Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 179120
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer lugar al recurso de la parte actora, modificando la sentencia del siguiente modo: (a) el valor de reposición del rodado siniestrado se incrementa a un total de U$D25.170.-, el cual se convertirá a pesos mediante el tipo de cambio enunciado el considerando «III.2.b.» del voto preopinante (art. 772 del CCyC); (b) el daño punitivo también se incrementa al equivalente en pesos de 8,03 canastas básicas totales hogar 3 según el último valor informado por el INDEC a la fecha en que se liquide el crédito; (c) el daño emergente derivado de la privación de uso se incrementa a un valor de referencia de $9.500 por día y se liquidará hasta que la demandada abone el valor de reposición del rodado; (d) la tasa bancaria pasiva fijada en la sentencia de primera instancia se modifica por la «tasa activa descubierto en cuenta corriente» [según su denominación en el calculador de intereses de la web de la SCBA] y que es aquella que publica periódicamente el banco público provincial en cuadro IV del documento «Tasas de consulta frecuente» correspondiente al descubierto en cuenta corriente sin acuerdo en pesos, sin capitalización, todo ello de conformidad con lo establecido en el considerando «III.6.c.» (art. 768 del CCyC).
II. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte demandada, aplicando al valor de reposición del rodado el límite de cobertura previsto en la póliza, actualizado mediante las pautas establecidas en el considerando «III.2.c.»; …
Expte. Nº 179120 - Juzgado Civil y Comercial N°10 En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “?ACOSTA CORTEZ, ELIDA GISELE C/ SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA LIMITADA S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau:
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 17 de octubre de 2023? 2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. El 17 de octubre de 2023, la magistrada titular del Juzgado Civil y Comercial N°10 departamental, Dra. Mariana Lucía Tonto de Bessone, dictó sentencia definitiva en la cual hizo lugar a la demanda promovida por Élida Gisele Acosta Cortez contra Seguros Rivadavia Cooperativa Ltda., condenando a esta última a pagarle a la actora U$D22.237 y $4.167.000 más intereses, debiendo la actora entregar la documentación correspondiente.
Para así decidirlo, consideró que las partes se encuentran unidas por un contrato de consumo, celebrado por adhesión. Explicó que no fue controvertida la ocurrencia del siniestro denunciado por la actora, la existencia del vínculo asegurativo (póliza contra todo riesgo) y la vigencia de esta última al momento del hecho. La diferencia entre las partes, señaló, radica en el destino y lugar de guarda del vehículo y la consecuente responsabilidad de la demandada en la cobertura del siniestro. La aseguradora dice que la actora incurrió en reticencia al no declarar en la póliza que el vehículo era utilizado con fines comerciales y que su lugar habitual era la ciudad de Mar del Plata. La actora, por su parte, afirma que la camioneta no era utilizada con fines comerciales y que su lugar de guarda era la Laguna de los Padres, donde reside.
Con relación a la primera defensa (el uso dado al rodado), concluyó que la demandada no probó los hechos en los que sustentó su defensa. Idéntica solución adoptó con relación a la segunda, vinculada al lugar de la guarda habitual del vehículo.
No habiendo acreditado el presupuesto objetivo de su defensa (la agravación del riesgo), desestimó la exclusión de cobertura.
Consideró aplicable la cláusula CH-RH 4.2. que establece que ?“[e]n caso de robo o hurto total el Asegurador indemnizará el valor de venta al público al contado en plaza al momento del siniestro de un vehículo de igual marca, modelo y características, haciéndose cargo además de los impuestos, tasas, contribuciones y gastos inherentes a la registración del dominio a favor del asegurado, todo ello hasta la suma asegurada que consta en el Frente de Póliza”.
Para determinar el monto que la demandada debe abonarle a la actora, dijo que si bien la suma asegurada es la de $2.310.000, el actor reclama el valor actual de la camioneta, el cual -dice- asciende a $4.000.000 al cual le adiciona un 17% en concepto de accesorios que se encontraban denunciados y asegurados, totalizando la suma de $4.680.000, suma que “convertida al dólar blue del día de interposición de la demanda ($200) representa la de U$D23.400 dólares estadounidenses billete. Tratándose de una deuda de valor, y el tiempo transcurrido desde que debió haber sido abonado el siniestro, entiendo que corresponde fijar el monto a abonar a valores actuales, esto es, el valor de venta de un automotor de similares características al siniestrado, a la fecha de la presente sentencia” (pág. 14 de la sentencia de primera instancia).
Sobre esa base, y luego de citar jurisprudencia y doctrina, concluyó que “?corresponde establecer el valor de la indemnización en el equivalente al 100% del valor que tendría a la fecha un vehículo con las mismas características del siniestrado (cfr. póliza Pick Up Clase B Break 5 puertas, marca Toyota Hilux L/16 2.4 4X2 TDI DX, con cinco años de antigüedad, esto es, modelo 2018” (pág. 16 del fallo).
Citó páginas web de venta on line y estimó un total de U$D22.237, considerando que los valores del rodado se expresan en dólares dada la situación económica reinante.
En cuanto a los daños, hizo lugar a los siguientes: (a) $1.443.000 en concepto de costo de transportes alternativos a los actuales por falta de uso de rodado; (b) $724.000 en concepto de daño moral y (c) $2.000.000 de daño punitivo.
II.1. El recurso de la actora La accionante apeló el 24 de octubre de 2023 y fundó su recurso el 3 de noviembre de 2023. La contraria presentó su réplica el 21 de noviembre de ese mismo año.
Los agravios de la actora pueden sintetizarse del siguiente modo: a) Objeta la cuantía de la indemnización debida por la cobertura del siniestro y los intereses moratorios aplicables a dicho crédito. Critica la decisión de la magistrada de promediar valores hallados en Mercado Libre, dado que no es una página oficial. Dice que la camioneta hurtada estaba en optimo estado, y se probó la instalación de llantas especiales y cubiertas de bajo perfil, baja de suspensión, luces led y barras de defensa. De ello se sigue que el valor a utilizar debe ser el mayor precio de la escala, y no en un promedio.
Tampoco sirve, alega, indagar precios de vehículos comercializados en otras ciudades distantes, sino que debe definirse cuánto vale la camioneta en la ciudad de Mar del Plata. Cita una publicación de Mercado Libre donde una camioneta similar a la hurtada, vendida en la “Costa Atlántica”, sale U$D27.500, monto al que debiera agregársele el 17% por los opcionales asegurados.
Agrega que la jueza expresó la condena como una obligación de valor y afirma que debe utilizarse el tipo de cambio “MEP” para traducir el valor debido en los pesos debidos por el demandado. Pide que el valor de la camioneta sea justipreciado en dólares billete o el equivalente en pesos al tipo de cambio señalado, o al denominado “contado con liquidación”. En cuanto al interés moratorio, entiende equivocada la solución adoptada por la jueza. Argumenta que la deuda no es de dar moneda extranjera, sino de valor, por lo que -dice- debe aplicarse un 6% anual desde la mora y “los posteriores a la tasa de descubierto obligatorio en cuenta corriente fijada en el precedente “Melegari”.
b) Critica también la cuantía del daño moral, por considerarlo bajo. Afirma que el constante sufrimiento de no contar con su vehículo le provocó impotencia, inseguridad e incomodidades que no se ven compensadas con pasar 4 días en Puerto Iguazú. Entiende que 4 días de distracciones no alcanzan para borrar de la memoria un disgusto como el que sufrió. Reitera lo pedido en la demanda, consistente en el 40% del valor de la camioneta y que estima en U$D12.870 o su equivalente en pesos.
c) Objeta la decisión sobre privación de uso. Pide que la indemnización se extienda hasta que la demandada pague la indemnización. Luego, reclama que se incremente el valor diario de referencia, fijado en el fallo en $1.500. Entiende que corresponde estimar $9.360 diarios en tal concepto d) Pide se incremente el daño punitivo, considerando la falta de fundamento de las defensas esbozadas por la aseguradora y su desinterés en arribar a una solución. Reclama una sanción ejemplar para evitar conductas similares en un futuro. Argumenta sobre la utilidad de la fórmula creada por el Dr. Irigoyen Testa y reclama que la sanción ascienda al 50% del valor de la camioneta.
e) Critica, por último, la tasa de interés moratoria aplicable a los rubros resarcitorios. Reclama la aplicación de la tasa fijada en el caso “Melegari” de este Tribunal.
II.2. El recurso de la demandada La aseguradora apeló el 19 de octubre de 2023 y fundó su recurso el 21 de noviembre de 2023. La actora lo respondió el 27 de noviembre de ese mismo año.
Los agravios de la demandada son los que siguen:
a) Se queja del modo en que fue resuelta su defensa de exclusión de cobertura. Alega que el contrato fue celebrado por la actora denunciando un domicilio de guarda habitual en Laguna de los Padres cuando en verdad lo utilizaba habitualmente en Mar del Plata. Explica el mayor costo de una póliza que contempla zonas de alto riesgo, como Mar del Plata, y el beneficio indebido que -dice- obtuvo la actora.
Reitera que la reclamante también denunció un uso particular para el vehículo cuando en realidad le daba uso comercial, pues desempeñaba su actividad en un comercio de verdulería ubicado en Avellaneda 1239. Afirma que la jueza se equivocó porque le imputó a la aseguradora haber invocado una defensa distinta a la que postuló. Enfatiza que nunca dijo que la accionante se mudó de domicilio, sino que la base de su planteo era que su actividad laboral era desarrollada en una zona de alto riesgo, lo que debió motivar el pago de una prima significativamente menor a la que abonó. Argumenta que el uso comercial surge acreditado por el reconocimiento que el Sr. Juan Ruiz efectuó frente al Sr. Albornoz, mediante una declaración firmada de puño y letra. Agrega que la testigo Patricia Irene Giorgis dijo que el vehículo fue sustraído mientras se encontraba entregándole un pedido. Vuelve sobre el relato del testigo Albornoz, que relató cómo el vehículo era utilizado en forma comercial, con un tráiler que contaba con dos patentes, una de las cuales era la de la camioneta sustraída.
Aclara que los accesorios o las llantas especiales no son indicios para descartar el referido uso comercial.
b) Invoca la violación al principio de congruencia. Dice que la actora nunca solicitó una indemnización en moneda extranjera y la condena fue expresada en dólares estadounidenses. No tuvo oportunidad, refiere, de defenderse sobre esa circunstancia.
c) Considera excesivo el valor del rodado. Refiere que la obligación de la aseguradora tiene un tope, representado por el límite de cobertura respecto del cual se aplica el principio nominalista. Cita jurisprudencia a favor de su posición.
d) Critica la admisión del reclamo por gastos de traslado. Dice que el daño debe ser cierto, no probable e hipotético, debiéndose interpretar en forma restrictiva. Afirma que el rubro fue admitido sobre la base de los dichos de la actora, sin que se haya aportado elemento de prueba alguno. La eximición de prueba solo es viable respecto de gastos que requieren una mínima urgencia. Agrega que la actora tenía otros vehículos que posibilitaban su traslado diario.
Agrega, además, que esa indemnización no está contemplada en la póliza y ha sido expresamente excluida en la cláusula CG-CO 8.1.
e) Discute la procedencia y cuantía de la sanción civil y del daño moral. Niega que haya existido una voluntad de no cubrir el siniestro, ni se haya intentado buscar una solución al reclamo. Dice que no hubo ni culpa grave ni dolo que justifique la pena. Pide su rechazo o su reducción a sus justos términos.
Señala que el daño moral debe proceder en casos excepcionales, siempre que medie un ilegítimo y notorio quiebre espiritual o afectivo a causa del obrar antijurídico, extremo que no se verifica en el caso donde se trata de un contrato comercial, de contenido estrictamente patrimonial, y cuyas contingencias siempre suponen dificultades que son propias de cualquier relación negocial.
III. Tratamiento de los recursos.
Por razones de orden lógico, abordaré en primer lugar los agravios de la demandada referidos a la exclusión de cobertura y a la alegada violación al principio de congruencia. Luego, daré tratamiento a las quejas que una y otra parte formularon sobre el valor de reposición del rodado para luego, finalmente, abordar las objeciones formuladas con relación a los rubros indemnizatorios y a la multa civil.
III.1. Sobre la exclusión de cobertura La demandada invocó dos argumentos para rechazar la cobertura reclamada por la actora. Por un lado, postuló una exclusión fundada en la reticencia de la Sra. Acosta Cortez al denunciar un domicilio en Laguna de los Padres (zona de bajo riesgo) cuando utilizaba habitualmente el rodado en Mar del Plata (zona de alto riesgo). Por el otro, le endilga a la reclamante haberle dado un uso comercial al vehículo cuando la póliza solo contemplaba un uso particular.
Las defensas, a mi modo de ver, han sido correctamente rechazadas y la recurrente no ha brindado argumentos que me persuadan de un error de hecho o de derecho en la decisión apelada.
III.1.a. La demandada alegó que la jueza comprendió mal la base fáctica de la exclusión de cobertura, haciendo foco en el domicilio de la actora y no en la actividad desplegada en Mar del Plata.
En verdad, el error de la jueza no es tal puesto que es la propia cláusula que la aseguradora citó al responder la demanda -y replica en su memorialla que expresamente pone al cambio de domicilio (y no a la realización de actividades en un lugar distinto) como presupuesto central de la operatividad de la exclusión. De allí que la decisión de la magistrada de reparar específicamente en esa circunstancia ha sido correcta.
En efecto, la cláusula CA-CC-9.1 citada por la aseguradora dice que el vehículo fue cotizado como de bajo riesgo “tomando como base de operaciones la localidad en que tiene su lugar de residencia el asegurado” y luego se indica que “es condición esencial de éste seguro el mantenimiento del lugar de residencia denunciado” (párrafo segundo) y que “si el asegurado o usuario mudó su lugar de residencia sin notificación previa al asegurador a otra localidad con riesgo siniestral superior que genere una mayor tasa o prima, operará dicha circunstancia como expresa exclusión de cobertura” (sic).
Los fragmentos destacados en negrita dan cuenta que la operatividad de la cláusula -y la exclusión allí regulada- fue expresamente prevista para el supuesto en que el asegurado cambie su lugar de residencia y no lo notifique a la compañía de seguros. Y como bien señaló la colega, ese cambio de domicilio no se probó pues la actora siempre vivió en Santa Paula.
Llegado el caso, el yerro -o la inconsistencia argumental- no está en la sentencia sino en el modo en que fue postulada la defensa, pues se invoca una circunstancia de hecho (“uso habitual”, según se lee en el punto a-3 de la contestación de demanda) que no fue contemplada como condicionante de la exclusión de cobertura invocada. Nada se dice en la cláusula CA-CC-9.1 sobre el “uso habitual” del rodado en una zona distinta a la del domicilio.
Puedo interpretar que el “uso habitual” al que refiere la contestación de la demanda se vincula con lo que la cláusula citada denomina “base de operaciones”. Pero aun así, la defensa tampoco tendría fundamento dado que, reitero, el cambio de “base de operaciones” no está contemplado en el contrato como una causal de exclusión de cobertura, según surge del texto expreso del contrato predispuesto por la aseguradora.
Así todo, y dejando de lado esta última circunstancia, cabe preguntarse qué significa “base de operaciones” en el marco de un seguro para un rodado de uso particular. ¿Cuál es la “base de operaciones” de un individuo que, según el tipo de póliza contratada, no usa el rodado para fines comerciales? ¿A qué se refiere ese término? ¿Es algo distinto al lugar de residencia? ¿Cuándo se puede afirmar que alguien “cambió su base de operaciones” (aceptando por hipótesis que ello fuere relevante para invocar una exclusión de cobertura, aunque la redacción de la cláusula CA-CC-9.1, insisto, no habilitaría semejante interpretación)?
No tengo respuesta a estos interrogantes y la noción de base de operaciones resulta una verdadera incógnita. Lo que sí tengo claro es que una compañía de seguros no puede pretender valerse de una cláusula que ha sido redactada utilizando términos genéricos o imprecisos respecto de los cuales no es posible comprender qué significado pretendió asignarle (producto de su ambigüedad) y de establecer si un caso queda comprendido en el marco de aplicación de las palabras utilizadas (producto de su vaguedad) (mi voto en causa n° 176408 –“Galván, S.”- del 30/06/2023). Este Tribunal ha resuelto que "la contrapartida de la autorresponsabilidad asumida por el asegurador al reservar para sí la creación del contenido contractual, consiste en que las cláusulas con redacción equívoca, oscura o confusa, permiten una interpretación desfavorable a aquél en su carácter de predisponente” (c. 162195, -"González, Raúl O."- sent. del 25/11/2016). Este criterio, virtualmente unánime en la jurisprudencia, ha sido volcado en el actual artículo 987 del Código Civil y Comercial que regula la interpretación de los contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas y prescribe que “[l]as cláusulas ambiguas predispuestas por una de las partes se interpretan en sentido contrario a la parte predisponente”.
Sin perjuicio de que lo dicho hasta aquí es suficiente para desestimar el agravio, me interesa agregar una consideración complementaria.
Resulta difícil comprender cuál es la objeción que la aseguradora puede tener con un vecino del Barrio de Santa Paula que utiliza su vehículo con regularidad para trasladarse a otras localidades, sea Mar del Plata o cualquier otra.
Santa Paula es un paraje pequeño que no supera las 15 manzanas y está ubicado en la ruta 226, a 7 kilómetros del acceso a Mar del Plata y a 6 kilómetros del acceso a Sierra de los Padres (fuente: Google Maps). No tiene instituciones educativas, hospitales o clínicas con capacidad de internación, dependencias de organismos estatales municipales, provinciales o federales, etcétera. Cualquier habitante de una localidad de estas características más tarde o más temprano, con mayor o menor habitualidad, se ve en la necesidad de transportarse a Mar del Plata (o a cualquier otro centro urbano) para satisfacer sus necesidades familiares más elementales.
No puedo sino preguntarme: si la demandada sabía que la asegurada vivía en una localidad tan pequeña, y considera que el “uso habitual en Mar del Plata” (sic) importó un incumplimiento contractual, ¿en qué ámbito espacial considera que la actora podía usar su camioneta? ¿Sólo dentro del mismo barrio?
La defensa no resiste análisis porque llevaría a aceptar que, bajo la lógica negocial de la accionada, el asegurado compró -y aseguró- una camioneta 4x4 para utilizarla única y exclusivamente en una localidad que no debe superar las 16 hectáreas de superficie total.
Ignoro si la aseguradora conocía las características del barrio donde vivía el asegurado, y ello le ha imposibilitado prever el uso que su cliente le daría al rodado, y las zonas por las que circularía con frecuencia. A fin de cuentas, su representante reconoció en la absolución de posiciones que no verifican las características del domicilio y se limitan a corroborar si es de alto o bajo riesgo, dado que esa es la práctica comercial tradicional y sería imposible celebrar contratos condicionados a una investigación previa sobre la residencia del cliente (minuto 7:00 en delante de la AVC).
No discutiré aquí las costumbres y las prácticas comerciales de la demandada. Me basta con afirmar lo siguiente: es la aseguradora la que debe asumir los costos de su propio desconocimiento. Obrando con cuidado y previsión, no necesitaba realizar una pesquisa muy compleja para saber que los habitantes de la localidad denunciada por la Sra. Acosta Cortez se trasladan con asiduidad a centros urbanos más desarrollados, pues -reiterolas necesidades familiares y cotidianas así lo exigen (realizar compras, llevar hijos al colegio, atenderse en centros de salud especializados, etc.). Como lógica consecuencia de ese razonamiento, la compañía aseguradora tampoco podía desconocer -y si lo desconocía, no puede pretender invocarlo ahora como una circunstancia que le fue “ocultada”- que cualquiera de los poquísimos habitantes del barrio Santa Paula (y dentro de ese grupo, aquellos que tienen un automóvil) muy probablemente viajen con frecuencia, sino acaso diariamente, a la localidad lindera más importante de la costa atlántica: Mar del Plata.
Para resumir lo expuesto: la exclusión de cobertura fue condicionada en la cláusula CA-CC-9.1 al escenario en que la actora cambie su residencia y no lo comunique. Nada se dice sobre el uso del rodado en otras localidades ni tampoco podría -si es que acaso eso intentó argumentar la demandadaconsiderarse que el uso frecuente en Mar del Plata supuso un cambio de “base de operaciones”. No solo esto último no fue previsto como supuesto de exclusión de cobertura, sino que, a todo evento: (a) ese giro tiene un significado incierto y es la predisponente del contrato la que debe asumir el costo de tal indeterminación (art. 987 del CCyC) y (b) la aseguradora, obrando con cuidado y previsión, sabía o debía saber que todo habitante del barrio Santa Paula que tiene un vehículo lo usará para viajar a Mar del Plata (art. 961 del CCyC).
III.1.b. Comparto también la decisión de la colega de rechazar la exclusión de cobertura sustentada en el uso comercial del vehículo hurtado. La defensa de la compañía de seguros ha sido fundada exclusivamente en una declaración escrita suscripta por quien al momento del hecho estaba utilizando el rodado (una persona distinta de la actora), y en la que habría reconocido que estaba realizando reparto pedidos de la verdulería. No juzgo aquí la posibilidad de la compañía de seguros de realizar las averiguaciones o investigaciones que estime pertinentes para definir un camino de acción frente a una denuncia de siniestro particular. E incluso, más allá del valor convictivo que pueda tener, tampoco está impedida la compañía para ofrecer como testigo a uno de esos dependientes o investigadores, aun cuando se lo presente como parte de un estudio liquidador o empresa tercerizada.
Lo que sí cabe juzgar en clave critica y reprobar enfáticamente es la actitud de la aseguradora de instruir a uno de esos dependientes -o investigadores- para que preconstituyan prueba subrepticiamente y pretendan luego presentarla en juicio, contactándose de forma inconsulta con los asegurados o sus allegados para hacerles firmar pretensas declaraciones donde se los hace decir o reconocer circunstancias de hecho que benefician a la proveedora y perjudican al asegurado, todo ello sin contar con asesoramiento legal previo ni mecanismo alguno de salvaguarda de garantías fundamentales (art. 18 CN).
Ni siquiera los sistemas probatorios que admiten la producción prejudicial de pruebas tolerarían semejante práctica, ya que prevén estrictas formalidades para las deposiciones y garantizan la asistencia letrada obligatoria para las partes (Rico, M., La institución del Discovery y el derecho procesal argentino, La Ley, 2000-E, 1325; Sirvent Gutiérrez, Consuelo. El procedimiento civil en los Estados Unidos de América. En Derecho privado. Memoria del Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados. 1998. p. 473-478; American Bar Association, “How Courts Works. Steps in a trial: discovery”, disponible en: https://www.americanbar.org/, del 28/11/2021).
El investigador privado Albornoz reconoció en su declaración testimonial que: (a) no tiene representación voluntaria de la aseguradora, por lo que es incorrecto el encabezado que él mismo consignó en el documento del 19/02/2021; (b) el pretenso declarante no participa en la redacción y escritura del texto de esa declaración, y se limita a firmarlo (Albornoz dijo que el texto lo escribió su concubina); (c) su actividad está usualmente precedida de una carta documento donde la aseguradora le indica al asegurado que debe colaborar con el investigador, pero la existencia de esa notificación en este caso particular -y más allá del valor que pudiere asignársele- nunca fue siquiera alegada por la aseguradora demandada. De ello se sigue que ningún valor probatorio puede asignársele al pretenso testimonio del Sr. Ruiz y que la accionada invoca para probar el alegado uso comercial del rodado (arts. 18 CN y 15 CPBA).
A todo evento, tampoco puedo dejar de reparar en que la defensa de la aseguradora se sustenta en un razonamiento non sequitur: del hecho de que Ruiz [supuestamente] haya dicho que ese día utilizó la camioneta para hacer un reparto, no se sigue la conclusión de que siempre o habitualmente utilizaba esa camioneta para hacer repartos, lo que -llegado el caso- daría cuenta de un uso comercial. No hay ninguna evidencia complementaria, ni documental, ni testimonial, ni de ninguna otra índole que permita hacer semejante salto inferencial entre una premisa (que se usó una vez la camioneta para un propósito) y la conclusión que da soporte a la exclusión alegada y que la demandada tenía la carga de acreditar (que siempre o habitualmente se utiliza el rodado con esos fines).
Por ello, estimo que la prueba de la que se vale la demandada para justificar la exclusión de cobertura no solo es inadmisible, sino que es insuficiente para acreditar el uso comercial alegado.
Considero que la decisión adoptada por la magistrada ha sido correcta y debe ser confirmada (art. 375 del CPCCBA).
III.2. Sobre la congruencia y la moneda de condena. El valor del rodado y el límite de cobertura.
III.2.a. Tal como se señaló en párrafos precedentes, la jueza condenó a la demandada a abonarle U$D22.237 -entre otras indemnizaciones- en concepto de valor de reposición del rodado.
La actora alega que la referencia al dólar billete ha sido una herramienta para estimar el valor del vehículo, pero que el tipo obligacional utilizado por la jueza ha sido el regulado en el art. 772 del Código Civil y Comercial (esto es, una deuda de valor). La demandada, por su parte, es contradictoria en este punto. En una parte de su memorial considera que la condena ha sido expresada como una obligación de dar moneda sin curso legal, y sobre esa base invoca la violación al principio de congruencia (4 º y 5º párrafo del segundo agravio). En otra parte de la misma pieza, alega que la jueza consideró que la deuda es de valor (3º párrafo del tercer agravio).
Ambos tienen parte de razón.
En lo que respecta a lo que el fallo efectivamente dice, es correcto lo que señala la demandada en su segundo agravio de su memorial: la condena no ha sido expresada como una deuda de valor (ni en una deuda de valor expresada en moneda sin curso legal, como lo autoriza el art. 772 del CCyC), sino que ha sido enunciada como una obligación de dar moneda extranjera. Según se desprende del texto de la parte dispositiva de la sentencia, la aseguradora fue condenada a pagar dólares, y no el equivalente en pesos de los dólares que constituyen el objeto de la obligación debida ni ninguna otra modalidad regulada en el art. 772 del CCyC.
Siendo ello así, tiene razón también la compañía de seguros al destacar que el actor reclamó en este proceso una indemnización a pagar en moneda nacional y es respecto de esa petición que se defendió su contraria. Una condena en dólares -que, por otra parte, tampoco encuentra justificativo en el texto de la póliza- supone un apartamiento de los límites cognitivos definidos por el modo en que las partes formularon sus respectivas pretensiones y defensas, violando de ese modo el postulado de la congruencia (arts. 18 de la CN, 15 de la CPBA y 34.4 del CPC).
Lo anterior no significa que la obligación debida sea de dar dinero, como erróneamente alega la demandada en su tercer agravio. La deuda de la aseguradora es de valor y por ello siempre será abonada en pesos, con motivo de la conversión regulada en el art. 772 del CCyC y de conformidad con el modo en que fue reclamado en la demanda.
De hecho, así surge implícitamente reconocido por la propia aseguradora, cuando afirma que el contrato reconoce el derecho del asegurado a percibir “el valor de venta al público de contado en plaza de un vehículo similar al asegurado” (tercer agravio, tercer párrafo del memorial), lo cual permite inferir que no se adeuda una suma nominal de pesos no repotenciable, sino el precio de mercado de un bien determinado, el cual debe ser establecido por el órgano jurisdiccional bajo parámetros económicos actualizados (art. 772 CCyC). A mayor abundamiento, esta Sala ya ha dicho en otras oportunidades que el valor de reposición de un rodado, sea por robo o hurto, sea por destrucción total, constituye para la compañía de seguros una obligación de valor (c. 161257 –“Pellizzi, Christian M.”- del 06/10/2016). III.2.b. Definido lo anterior, y fuera de discusión el tipo obligacional aplicable (deuda de valor), el debate entre las partes se ciñe a dos aspectos en particular: la extensión del objeto debido y el límite de la suma asegurada en la póliza. A estos puntos me referiré seguidamente.
En lo que refiere al valor de la camioneta, los agravios de las partes son de distinta naturaleza. La actora cuestionó el mecanismo mediante el cual la jueza determinó ese valor. Dijo que Mercado Libre no es una página oficial, destacó el óptimo estado de conservación del rodado hurtado y que, en definitiva, el precio debe ser el mayor de la escala y no un promedio. Además, pidió que se evalúen precios de venta en la ciudad, y no en otras localidades. La demandada, por su parte, se limitó a poner de relieve la existencia de un límite de suma asegurada que la jueza no consideró y que marca el tope cuantitativo del deber de abonar la indemnización por el siniestro.
Ambos agravios prosperan parcialmente.
Tiene razón la actora en que había otros medios probatorios a los cuales acudir y que permitían dar cuenta de un valor de reposición mayor al que el fallo establece. No creo necesario acudir a fuentes públicas online dado que no solo la actora cuestionó esta modalidad, sino que ella misma produjo prueba tendiente a esclarecer la extensión de la indemnización que le es debida.
En efecto, la reclamante ofreció prueba informativa para que la Cámara del Comercio Automotor Regional Mar del Plata informe cuánto cuesta un rodado como el siniestrado, con cuatro años de antigüedad. La dependencia respondió que la valuación era de $6.300.000 al 01/11/2022, lo que equivalía en aquel entonces a un total de U$D21.513 (considerando el tipo de cambio MEP vigente a la fecha del informe; fuente: ámbito.com; sobre el tipo de cambio escogido, de esta Sala, v. causas n° 171468 -"R., K. E."- sent. del 10/06/2021, n° 161853 -"Marengo"- sent. del 26/08/2021 y c. 171395 -"Jesús..."- resol. del 21/09/2021).
No desconozco que el paso del tiempo pudo haber supuesto un cambio en los precios relativos de este tipo de vehículos. Pero creo, con todo, que esta fuente de prueba y de información resulta más objetiva y precisa que cualquier tipo de cálculo estimativo realizado sobre la base de promediar el valor de ventas particulares publicadas en sitios de internet (no porque este último mecanismo sea equivocado, sino porque en este proceso hay prueba específica -emitida por una dependencia especializada- y es a ella a la que cabe estarse a la hora de adoptar una decisión sobre este punto controvertido).
Al valor informado por la Cámara del Comercio Automotor para una Toyota Hilux DC 2.4 TDI 4x2 de cuatro años de antigüedad (U$D21.513) corresponde adicionarle el 17% complementario por los accesorios que poseía la camioneta hurtada (punto sobre el cual las partes no han formulado agravio) y que arroja un total de U$D25.170.- como valor total de reposición. Con este alcance corresponde admitir el agravio de la parte actora.
Tratándose de una deuda de valor cuyo objeto está expresado en moneda sin curso legal (art. 772 del CCyC), la conversión del valor debido a pesos se hará en la etapa ejecutoria al momento de liquidar la condena (art. 501 del CPCCBA), considerando el tipo de cambio conocido como “dólar MEP” o del dólar "contado con liquidación" -entre ellos, el que resulte más alto- vinculados a operaciones bursátiles en moneda extranjera mediante la compra en pesos de bonos solidarios y su posterior venta en dólares (v. causas n° 171468 -"R., K. E."- sent. del 10/06/2021, n° 161853 -"Marengo"- sent. del 26/08/2021 y c. 171395 -"Jesús..."- resol. del 21/09/2021), según las cotizaciones que son publicadas por el periódico “Ámbito”
(www.ambito.com).
El norte que orienta a estas decisiones consiste en evitar que, al utilizar un tipo de cambio oficial u otros tipos de cambio que se apartan de parámetros realistas, se genera un injustificado beneficio del deudor a costa de afectar el interés patrimonial del acreedor (esta Sala, c. “Roteño”, c. 171468, del 10/06/2021). Estos tipos de cambio reflejan variables económicas transparentes y reales, alejándose de parámetros de cambio hipotéticos o artificiales (v. causas cit., en similar sentido, CNCiv., Sala L “B.O.R. c. Acorbi S.A. s. Resolución de contrato del 09/03/2021 AR/JUR/1556/2021; CNCom, Sala D Ortola Martínez c. Sarlenga AR/JUR/47237/2020 del 15.10.2020).
Si al tiempo de liquidar el crédito dichas modalidades de adquisición de dólares no estuvieran disponibles, el magistrado o la magistrada de primera instancia deberá reemplazarla por un tipo de cambio análogo determinado en base a variables económicas reales y transparentes —no meramente artificiales e hipotéticas— y que no suponga para el deudor una ventaja patrimonial sin justificación en desmedro de los derechos acordados a los acreedores (esta Sala, c. 174386 –“Palacios, Melani..”-, 174213 –“Pérez, Paola...”- y 174382 –“Palacios, Euclides...”-, todas del 29/12/2022;). III.2.c. La jueza consideró inaplicable el límite de cobertura en razón de la mora de la aseguradora, citando para ello fragmentos de un fallo de la Cámara Civil y Comercial de Azul. La demandada cuestiona esta decisión y pide se respete la suma asegurada contemplada en el frente de la póliza 56/049497.
El planteo prospera, aunque con un alcance distinto al que pretende la recurrente.
El incumplimiento contractual de la demandada la hace responsable civil de los daños ocasionados a la actora, cualquiera sea la cuantía que se fije para sus indemnizaciones y sin que para ello sea aplicable tope o límite alguno. Es decir, el límite de cobertura solo ha de afectar a la extensión de la indemnización debida a causa del siniestro contemplada como riesgo asegurado en el contrato que vincula a las partes (el valor de reposición del rodado hurtado), y no al resto de los conceptos debidos, sean resarcimientos o sanciones civiles.
Aclarado ello, este tribunal ha dicho en reiteradas oportunidades que la denominada “medida del seguro” contemplada en el art. 118 de la LS no debe entenderse en un sentido estrictamente nominal, reparando únicamente en la cantidad de unidades monetarias volcadas en una póliza celebrada hace ya muchos años, sino en un sentido valorista, haciendo foco en el valor real -esto es, en el poder adquisitivo- de los montos originalmente contemplados en el instrumento, de modo de mantener la ecuación económica original y que la entidad patrimonial de la garantía patrimonial se mantenga a lo lago del tiempo que insume el proceso (v. 176408 –“Galván, Solange...”- del 14/07/2023).
Considerar que el límite de cobertura constituye un valor nominal fijo e invariable resulta absurdo y genera resultados por completo inaceptables en coyunturas inflacionarias: significaría asignarle a la aseguradora un generoso premio derivado de su propia mora, con un indisimulable beneficio derivado de litigar para demorar el pago de lo debido, financiándose con el litigio judicial y la dilación abusiva en el cumplimiento del contrato y el resarcimiento de los perjuicios ocasionados a su cliente (sobre uso abusivo del proceso, v. mi voto en causas 162.615 -“Curry...”- del 27/04/2017).
Por todo ello, propondré al acuerdo que el valor nominal de cobertura previsto en la póliza n°56/049497 para el riesgo “robo o hurto total” sea actualizado por IPC hasta el efectivo pago (esta Sala, c. 174386 -"Palacios, Melani Abril"- del 29/12/2022). Reitero, tal será el valor que determine el límite hasta el cual debe responder la compañía de seguros por el valor de reposición del rodado, no resultando aplicable al resto de las indemnizaciones y sanciones que componen la condena y que conforman consecuencias derivadas del incumplimiento negocial (art. 730, 952, 1092 y cctes. del CCyC, 37.2 de la LDC III.3. Sobre la privación de uso.
La actora cuestionó dos aspectos de la decisión adoptada en primera instancia: la extensión temporal y el valor diario utilizado como referencia. Sobre lo primero, dijo que la indemnización debe extenderse hasta que la demandada pague el siniestro y la actora pueda reemplazar su vehículo. Sobre lo segundo, argumentó que la suma de $1.500 por día es insuficiente e incompatible con lo que surge de la prueba producida.
La demandada, a su turno, cuestionó el rubro por considerarlo improcedente por falta de prueba. Alegó, además, que la actora tenía otros vehículos que posibilitaban su traslado diario y que la privación de uso era un riesgo excluido.
Solo el agravio de la actora es procedente.
Las quejas de la demandada sobre la falta de prueba del daño no son fundadas.
Este Tribunal tiene dicho que el reclamo por “privación de uso” contempla los perjuicios económicos derivados de la imposibilidad de utilizar normalmente un rodado afectado por un accidente. Ello puede manifestarse de dos maneras: o bien como un daño emergente, representado por las erogaciones realizadas por la víctima para abonar medios sustitutivos de transporte ante la imposibilidad de utilizar su propio rodado; o bien como un lucro cesante, que se vincula con las rentas frustradas que se hubieran percibido si la unidad afectada hubiera podido usarse normalmente (c. 161257 -"Pellizzi, Christian..."- del 06/10/2016).
Acreditada la indisponibilidad del vehículo, ello es suficiente para hacer lugar a la reparación por privación de uso en tanto daño emergente, ante la ausencia de prueba en contra que debió aportar a tal fin la parte demandada (fallo cit.). La demandada no probó la existencia de otro vehículo dedicado exclusivamente al uso privado y familiar, de modo de demostrar que la privación de uso no decantó en ninguna erogación patrimonial complementaria.
Aclarado ello, entiendo que tiene razón la actora sobre la exigüidad del valor fijado como parámetro para calcular el resarcimiento. Considerando los valores informados por TaxiCoop en su informe del 06/10/2022, el tiempo transcurrido y la inflación acumulada, y sopesando además la distancia entre la localidad donde reside la actora y la ciudad de Mar del Plata (donde, según se probó, concurre al colegio su hijo), considero razonable elevar el monto utilizado como referencia a $9.500 por día, a valores actuales. También es fundada la objeción de la actora referida a la extensión temporal del resarcimiento. No hay motivo para limitar el daño hasta la fecha de la sentencia, sino que el valor fijado en el párrafo anterior deberá devengarse y acumularse por día hasta que la demandada pague la condena, brindándole a la actora la posibilidad de reemplazar el vehículo siniestrado y eliminar la necesidad de contratar transportes sustitutivos. Esta Sala ha dicho en la misma causa “Pellizzi” que he citado en párrafos precedentes que la indemnización por privación de uso no debe limitarse en el tiempo, puesto que ello significaría tanto como imputarle a la víctima no adelantar una altísima suma de dinero para mitigar o eliminar el perjuicio sufrido. Es el autor del daño quien ha incumplido su obligación de entregar en tiempo y forma una indemnización que permita a la asegurada reemplazar el rodado, y hasta que ello no ocurra el daño emergente se sigue produciendo y debe ser resarcido (mi voto en c. 161257, ya cit.). Por lo tanto, el valor diario por privación de uso se devengará hasta el efectivo pago y con tal alcance se hace lugar al agravio de la actora (arts. 1737, 1738 y cctes. del CCYC).
Finalmente, cabe desestimar el argumento de la accionada que, invocando la cláusula CG-CO 8.1 de la póliza, afirmó que la privación de uso era una contingencia no cubierta por el seguro.
Esa limitación solo resultaba operativa en el marco del cumplimiento regular del contrato y durante el tiempo que conlleve la denuncia del siniestro y el pago de la indemnización.
No es eso lo que ha ocurrido en el caso, dado que el daño emergente invocado constituye una consecuencia lesiva derivada de un incumplimiento contractual. Dicho más claramente: la actora no reclama el daño emergente derivado del robo de su camioneta, sino el daño patrimonial derivado del incumplimiento contractual y la consecuente imposibilidad de procurarse otro vehículo.
En un contrato de consumo, la parte proveedora de un servicio no puede limitar su propia responsabilidad frente a un hipotético incumplimiento negocial (arts. 12 primer párrafo y 1093 del CCyC y 37 de la Ley 24.240).
III.4. Sobre el daño moral Ambas partes cuestionaron la indemnización por daño moral. La actora reclama un incremento de hasta el 40% del valor de reposición del rodado. La accionada pide su rechazo, o su reducción a sus justos términos. Los agravios no prosperan.
Demostrado el incumplimiento, la falta de fundamento de las defensas de la demandada y el tiempo que ha insumido este pleito, no tengo dudas sobre la procedencia del rubro. Estas circunstancias son idóneas para generar malestares, broncas, angustias y sinsabores que exceden los propios de cualquier vínculo negocial. Hay allí un daño resarcible que la actora tiene derecho a que sea indemnizado (arts. 1737 y 1741 del CCyC). Los cuestionamientos de la demandada, en lo que a la procedencia del parcial refieren, son inadmisibles.
Ahora bien, el resarcimiento fue considerado por la jueza como una deuda de valor cuyo objeto se determinó por el precio de un paquete turístico a Puerto Iguazú, con pasajes aéreos, alojamiento por 4 noches con desayuno para 4 personas (grupo familiar) y traslado, con salida en diciembre que según surge del sitio pezzati.com (v. pág. 23 de la sentencia). Este servicio turístico luce como una satisfacción sustitutiva y compensatoria razonable y proporcional a la índole del incumplimiento y las molestias y sinsabores que seguramente la actora vivió como consecuencia del conflicto suscitado con su compañía de seguros (art. 1741 del CCyC). No encuentro motivo alguno para modificar esta referencia, ni menos aún para cuantificar la indemnización sobre la base de un valor que represente una porción o fragmento de casi la mitad del precio de venta de la camioneta siniestrada, como propone la actora en su recurso.
Es por ello que propondré al acuerdo confirmar la decisión apelada (art. 1741 del CCyC).
III.5. Sobre el daño punitivo.
La actora pidió el incremento de la multa a un 50% del valor de la camioneta, por considerar que la suma reconocida en la sentencia es demasiado baja. Detalló y calificó la conducta de la aseguradora, dando cuenta de un comportamiento que merece una sanción ejemplar. La aseguradora, por su parte, pidió el rechazo de la sanción negando que haya existido una voluntad de no cubrir el siniestro, ni se haya intentado buscar una solución al reclamo. Dijo, además, que no hubo ni culpa grave ni dolo que justifique la pena. Pide su rechazo o su reducción a sus justos términos. El agravio de la actora es procedente, con el alcance que seguidamente enunciaré.
III.5.a. Ha dicho este Tribunal en reiteradas oportunidades que el mero incumplimiento de la normativa no basta para que proceda la aplicación de la multa civil, propugnando una interpretación sistemática del texto legal, conforme la cual la configuración del daño punitivo exige un elemento subjetivo agravado en la conducta del proveedor de bienes o servicios, que se traduce en culpa grave o dolo, negligencia grosera, actitud temeraria o notorio menosprecio por los derechos ajenos, así como un elemento objetivo consistente en un daño que por su gravedad, trascendencia social o repercusión institucional demande la imposición de una sanción ejemplar (c. 168199 -"Gastiarena, Daiana..."- sent. del 10/10/2019, c. 173424 -"Díaz, Lila del Carmen..."- sent. del 08/03/2022, c. 174680 -"Gutiérrez, Hernán Darío..."- del 20/10/2022, entre otros)
No soy ajeno al hecho de que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires dijo que el art. 52 bis de la ley 24.240, incorporado por la ley 26.361 exige para su aplicación un solo requisito: que el proveedor no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor (C. 123329 -"Salvucci..." sent del 31/08/2021; C. 122220 -"Frisicale..."- sent. del 11/08/2020).
La interpretación del Máximo Tribunal bonaerense parece ponerse en pugna con la exégesis que ha sostenido este Tribunal en los precedentes ya mencionados: esto es, según la opinión citada, a la hora de aplicar la multa no debiera exigirse un incumplimiento de gravedad o que este último sea pasible de un reproche que la norma, en rigor, no contempla ni prescribe. En verdad, la contradicción es solo aparente. El artículo 52 bis de la LDC dice que «[a]l proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor (...)». La norma no impone al juez un deber de sancionar ante la sola verificación de un incumplimiento obligacional del proveedor, sino que prevé una facultad o prerrogativa del magistrado, de lo que se sigue que si se verifica un cierto estado de cosas (el incumplimiento de un proveedor) el juez puede sancionar, pero también puede no hacerlo aun cuando aquel presupuesto fáctico se encuentre acreditado. Es claro para mí que, de la estructura lógica y deóntica del precepto legal en estudio, el incumplimiento ha sido previsto como condición necesaria pero no suficiente para la imposición de una multa.
De ello se sigue un interrogante para cuya respuesta la norma no brinda pautas claras: ¿qué razón puede motivar al juez a aplicar la sanción en un caso y no en otro, aun cuando en ambos se hubiere comprobado el incumplimiento obligacional de la proveedora? O quizás la pregunta pueda plantearse de esta otra manera: si ante dos casos que comparten una propiedad en común (que en ambos se verificó una ilicitud negocial en el marco de un contrato de consumo) el juez puede aplicar una multa en uno y no en el otro, ¿no es razonable pensar que, aceptando que lo anterior no implica un defecto en el desempeño del magistrado, la norma condiciona la aplicación de la multa a algo más que la sola verificación del incumplimiento obligacional?
La respuesta, sin duda, es afirmativa: la estructura lógica y deóntica del art. 52 bis de la Ley 24.240 lleva a considerar que la aplicación de la sanción depende siempre de algo más que la solitaria exigencia de la ilicitud negocial. Y ese algo más necesariamente ha de ser la valoración crítica que el juez debe efectuar sobre los incumplimientos de la proveedora, tarea para la cual —también necesariamente— debe acudir a un cierto parámetro, criterio o estándar que determina y condiciona [consciente o inconscientemente, expresa o implícitamente] la conclusión decisional que vuelca en su fallo.
Es cierto que la norma no exige expresamente una cierta evaluación crítica del incumplimiento de la proveedora, pero al regular una facultad jurisdiccional [y no un deber que conlleva una consecuencia normativa forzosa e imperativa] implícitamente admite que la conducta de la demandada debe ser sometida a un escrutinio jurisdiccional de cuya suerte o resultado se determine si en el caso procede o no la punición. Si ello es así —y no dudo que lo sea— el problema no radica en verdad en la disyuntiva de exigir o no exigir algo más que un simple incumplimiento del proveedor como recaudo para la aplicación de una multa civil. En tal caso, el debate pasa por definir si consideramos valioso que el juez explicite en sus sentencias los parámetros –objetivos, subjetivos, morales, económicos o del tipo que sea– que indefectible y necesariamente tendrán una relevancia fundamental a la hora poner en práctica la facultad contemplada en el art. 52 bis de la LDC y decidir si en un cierto caso ha entendido justificada la imposición de una sanción civil. Y el debate pasa también por analizar cuáles son -o entendemos que deben ser- los estándares que deben constituirse como parámetros para tomar esa decisión.
Es este último el contexto en el cual la doctrina ha sugerido -con razón y buenos argumentos- que el juez no aplique sin más una penalidad allí donde se verifica un simple incumplimiento: por el contrario, debe analizar si las conductas reprochadas revisten, además, una cierta gravedad o reflejan un verdadero desprecio por los derechos de la parte débil del contrato de consumo. Y, tal como adelanté, adhiero plenamente a esta propuesta conceptual pues se muestra como un parámetro razonable para definir si corresponde o no aplicar una sanción.
III.5.b. He leído minuciosamente la totalidad de las constancias obrantes en este expediente, he reparado con atención en los reproches que la actora formuló sobre la conducta de la demandada y -por último y primordialmentehe evaluado la entidad del incumplimiento que motiva el diferendo entre las partes y el fundamento probatorio de la resistencia de la aseguradora a cumplir el contrato (una investigación privada y extrajudicial en la que se procuró preconstituir prueba en violación a las más elementales garantías fundamentales de la parte consumidora del producto asegurativo). Estos elementos de convicción me llevan a concluir que la multa ha sido correctamente admitida por la magistrada. Y creo también que el monto fijado en primera instancia es exiguo, de acuerdo a los parámetros señalados previamente.
La tarea de establecer el monto exacto de la sanción no es sencilla dado que la norma que regula el instituto omite brindar pautas de cuantificación claras y precisas. El legislador solo prescribió que la punición «se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan» (c. 168199 -"Gastiarena, Daiana..."- sent. del 10/10/2019; art. 52 bis de la LDC). Como punto de partida, debemos recordar que el daño punitivo tiene una finalidad económica que justifica su aplicación: debe funcionar como un elemento disuasivo para que el proveedor de un producto o servicio no continúe, mantenga o repita conductas similares a las que motivaron la multa, destruyendo la denominada “ecuación perversa” conforme la cual al empresario le resulta menos costoso dañar y reparar en el caso individual antes que prevenir y evitar en la generalidad de los casos (Irigoyen Testa, Matías, “¿Cuándo el juez puede y cuándo debe condenar por daños punitivos?”. RCyS 2009-X, 16; Cám.Ap.Civ.Com. de Rosario, Sala IV, "Vázquez Ferreyra, Roberto c. Claro AMX Argentina y otro s/ daños y perjuicios", del 07/08/2012).
Irigoyen Testa -cuyas ideas nutrirán en gran medida los párrafos que siguen- ha diseñado una herramienta matemática con una sólida base conceptual que permite determinar la cuantía de los daños punitivos en forma tal que no sea inferior ni exceda el monto necesario para cumplir esa función disuasoria y que, tratándose -como en autos- de daños reparables, busca hacer coincidir la responsabilidad total esperada del dañador con los daños reparables esperados que se derivan de su comportamiento. De ese modo se logra cumplir con la función principal disuasoria (que se ajusta a los niveles de precaución socialmente deseables) y la función accesoria sancionatoria (que implica una multa civil extracompensatoria que se afronta adicionalmente, luego de haberse compensado perfectamente al damnificado) (Irigoyen Testa, Matías, Monto de los daños punitivos para prevenir daños reparables, La Ley, DCCyE, 2011 (diciembre), 87). El autor propone una fórmula superadora de aquella que se han diseñado en el derecho comparado (en particular, las propuestas por la doctrina estadounidenses a partir de los desarrollos del Análisis Económico del Derecho) y en la que se revisan los presupuestos de hecho que justifican el cálculo, enmendando variables que descansan en supuestos irreales que carecen de base teórica y práctica que los justifique (v.gr. la coincidencia entre el daño causado y la indemnización fijada en casos de daños irreparables; o la probabilidad del 100% de condena por daño punitivo de existir una condena por indemnización, etcétera).
El cálculo diseñado procura que el costo privado del empresario coincida con el costo social total del producto que ofrece: si además de su condena por indemnización la empresa también posee una condena esperada adicional por daños punitivos entonces en el futuro preferirá corregir su conducta. De ese modo, deja de resultarle provechoso inobservar el comportamiento debido. [Irigoyen Testa, M. Monto de los daños punitivos para prevenir daños reparables. La Ley, DCCyE, 2011 (diciembre), 87]. La fórmula es la siguiente: D = C x [(1 - Pc) / (Pc x Pd)], donde: D = es la cuantía de los daños punitivos a determinar; C = es la cuantía de la indemnización compensatoria por daños provocados; pc = es la probabilidad de ser condenado por la indemnización compensatoria de daños provocados; pd = probabilidad de ser condenado por daños punitivos, condicionada a la existencia de una condena por indemnización compensatoria.
En el caso en estudio, y al solo efecto de realizar el cálculo -y estimando en pesos, a la fecha, el equivalente en dólares del valor de reposición del rodado y sumándole el resto de las indemnizaciones en pesos, según el resultado de este fallo-, calcularé que el total [C] asciende a un aproximado de $41.000.000 comprensivo de todos los rubros que integran la condena. La probabilidad de que un cliente, en las mismas circunstancias que la Sra. Acosta Cortez demande a su compañía de seguros por la falta de pago de la indemnización y obtenga una condena que le procure una reparación por los daños ocasionados [Pc] la estimaré en 90% lo que significa que nueve de diez asegurados afectados por un hecho de esta naturaleza asumirían los costos y el esfuerzo que implica transitar un proceso de mediación e iniciar el juicio a la espera de un resultado favorable; la probabilidad matemática equivale entonces a 0,9 (90/100). Luego, la probabilidad de condena por daños punitivos [Pd], considerando la debilidad sustancial y probatoria de las defensas de la demandada (sumado a la ya mencionada irregularidad en la producción probatoria extrajudicial), la estimaré en un porcentaje también alto, de un 90%. El valor de esa probabilidad, al realizar el cálculo, será de 0,9 (90/100).
Entonces, aplicando al caso la fórmula «D = C x [(1 - Pc) / (Pc x Pd)]» resulta que D=$41.000.000 x [(1-0,9)/(0,9x0,9)]; luego se sigue que D=$41.000.000 x (0,1/0.81); finalmente, D=$41.000.000 x 0,123. El cálculo arroja un total de $5.043.000. Ello equivale, actualmente, 8,03 canastas básicas total hogar 3, a enero de 2024, según información oficial del INDEC en su informe del 16/02/2024 (https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/canasta_02_24268C662631.pdf, pág. 8). Esta última es la modalidad de condena mediante la cual debe abonar la multa civil la demandada (arts. 47 y 52 bis de la Ley 24.240, modif. por Ley 27.701).
Es importante destacar que ambas probabilidades contenidas en el cálculo (la de resistir un juicio en el que resultará vencida [Pc], y la de ser condenado por DP [Pd]) obedecen a estimaciones realizadas sobre la base de la experiencia que, como tales, son completamente opinables. Pero las críticas que pudieren efectuársele a esas consideraciones no son achacables al cálculo matemático propiamente dicho ni a la base conceptual que le da sustento, sino a la operación que he realizado consistente en cuantificar una probabilidad contando con muy poca o ninguna información. No tengo manera de saber con precisión -sino solo de presumir o estimarlos cálculos especulativos de la accionada con los que analizó los costos y beneficios de uno u otro camino de acción (y a partir de los cuales eligió finalmente la conducta que implicó incumplir, no preocuparse por arribar a una solución extrajudicial y someter a años de proceso judicial para darle un resarcimiento a su cliente).
Quiero decir con ello que las objeciones que pudieran hacérsele a estas estimaciones no son demostrativas de una debilidad del cálculo sino de una virtud: las variables al ser explicitadas en el fallo pueden ser susceptibles de control. La solución alternativa sería establecer un monto con base en la sola "prudencia" judicial, lo cual consistirá en no más que una capciosa manera de esquivar el problema, omitiendo consignar en el fallo cálculos -conscientes o inconscientes- que necesaria e inevitablemente giran en la mente del juzgador al adoptar una solución y no otra (c. 168199 -"Gastiarena, Daiana..."- sent. del 10/10/2019; c. 173424 -"Díaz, Lila del Carmen..."- sent. del 08/03/2022).
He enfatizado en otra oportunidad, y creo necesario reiterarlo aquí, que, si una suma de dinero es el resultado de la ponderación "prudente y razonable" de un conjunto de variables, no cabe sino concluir que algún tipo de operación matemática ha tenido lugar en el razonamiento del juez al momento de adoptar su decisión. Ese resultado numérico final es tal respecto de algún cálculo previo que le ha dado sentido.
Y si ello es así, y no dudo que lo sea, el problema no radica en verdad en la disyuntiva de usar o no usar fórmulas matemáticas, sino que el debate pasa por definir qué tipo de cálculos creemos que deben utilizarse para realizar correctamente esa tarea y si acaso consideramos valioso exigirle al juez que motive su decisión explicitando el tipo de operación matemática realizada (que, seguramente, puede ser representada por una fórmula por simple que sea) y detallando el valor que le asignó a cada una de las variables escogidas, posibilitando a las partes corroborar y eventualmente criticar el resultado obtenido en instancias recursivas (mi voto en causa “Paco Beltrán”, Sala I, c. 164.033, del 21/08/2018).
Estas ideas se acompasan con lo que este Tribunal viene diciendo desde hace más de siete años sobre el uso de fórmulas para la cuantificación de daños personales por incapacidad o muerte (Sala II, c. 161.169 -"Ruiz Díaz, J. c. Kreymeyer, I."- del 18/08/2016, entre otros).
La utilización de las fórmulas matemáticas no hace desaparecer la compleja y fundamental tarea de justipreciar concienzudamente la prueba producida por las partes y asignar valor a cada una de las variables que ella contempla. Todo lo contrario, esa carga intelectual y argumental se intensifica enormemente, obligando al juzgador a explicitar en su sentencia todos y cada uno de los pasos que componen su razonamiento: qué variables ha tenido en cuenta, qué valor les ha asignado y cómo las ha interrelacionado a través de un cierto modelo de cálculo.
La virtud de este modelo de decisión consiste entonces en reducir lo máximo posible el margen de discrecionalidad que se genera al momento de determinar el contenido económico de un crédito resarcitorio. Es loable -y socialmente preferible- que los jueces tengamos la carga de argumentar más y mejor nuestras decisiones y debemos buscar y promover herramientas que permitan lograr ese objetivo (mi voto en causa “Paco Beltrán”, Sala I, c. 164.033, del 21/08/2018 y Sala II, causa “Caballero”, c. 168.070, del 08/10/2019). Todo ello no hace más que consolidar el postulado preambular de afianzar la justicia.
Por todo lo dicho hasta aquí, tanto en relación a la aplicación de la sanción reclamada como a la justificación del monto elegido, propondré al acuerdo modificar la cuantía de la multa, la cual ascenderá al equivalente a 8,03 canastas básicas totales hogar 3 según el último valor informado por el INDEC a la fecha en que se liquide el crédito. Los intereses moratorios que eventualmente devengue ese capital se liquidarán a la tasa indicada en el apartado siguiente (arts. 47 y 52 bis de la Ley 24.240, modif. por Ley 27.701, 768.c y 1748 del CCyC; c. 171747 -"Martinez, Marcos A."- sent. del 11/11/2021; c. 168199 -"Gastiarena, Daiana..."- sent. del 10/10/2019; c. 173424 -"Díaz, Lila del Carmen..."- sent. del 08/03/2022).
III.6. Sobre los intereses moratorios III.6.a. La jueza de primera instancia estableció que la indemnización por el valor de reposición del vehículo (que, en el fallo, fue fijado en una deuda en dólares), se deben liquidar intereses moratorios a la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en depósitos en dólares a treinta días. Aplicó la doctrina legal de la Casación en el caso “Panettieri” (C. 123.306, del 25/11/2020).
Luego, para el resto de los conceptos que integran la condena, aplicó las tasas fijadas por la Suprema Corte en los fallos "Vera, Juan Carlos" (C. 120.536, del 18/4/2018) y "Nidera S.A" (C.121.134, del 3/5/2018). Esto es, 6% anual desde la mora y hasta la fecha de la sentencia, y desde allí y hasta el efectivo pago, a la tasa pasiva más alta que paga el banco público bonaerense en depósitos a treinta días. En el caso del daño punitivo, estableció que el interés moratorio solo se devengará en caso de incumplimiento de condena.
La actora formuló dos objeciones sobre el modo en que la jueza ordenó liquidar los intereses por mora. En lo que respecta al valor de reposición, considera que la tasa es baja y que el error de la magistrada consistió en considerar que la deuda era de dar moneda extranjera cuando, en verdad, era de valor y debe aplicarse un 6% anual. Luego, en su tercer agravio, pidió que “a la condena en pesos se le apliquen los intereses a tasa de descubierto en cuenta corriente del Banco de la Provincia de Buenos Aires”, de conformidad con el precedente “Melegari” de esta Sala. III.6.b. La queja prospera parcialmente.
Para tratar la primera objeción, referida al valor de reposición, debo reiterar lo dicho sobre el tipo obligacional aplicable al crédito de la actora. La obligación de la aseguradora es de valor, cuyo objeto está expresado en moneda sin curso legal (art. 772 del CCyC). Esto significa que el objeto debido se expresa en una cantidad de moneda extranjera, pero el pago necesaria y forzosamente debe ser realizado en pesos, merced al sistema de conversión que regula el art. 772 del CCyC.
Es cierto que en el "Panettieri" (SCBA, C. 123.306, del 25/11/2020), que la magistrada cita en su sentencia, la Suprema Corte no evaluó deudas de valor expresadas en moneda extranjera, sino que allí de dirimió una típica obligación de dar dólares estadounidenses que debían ser restituidos como consecuencia de la resolución de un negocio inmobiliario.
Pero esta Sala ya ha resuelto que esa misma solución es la que corresponde adoptar para deudas de valor cuyo objeto se expresa en una cantidad de moneda extranjera (c. 161721, del 27/09/2022).
En el precedente citado, y en opinión que este Tribunal ha hecho propia, el Ministro Soria afirmó que: (a) no resulta aplicable la doctrina de los fallos “Vera” y “Nidera” a supuestos de deuda de moneda extranjera porque la distinción entre tramos de tasas (una pura, desde el hecho hasta la cuantificación del valor, y la otra bancaria) refiere a deudas de valor cuantificadas a valores actuales en moneda de curso legal, y en ese proceso se dirime una deuda expresada en moneda extranjera, equiparadas a las dinerarias según la normativa del Código derogado (considerando «II.3.b.»); la alusión a “operaciones expresadas en monedas fuertes” en los fallos “Vera” y “Nidera” no es argumento suficiente para aplicar la doctrina allí fijada a deudas expresadas en ese tipo de divisas; y; (b) aun tratándose de una deuda de valor expresada en moneda sin curso legal (como lo prevé el art. 772 del CCyC), tampoco correspondería aplicar la doctrina de “Vera” y “Nidera” y la tasa pura del 6% anual. Esa alícuota pura «tuvo en consideración la circunstancia dirimente de su fijación en moneda de curso legal en la República», por lo que cabe descartar aplicaciones mecánicas de esa solución al caso de obligaciones de dar moneda extranjera (ello, además, en razón de que aquella tasa pura redundaría en un «reconocimiento desproporcionado de accesorios en su cotejo con los intereses que se ofrecen para las operaciones en dólares estadounidenses en la plaza bancaria del país» -considerando «II.3.b.ii» del voto del Ministro citado).
Lo dicho me lleva a confirmar -aunque con otros motivos- la decisión de la jueza de aplicar la doctrina del caso “Panettieri” a deudas de valor cuyo objeto está expresado en moneda sin curso legal (arts. 768.c y 722 del CCyC). El agravio de la actora, que a este punto refiere, debe ser desestimado.
III.6.c. Dicho lo anterior, considero fundada la queja de la recurrente referida a la tasa bancaria aplicable al resto de los conceptos que integran la condena, distintos del ya analizado valor de reposición.
Esta Sala se apartó de la doctrina legal fijada por la Suprema Corte en los casos “Ponce” (C.101.774), “Ginnossi” (L. 94.446, ambas del 21/10/2009) y “Cabrera” (c. 119.176 del 15/06/2016) brindando un amplio abanico de razones por las cuales debía escogerse una tasa bancaria que asegure la reparación plena (o la mejor reparación posible) del daño moratorio, propósito que no se cumple satisfactoriamente de utilizar una tasa pasiva como la que utilizó la jueza en su fallo, prevista para operaciones bancarias de bajo riesgo (c. 167.589, -"Melegari, Bernardo...” del 16/4/2020). Sostuve allí, junto al Dr. Loustaunau, que en el caso “Salinas” (C.117.292 del 01/04/2015) la Casación insistió en que sus pronunciamientos tienen efectos vinculantes sumamente fuertes respecto de las demás instancias, no obstante agregó que «resolver de una forma contraria a lo que en ellos se establece (lo que, por supuesto, es posible) exige que sean exhibidas razones convincentes, decisivas y atinentes de opuesto sentido» [de fecha más reciente, véanse C.118.968, "Torres", del 15/07/2015 y C. 120.890, "Canales", del 18/04/2018, el resaltado me pertenece].
De lo dicho se sigue que el deber moral e institucional de seguir al pie de la letra la doctrina legal de la SCBA (dejando a salvo la opinión personal del juez, si fuere distinta) no excluye un razonable margen de decisión para que los tribunales puedan resolver en modo diverso, prerrogativa que queda condicionada a que existan -y se vuelquen en el fallo- motivos fundados para así hacerlo.
Agregamos que «la tasa de interés moratorio judicial -aquella que regulan los arts. 622 del Código Velezano y 768.c del Código Civil y Comercial- tiene que ser entendida como una reparación del costo de sustitución del capital debido por el deudor. Es una indemnización de un daño emergente que se identifica con el valor que [debemos presumir que] pagó el actor para acceder al crédito con el propósito de reemplazar un capital que estaba destinado al consumo de bienes y servicios. De ello se sigue que la tasa que corresponde utilizar para liquidar los intereses moratorios -allí donde no hay tasa legal o pactada- es de tipo activa (la que -presumimos que- percibió el banco y que pagó el actor para procurarse el dinero que se le adeuda)». Señalé que «no es posible indemnizar el daño moratorio si el resultado que se sigue de liquidar el capital con una cierta tasa de interés arroja un rendimiento negativo (es decir, el poder adquisitivo de la suma resultante es inferior al que tenía originalmente el capital de condena a la fecha de la mora -o, tratándose de obligaciones de valor cuantificadas por guarismos actualizados, a la fecha en que operó esa conversión-). Una tasa que genera resultados negativos no conlleva reparación alguna y, peor aún, asegura la pérdida parcial del poder adquisitivo del capital al cual accede y genera incentivos sumamente negativos en el proceso (abuso de proceso, dilación maliciosa del demandado, financiación judicial, litigiosidad, etc.).». Luego, y «como consecuencia de lo anterior, en contextos inflacionarios como los que rodean al proceso civil bonaerense desde hace casi dos décadas, el juez debe escoger una tasa activa que asegure en el mediano y largo plazo -esto es, en los tiempos que insume normalmente un pleito- un rendimiento positivo, entendiéndose por tal a un resultado que sea superior al valor actualizado del capital de condena.» (fallo cit.).
Expliqué además que el uso de tasas activas para liquidar intereses moratorios no constituye ninguna forma de repotenciación -ni explícita ni encubierta- dado que toda tasa, pasiva o activa, internaliza algún sistema de actualización y ello es un recaudo sine qua non para que pueda funcionar como tal en economías inflacionarias. El Código Civil y Comercial, al contemplar su uso en créditos alimentarios -art. 552-, permite concluir que no es una práctica que viole los arts. 7 y 10 de la Ley 23.928. Por lo demás, tampoco puede afirmarse que el acreedor recibe “un plus” indebido dado que si se admite que es más probable que el acreedor hubiera destinado el dinero que se le adeuda al consumo y no a la inversión bancaria, el mentado “plus” o cualquier otro componente o escoria de las tasas activas serán, en definitiva, elementos que constituyen el costo que debió asumir el actor para procurarse la sustitución del dinero que el deudor no quiere o no puede pagarle. Es decir, forma parte del interés compensatorio que abonó por la modalidad de financiación a la que debió acudir para ese fin (fallo cit., cons. «III.3.e»).
No parece coherente objetar el uso de tasas activas para liquidar intereses moratorios so pretexto de que ello importaría un mecanismo solapado de indexación vedada por ley (arts. 7 y 10 de la Ley 23.928) cuando en paralelo se le permite a las entidades financieras utilizarlas para percibir el rédito de sus productos financieros (mediante alícuotas activas que, previsiblemente, contienen una prima por desvalorización del dinero prestado).
Se dijo que «no importa aquí que en un caso la tasa se use para tarifar el daño moratorio (interés moratorio o punitorio) y en otra para calcular el precio de un producto financiero (interés compensatorio): la supuesta repotenciación del capital operaría indistintamente en ambas operaciones y no encuentro razones válidas para permitirlo en un caso y censurarlo en el otro. La amplitud de la prohibición de los arts. 7 y 10 de la Ley 23.928 tampoco permitiría generar distingos entre ambos supuestos» (fallo cit., cons. «III.3.c.iii»).
En el precitado caso “Melegari” la Sala Segunda no se apartó de la doctrina legal fijada en “Vera” y “Nidera S.A.” —y la decisión de la Casación de utilizar una tasa pura en deudas de valores cuantificadas a valores actualizados, que va desde la mora hasta la cuantificación— sino que se limitó a apartarse del tramo referido a la tasa bancaria: en lugar de una tasa pasiva, se fijó como tasa moratoria a la que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus descubiertos en cuenta corriente en pesos, sin acuerdo. La elección no solo se sustentó «en el resultado positivo -y no exageradamente elevado- que reporta el uso de esta tasa en el cuadro de evolución, sino porque además la cuenta corriente y la financiación -que ella permite en su descubierto- constituye una opción bancaria disponible para el público en general, y no está reservada para un uso exclusivamente empresarial y comercial» (mi voto, causa “Melegari”, cit.).
Por estas razones, propondré al acuerdo liquidar los intereses moratorios de los restantes resarcimientos aplicando una tasa pura del 6% anual desde la fecha de mora fijada en la sentencia y hasta el momento de la cuantificación de cada rubro (la fecha de la sentencia en el caso del daño moral; la fecha de esta sentencia, en el caso de la privación de uso), y de allí en más, y hasta el efectivo pago, se utilizará la «tasa activa descubierto en cuenta corriente» [según su denominación en el calculador de intereses de la web de la SCBA] y que es aquella que publica periódicamente el banco público provincial en cuadro IV del documento «Tasas de consulta frecuente» correspondiente al descubierto en cuenta corriente sin acuerdo en pesos, sin capitalización (art. 622 del CC y 768.c del CCyC; SCBA, C. 120.536, -"Vera, Juan Carlos"- 18/04/2018 y C. 121134 -"Nidera S.A."-del 03/05/2018).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo: Corresponde: I) Hacer lugar al recurso de la parte actora, modificando la sentencia del siguiente modo: (a) el valor de reposición del rodado siniestrado se incrementa a un total de U$D25.170.-, el cual se convertirá a pesos mediante el tipo de cambio enunciado el considerando «III.2.b.» del voto preopinante (art. 772 del CCyC); (b) el daño punitivo también se incrementa al equivalente en pesos de 8,03 canastas básicas totales hogar 3 según el último valor informado por el INDEC a la fecha en que se liquide el crédito; (c) el daño emergente derivado de la privación de uso se incrementa a un valor de referencia de $9.500 por día y se liquidará hasta que la demandada abone el valor de reposición del rodado; (d) la tasa bancaria pasiva fijada en la sentencia de primera instancia se modifica por la «tasa activa descubierto en cuenta corriente» [según su denominación en el calculador de intereses de la web de la SCBA] y que es aquella que publica periódicamente el banco público provincial en cuadro IV del documento «Tasas de consulta frecuente» correspondiente al descubierto en cuenta corriente sin acuerdo en pesos, sin capitalización, todo ello de conformidad con lo establecido en el considerando «III.6.c.» (art. 768 del CCyC). II) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte demandada, aplicando al valor de reposición del rodado el límite de cobertura previsto en la póliza, actualizado mediante las pautas establecidas en el considerando «III.2.c.»;
III. Imponer las costas de segunda instancia en un 90% a la demandada y en un 10% a la parte actora, de conformidad con el resultado obtenido (art. 68 del CPCCBA); IV) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos En consecuencia, se dicta la siguiente:
Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo se resuelve: I) Hacer lugar al recurso de la parte actora, modificando la sentencia del siguiente modo: (a) el valor de reposición del rodado siniestrado se incrementa a un total de U$D25.170.-, el cual se convertirá a pesos mediante el tipo de cambio enunciado el considerando «III.2.b.» del voto preopinante (art. 772 del CCyC); (b) el daño punitivo también se incrementa al equivalente en pesos de 8,03 canastas básicas totales hogar 3 según el último valor informado por el INDEC a la fecha en que se liquide el crédito; (c) el daño emergente derivado de la privación de uso se incrementa a un valor de referencia de $9.500 por día y se liquidará hasta que la demandada abone el valor de reposición del rodado; (d) la tasa bancaria pasiva fijada en la sentencia de primera instancia se modifica por la «tasa activa descubierto en cuenta corriente» [según su denominación en el calculador de intereses de la web de la SCBA] y que es aquella que publica periódicamente el banco público provincial en cuadro IV del documento «Tasas de consulta frecuente» correspondiente al descubierto en cuenta corriente sin acuerdo en pesos, sin capitalización, todo ello de conformidad con lo establecido en el considerando «III.6.c.» (art. 768 del CCyC). II) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte demandada, aplicando al valor de reposición del rodado el límite de cobertura previsto en la póliza, actualizado mediante las pautas establecidas en el considerando «III.2.c.»; III) Imponer las costas de segunda instancia en un 90% a la demandada y en un 10% a la parte actora, de conformidad con el resultado obtenido (art. 68 del CPCCBA); IV) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); IV) REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE a las partes y al Ministerio Público en los términos del art. 10 del Anexo I -«Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos»- del Ac. 4039/21 de la SCBA). Oportunamente, devuélvase.
Fin de la sentencia