Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 175492
Expte. N º 175492 - Juzgado Civil y Comercial N°14
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “MUÑIZ, GABRIEL ALEJANDRO C/ AMX ARGENTINA S.A. S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES” , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1 ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 16 de agosto de 2022?
2 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. El 16 de agosto de 2022, el titular del Juzgado Civil y Comercial N°14 departamental, Dr. Fernando José Méndez Acosta, hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por Gabriel A. Muñiz contra la firma AMX Argentina S.A. (Claro) y condenó a esta última a abonar al actor $2.340.000 más intereses y costas.
Para así decidirlo, afirmó que no fue controvertido que a partir de octubre de 2009 las partes se vincularon por un contrato de servicios de telefonía celular. La firma GMDP Garbarino Mar del Plata actuó como agente de venta y la línea fue la 2235183871 bajo el plan Control Código GMC52.
Señaló que no fue desconocido el formulario titulado “Formulario de aceptación de condiciones de la red 3g” donde se indican los datos para activar la línea y se inserta una aclaración que dice “ Tomo conocimiento y acepto que, al día de la fecha, el SCB bajo tecnología 3G que adquiero/al que migro no cuenta con cobertura a nivel nacional. La misma se irá ampliando durante el año 2008, de acuerdo con el cronograma que me ha sido exhibido en esta entrevista de venta, el que también podré consultar en la página web www.claroargentina.com.ar".
Explicó que la demanda se sustenta en el incumplimiento que el actor le imputa a la accionada, por la inadecuada cobertura del servicio contratado en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires, con motivo de la actividad comercial que éste desarrollaba. Es decir, la deficiente conectividad en diferentes espacios de circulación en el territorio provincial y los inconvenientes propios que ello le fue generando, tanto en su actividad profesional como en su vida privada de relación. Todo ello, además, frustrando una expectativa que se había generado el actor sobre la base de la publicidad que la demandada realizaba sobre su servicio.
Sobre este último punto, indicó que pese a las negativas de la demandada sobre la autenticidad de las capturas de pantalla del actor (donde se mostraba la publicidad que AMX hacía de sus servicios), finalmente se corroboró en la audiencia de vista de causa que en el sitio web de la accionada se publicita el servicio, la cobertura nacional y se aclara que “es la más amplia” y “la mejor” del mercado.
Sobre esa base, consideró necesario —para dar solución a la controversia— evaluar cuál fue realmente la gravitación que tuvo esa publicidad en los alcances del contrato celebrado en octubre de 2009 entre las partes, donde se consignó que no se contaba con cobertura a nivel nacional y que se iría ampliando durante el año 2008.
Seguidamente, realizó un extenso desarrollo conceptual y doctrinario sobre la noción de publicidad y sus alcances y aclaró que, pese a que el actor indicó que el servicio se utiliza con motivo de su actuación laboral dentro de la empresa de cable en la que trabaja, también dijo que le da un uso personal y familiar. De ello se sigue que el caso debe dirimirse a la luz de las normas tuitivas de los derechos de los consumidores y usuarios.
Evaluó el testimonio del Sr. Christian Cresci, compañero de trabajo del actor que lo acompañó a distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, como Otamendi, Barker, Pinamar, Ayacucho, Tandil, Rauch, Necochea, Lobería y otros. Narró los problemas constantes que tuvo con su línea telefónica y de datos. Señaló que esos inconvenientes fueron advertidos desde que empezó a trabajar en el sector y a viajar a la zona.
En similar sentido se expidió el testigo Leandro Martín Lorenzo, también compañero de trabajo del actor, y que lo acompañó a distintos lugares de la provincia. Dio cuenta de los mismos problemas de conectividad: no pudo bajar los correos, redactarlos, se quedaba sin servicio de datos telefónicos, sin red. Esos problemas —dijo Lorenzo— fueron advertidos desde fines de 2009.
Analizó también la pericia realizada por Gustavo Daniel Escobar, analista en computación. El experto realizó una serie de pruebas en viaje para analizar el servicio de la firma demandada, concluyendo que existen indicios que en proximidades de cada localidad recorrida se tiene cobertura de red CLARO 3G de variada intensidad, pero al alejarse de esos centros urbanos el servicio va fluctuando entre Claro GPRS, Claro E y “sin servicio”.
Destacó que en sede administrativa la Dirección General de Protección al Consumidor que imputó a la demandada la violación de lo normado en los arts. 42 de la Constitución Nacional, 38 de la Constitución Provincial, 4 y 37 de la Ley 24.240.
Todo ese material probatorio llevó al juez a concluir que el actor logró acreditar los extremos fundantes de la demanda interpuesta, reflejados en el incumplimiento contractual incurrido por la empresa de comunicaciones móviles de la demandada, especialmente en cuanto al régimen de la oferta y publicidad previos a la contratación.
Finalmente, rechazó el reclamo por daño emergente, aplicó una multa civil de $2.000.000 y reconoció un resarcimiento de $340.000 en concepto de daño moral.
II. El recurso de AMX Argentina S.A.
La demandada apeló el 23 de agosto de 2022 y fundó su recurso el 19 de septiembre del mismo año. La réplica de la contraria fue presentada el 27 de septiembre de 2022.
Sus agravios pueden sintetizarse del siguiente modo:
(i) Afirma que, si bien la publicidad utilizó frases como “cobertura nacional” y “la mejor cobertura en Argentina”, de ninguna manera puede afirmarse que esas frases dan cuenta de que el servicio móvil tendrá una cobertura en el 100% de las localidades, territorios, rutas a lo largo de todo el país. Dice que las obligaciones de cobertura y despliegue asumidas como prestadora están descriptas en el pliego de bases y condiciones para el concurso público internacional para la prestación de servicios de telefonía móvil. Ese despliegue, agrega, se hizo conforme las características, condiciones, alcance y cronograma allí establecido.
Enfatiza que nunca garantizó la cobertura en el 100% de los lugares y que de las impresiones de la página de Claro y de la CNC surge la cobertura brindada por la demandada. El actor —dice— suscribió un contrato en cuyo contenido se detallaban las condiciones de la red 3G. Alega que al momento de contratar se le informaron todas las características de la cobertura 3G, su alcanza y limitaciones. Invoca la teoría de los actos propios.
Argumenta que la prueba permitió corroborar que el servicio brindado por AMX Argentina S.A. es excelente, tanto en accesibilidad como en rentabilidad.
Cita el marco regulatorio de su actividad, incluyendo el Reglamento General de Clientes de los Servicios de Comunicaciones Móviles en cuanto ordena que en los contratos conste la advertencia sobre las limitaciones del sistema en lo atinente a la continuidad del servicio. Menciona, además, la solicitud de servicios en la que el actor declaró conocer que la cobertura puede variar por múltiples motivos.
(ii) En un segundo punto de agravio (titulado «valoración de la prueba») controvierte la aptitud técnica e incumbencia profesional de un perito analista en computación y cuestiona que no haya respondido las explicaciones que oportunamente le fueron requeridas.
Destaca que la metodología utilizada por el experto para realizar las pruebas no fue la adecuada, y el equipo utilizado no era el mismo que tenía el Sr. Muñiz y a la fecha en que fue realizada la pericia la tecnología utilizada ya no era la misma.
(iii) Considera irrelevante el resultado que tuvo la denuncia que el actor promovió ante la Dirección General de Protección al Consumidor.
(iv) Estima que el daño punitivo fue tarifado en un monto exorbitante y su procedencia no está justificada. Pone de relieve que el daño emergente fue rechazado por falta de prueba. Cita jurisprudencia en la que se afirma que, si el consumidor no sufrió ningún daño emergente, no corresponde aplicar multa civil.
Reitera que no ha quedado demostrado que Muñiz haya tenido problemas de conectividad, tampoco quedó probado que la publicidad fuera engañosa y sí se acreditó que se informó al cliente las condiciones de la cobertura en un formulario anexo. No hubo ni se probó —alega— un comportamiento que justifique el daño punitivo.
(v) También cuestiona la procedencia y cuantía del daño extrapatrimonial. Dice que “ luego de casi dos carillas completas de citas doctrinarias y jurisprudenciales acerca de lo que es el daño moral, en escasos dos renglones (...) manifiesta que entiende que los padecimientos encuadrados dentro del daño moral podrían haber sido sufridos por el actor, de manera potencial, sin explicar en qué caso y bajo qué prueba afirma sus dichos, solo por el hecho de que contrató la mejor cobertura de la Argentina”.
Juzga elevado y desproporcionado el monto del resarcimiento y destaca que el actor sigue siendo cliente de Claro y que este proceso es “una avivada (...) una aventura jurídica”
(v) Critica, por último, la manera en que el juez aplica la condena por daño moral y sus intereses. Entiende que si se toma en cuenta valores actualizados “no debieran sentenciarse intereses compensatorios, puesto que de esa manera existe una doble imposición de intereses”.
III. La solución del caso.
a. El recurso prospera.
Tiene razón la demandada en cuanto a que el relato contenido en el escrito de demanda tiene severas imprecisiones en puntos relativamente importantes (en cuanto a la fecha de contratación del servicio, la firma que le vendió los equipos de telefonía, el momento y lugar preciso en el que aparecieron los problemas de conectividad, etcétera).
De todos modos, puedo interpretar que las premisas centrales del reclamo del accionante son las siguientes: en algún momento posterior a enero de 2008 —al parecer, a finales de 2009— Muñiz contrató un plan ofrecido por la demandada mediante el cual disponía del servicio telefonía y de datos móviles. Lo hizo para poder estar conectado en diversas localidades de la provincia a donde viajaba como dependiente de Cablevisión y es en ese ámbito donde, según dijo, esa conectividad nunca se dio de manera satisfactoria. Argumentó que el servicio fue contratado sobre la base de una publicidad que anunciaba que podía mantenerse “comunicado siempre” y que era la más amplia y extensa del mercado.
Esta ha sido, además, la manera en que el juez interpretó la naturaleza del reclamo formulado por el actor, motivo por el cual coincido —inicialmente— con el enfoque que le ha dado al caso. El colega consideró —y concuerdo en ello— que la ilicitud que el accionante le endilga a la demandada se sustenta en una expectativa frustrada entre la información que le habría brindado la publicidad que dijo haber recibido de Claro y que lo motivó a contratar el plan (y que, como ya referí, anunciaba una comunicación constante y efectiva, y que era la mejor del mercado) y lo que finalmente ocurrió (esto es, la alegada imposibilidad de conectarse en ciertos lugares de la provincia donde tenía que trabajar).
Concuerdo también con el meduloso y extenso desarrollo conceptual, jurisprudencial y doctrinario que el fallo propone sobre la noción de publicidad, de los efectos negociales que tienen los anuncios publicitarios y el impacto que ello tiene, además, en las tratativas precontractuales. Para un caso de estas características, sustentado en un servicio que no cumplió aquello que la publicidad anunciaba, resulta dirimente definir los efectos jurídicos que el contenido de esta última tiene en el plexo obligacional que asume la prestadora del servicio (autora intelectual del aviso al que tuvo acceso el destinatario, a la postre contratante consumidor).
El punto en el cual radica mi disidencia con la solución adoptada en la sentencia es la valoración de la prueba producida: a mi modo de ver, no hay evidencia suficiente (o, digo mejor, no ninguna prueba) que permita justificar el incumplimiento que el actor le endilga a la demandada y que pudiera llevar a considerar procedente su reclamo.
En primer lugar, si lo que aquí se discute es la procedencia de una pretensión resarcitoria y punitiva sustentada en una supuesta publicidad engañosa o que habría motivado un error de hecho en el consumidor que llevó a contratar un servicio sobre la base de una expectativa irreal o distorsionada, pues entonces resultaba fundamental evaluar cuál fue concretamente la publicidad a la cual Muñiz estuvo expuesto y que motivó esa contratación sobre finales de 2009.
El problema es que la demanda siquiera detalla cuál es esa publicidad o cuál es el contenido del anuncio que habría prometido que podría mantenerse “comunicado siempre”, adverbio este último que —sin duda— podría llevar a considerar que el anuncio exageraba las bondades de un servicio que, por su naturaleza y modo de funcionamiento, no podía asegurarle semejante constancia en la cobertura.
El actor no acompañó la publicidad a la que dijo estar expuesto en la época en la que contrató el plan (cuando sea que la haya visto, leído o escuchado, puesto que sobre este punto nada dice ni precisa la demanda) y solo adjuntó capturas de pantallas de diversa índole que, aun considerándolas todas como auténticas, no permiten dar sustento al fundamento de su reclamo.
Las capturas de pantalla de la web de Claro que fueron presentadas por el accionante datan de marzo de 2015, es decir, cinco años y medio después de la aparición de los problemas de conectividad que narraron los testigos Cresci y Lorenzo. Esas capturas no solo contradicen su propio relato de los hechos en cuanto a qué empresa le vendió el teléfono (evidentemente no le compró los dispositivos a AMX sino que lo hizo en forma particular, mediante el sistema Ebay), sino que dan cuenta de que en la página web de Claro se incluye una sección de “Cobertura nacional” (aquella que no funcionaba en el momento en que se hizo el reconocimiento judicial el 29 de octubre de 2015) en el que se muestra un mapa donde el consumidor puede verificar cada una de las zonas de cobertura o chequear si, según sus necesidades personales y laborales, la proveedora del servicio de telecomunicaciones le asegura conectividad allí donde específicamente lo necesita.
Si el actor no acompañó la publicidad a la que dijo estar expuesto antes de octubre de 2009, y sustenta su demanda en esas capturas de pantalla (que, reitero, datan de 2015), debo inferir que esta última información es análoga o idéntica a aquella que lo llevó a contratar el servicio. O sea, tal sería la información engañosa que indebidamente prometió cualidades de un servicio que, en rigor, no tiene o no las tiene en la dimensión o con la calidad anunciada.
Pero esas capturas —reitero, aceptando por hipótesis su total autenticidad y correspondencia con el sitio web de la demandada— no brindan la información que se enuncia en la demanda (en ningún lado se anuncia una conectividad que funciona “siempre”) y las aserciones que se formulan no lucen engañosas, tramposas o de algún modo ilegítimas, ni mucho menos percibo que sean idóneas para generar una expectativa distorsionada o exagerada sobre las bondades de un servicio que, al parecer, luego no satisfizo al actor por existir zonas en las que no hay señal.
Para una persona que trabaja como técnico en una de las empresas de telecomunicaciones más grande del país, no puede resultarle ajena la noción de cobertura , la cual —por definición— presupone un servicio que distingue entre ámbitos territoriales en el cual la señal permite su uso regular y otras zonas (aquellas en las que, precisamente , no hay cobertura ), en las que esa transmisión no es técnicamente posible.
Esa intermitencia en las zonas de cobertura y zonas de no cobertura no significa per se un problema en la prestación del servicio o un incumplimiento negocial de la proveedora, sino una característica intrínseca de la tecnología, la cual, en el caso del servicio de telefonía y datos móviles —y a la luz de lo dicho por el perito informático— depende en buena medida de variables tecnológicas, geográficas, climáticas y de otra índole.
Insisto en este punto: no podemos saber qué tipo de publicidad le prometía al actor estar comunicado “siempre” (como afirmó a fs. 32), y de los anuncios que el propio reclamante acompaña con su demanda emerge información que no permiten construir una expectativa semejante o incurrir en un error de hecho conforme el cual pudiera considerar que estaría comunicado en toda la provincia, sin excepciones. La disponibilidad de una sección específica con un mapa de “cobertura” permite incluso arribar a la hipótesis opuesta: el actor sabía —por sentido común, o por no ser ajeno a la materia de las telecomunicaciones— que la telefonía y los datos móviles son un servicio de telecomunicaciones que opera con regularidad en algunas zonas, y en otras esa cobertura podía no estar disponible.
De hecho, así siguió funcionando ocho años después (en 2017, cuando se hizo la pericia informática) e incluso también funciona de ese modo en la actualidad: es un hecho público y notorio que un simple viaje en ruta por el territorio bonaerense importará ingresar en zonas en las que el servicio funciona y otras en las que uno queda virtualmente incomunicado de sus familiares y afectos hasta entrar en otra zona de cobertura.
El hecho de que al interponer la demanda en abril de 2015 el actor reconozca que sigue siendo cliente de la firma demandada (a más de cinco años de iniciado su disgusto con la calidad del servicio y contando con la posibilidad de rescindir el vínculo y contratar un proveedor alternativo sin perder su número [v. Resolución 98/2010 de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la Nación]), me persuade de que aquella intermitencia en la señal cuando se ingresa en zonas rurales o alejadas de los centros urbanos es una característica o limitación propia de la tecnología de telefonía celular, y no un defecto en la prestación en el servicio de la firma accionada en particular.
El único supuesto en el que puedo imaginar fundado un reclamo como el que Muñiz propone es que Claro, intencionalmente, haya brindado anuncios, frases, slogans, avisos o cualquier otro tipo de anuncio audiovisual que puedan generar una idea equivocada de un servicio constante e ininterrumpido a lo largo y a lo ancho de todo el territorio bonaerense. Pero esa prueba, en este pleito, no ha sido producida (art. 375 del CPCCBA).
b. Los restantes elementos de convicción tampoco logran dar sustento probatorio a la pretensión del accionante.
Los testigos refirieron que Muñiz tuvo problemas de conectividad desde 2009 en las distintas ciudades por las que transitaban. Ninguna referencia hicieron a la discordancia entre la publicidad o los anuncios con los que Claro ofreció el servicio —y en los que, se supone, prometía características del servicio que en verdad no tenía— ni tampoco detallaron en qué partes o sectores específicamente tenían dificultades: si en los cascos urbanos, si en la zona rural o en qué parte específicamente (de modo de evaluar si en esos puntos geográficos la web de Claro —aquella cuyas capturas adjuntó el accionante— anunciaba una cobertura que en realidad no era tal).
La pericia informática, realizada a casi ocho años del inicio de
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.