Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 26897
Causa Nº MO-26897-2013 R.S.: 338 /2020
Con fecha 20 de Octubre de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ C. P. M. C/ R. P. G. C. S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES ” Causa Nº MO-26897-2013 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. El Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 6 Departamental con fecha 7 de Noviembre de 2019 dictó sentencia definitiva, mediante la cual hizo lugar a la demanda, en las condiciones que de allí surgen.
2. Contra tal forma de decidir se alzó la demandada, interponiendo recurso de apelación; el mismo fue concedido libremente y se fundó con la expresión de agravios de fecha 17 de Marzo de 2020, que no fue contestada por la contraria.
3. Cumplidos los trámites del caso, con fecha 7 de Julio de 2020 se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida, procediéndose el 21 de ese mes y año al sorteo del orden de estudio y votación, dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
Se queja la demandada de que se haya admitido el reclamo del actor, desestimando su planteo de nulidad.
Sostiene haber sido víctima de violencia de género, argumentando en tal sentido, tanto desde el plano teórico, como así también en referencia a las pruebas producidas en este proceso.
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse.
Inicialmente es necesario señalar, tal como lo ha hecho el Sr. Juez de la instancia previa, que el presente caso debe analizarse y juzgarse a la luz de las normas vigentes al momento de suceder los hechos respectivos (art. 7 CCyCN), aplicando consecuentemente el Código Civil hoy derogado.
Dicho esto, y para resumir el caso, tenemos que la parte actora viene a este proceso reclamando el cumplimiento de lo acordado con fecha 18 de Julio de 2008, en el acuerdo plasmado a fs. 14/15, en virtud del cual la accionada se obligaba a abonarle cierta suma de dinero, por las razones que allí se expusieron (ver fs. 20/2).
A su vez la accionada, se presenta, contesta demanda y -en lo que al recurso interesa- plantea la nulidad del convenio, alegando haber sufrido un vicio de la voluntad y haciendo alusión a la situación de violencia de la que, dice, era víctima (ver fs. 54vta../57vta).
Desestimándose la nulidad planteada, y admitiéndose la demanda en la sentencia de primera instancia, la demandada apela e insiste -en sus agravios- con la cuestión de la anulación del convenio por violencia.
Sentado ello, y a fin de dar respuesta a sus quejas, es necesario recordar que, según lo establecía el art. 1045 del Código Civil, resultan anulables los actos jurídicos cuando tuviesen el vicio de error, violencia, fraude o simulación.
En sintonía con ello, tenemos el primer párrafo del art. 954 de aquel cuerpo normativo.
Según lo establecía el art. 937 de dicho Código " habrá intimidación, cuando se inspire a uno de los agentes por injustas amenazas, un temor fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona, libertad, honra o bienes, o de su cónyuge, descendientes o ascendientes, legítimos o ilegítimos " .
Con todo, es imprescindible observar las cosas desde una perspectiva convencional y constitucional.
Desde luego, sería incorrecto aproximarnos a las cuestiones que se deben decidir con una mirada propia del siglo XIX, para definir controversias que se plantean mas de 150 años después.
La razón es bastante sencilla: en el momento de la sanción de aquel cuerpo normativo no existía la normativa protectoria de los derechos humanos, que hoy sí existe y que nos obliga como autoridades estatales.
Así entonces, es necesario abordar los temas que se plantean desde una perspectiva convencional y constitucional.
En tal sentido, por ejemplo, sería inexplicable la regla del art. 940 cuando hablaba de que el "temor reverencial" de la mujer para con el marido no sería causa suficiente para anular los actos.
Ciertamente, una norma así resulta de dudosa validez a la luz de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país.
Con lo cual, creo que para definir las cuestiones que se someten a nuestro juzgamiento debemos abrevar, antes que nada, en la normativa convencional.
Yendo hacia allí tenemos que apoyarnos, antes que nada, en la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar Y Erradicar La Violencia Contra La Mujer ( "Convencion De Belem Do Para"), que nuestro país aprobara por ley 24.632.
La misma es bastante clara.
Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado (art. 1).
Mediante su art. 5 los Estados parte (y el nuestro lo es) reconoce que la violencia contra la mujer impide y anula, entre otros, el ejercicio de los derechos civiles , estableciendo la protección -en tal sentido- de esos derechos.
A su vez, el Estado se compromete (entre otras cosas) a: actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer (art. 7 inc. b); incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso (art. 7 inc. c); adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad (art. 7 inc. d); establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos (art. 7 inc. f); establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces (art. 7 inc. g); adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención (art. 7 inc. h).
Luego, y en el ámbito interno, tenemos la ley 26.485 (la cual si bien no estaba vigente al momento de suscribirse el convenio cuestionado, sí lo estaba al momento de iniciarse el presente) a la cual me referiré mas adelante.
Pues bien, llegado a este punto, y definidos algunos cimientos conceptuales, es claro que la cuestión de la violencia, como vicio de la voluntad, adquiere ribetes particularizados cuando se trata de cuestiones vinculadas con lo intrafamiliar y cuando sus víctimas han sido mujeres.
Es imprescindible, entonces, juzgar el caso con perspectiva de género.
Así lo ha señalado, en reciente voto al que adherí, la Dra. Ludueña al decir que situaciones como estas deben ser abordadas teniendo presente todo el plexo normativo en materia de géneros, para asegurar una aplicación operativa, ya que no hacerlo iría en contra de los principios actuales (su voto en Causa n° MO-2314-2013, R.S. 95/2020 de la Sala 3ª de este Tribunal).
En tal sentido, se ha dicho que " la perspectiva de género constituye una herramienta tendiente a que todo el ordenamiento jurídico se interprete y aplique de manera tal que no resulte perjudicial a las mujeres. La neutralidad de género contenida en la literalidad de las normas puede resultar insuficiente para que su aplicación no sea más gravosa para las mujeres que para los hombres.
La perspectiva de género no es una moda, ni un consejo, ni una corriente ideológica, ni una aspiración o preferencia. Es una forma de concretar un mandato constitucional/convencional que obliga al Estado argentino. Adquirió plena efectividad sobre todo el articulado del Código Civil y Comercial de la Nación en función de lo dispuesto en los arts. 1º, 2º y 3º del propio cuerpo legal, dada la centralidad que adquieren los derechos humanos en la interpretación y la aplicación de las normas. Constituye una de las medidas especiales destinadas a eliminar la desigualdad fáctica entre hombres y mujeres, a los fines de garantizar una igualdad real por sobre la meramente formal (art. 4.1, Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer [CEDAW]), y "modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de superioridad o inferioridad de cualquiera de los sexos, o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres" (art. 5.a, CEDAW)"
Resaltando que la obligación de los operadores judiciales de aplicar la perspectiva de género en la interpretación y la aplicación de las normas no se reduce a su mera declamación " (PELLEGRINI, María Victoria, Compensación económica: caducidad, violencia y perspectiva de género, LL 13/10/2020, 6).
A la luz de lo expuesto, y en casos análogos al presente, se han admitido los planteos nulitivos de acuerdos cuando mediaba violencia de género (C. Fam. Mendoza, 29/8/2017, "C.S.M. contra S.M. O p/ Separación de bienes", https://blog.erreius.com/2017/12/20/convenio-de-particion-nulidad-por-intimidacion-violencia-contra-una-de-las-partes/; C. Nac Civ., sala F, 11/8/2020 "P., F. c. P., L. D. s/ Nulidad", Thomson Reuters Información Legal, Cita Online: AR/JUR/36286/2020).
Aquí voy a traer a colación algunas consideraciones hechas por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza (Sup. Corte Mendoza, 27/12/2019, "Aguirre, Gerardo s/ Recurso extraordinario provincial", Thomson Reuters Información Legal Cita Online: AR/JUR/58019/2019) en un fallo de hace algunos meses.
Se decía allí que " no aplicar la normativa relativa a la violencia de género de oficio, so pretexto de que no ha sido invocada por las partes, en un caso como en el cual se ha acreditado la existencia de violencia perpetrada por el marido en contra de su esposa, implica lisa y llanamente violación de las convenciones internacionales protectorias de los derechos de las mujeres, suscriptas por nuestro país e incorporadas a nuestra legislación, incluso con jerarquía constitucional, lo cual generaría sin duda responsabilidad internacional ".
Remarcando que, calificados los hechos como violencia de género, es necesario acudir a las convenciones internacionales y legislación de orden público, tendiente a proteger los derechos humanos esenciales de las mujeres.
Allí se capitalizó, para definir la cuestión y entre otras cosas, la prueba pericial relativa al estado psíquico de la mujer, concluyendo que la violencia ejercida sobre ella por su cónyuge " es consecuencia de una relación desigualdad de poder entre los cónyuges ".
Asimismo, se abordó la violencia como vicio de la voluntad, exponiendo que " la necesidad de analizar el caso concreto para verificar la posibilidad de la violencia de actuar como vicio de la voluntad que anule la libertad de decisión, debe cobrar aún mayor preponderancia en un caso de violencia contra la mujer " y que " la violencia contra la mujer constatada en autos debe necesariamente empapar todo el proceso, el que debe analizarse a la luz de la normativa reseñada y también teniendo en cuenta la especial situación vivida por la víctima de esa violencia ".
Agregando que " la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, establece criterios en la interpretación de la prueba, que si bien constituyen pautas generales, importan un compromiso para el juzgador de valorar la prueba con perspectiva de género, es decir, con una mirada integral de la problemática, analizando las particularidades que presenta cada contexto en que se desarrolla el hecho " y que " frente a conflictos entre particulares en los que haya antecedentes de conductas asimilables a violencia de género contra la mujer que es parte en el juicio los jueces deben duplicar la prudencia, poner sobre la lupa el principio de autonomía de la voluntad previsto en el Código Civil, asegurar que el/la abogado/a de la mujer que padece la situación de violencia realice realmente una defensa "genuina" de los intereses de su asistida y tener en especial consideración al momento de resolver una perspectiva de género acorde a los principios que prevé la Ley de Protección Integral a las Mujeres N° 26.485 "de orden público", nuestra Constitución Nacional y el ordenamiento internacional de derechos humanos. ("Autonomía de la voluntad y violencia de género", Yankielewicz, Daniela L. y Olmo, Juan Pablo, Publicado en: DFyP 2014 (septiembre), 84, Cita Online: AR/DOC/2795/2014) ".
También puso énfasis el tribunal en la perduración de los efectos de la violencia sobre la mujer, destacando -con amplitud de fundamentos- que " la situación de violencia contra la mujer no es un hecho instantáneo que agota sus efectos en ese momento, sino que, por sus implicancias, puede impedir el ejercicio pleno de la libertad de la víctima con posterioridad a él ".
Sobre este piso de marcha debemos pasar al análisis del plexo probatorio.
Así en un caso en el cual una mujer había sido víctima de violencia, y frente a hechos de difícil acreditación (causa nro MO-3828-2013, R.S. 65/17) hablábamos de la mayor, o menor, dificultad en la prueba de los hechos.
Decíamos allí que:
" quizás quien mejor lo explique es el jurista ibérico Muñoz Sabaté, a cuyos conceptos recurriré (Técnica probatoria. Estudios sobre las dificultades de la prueba en el proceso, Capítulo V: Problemática intrínseca de la prueba, ps. 167 y ss).-
Cuando el autor nos habla de dificultades de la prueba, señala que para que los instrumentos probatorios puedan llevar a cabo su función deben estar dotados de dos propiedades básicas.-
Impresionabilidad, entendiendo por tal la propiedad que tienen los instrumentos para ser estampados por un hecho histórico.-
Traslatividad, lo que implica que cada instrumento debe hallarse en condiciones de tener entrada en los autos, bien activamente, o sea, permitiendo su aportación a la litis (motilidad), bien pasivamente, al ofrecerse en condiciones tales que el juzgador pueda ir a su alcance (accesibilidad).-
Esta última propiedad, a su vez, tiene un presupuesto previo: la disponibilidad. Es que los instrumentos (personas o cosas) carecen de autonomía para poder irrumpir en los autos sin un impulso previo de quienes van a utilizarlo; de ahí que el presupuesto previo de la traslatividad sea la disponibilidad, al tiempo que es el puente que une las propiedades de impresión con las de traslación.-
Con este piso de marcha, el jurista ibérico ingresa al tema de las dificultades probatorias.-
Así nos habla de problemas de impresionabilidad (cuando el hecho histórico no encuentre en su realizarse ninguna circunstancia apta para recibir su huella), entre los cuales se encuentran los problemas de estampación (por más sensible que sea el instrumento, nunca ella será perfecta), problemas de traslación (un instrumento puede perder su traslatividad por el transcurso del tiempo, por causa del espacio o por consecuencia de terceros; en todos los casos por más que se habrá dado una estampación ésta no podrá llegar a los autos) a lo que se suman las dificultades de traducción (porque cada instrumento debe ser descifrado y su lenguaje puede ser sumamente enigmático o equívoco).-
Así va llegando el autor al concepto de favor probationes.-
Señala, al efecto, que cualquier hecho de los que estadísticamente resultan fáciles de demostrar puede en cambio, en un caso concreto, presentar graves dificultades heurísticas y, a la inversa, un hecho conceptuado generalmente como difficilioris probationes puede impresionarse y trasladarse a la presencia judicial con una facilidad pasmosa.-
Las conductas que, a decir del autor, pueden adoptarse frente a estas situaciones son variadas: alteración del onus probandi, práctica responsable del principio de inmediación (cuando la prueba de testigos sea decisiva para la litis), adopción de criterios más elásticos de admisibilidad, análisis más a fondo de presunciones o adopción de diligencias para mejor proveer.-
Estas ideas, han sido receptadas por la jurisprudencia local.-
Ha dicho, en este sentido la casación bonaerense, que "es correcto sostener que, en los casos de grave dificultad probatoria, el juez debe apreciar el alto grado de probabilidad (no la seguridad absoluta) de que los hechos ocurrieran de cierta manera, como también lo es el que debe reunir la mayor cantidad de datos graves, concordantes, precisos, inequívocos, no contradichos, que le permitan inferir una unívoca conclusión, etc. En otras palabras: se requiere al juzgador que, a través de pruebas directas o indirectas (como las presunciones), obtenga la certeza (así, sin adjetivación alguna) sobre cómo acaecieron los hechos. En cambio, si el sustrato fáctico relevado por la prueba es decididamente vago, o si las presunciones son débiles, contraintuitivas o inarmónicas, o la inferencia autoriza conclusiones absolutamente disímiles, entonces no puede arribarse a certeza alguna" (Sup, Corte Bs. As., 20/08/2008, "L. d. A. ,L. c/Transportes Metropolitanos Gral. Roca y otros s/Daños y perjuicios").-
Así lo hemos hecho, desde esta Sala, frente a numerosos casos que ostentaban algunas indocilidades probatorias (causa nro. 56.213 R.S. 332/09; 57.754 R.S. 113/10; entre otras).-
Por cierto, este no es un temperamento voluntarista, caprichoso ni meramente discrecional, sino que es nuestro orden jurídico, globalmente considerado, el que nos impone una ponderación, razonada y detenida, de las específicas circunstancias probatorias de cada caso.-
Es que, de no hacerlo, podríamos menoscabar gravemente el derecho de defensa en juicio de las partes y, con perdón por la licencia terminológica, renunciar conscientemente a la irrenunciable búsqueda de la verdad jurídica objetiva, fin último de la faena jurisdiccional.-
Así -y volviendo un poco al caso- exigir indefectiblemente prueba directa para levantar determinada carga probatoria, cuando la misma (por las específicas características del caso) no existe, implicaría ni mas ni menos que consagrar (jurisdiccionalmente) un impedimento insalvable para la obtención del resarcimiento ".
E incluso considerábamos allí que el hecho de tratarse de un supuesto de violencia padecida por una mujer, en un contexto de acreditación compleja, ameritaba un análisis mas a
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.