Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 180507
Expediente n. ° 180.507 Juzgado n.° 12
En la ciudad de Mar del Plata reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos: “ DOWNIE, Débora Paola c. LA MERCANTIL ANDINA s. CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ”. Habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó del mismo que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau, Ricardo D. Monterisi y Rodrigo H. Cataldo.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
2. ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo :
I: En la sentencia del 30 de abril de 2024, el Sr. Juez de primera instancia hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios y condenó a la Compañía de Seguros La Mercantil Andina S.A. a pagar a la actora la suma de pesos tres millones doscientos sesenta mil ($ 3.260.000), más el equivalente a diez (10) canastas básicas total para el hogar 3 que publica el INDEC, al tiempo que quede firme la sentencia, con más intereses y costas.
Difirió para la etapa de ejecución de sentencia, la fijación del monto indemnizatorio en concepto de sumas convenidas en la póliza, desestimó el pedido de aplicación de la tasa activa, declaró la ineficacia de la cláusula referida a la “privación de uso”, rechazó la falta de legitimación activa opuesta por la accionada, y declaró la inconstitucionalidad del art.7 de la ley 23.928, para hacer lugar al pedido de actualización del capital de condena.
Apeló la demandada, y el recurso que le fue concedido en relación y con efecto devolutivo, fue fundado y respondido.
II : El recurso se compone de una detallada introducción general y cuatro agravios particulares.
II.1 : En la introducción, el apelante relata diversos hechos que jalonaron este proceso, que ensamblan con su conclusión – previamente expuesta- conforme la cual, su derecho al debido proceso se ha visto “ violado y degradado ” “ como pocas veces ha visto ”, “ bajo el efugio de la protección de un consumidor, figura esta que parece estar arrasando con toda norma que se anteponga a su satisfacción más que a un derecho ”.
Con ese fin destaca que el único medio propuesto para probar la destrucción total del vehículo reclamada por la actora, fue un presupuesto de Autosiglo S.A., al cual su parte opone un informe del “estudio Ianino”, destacando que a la actora le incumbía probar que los daños sufridos superaban el 80% del valor del vehículo al contado en plaza.
Exhibe su sospecha acerca de cómo ocurrió el siniestro al preguntarse por qué razón la actora no demandó al conductor, ni brindó sus datos, o los del vehículo que lo chocó. Explica que el presupuesto de Autosiglo S.A. quedó probado, pero no así su correspondencia con los daños ocasionados por el siniestro, correspondencia que no se puede presuponer, ya que son distintos a los que se ven en las cuatro fotografías que califica como “superficiales”.
Relata que la primera pericia realizada por la Ingeniera Alabart determinó que los daños en el vehículo ascienden al 76,2% , por lo que no hay destrucción total que habilite el reclamo, y que las explicaciones solicitadas por la actora fueron desistidas, y ante el pedido de sentencia con la prueba producida “ el rechazo de la demanda venía como única solución ”, y “ siendo evidente tal resultado, el a-quo dictó una medida para mejor proveer que alteró de manera absoluta el curso de la litis, en clara violación del principio dispositivo, supliendo la actividad de la actora ”.
Pide la nulidad de esa pericia, en razón de que entiende que el primer informe pericial fue consentido por la actora, cuando desistió del pedido de explicaciones que había formulado. También critica la misma pieza señalando que el nuevo perito tomó valores actuales, que se contradice con la pericia anterior respecto a la guarda del vehículo, que no se citó a su parte a la inspección, y que sus respuestas son insostenibles, ejemplificando con la referida a la necesidad de sustitución de cada repuesto presupuestado por Autosiglo.
Pide que se revoque la sentencia y se rechace la demanda.
II.2 : En relación a los rubros del daño que han progresado, considera que es “impropia y genérica” la invocación de las normas de la ley de defensa del consumidor.
Entiende que para hacer procedentes algunos rubros, el Sr. Juez “formula citas jurisprudenciales e invocaciones de normas del derecho del consumo que terminan por “arrasar” con el ordenamiento jurídico todo”, aplicando el principio de “in dubio pro consumidor” para admitir la reparación de los daños, cuando el consumidor tiene el mismo derecho a ser indemnizado que “cualquier otro mortal cuyo sufrimiento como víctima debe probar de manera cierta”.
En relación al daño moral, y luego de citar críticamente un antecedente de la Sala primera de este Tribunal (voto del Dr. Rodrigo Cataldo) reitera que “estamos viviendo una “época” donde pareciera que bajo el amparo del estatuto consumeril se permite todo”, para luego afirmar con llamativa contundencia que “el daño no se presume aunque sí puede serlo su alcance”, y terminar esa parte criticando la admisión del daño moral derivado del incumplimiento de la aseguradora, en cuanto su progreso se funda en la pericia psicológica, que – destaca- se limita a transcribir los dichos de la actora en la respectiva entrevista.
Afirma que “el daño moral no tiende a resarcir malestares subjetivos en tanto no resulten objetivables y posean entidad suficiente”, tras lo cual expresa que la “defraudación” atribuida a su mandante no es tal, en tanto la aseguradora se limitó a rechazar un siniestro cuya ocurrencia real está “rodeada de misterios”.
II.3 : Impugna también los gastos de garaje que han sido llevados de los $ 2.000 acreditados mediante el testigo Pellegrini, a la suma de $ 200.000 sin más explicación que el cálculo a “valor actual”, destacando que ese mismo testigo no reconoció los recibos y que sólo corresponde aplicar la tasa pasiva conforme la doctrina legal de la SCBA, crítica que luego extiende al resto de los rubros.
Ataca el daño punitivo, que sólo puede proceder ante supuestos de incumplimiento grave, y considera justificado el rechazo del siniestro.
Finalmente se agravia de la declaración de inconstitucionalidad del art.7 de la ley 23.928, efectuada de oficio por el Sr. Juez, entendiendo que viola el principio de congruencia, requisito este que se ha destacado especialmente en la sentencia del caso “Barrios” en el aparado V.17.d, pidiendo que se revoque.
III : El recurso prospera sólo respecto a la declaración de inconstitucionalidad.
III.1 : El incumplimiento de la aseguradora demandada ha quedado acreditado.
La revisión de las dos pericias de ingeniería, del presupuesto adjuntado por la actora, y del informe del “ Estudio Iannino: Servicio integral de siniestros para Cia. De Seguros ”, no autorizan otra conclusión que no sea la manifiesta sinrazón de la aseguradora demandada al negarse a indemnizar el daño total producido al vehículo asegurado.
a) Conforme los dichos de la demandada, el rechazo del siniestro tanto en la etapa extrajudicial como en este proceso, se basó en el aludido informe del “ Estudio Iannino: Servicio integral de siniestros para Cia. De Seguros ” (punto II. Párrafo 8 de su escrito de expresión de agravios), cuya fragilidad no permite sostener la negativa de la aseguradora.
En su primera conclusión, ese informe toma un valor de $ 765.000 para el auto siniestrado, e incluye en el cómputo del porcentaje de destrucción el valor de los restos del auto.
La valuación del automotor que el “ servicio integral de siniestros para aseguradoras ” usó para el caso, solo está refrendada con una referencia a “Info autos (junio 2020)” (sic), sin ninguna otra especificación elemental que permita constatar la página, a la fecha correspondiente, o comprobar la veracidad del precio que se le atribuye, o la seriedad de la fuente que se invoca. Tampoco corresponde incluir el valor de los restos en la cuenta acerca de la destrucción total, contrariando la descripción de la cuenta hecha en la condición general CG-DA 4.2. “Daño total”.
En la segunda conclusión, y ya sin computar el valor de los restos del auto, el mismo estudio Iannino informa que el costo de la reparación del vehículo asegurado es de $ 409.912, y para ello agrega una hoja sin membrete en el que dice “Observaciones: Repuestos cotizados en Autosiglo”, sin el mínimo indicio de autenticidad de esa referencia, sin señalar cuál es el taller que ha emitido el presupuesto, y sin ratificación alguna de la concesionaria oficial Autosiglo a lo largo de este proceso.
Esa hoja simple y sin membrete, que se opone aquí, y ante el desconocimiento que hizo la actora al responder el respectivo traslado, solo ha sido ratificada por otra hoja (igualmente simple y sin membrete), que contiene una firma ilegible con aclaración en birome también ilegible, en la que solo se alcanza a leer “Iannino”, y aparenta ser del propio emisor (o emisora) del informe. Allí no obra ninguna ratificación de Autosiglo que tenga por ciertos los valores del presupuesto que se le atribuyeron.
Esa hoja (simple, sin membrete ni ratificación de la concesionaria invocada) debe confrontarse con el presupuesto que acompañó la actora, con membrete y sello de la concesionaria oficial de la marca Toyota, Autosiglo, que incluye copia de la factura por el servicio consistente en emitir el presupuesto, y ambos documentos han sido ratificados en su autenticidad el 21 de diciembre de 2021 por la apoderada de la concesionaria.
b) Ambas pericias, tanto la de la Ingeniera Alabart como la del Ing. Deniro, consideran que el presupuesto agregado por la actora se corresponde con los elementos dañados del vehículo asegurado, y se encuentran dentro de precios aceptables de repuestos y mano de obra (respuesta b de la Ing. Alabart) y “que coinciden con los daños y valor a la fecha de su emisión” (respuesta 2 Ing. Deniro).
No hay duda entonces que para ambos peritos el válido es el presupuesto de Autosiglo acompañado por la actora, que contradice el informe del “Estudio Iannino”.
Resultan dudosos en cambio los datos consignados por la Perito Ing. Alabart para obtener el porcentaje de destrucción del automotor, ello en cuanto toma el valor del auto ($ 2.611.667) a la fecha de su informe (10.04.22), sin otra referencia que “ACARA”, y dice haber reajustado el presupuesto de Autosiglo del 24.08.2020, tal como lo hace el Tribunal de Tasación de la Nación, aunque sin especificar cuál es el índice usado para arribar a un total de $ 1.990.153,2.
De todos modos,es evidente que la Ing. Alabartdejó el porcentaje abiertoalaclarar que los precios se encuentran dentro de “ un entorno o franja de +/- 5% ”, y que al comenzar los trabajos se pueden encontrar partes dañadas que no se habían cotejado ” (respuesta B al cuestionario de la actora), por lo que ese 76,2% de destrucción que estimó, se puede ver disminuido o aumentado en un 5% (3, 8% del total), sin perjuicio de otro aumento que derive de que “al comenzar los trabajos se encuentren partes dañadas que no se habían cotejado”.
Los valores deben cotejarse a la fecha del siniestro, conforme lo establece la condición general CG-DA 4.2. “Daño Total”.
La concesionaria oficial informó que el valor del auto a la fecha del siniestro era de $ 1.017.500 (ver respuesta del 14.12.21 al pedido de aclaración de la demandada), por lo que el costo $ 1.015.384,37 que ambos peritos han estimado correcto, representa 99,79% del valor del auto.
La conclusión anterior coincide con el perito Ing. Deniro que en su respuesta 5, y sobre los valores actualizados que previamente informó, considera que el costo de reparación supera el 80% del valor actual del auto, y no difiere de lo que surge de una lectura contextual de la pericia de la Ing. Alabart, como se ha hecho más arriba.
Aquí cabe concluir que la primera pericia tampoco le brinda la razón a la aseguradora, ni avala su negativa a cumplir el contrato de seguro.
Ninguna violación, ni degradación de la defensa en juicio puedo apreciar en el caso.
Antes de la designación de un nuevo perito, hubo tres intimaciones previas pedidas por la actora para que la Ing. Alabart explique los puntos que presentaban conclusiones abiertas (aumentos de valor de repuestos, partes dañadas que solo se descubren al comenzar los trabajos de reparación), susceptibles de variación en más o menos, y señale cuales fueron los concesionarios que brindaron el valor del auto.
No hubo respuesta.
En esa situación el Juez no podía fundar su decisión en una pericia que informa un porcentaje de destrucción, que puede elevarse en un 3,8 % y alcanzar o superar el 80% por dos motivos diferentes, que bien podían concurrir.
La medida para mejor proveer que el Sr. Juez dispuso, resultaba entonces necesaria para esclarecer la verdad material, y se fundó en que la ley procesal faculta a los magistrados a ordenar diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes (art. 36.2 del CPCCBA), prerrogativa que ha sido convalidada por la jurisprudencia de la Corte Federal (CSJN, Fallos: 238:550 y 302:1611).
Tal como ha resuelto este Tribunal recientemente (causa 180.021 resolución del 15.08.24) “… es doctrina legal de la Casación bonaerense que «la adopción de medidas para mejor proveer para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos es atribución privativa de los jueces de mérito, y está librada a la iniciativa y prudente arbitrio de éstos (Ac 68781, "Aroca, Daniel Wilson c/Pérez, Miguel Angel s/Daños y perjuicios" del 22/03/2000; Ac. 48476 "Banco de Galicia y Buenos Aires c/Gaitán, Omar Alberto y otros s/Cobro Ejecutivo" del 16/06/1992). Es por ello que la decisión adoptada en ejercicio de tales prerrogativas es irrecurrible (esta Sala, causas Q-152123 –“Olazábal, Ramón..” del 03/10/2012, 170662 –“Muelas, Marcelo...”- sent. del 29/12/2020 del 03/10/2012, en igual sentido: Cám.2da. Civ. Com de La Plata, Sala III, c. 124179 -"Russo, Carmen.."- del 17/09/2018; Cám.Civ.Com. de San Martín, Sala I, -"Falchi, Claudio..."- sent. del 29/03/2016; Cám.Civ.Com. de Bahía Blanca, Sala II, c. 97553 -"Barrocal, Raúl..."- sent. del 03/12/1996). A su vez, la Suprema Corte ha enfatizado que el respeto por el derecho de defensa requiere que la producción y control de la medida quede sujeto a las reglas comunes de todas las pruebas (L. 60277, “Cardozo, José A. c/ Siderca SAIC s/ Accidente de trabajo”, del 17/06/1997, L.118.963, “Bernal, Ricardo c/ Transportes La Perlita S.A.” sent. del 9/08/2017).
En este caso, al igual que en el antecedente citado “el Tribunal ha ejercido esta prerrogativa con relación a un hecho alegado, conducente y controvertido por las partes (y sobre ese suceso los litigantes han tenido oportunidad de alegar libremente cuanto han estimado conveniente, ya sea sobre su acaecimiento o sobre sus efectos con relación a la pretensión actoral” (arts. 34.4, 362 y cctes. del CPCCBA).
III.2 : En lo que hace a los rubros del daño, no encuentro razones para apartarme la decisión tomada.
a) Es cierto que la prueba del daño está a cargo de quien lo invoca, pero la ley contempla excepciones en las cuales el daño se presume (daños legalmente ciertos y daños presumidos por la ley), o casos en que la prueba no es necesaria porque el perjuicio surge en forma notoria de los propios hechos (art.1744 CCyC).
Estas últimas son las llamadas presunciones hominis de daño, que se practican sobre elementos objetivos suministrados por la actora, y que como explicaba Matilde Zavala de González (“El proceso de daños” Hammurabi, Bs.As.1993 págs.187 y sig.) en muchos casos son “ daños forzosos o casi de rigor a partir de determinada situación lesiva; o sea son perjuicios evidentes in re ipsa (por la fuerza de los hechos mismos )”.
Eso es lo que sucede en este caso con el daño moral que deriva de la negativa injustificada de la aseguradora a reparar el daño, con fundamento en un informe que carece de la seriedad necesaria para justificar el rechazo del siniestro, y que no sólo es apto para generar un evidente daño moral, sino que también exhibe la manifiesta indiferencia de la accionada por los intereses de su asegurado que amerita la aplicación del daño punitivo.
La legitima expectativa de la actora respecto a que el deudor cumpla las obligaciones asumidas, se vio defraudada por la conducta de la demandada, tal como señaló acertadamente el Sr. Juez en la decisión apelada.
La misma autora que he citado más arriba enseñaba que “no se requiere un peritaje psicológico para acreditar la efectiva alteración del equilibrio espiritual del afectado” (autora y obra citados p.197), porque el daño moral no necesariamente coincide con una lesión psíquica que tenga como consecuencia daño moral o material.
Asimismo, y como señala la doctrina más relevante en la materia (Pizarro, “Daño Moral” edit. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe 2021, tomo I) la distinción entre la esfera contractual y la extracontractual respecto a la carga de la prueba del daño “ trasunta una concepción perimida del daño moral”, que ya era insostenible a partir de las reformas introducidas al Código civil derogado por la ley 17.711, pero que ahora carece directamente de asidero dado que -según expusimos oportunamente- el art.1741 del CCC contiene una regulación unitaria del daño extrapatrimonial aplicable por igual a las órbitas de responsabilidad ” (Picasso-Sáenz “Tratado de Derecho de daños”, edit.La Ley Bs.As.2019 tomo II p.560).
Existe una relación frecuente y constante entre algunas situaciones lesivas y el daño moral, enseña Matilde Zavala de González (“El proceso de daños” ob.cit. 198), y una de ellas es aquella negativa infundada a cumplir - cuando la expectativa de fiel cumplimiento de lo pactado corresponde a un contrato de ubérrima buena fe - que genera esa decepción, y ue provoca ese modo diferente de estar diferente, anímicamente perjudicial, en relación a cómo estaba la actora antes del rechazo del siniestro, para colmo de males amparado en un informe de escasa o nula seriedad, que parece armado con el solo objetivo de formalizar la excusa, y que ha dejado a la actora sin la reposición de su auto por casi cuatro años.
Al daño moral infringido a la asegurada, ya comprobado del mismo modo en que se acredita para todo damnificado tal como reclamó la aseguradora apelante, debe adicionarse que el actor es consumidor, y que como tal se encuentra amparado por un sistema protectorio de nivel constitucional, que es especial en razón de su debilidad frente al proveedor (Santarelli, Fulvio “Ley de defensa del consumidor” Edit.La Ley, Directores. Picasso-Vázquez Ferreyra Bs.As- 2009 pags.28 y 35 tomo I), y que contiene la posibilidad de desbaratar el aprovechamiento económico del ilícito mediante la aplicación de los daños punitivos, tal como se ha hecho acertadamente en la decisión apelada.
b) En relación a los gastos de garaje tampoco progresa el agravio.
En el punto “III: Objeto”, de su escrito de demanda, la actora dijo repetidamente que reclamaba “la actualización” y “los intereses a tasa activa” de todas las sumas reclamadas. Más adelante se refirió a las sumas convenidas en la póliza y pidió que fueran actualizadas a la fecha de pago y sentencia, y en relación a la privación de uso solicitó que el monto fuera calculado a la fecha en que se dicte sentencia, y reclamó lo que en más resulte de la prueba a producirse en cuanto a los gastos de garaje (VIII.4 del escrito de demanda).
Esta Sala II ha adoptado desde hace tiempo el criterio conforme al cual “los jueces se hallan facultados para fijar el quantum indemnizatorio tanto a la fecha del hecho como al momento de dictar sentencia y aún diferirl
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