Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 33594
Causa Nº MO-33594-2014 R.S.328/2019
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 19 de Diciembre de 2019, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "FLORES CARLOS ALBERTO C/ ARNAEZ ESTELA MARY S/CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES", Causa N º MO-33594-2014 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. La Sra. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 11 Departamental a fs. 330/8 dictó sentencia en la cual resolvió: 1º) Rechazar la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada Estela Mary Arnaez. 2°) Hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Carlos Alberto Flores contra Estela Mary Arnaez, condenando en consecuencia a ésta última a escriturar a favor del primero o a favor de quien éste indique, las 97/750 avas partes indivisas de los cinco lotes de terreno, ubicados en la Ciudad y Partido de Morón, Pcia. de Bs. As., con frente a la Avenida Hipólito Irigoyen, entre las de Boquerón y Balcarce, identificados catastralmente como Circ. I, Secc. F, Mza. 417 b), Parcela 1 p), Partida 183217, lotes 1e), 1 f), 1 g), 6 y 1 h), en el término de 30 días de quedar firme el fallo, con los apercibimientos pertinentes. 3°) Desestimar la pretensión deducida por la parte actora Carlos Alberto Flores por Daños y Perjuicios. 4°) Imponiendo las costas conforme lo decidido en el considerando séptimo. 5°) Difiriendo la regulación de honorarios para la oportunidad en que la resolución gane firmeza.-
2. Contra tal forma de decidir se alzaron ambas partes, concediéndose sus recursos libremente a fs. 344 y 347.-
Llegados los autos a la Cámara, la actora funda su recurso con su presentación electrónica de fecha 12 de Junio de 2019, replicada con el escrito de fs. 386/8.-
La demandada hace lo propio con el escrito de fs. 357/384vta., que no fue objeto de réplica.-
3. A fs. 390vta. se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
a) El recurso de la actora
Se queja la parte actora de la desestimación de la demanda de daños y perjuicios, argumentando que dicha pretensión nunca fue articulada y que el objeto del proceso fue siempre el cumplimiento del contrato, sosteniendo que era imposible el reclamo simultáneo de ambas cosas.-
Sosteniendo que el fallo no puede rechazar una pretensión que nunca fue reclamada, objetando -asimismo- la imposición de costas que se efectuó.-
Se queja la accionada del progreso de la demanda.-
Previo reseñar el caso y enumerar los agravios, introduce la nulidad del fallo, por falta de consideración de la existencia de una acción penal en trámite; argumentando en tal sentido.-
Posteriormente, cuestiona el fondo de lo decidido en la sentencia, enfocándose en la cuestión de la certificación de las firmas y argumentando, ampliamente, en cuanto a la nulidad, o inexistencia, de dicha certificación.-
Argumenta, seguidamente, en cuanto al vicio de la voluntad y sostiene que la firma del ficticio contradocumento fue puesta so pretexto de la firma de otro documento, reclamando se declare su inexistencia o nulidad.-
Por todas las consideraciones que efectúa a lo largo de su expresión de agravios, peticiona el rechazo de la demanda.-
A los términos de sendas fundamentaciones recursivas cabe remitirse brevitatis causae .-
Planteada como viene la cuestión, y a fin de dotar a mi razonamiento de la mayor claridad expositiva, iré desmenuzando los diversos temas que se someten a nuestro conocimiento y decisión.-
Ello no sin antes señalar dos cosas.-
La primera es que ambas expresiones de agravios sortean la valla del art. 260 del CPCC.-
La segunda es que la Sra. Juez de Grado ha fallado el caso a la luz de las previsiones vigentes al momento de suscribirse los instrumentos y de acontecer los hechos base de este proceso (ver fs. 332vta./333), en virtud de lo normado por el art. 7 del CCyCN, no existiendo agravios de las partes al respecto y siendo este, incluso, el temperamento que, en numerosas ocasiones, hemos mantenido desde esta Sala.-
Sentado ello, paso al análisis del caso.-
a) La nulidad de la sentencia
Debo comenzar el abordaje de los planteos traídos, refiriéndome a esta cuestión.-
En esencia, la demandada cuestiona que se haya dictado sentencia en sede civil sin aguardar la resolución de la IPP en trámite.-
Entiendo que son varios los motivos que convergen a la desestimación de la queja.-
El primero, la propia actuación de la recurrente.-
En efecto: la existencia de la IPP ha quedado evidenciada no a partir de un planteo de la accionada, sino a partir de lo actuado (oficiosamente) a fs. 324; allí, la Sra. Juez de Grado dicta un proveído mediante el cual, expresamente, hace saber a las partes de la llegada de dichas actuaciones.-
Ocurre que ninguna de ellas plantea nada , y es así como a fs. 329 se llaman nuevamente autos para dictar sentencia.-
Por lo demás, no dejo de advertir que la denuncia databa del mes de Marzo de 2018 (ver fs. 5 de la IPP).-
De este modo, en ningún momento medió formal petición de la accionada tendiente a la suspensión de las actuaciones (como ahora lo viene a sostener en sus agravios) y, además, consintió el llamamiento de autos para sentencia en estas condiciones, con los efectos saneadores y preclusivos del art. 482 del CPCC (ver esta Sala en causa 45.891, R.S. 252/03).-
Luego, considero improcedente (por tardío) venir a sostener, ahora, que la sentencia no debía haberse dictado o que sería nula, cuando nada planteó antes, e incluso consintió la convocatoria de los autos para ser sentenciados.-
Aflora, entonces, el principio procesal de conservación, que rige en materia de nulidades y cobra mayor intensidad cuando se trata de la nulidad de una sentencia (esta Sala en causa nro. 26479 R.S. 121/14, entre otras).-
Pero esto no es todo, pues hay otras razones mas que hacen a la repulsa del planteo.-
Cabe, ahora, recordar algunos conceptos vertidos en la causa nro. 56670 (R.S. 31/13) donde sostuve que
" de acuerdo a lo preceptuado en la norma del art. 1101 y sgs. del Código Civil, se establece una preeminencia de la sentencia penal sobre la sentencia civil, y así la primer norma estatuye la prohibición de dictar sentencia en sede civil hasta tanto no recaiga pronunciamiento definitivo en la acción penal que le hubiera precedido o que se hubiera intentado pendiente aquélla.-
Antes de ahora en esta misma Sala y con voto del Dr. Conde en la causa Nº. 18.766, R.S. 173 del año 1989, se sostuvo, posición que comparto, que en determinadas circunstancias, la aplicación estricta del art. 1101 puede constituirse en una verdadera trampa o burla legal para el presunto damnificado, pues so pretexto de evitar un eventual escándalo jurídico de pronunciamientos contradictorios, se genera uno mayor, como es el de privarlo del derecho a que su acción civil sea juzgada en tiempo razonable, prolongando indefinidamente el juicio.-
Se dijo también que en la causa "Ataka c/ González" -fallo que cita el recurrente en sus fundamentos- donde no se dictaba sentencia en sede civil por estar pendiente la acción penal, que la Corte Suprema de La Nación decidió que ello demostraba una dilación innecesaria en el trámite y decisión del juicio, y que ocasionaba agravio a la garantía constitucional del derecho de defensa, produciéndose una efectiva privación de justicia (conf. L.L., 154-85, doctrina de Fallos 246-87 y 272-188).-
Por otro lado se ha sostenido que es inherente al derecho a la jurisdicción un debido proceso y una sentencia oportuna, imparcial, justa, y que en definitiva el justiciable acude al Tribunal para que administre justicia, resolviendo su pretensión jurídica y si tal Administración de Justicia se inhibe, se estanca, o no llega a término con la sentencia debida, el derecho a la jurisdicción se frustra, pese que se haya accedido originalmente al Tribunal; que la duración del proceso debe ser "razonable", variable según la índole de la pretensión y del proceso, pero siempre circunstancialmente rápida, y que las demoras, las dilaciones, las suspensiones que conspiran sin razón suficiente contra la celeridad procesal son inconstitucionales; que cada etapa y acto del proceso deben cumplirse con rapidez y mucha más el acto y la etapa de la sentencia como broche final del proceso; que dilatar el proceso es impedir que el justiciable obtenga solución oportuna a su pretensión jurídica, y violar el derecho a la jurisdicción.-
Las normas imperativas y de orden público deben ser aplicadas coordinadamente con los principios generales del derecho y las normas de jerarquía constitucional que le atañen (arts. 31 y 18 de la Constitución Nacional), evitando caer en situaciones formales exageradas, que obviamente nada solucionan y transgreden normas de nivel superior ”. -
Ahora bien, si esto es así cuando el proceso penal pendiente no avanza (o lo hace lentamente) lo mismo cabe predicar de aquellos casos en los cuales la dilación obedece no ya tanto al órgano judicial, sino al propio accionar de las partes.-
Veamos esto.-
Las presentes actuaciones han sido iniciadas en 2015 (ver fs. 44vta.); la parte demandada está anoticiada de la pretensión actoril desde el mes de Agosto de 2016 (ver fs. 85) y se la tuvo que notificar bajo responsabilidad de la actora.-
Contesta demanda en Agosto de ese año (ver fs. 134).-
Pero luego, sorprendentemente, la denuncia penal se efectúa recién en Marzo de 2018 (casi dos años después).-
Y todavía hay mas porque desde esa fecha, la misma no tiene ningún tipo de impulso , hasta que en Octubre de ese año se dicta la sentencia.-
De este modo, es claro que -de acoger el planteamiento traído- se generaría una clarísima mácula a la tutela judicial efectiva que asiste al reclamante; y ello no se debería, siquiera, a la actuación de los órganos del fuero represivo, sino a la actuación de la propia demandada, quien efectuó su denuncia a casi dos años de conocer el reclamo que aquí se le formulaba y, posteriormente, se desinteresó totalmente de su tramitación; además de no haber intentado, siquiera, la suspensión de las presentes (como ya lo he señalado y argumentado).-
Así entonces, y por los fundamentos ya dados, entiendo que este agravio merece ser desestimado.-
b) El progreso de la demanda
Antes de comenzar a referirme al caso específico, es del caso traer a colación algunos (breves) conceptos en general, que nos permitirán situarnos mejor frente al caso.-
Sabemos que los actos jurídicos pueden ser simulados.-
El art. 955 del Código Civil estableció que " la simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas, que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten" .-
Ahora, en materia de simulación, entra en juego una figura específica: el contradocumento.-
El "contradocumento" es el instrumento en el cual las partes dejan constancia de la realidad en contraposición a la apariencia del acto (esta Sala en causa nro. 37742 R.S. 26/12).-
El art. 960 del Código Civil establece que " si hubiere sobre la simulación un contradocumento firmado por alguna de las partes, para dejar sin efecto el acto simulado, cuando éste hubiera sido ilícito, o cuando fuere lícito, explicando o restringiendo el acto precedente, los jueces pueden conocer sobre él y sobre la simulación, si el contradocumento no contuviese algo contra la prohibición de las leyes, o contra los derechos de un tercero. Sólo podrá prescindirse del contradocumento para admitir la acción, si mediaran circunstancias que hagan inequívoca la existencia de la simulación ".-
Sobre esta plataforma, y a fin de dar respuesta a los agravios de la accionada sobre el punto, me parece conveniente reseñar el objeto de la pretensión.-
El actor ha venido a relatar que, con fecha 12 de Junio de 1989, había celebrado con la demandada la venta de parte de un inmueble; y que, con fecha 18 de septiembre de 1989, se había suscripto un contradocumento, por el cual la accionada reconocía como verdadero propietario y único dueño del bien adquirido al actor, a quien transferiría el dominio de los lotes, cuando este lo solicitara.-
Dice, además, que la demandada le había conferido un poder al efecto, que luego revocó.-
Indicando que, frente a la negativa, viene a exigir que se cumpla lo establecido en el contradocumento (ver fs. 42vta./43).-
Es importante detenernos, aquí, para señalar que se ha traído el testimonio de la escritura de compraventa (fs. 20/4), el contradocumento (fs. 25/6) y testimonio del poder (ver fs. 27/9); como así también la Carta Documento mediante la cual se revocó el otorgamiento del poder (ver fs. 30).-
Ahora bien, cuando se presenta la demandada introduce una serie de cuestiones (fs. 125/134) y sostiene que el contradocumento en cuestion sería nulo.-
Pero, aquí lo fundamental (en lo que hace al tratamiento de gran parte de las quejas que trae), RECONOCE SU FIRMA .-
Así, es explícita cuando niega que en fecha 18 de Septiembre de 1989 entre ambas partes se haya celebrado un contradocumento "sin perjuicio de reconocer la firma del documento" (ver fs. 127vta.).-
Ampliando en este sentido, vemos que mas adelante dice que su parte jamás entendió ni suscribió con su voluntad el instrumento que ahora el actor pretende hacer valer como contradocumento, diciendo tener la certeza que el mismo fue puesto con la demás documentación de la escritura de compraventa y solamente en dicho modo pudo lograr el actor alcanzar su firma (ver fs. 129).-
Llegado este punto, y comenzando a dar respuesta a los planteos traídos en los agravios, he de señalar dos cosas.-
La primera, que es totalmente cierto lo que se indica en el fallo apelado en cuanto a la no articulación de los planteos (vgr. redargución de falsedad) que permitieran enervar la veracidad de lo expresado por el notario en cuanto a que la firma de la demandada en el instrumento de fs. 25/vta. hubiera sido puesta en su presencia.-
El escribano expresa, en la certificación, que la firma fue puesta en su presencia; esto hacia plena fe hasta que mediara redargución de falsedad (y sentencia estimatoria del planteo) en los términos del art. 993 del Código Civil.-
Y, la realidad, es que dicha redargución (en la cual incluso debía ser parte el escribano) nunca se promovió .-
La segunda, y fundamental , es que toda la discusión en tal sentido (respecto de la validez, o no, de la certificación de la firma) es insustancial a esta altura.-
Y ello por la sencilla razón de que la propia demandada ha reconocido como propia la firma impuesta en dicho instrumento , con lo cual se operaría el efecto de los arts. 1026 y 1028 del Código Civil.-
Lo cual torna absolutamente irrelevante seguir discutiendo acerca de la certificación, sencillamente porque la firma ha sido expresamente reconocida.-
Ahora bien, frente a esta situación y teniendo en cuenta el tenor de los planteos, advertimos que lo que la accionada introduce -en verdad- es la convergencia de un vicio de la voluntad al momento de proceder a la signatura y por ello pretende la declaración de nulidad del acto (ver fs. 131).-
Profundizando en este tema, se advierte (de todo comienzo) un problema procesal considerable.-
Porque la cuestión de la nulidad del acto jurídico, en verdad, debió introducirse como planteo reconvencional, o -a lo sumo- podía oponérsela como excepción.-
El CCyCN, que no estaba vigente al momento del planteo, nos brinda una pauta (interpretativa) sobre estas cuestiones, cuando indica que en todos los casos debe sustanciarse (art. 383).-
La norma, insisto, no estaba vigente, pero -aún así- reglas elementales de nuestro sistema (como las atinentes al derecho de defensa en juicio) conllevan a esta solución.-
Pues bien, aquí se la introdujo como una mera defensa, que nunca se sustanció (ver fs. 135).-
Con todo, desde que la parte actora no introdujo cuestiones sobre el particular y en tanto el tema fue expresamente plantado en este proceso, debemos darle respuesta; aunque no sin dejar de señalar esta cuestión procesal.-
Decíamos, anteriormente, que la demandada había planteado la nulidad, alegando un vicio de su voluntad.-
Así situados, es claro que resultaba carga de ella acreditar la existencia de este vicio (art. 375 del CPCC).-
Y, en realidad, es poco lo que ha hecho.-
Sostuvo algunas cuestiones vinculadas con la personalidad del accionante (supuestamente violenta) pero ninguna prueba trajo en ese sentido.-
Tampoco aportó otros elementos de convicción vinculados con el eventual vicio del acto.-
En su planteo inicial, introdujo algunas cuestiones vinculadas con enmendaduras y alteraciones en el documento, sobre lo que se produjo una prueba pericial (ver fs. 255/6 y 307); pero lo trascendente, aquí, es que la Sra. Juez de Grado abordó (expresa y detenidamente) la nulidad del instrumento por esta cuestión, concluyendo que los defectos que porta no hacían mella en su validez (ver fs. 336/7).-
Y sobre estas consideraciones, es muy poco lo que se dice en los agravios (ver fs. 383), sin llegar a erigirse en crítica suficiente, en los términos del art. 260 del CPCC.-
Por lo demás, la existencia de estas enmendaduras, como indicio, tiene muy poca eficacia convictiva, desde que el cuerpo principal del texto -como bien lo resalta la sentenciante- carece de alteraciones.-
Llegado este punto, debo decir que lo único que podríamos capitalizar, como indicio, es lo acontecido con la certificación de la firma, y la discordancia entre lo que surge de la pieza de fs. 26 y la indicación en el libro de fs. 279.-
Pero, aun así, es un indicio solitario y que dista mucho de ser unívoco.-
Esta situación (la discordancia de fechas y los defectos de la constancia labrada en el libro) pueden obedecer a múltiples razones y, por sí sola, no llega a ser suficientemente demostrativa del vicio de la voluntad alegado.-
Es que, en el contexto global del expediente, la tenemos funcionando en solitario.-
¿Y qué otra cosa tenemos?
Pues que la demandada no hizo absolutamente nada mas para acreditar el supuesto vicio de la voluntad.-
Incluso promovió (muy tardíamente, como lo hemos visto) una denuncia penal, que en ningún momento surge que se haya ocupado de impulsar.-
Esta conducta (no procesal, sino extraprocesal) también podemos capitalizarla indiciariamente; pues el curso normal y ordinario de las cosas nos indica que quien promueve una denuncia ha de estar interesado en que las actuaciones penales avancen.-
Y aquí nada se ha hecho.-
Pero todavía hay mas.-
Pues, como lo he señalado, la demandada había otorgado al actor ( en el año 2010 ) un poder amplio de administración y disposición , relevándolo incluso de rendir cuentas (ver fs. 38/9).-
No se explica por qué habría otorgado este poder, y en estas condiciones, luego de varios años de llevar separados (según puede inferirse la fecha de la separación de la pieza que ella misma aporta a fs. 105).-
De este modo, la existencia -y términos- de este poder actúa como indicio (art. 163 inc. 5° del CPCC) de la v
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.