apunte a esta cuestión ni tampoco información relevante que permita dilucidar el alcance de la garantía contratada (arg. art. 53 de la Ley 24.240). El escrito de defensa de la demandada es un deambular entre negativas genéricas y particulares a todo cuanto hubo afirmado la actora y meras afirmaciones de que “en la etapa procesal oportuna” se demostraría el cumplimiento de contrato, cosa que nunca ocurrió dado que ASSIST CARD se desentendió de este pleito y no produjo prácticamente ninguna de las pruebas que ofreció.
Tratándose de un contrato de adhesión, toda cláusula negocial predispuesta que sea ambigua, equívoca, confusa o cuyos alcances resulten difíciles de comprender, debe ser interpretada en contra de la parte experta que unilateralmente las redactó y a favor del consumidor final del producto o servicio (arts. 1, 2, 4, 5, 10 bis, 37 y cctes. de la Ley 24.240; mi voto en c. 162195 -"Gonzalez..." del 25/11/2016). Es por ello que consideraré que la garantía reclamada por los actores y que adeudan los accionados es por el total consignado en el voucher: 500 dólares por pasajero.
A todo evento, no puedo dejar de destacar que ha sido acreditado que la interrupción del viaje por el problema de salud del padre del Sr. Ferrante ocurrió a pocos días de llegar al destino, contexto en el cual -teniendo en cuenta la zona turística, el tipo de hotel contratado y la fecha original de regreso- ninguna duda me cabe que el valor de los servicios abonados y no disfrutados por la familia ha sido muy superior al límite máximo contemplado en el contrato, todo lo cual abunda en mayores razones para considerar justo su reclamo por la suma total de la garantía.
En resumen: al no haber sido controvertida la contratación de los servicios por parte de los actores, y firme en esta instancia todas las aristas fácticas del malogrado viaje vacacional de la familia Ferrante-Balza a Punta Cana (República Dominicana), no cabe sino concluir que se ha configurado la causal prevista en el inciso “b” de la cláusula «D.5.2.2» (esto es, viaje interrumpido por padre del titular internado en hospital por más de tres días) y por lo tanto tienen derecho los actores -cada uno de ellos titular de una cobertura individual- a percibir monto máximo comprometido en la garantía contratada: un total de U$D500 por pasajero, de conformidad con la prestación económica inserta en la cláusula «D.5.4» y la descripción contenida en los respectivos vouchers (fs. 35 -Juan Nicolás Ferrante-, fs. 36 -Agustina Balza- y fs. 37 -Augusto Ferrante-).
El éxito del recurso en este punto no ha de alterar la decisión del juez de reconocer el reembolso de los 95 dólares por pasajero en concepto de penalidad por cambio de fecha de los aéreos. Esa parcela de la sentencia, reitero, se encuentra firme y consentida por la accionada y ha pasado en autoridad de cosa juzgada (art. 17 de la CN).
Por todo, lo dicho, y con el alcance señalado, propondré al acuerdo hace lugar al agravio y modificar la sentencia de primera instancia, admitiéndose el rubro en estudio por un total de U$D500 por cada coactor, crédito que los accionantes percibiran independientemente de los 95 dólares de reembolso por cambio de fecha de los pasajes (arts. 1, 2, 4, 5, 10 bis, 37 y cctes. de la Ley 24.240; 505 inc. 1 y cctes. del CC -Ley 340- y 7 del CCyC).
III.c. Sobre el reembolso de los gastos.
i. En el apartado «IV.D» (fs. 274/vta) de la demanda, los actores reclamaron el reembolso de una serie de gastos motivados por el regreso anticipado y la enfermedad de Augusto Ferrante. Ellos son: el costo de una llamada telefónica efectuada desde Punta Cana por un valor de 30 dólares, las penalidades por los cambios de aéreos y los pasajes de la empresa Tienda León para regresar a Mar del Plata.
El juez rechazó todos los ítems y solo hizo lugar al reembolso de las penalidades por modificación de fecha de vuelos, aunque -como ya he dicho- enmarcó esa pretensión como parte integrante de la garantía por interrupción de viaje (v. supra, considerando III.c.).
ii. El agravio debe prosperar parcialmente.
El costo del llamado telefónico desde Punta Cana debe ser indemnizado. No solo porque ha sido acreditado mediante le recibo de fs. 29 sino porque además la actora exigió a fs. 276/vta una serie de pruebas en poder de la demandada que hubieran permitido demostrar las comunicaciones entre las partes y que ASSIST CARD jamás acompañó, motivando el apercibimiento del art. 386 del CPCCBA mediante el despacho de fs. 342 (arts. 375, 384 y 386 del CPCCBA).
Ese gasto debe considerarse comprendido en la cobertura de asistencia médica de Augusto Ferrante y por lo tanto el reintegro del monto a sus progenitores resulta procedente. Si bien en su recurso los apelantes argumentan sobre la realización y la prueba de llamadas de teléfono (en plural), lo cierto es que en su demanda reclamaron una única llamada de 30 dólares [v. fs. 275]. Razones de congruencia impiden evaluar en instancia recursiva una pretensión más extensa que aquella que fue formulada en la etapa postulatoria y dado a conocimiento del juez de primera instancia (arts. 18 CN, 34.4 y 272 del CPCCBA).
Distinta es la suerte que deben correr las objeciones que plantean los recurrentes en torno a las penalidades por cambio en los pasajes aéreos y las que refieren a los traslados locales.
La queja que versa específicamente sobre las penalidades por cambios de aéreos no es admisible por falta de agravio: como dije, el juez admitió el reclamo aunque bajo otro
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