Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 19301
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAUTOS Y VISTOS: De conformidad al resultado que arroja la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se confirma la apelada sentencia, en todo cuanto pudo ser materia de agravio y recurso.
Las costas de la Alzada se imponen a la parte demandada vencida (artículo 68 del Código Procesal). La pertinente regulación de honorarios se difiere para su oportunidad.
CAUSA N º MO-19301-2017 R.S.: 251/2020
Con fecha 25 de Agosto de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: SOLARI YANINA GISELA C/ AGROSALTA COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES, MO-19301-2017 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO , resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1ra.: ¿Es justa la apelada sentencia de fs. 310/316?
2da.: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION: el Señor Juez Doctor JORDA, dijo:
I. Apela la sentencia de autos la parte demandada quien formula sus agravios a través de la presentación electrónica 27597033.
II. La sentencia en trance de revisión hace lugar a la demanda de cumplimiento de contrato y daños y perjuicios, promovida por Yanina Gisela Solari contra Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada. En consecuencia condena a la última nombrada a abonarle a la primera la suma de $ 113.000, con más intereses calculados desde la fecha de mora -30 de diciembre de 2016- conforme la tasa activa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento a treinta días. Asimismo le impone las costas del juicio.
III. La empresa aseguradora objeta el pronunciamiento al que considera equivocado por cuanto ha admitido la acción; obviando ponderar que la actora no dio cumplimiento con las obligaciones a su cargo. Así alude que, conforme surge de la póliza, el asegurado debe presentar los documentos que hacen al siniestro a los fines de su liquidación. Exigencia ésta que, dice, aquel no ha satisfecho. Asimismo arguye que frente al silencio que observó, le competía a la demandante instar el pago del siniestro, efectuando la correspondiente intimación. Circunstancia está que también, añade, torna desacertado sostener que ha incurrido en mora. También, de modo subsidiario, se queja de la admisión del reclamo por daño moral, ello por cuanto entiende que no se encuentran cumplidos los recaudos que habilitan su concesión. Por último sostiene inadecuado la especie de tasa de interés establecida-tasa activa-cuando estima que corresponde aplicar la tasa del 6 % establecida por la jurisprudencia del Superior provincial.
IV. En el caso de autos ha quedado demostrado-y devenido firme-que las partes se encontraban vinculadas por una póliza de seguro por robo de automotor; que se encontraba plenamente vigente al momento del siniestro.
De igual modo, también se encuentra al margen de todo debate, que el siniestro acaeció el día 14 de noviembre de 2016 y que la demandante efectuó la pertinente denuncia por ante la firma accionada con fecha 16/11/2016. Dicha manifestación fue, por otra parte, debidamente registrada en el libro de registros de siniestros número 6, en folio 213 y bajo el número 209.818 (arg. artículos 375, 384 y concordantes del Código Procesal; ver escritos de demanda y de contestación de demanda, fs. 69/75 y fs. 85/90, respectivamente; ver pericial contable de fs.276/276 vta.).
De igual modo se encuentra fuera de todo entredicho que la empresa accionada, como respuesta a la denuncia de mentas, comunicó fehacientemente a la actora que el siniestro se encontraba en etapa de estudio. Precisando en orden a ello que se hallaban suspendidos los plazos legales de la ley 17.418 y que se expediría una vez concluida dichas averiguaciones (arg. artículos 375, 384, ver carta documento fs. 256).
Ahora bien a esta altura conviene precisar que, del juego de los artículos 46 y 56 de la ley 17418, surge que acaecido el siniestro se activa, como carga para el asegurado, la de comunicarlo- en el plazo perentorio de 3 días-y la de suministrarle a la aseguradora las informaciones complementarias para verificar el siniestro o su extensión; exigencia ésta que, necesariamente, debe apreciarse como razonable. La dinámica normativamente diseñada se continúa con la obligación del asegurador de pronunciarse acerca del derecho del asegurado, dentro de los treinta días de recibida la información complementaria La omisión de pronunciarse conlleva aceptación.
Se impone enfatizar que quien debe exteriorizar concretamente la suerte que se le asigna al siniestro, de un modo ineludible, es la empresa aseguradora. Tal es la solución construida legislativamente con imperatividad; la que en modo alguno puede ser mutada, como lo pretende la apelante, colocando la carga en cabeza del asegurado.
En este sentido el Superior provincial viene sosteniendo que la carga de expedirse, consagrada por el artículo 56 de la ley de Seguros, es de cumplimiento insoslayable para el asegurador. Sin que sea posible efectuar discriminaciones en torno a la diversa especie de eventuales incumplimientos, que operarían como óbices a la asunción de la cobertura (conf. doctrina sentada en Acuerdos 68.700, 67.715, 82.765, entre muchos otros; en el mismo sentido, mi voto, en la Sala I, causa 54.640)).
Es evidente que el incumplimiento de tal obligación legal sustancial posibilita la aplicación del artículo 919 del Código Civil y, por ende, permite otorgarle al silencio el sentido de una manifestación de voluntad que importa aceptación.
A partir del encuadre normativo delineado se aprecian estériles las quejas planteadas por la firma apelante, relativas a la atribución de su responsabilidad contractual.
Veamos. Alega que no le corresponde la asunción de la cobertura contratada porque la accionante no le entregó diversa documentación: denuncia policial original, constancia del RNPA, certificado de estado de dominio del RNPA, constancia de titularidad del automotor, constancia de solicitud de baja de patentes y libre deuda de infracciones (ver escrito de contestación de demanda, fs. 85/90).
Empero, como se apunta en el pronunciamiento recurrido, la propia empresa adjunta a los fines de la realización de la pericial contable profusa documentación vinculada al siniestro, mucha de la cual coincide con la afirmada reclamada-infructuosamente- a la parte actora (ver instrumentos de fs. 107/270). Dicha circunstancia, es fácilmente apreciable, conmueve seriamente la solidez del planteo defensivo ensayado (arg. artículos 163 inciso 5) del Código Procesal).
Pero, aun soslayando esta circunstancia apuntada, lo decisivo es que la falta de declinación de la cobertura de un modo fehaciente, transcurrido un lapso de tiempo más que razonable traduce la insatisfacción de la carga prescripta por el ya citado artículo 56 de la ley de Seguros. Y tal omisión, como dicha norma establece, debe ser considerada como aceptación del siniestro denunciado. Frente a lo que la falta de pago oportuno, desemboca fatalmente en la mora de la firma aseguradora (arg. artículos 509 y concordantes del Código Civil, su doc.).
Determinada entonces la pertinencia de la responsabilidad de la firma accionada, examinaré la crítica relativa a la procedencia del reclamo por daño moral. Anticipo que, en mi criterio, el agravio no amerita recibo.
Es imprescindible ponderar que se trata de un contrato de seguro; negocio jurídico en el cual la buena fe y la confianza se asoman como valores prioritarios a resguardar (conf. Halperin, Isaac, “Seguros”, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1986, tomo I, págs. 50/51).
La apuntada exigencia cobra especial vigor al momento en tornarse exigible la cobertura de un siniestro; por cuanto la expectativa de cumplimiento que se espera en esa instancia-y que de algún modo ha sido la determinante para que el asegurado celebrara el contrato-impone que la empresa aseguradora actúe con la mayor transparencia en su conducta e inobjetabilidad en su proceder (conf. mi voto, Sala II, causa 36.304, entre otros)).
Como se dijo la sorpresiva negativa de la parte demandada a asumir el riesgo asegurado, dilatando irrazonable e injustificadamente la cobertura del siniestro, traduce un comportamiento indudablemente idóneo para provocar un quebranto en la tranquilidad espiritual de la accionante. Que excede, en demasía, las simples molestias o incomodidades inherentes al incumplimiento de un contrato. Reitero, se encuentraínsito en la contratación de un seguro, la legítima expectativa de encontrar un accionar diligente, eficiente y considerado frente a la ocurrencia del siniestro. La confianza ostenta es este negocio jurídico una relevancia absoluta de modo que, cuando la aseguradora adopta conductas que desafinan con tal axiología, el agravio moral se configura nítidamente y de un modo inobjetable (arg. artículos 1725, 1737, 1738 y concordantes del Código Civil y Comercial, su doc.; 375 y concordantes del Código Procesal).
Por último examinaré la queja vinculada con la especie de tasa de interés establecida.
Sin dejar de resaltar que el caso que aquí tenemos para decidir difiere -por el diverso tenor de los agravios traídos, que delimitan nuestra intervención (arts. 260, 266 y 272 del CPCC)- del analizado en la causa nro. MO-40628-2012, he de señalar que la solución acuñada en la sentencia de primera instancia, desde mi óptica, se aprecia como adecuada.
En efecto el artículo 768 del Código Civil y Comercial dispone, entre otras pautas, que a los fines de la determinación de los intereses moratorios deberá atenderse a la estipulación de las partes y a lo prescripto por las leyes especiales.
En la póliza contratada, cuyo contenido se encuentra sustancialmente predeterminado por la ley 17418 y las resoluciones emanadas de la Superintendencia de Seguros de la Nación, se ha establecido que la mora del asegurado en el pago de la prima habilita la aplicación de la tasa activa (ver póliza 2627049 glosada a fs. 5/9).
Tal circunstancia justifica entonces su estipulación al caso de autos; por cuanto es evidente que es esta especie de accesorio el que permite mantener la virtualidad de la ecuación económica financieraínsita en este contrato bilateral y oneroso (arg. artículos 966, 967 y concordantes del Código Civil y Comercial, su doc.).
De modo que la concreción del imperativo de la reparación plena, que instituye el artículo 1740 del Código Civil y Comercial, torna operativa-en el caso- la aplicación de la tasa activa objetada. Consecuentemente, me inclino por la desestimación de este agravio.
V. Por las razones, tanto de hecho y de derecho, explicitadas a lo largo del presente voto he de proponer la íntegra confirmación del decisorio apelado.
Voto, en consecuencia, por l a AFIRMATIVA.-
A la misma cuestión el señor Juez doctor GALLO , por iguales fundamentos votó también por la AFIRMATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Doctor JORDA, dijo:
Conforme se ha votado la cuestión anterior corresponde confirmar la apelada sentencia, en todo cuanto pudo ser materia de agravio y recurso. Las costas de la Alzada se imponen a la parte demandada vencida (artículo 68 del Código Procesal). La pertinente regulación de honorarios se difiere para su oportunidad.
ASI LO VOTO.
El señor Juez doctor GALLO por los mismos fundamentos, votó en análogo sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS: De conformidad al resultado que arroja la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA la apelada sentencia, en todo cuanto pudo ser materia de agravio y recurso.
Las costas de la Alzada se imponen a la parte demandada vencida (artículo 68 del Código Procesal). La pertinente regulación de honorarios se difiere para su oportunidad.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.-
Firmas
Funcionario Firmante: 25/08/2020 10:28:06 - JORDÁ Roberto Camilo Funcionario Firmante: 25/08/2020 10:28:15 - GALLO José Luis Funcionario Firmante: 25/08/2020 10:28:27 - QUADRI Gabriel Hernan
Fin de la sentencia