Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 174411
EXPEDIENTE N ° 174411 JUZGADO N ° 16
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "LUQUE FRANCO GABRIEL C/ VOLKSWAGEN SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, VOLKSWAGEN ARGENTINA SA Y BURG SA S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES" , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau y Ricardo D. Monterisi.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Debe declararse desierto el recurso de Burg SA interpuesto el 26.8.2020?
2da) ¿Es justa la sentencia de fs.260/287?
3era.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
I. Ambas demandadas, Burg S.A. y Volkswagen SA de Ahorro Para Fines Determinados, apelaron la sentencia dictada a fs. 260/287, los días 26.8.2020 y 27.08.2020 respectivamente.
Elevados los autos a este Tribunal, con fecha 29.4.2022 se llamó a expresar agravios a los apelantes. La resolución se notificó en forma automática el mismo día a las 11.12 hs, quedando disponible en los casilleros de los domicilios electrónicos oportunamente constituidos.
No obstante, la codemandada Burg SA a la fecha no ha presentado sus agravios por lo que, habiéndose cumplido holgadamente el plazo del art. 496 inc 2º del CPC, corresponde declarar desierto su recurso, de conformidad a lo dispuesto por el art.261 del mismo cuerpo.
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
I. Abre esta instancia de revisión el recurso interpuesto por la co demandada Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines determinados que fue fundado con fecha 04.05.2022 y quedó sin contestar.
El apoderado del apelante pretende la revocación de lo decidido en la sentencia dictada a fs. 260/278 en la cual el Sr. Juez de primera instancia hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por el Sr. Franco Gabriel Luque contra Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines determinados y Burg S.A., condenando a éstas en forma solidaria al pago de la suma de pesos cuatrocientos veintisiete mil setecientos ($427.700) con más intereses y costas.
Para decidir de ese modo, el Sr. Juez consideró que las accionadas habían incumplido el deber de información y de trato digno que les imponen los arts. 4 y 8 bis de la ley 24.240 respecto del actor, en el marco de un plan de ahorro para fines determinados celebrado para la adquisición de un automóvil.
Sostuvo que la infracción se observó al momento de liquidar y pagarle al Sr. Luque el valor del rescate por haber rescindido ésta el contrato. Tuvo en cuenta la conducta desplegada ante la Dirección Municipal de Defensa del consumidor (OMIC).
Estimó de vital importancia para la solución del litigio acreditar si Volkswagen SA había comunicado que se había emitido y enviado el cheque para abonar los haberes netos de los que el actor era titular cuando finalizó el plan de ahorro; señalando que, a su criterio, quien se encontraba en mejor situación probatoria eran las empresas demandadas
La condena se integra de los siguientes rubros: a) $197.700.- por daño emergente; b) $80.000.- por daño moral y c) $ 150.000 que responde al daño punitivo.
II. El recurrente planteó los siguientes agravios:
a) Se quejó de que se haya afirmado que incumplió con el del deber información que establece el art. 4 de la ley de Defensa del Consumidor pues, tal como surge de las constancias del expediente, era obligación de la actora retirar el cheque emitido por su parte, que había sido puesto a su disposición o denunciar sus datos correctamente para poder efectuar una transferencia.
Consideró indiscutible que su parte puso a disposición del Sr. Luque distintos medios de información y canales de comunicación en todo momento, incluso a través de la página web (www.autoahorro.com.ar) adonde podría haberse consultado sobre los alcances de del contrato y del cheque emitido.
b) En segundo lugar, cuestionó que se la haya condenado a restituir en concepto de haberes netos la suma de $197.700.
Explicó que en la sentencia se ha dispuesto tomar el 30% del valor en la actualidad del rodado 0Km base más económico - similar al contratato porque ya no se fabrica más- con más intereses.
Afirmó que el Sr. Juez olvidó que aunque el actor había pedido que se haga entrega del importe equivalente a las sumas pagadas conforme el precio actual de un plan de similares características, cuantificó el capital en la suma de $65.127,82, solicitando que se calcule conforme lo establece el contrato suscripto por las partes (v.fs.47/48)
Cuestionó, además, que en la sentencia se haya sostenido que su parte no efectuó el reintegro dentro de los 30 días de haber finalizado el grupo, tal como prevé el contrato, toda vez que las sumas fueron puestas a disposición del Sr. Luque.
Sostuvo que la solución se aparta injustificadamente de lo acordado y de lo peticionado por el actor, vulnerando la seguridad jurídica, toda vez que éste tiene derecho a ser reembolsado de los haberes netos previstos en el contrato, aprobado por la IGJ, cuyas cláusulas salientes transcribe.
Por estos motivos, calificó de arbitraria la sentencia, por cuanto no constituye una derivación razonada de los hechos expuestos y probados en la causa.
Pidió, en definitiva, que por este rubro la condena de restitución sea revocada, ajustándose la pretensión a solo uno de los cheques emitidos oportunamente de $42.882,50, más los intereses desde el 29.12.2015 o bien al otro cheque emitido de $53.343,94 más intereses desde julio de 2016, es decir en la fecha de emisión de ese segundo cheque en reemplazo del primero (sic)
c) A su vez, se quejó de que se hayan fijado las indemnizaciones de daño moral y de daño punitivo ya que no obran elementos acreditados que hagan legítima su procedencia. Afirmó que el fallo carece de fundamentos.
En cuanto al daño moral, señaló que en el ámbito contractual, éste debe ser acreditado, no basta con su invocación, pues no se presume y su estimación debe hacerse con criterio restrictivo.
Se agravió de la aplicación de intereses ya que el daño extrapatrimonial supuestamente padecido no se incrementa ni se actualiza con el tiempo.
Respecto al daño punitivo, sostuvo que la decisión se apartó del criterio jurisprudencial y doctrinario, fijando vagamente su procedencia frente al mero incumplimiento, lo cual no constituye una derivación del derecho vigente. Invocó que no se acreditó un grave reproche a la conducta del dañador, que es el principal requisito para su configuración, pues no hubo un comportamiento culposo gravísimo ni mucho menos doloso.
d) En cuarto lugar, cuestionó la imposición de costas, pidiendo que se impongan al actor al revocar la sentencia, y señaló que mantiene el "caso federal" y la reserva de recurso extraordinario federal.
III. En mi opinión, la sentencia debe confirmarse de acuerdo a los fundamentos que a continuación señalo:
III.1. Está admitido que la restitución de los haberes netos por la finalización del plan no ha sido aún efectivizada.
Se encuentra acreditado, además, que la administradora está en mora pues, aun teniendo en cuenta los cheques emitidos (del 09.12.2015 y del 18.7/2016 de acuerdo a lo informado por el Banco Citibank a fs. 175), lo cierto es que fueron devueltos por el correo Oca (por domicilio incompleto o por no responder), sin que luego la demandada intentara extinguir la deuda y liberarse constituyendo en mora al actor y consignando las sumas (arg arts 879, 880, 904 inc a), 908 y cdtes del CCyC)
Han sido desatendidos los diferentes reclamos efectuados por el Sr. Luque, tal como da cuenta la actuación administrativa ante la OMIC e incluso, no se ha dado cumplimiento con el ofrecimiento de emitir un nuevo cheque que se hiciera en la audiencia de fecha 01.11.2016 celebrada en esa instancia (fs.21, 189, ver auto d imputación fs. 196 vta)
Coincido, entonces, con lo señalado por el Juez en cuanto a la indiferencia de la administradora respecto de los derechos del actor (arts.42 de la Constitución Nacional; 38 de la Constitución provincial; 4, 8bis y 37 de la ley 24.240)
Ha demostrado una actitud displicente frente al consumidor al omitir satisfacer de forma adecuada el deber de información y trato digno, lo cual justifica la decisión en lo tocante a este punto.
III.2. En cuanto a los rubros que integran la condena y sus montos, considero que las sumas fijadas en la sentencia deben confirmarse, a falta de otro recurso que no sea el de la demandada que se analiza.
III.2.1. Respecto al daño emergente , consistente en el haber de rescate, merece ser admitida la pretensión de que sea calculado a valores actuales, tal como ha efectuado el Sr. Juez.
a) La aplicación literal del art. 13 inc. A) apartados 2 y 3, que prevén la liquidación y puesta a disposición de los fondos en un plazo de 30 días desde la finalización del plan (o el art. 25 de la Res. 8/15 de la IGJ), calculando el rescate a la fecha de finalización del círculo (noviembre de 2015) so pretexto de que se trata de una deuda dineraria, resulta a todas luces abusiva y por ello, improcedente (art. 37 inc. b) de la ley 24.240; arts. 10, 1119, 1120 del CCCN, esta sala causa n º 170.759 NÚÑEZ Nélida Antonia c. Romera Hnos. S.A. y VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS s. Cumplimiento de contratos Civiles/Comerciales” RSD 176 del 24.6.2021 ).
Prevalece el criterio conforme al cual el daño debe ser cuantificado a la fecha de la sentencia, en tanto resulta ser el momento más cercano al que se hará efectiva la reparación (La Ley Online, AR/JUR/76491/2009, entre muchos otros; Trigo Represas, F.A. - Cazeaux, Pedro N., "Derecho de las obligaciones. 3ra ed." La Plata, 1996, t. V, pág. 964 y sus cit.; Cám.Civ.Com. de Azul, Sala Primera, autos "Iglesias, Graciela M., Telleria, V.A. y Telleria, B. D. c/ Marquez, Alfredo A. s/ Daños y perjuicios", causa 1-57741-13, del 07/11/2013, Cám.Ap. de Trelew, sala A, "Morra, A. M. y otro c. Enriquez, C. y otro", del 27/05/2009, en voto del Dr. LÓPEZ MESA, La Ley Online, AR/JUR/76491/2009, entre muchos otros).
Ello es así en la inteligencia de que, en principio, los reclamos resarcitorios versan sobre deudas de valor, por lo que aquélla estimación jurisprudencial -realizada en un momento posterior al hecho dañoso- no implica actualizar o repotenciar obligaciones pecuniarias sino determinar el contenido monetario de una cierta utilidad o valor que es objeto de controversia.
La propia Suprema Corte bonaerense ha resuelto que “los jueces se hallan facultados para fijar el quantum indemnizatorio tanto a la fecha del hecho como al momento de dictar sentencia y aún diferirlo a las resultas del procedimiento que considere pertinente -art. 165, C.P.C.C.-, todo a fin de lograr una mejor reparación del daño causado” (SCBA, en causas 44.415, 101.107, 117.926 en igual sentido este Tribunal Sala II causas nº 131.976, 131.833, 130.138, 159.764, entre otros).
b) La cláusula penal - en el caso- no opera como limitante de los y perjuicios conforme la Resolución 26/2004 de ese organismo, “Normas sobre sistemas de capitalización y ahorro para fines determinados” (vigente al momento de los hechos), en su Anexo “A”, dispone en el art. 9 bajo el título “Penalidades” que: “9.2. Los contratos deberán prever penalidades pecuniarias a cargo de la entidad administradora por incumplimiento de sus obligaciones. Los importes serán acreditados al suscriptor perjudicado. Dichas penalidades no obstarán a las acciones de daños y perjuicios que pudieran corresponder al suscriptor” (la cursiva me pertenece).
La redacción de la disposición normativa reguladora revela que las penalidades incluidas en el contrato de adhesión no prevén los mismos efectos que una cláusula penal común, lo que unido al principio de interpretación del contrato a favor del consumidor (art. 3 segundo párrafo de la ley 24.240; arts. 1094 y 1095 del CCCN), determinan la validez del modo de razonar expuesto en la sentencia.
c) A los fines de establecer el valor del haber, debe estarse a los presupuestos comparativos señalados por el juzgador.
Así, en atención a que el plan abarcaba la financiación del 60% del valor y que la actora pagó 42 de las 84 cuotas pactadas, es correcta la suma de admitida en la sentencia de $ 197.700 , consistente en el 30% del valor de ese momento de un vehículo similar adquirido por autoplan. A esta cifra deberán adicionarse los intereses señalados por el Sr. Juez.
III.2.2 .En cuanto al daño moral, considero que la suma de $80.000.- es acertada pues se condice con la naturaleza de los hechos ventilados y el tiempo y las instancias transcurridas para obtener el reconocimiento del derecho, por lo que propongo su confirmación (art.1726, 1727, 1741, 1744 y cdtes del CCYC)
Hay una división de opiniones tanto en doctrina como en jurisprudencia entre quienes sostienen que el daño moral contractual debe ser acreditado mediante prueba directa y quienes, por el contrario, aceptan que pueda inferírselo de las circunstancias del caso (esta sala, exptes. 143.753 “Ferraro Adela Ester c. Azorín Diego Lisandro s. Cobro de sumas de dinero”, sent. del 23.3.2010, R 55-S F352/60; 154.320, “Carelli Gilberto Nicolás c. Servicios Juveniles SA y otros s. Daños y perjuicios”, sent. del 3.12.2013, R 313-SF 1382/7; 170.350, “González Humberto Omar c. Volkswagen SA de Ahorro s. Daños y perjuicios”, sent. del 30.12.2020, R 252 F 1529; 170.322, “Rodríguez Rodolfo Antonio c. Romera Hnos. SA s. Daños y perjuicios”, sent. del 30.3.2021, R 95 F 486; ).
Matilde Zavala de González, refiriéndose a la carga probatoria, entiende que no es esencial la índole del deber incumplido (previamente asumido o el genérico de no dañar), ni el consiguiente encuadramiento de la responsabilidad como contractual o aquiliana, sino las características del perjuicio mismo en confrontación con el suceso lesivo que lo produce (“Resarcimiento de daños”, Tomo 5ª, “Cuánto por daño moral”, ed. Hammurabi, Bs As, 2005, págs. 158 y ss.).
Puntualiza que, aunque no se exija una prueba exhaustiva de la afección espiritual padecida, las circunstancias del caso deben posibilitar al juez que -en ejercicio de sus facultades propias y aplicando las reglas de la experiencia- juzgue si de acuerdo al normal acontecer, el hecho alegado tiene aptitud para provocar el perjuicio cuya indemnización se solicita (Zavala de González, Matilde, “Resarcimiento del daño moral”, Ed. Astrea, 2009, págs.189 y sgtes.).
El especial énfasis que la ley 24.240 pone en el trato hacia el consumidor pretende garantizar la igualdad de los contratantes, cometido que se logra con el cabal cumplimiento de las obligaciones legales que recaen sobre el proveedor (Vinti Ángela M., “El daño moral por incumplimiento de las obligaciones emergentes de la LDC”, en RDCO 299, 02.12.2019, cita online: AR/DOC/1411/2019).
Y en este aspecto, la autora que vengo siguiendo señala, "…Verse sometido a esperas prolongadas y tensiones genera un sentimiento de cosificación, resultando encomendable reconocer daño por la pérdida injustificada de tiempo; éste resulta jurídicamente significativo al margen de su función instrumental para logros existenciales y económicos…" (Zavala de González Matilde, "Los daños morales mínimos", en LL-2004-E-1311, “Responsabilidad Civil. Doctrinas Esenciales", tomo III, 1, año 2007, pág 97; esta Sala, exped. n° 169.523, “Guzmán Franco c. Volkswagen SA de Ahorro para Fines Determinados y otro s. Cobro sumario de sumas de dinero”, sent. del 16.7.2020, R121 F°861; exped. n°161.067, “Gorga Iris c. Banco de la Provincia de Buenos Aires s. Cancelación de hipoetca”, sent. del 12.7.2016, R 180 F°925/36).
Así, para avaluar el daño moral debe tenerse en cuenta que el monto indemnizatorio por daño no patrimonial “deba fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que puedan procurar las sumas reconocidas” (art.1741 del Código Civil y Comercial), que “la plenitud indemnizatoria descarta sumas depreciadas, inservibles para obtener satisfacciones. Ello supone cuantías con poder adquisitivo real, sin cristalización al momento del daño o de la demanda, cuando ha disminuido a la fecha de la sentencia o la de su cumplimiento” y que “ante perjuicios no patrimoniales de similar entidad corresponden indemnizaciones parecidas...” ( Matilde Zavala de González RCyS 2013-XI portada).
“Como la intimidad no es accesible, necesariamente debe acudirse a parámetros sociales de evaluación, en el sentido de percibir el daño moral según lo experimentaría el común de las personas en similar situación lesiva” (Zavala de González, Matilde “Resarcimiento de daños” editorial Hammurabbi tº 5 A “¿Cuanto por daño moral? Página 106 y siguientes), que “los daños morales son perceptibles por el Juez”, pues “el juzgador como hombre común, debe subrogarse mentalmente en la situación de la víctima para determinar con equidad si él, colocado en un caso análogo, hubiese padecido con intensidad suficiente como para reclamar una reparación” (obra citada p. 107).
Si bien la fijación del monto de la reparación del daño moral siempre queda, en última instancia, librada al prudente arbitrio judicial, no es menos cierto que en la actualidad tiene mayor aplicación la tendencia que obliga a indicar, en la sentencia, las pautas objetivas que permitieron arribar a la suma de condena (Zavala de González, Matilde “Resarcimiento de Daños tº 5 a : “Cuanto por daño moral” , página 80 y siguientes; Editorial Hammurabi, Bs. As. 2005).
En este aspecto, tengo en cuenta para la determinación del monto lo resultante de la prueba producida y, en particular, el tiempo que transcurrido entre los hechos lesionantes y el dictado de esta sentencia y la persistente resistencia de la contraria tanto en esta sede como ante la OMIC.
A la suma de $80.000 .- que se confirma, con más los intereses siguiendo el criterio establecido en la sentencia cuestionada.
III.2.3. La indemnización por daño punitivo también se confirma.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.