Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 30525
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la sentencia apelada en cuanto al levantamiento de las cautelares que dispone en el punto 3°, cuestión que deberá canalizar la parte demandada por la vía y forma que corresponda, en orden a cumplimentar la obligación que se le impone en la sentencia, confirma NDO la misma en todo lo demás que decide, y ha sido materia de agravio.
Costas de Alzada, a la demandada (art. 68 del CPCC).
Se difere la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad
Causa Nº MO-30525-2020
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "PLATERO SILVANA ELIZABETH C/ GAYO SILVANA MIRTA S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES Causa N º MO-30525-2020" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO - CUNTO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO, dijo:
1. La Sra. Jueza Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 9 Departamental con fecha 11 de Octubre de 2022 dictó sentencia, haciendo lugar a la demanda, en los términos que de allí surgen.
Apelaron la demandada y el tercero citado.
Sus recursos se concedieron libremente.
El de la demandada fue fundado con la expresión de agravios de fecha 6 de Diciembre de 2022 replicada por la actora con su escrito de fecha 22 de Diciembre de 2022.
El del tercero citado fue fundado con el escrito de fecha 12 de Diciembre de 2022, replicado -por la parte actora y la demandada- con los escritos de fecha 22 de Diciembre de 2022.
La demandada se queja de que haya sido condenada en costas, hablando del allanamiento llevado a cabo y de sus efectos.
Mientras tanto el tercero citado viene cuestionando el progreso de la demanda y la decisión de ordenar el levantamiento de las cautelares, contenida en el punto 3 de la parte resolutiva del fallo apelado.
A los términos de ambas presentaciones cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Con fecha 16 de Febrero de 2023 se llamaron "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida, procediéndose luego al sorteo del orden de estudio y votación, dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
2. En orden a dar respuesta a la cuestión planteada, he de señalar que -a mi modo de ver- ambas expresiones de agravios satisfacen, en líneas generales, las exigencias del art. 260 del CPCC; ello sin perjuicio de lo que luego señalaré en cuanto a la del tercero y la cuestión de la buena o mala fe de la parte actora.
Por otro lado, y previo a comenzar a dar respuesta a los agravios, he de señalar una cuestión, relativa al diseño documental de la sentencia, que -creo- merece ser resaltada.
Hablábamos en la Causa MO-16038-2017 R.S. 74/2020 de claridad digital y reflexionábamos allí acerca de que, en el contexto de la digitalización de los procesos, aparece un nuevo perfil del principio (clásico) de economía procesal, que tiene que ver con la necesidad de que -en la tramitación digital- tanto el órgano judicial como los letrados, partes, auxiliares y demás involucrados en el funcionamiento del sistema cumplan sus funciones con pleno ajuste a un standard de claridad, que posibilite la tramitación mas célere y sencilla.
Remarcando que el principio de claridad digital, debería presidir la actividad digital de todos los involucrados en el proceso y comprendería las nociones de claridad (en sí misma), accesibilidad además de la -muy trascendente- integralidad (indispensable para el adecuado ejercicio de la defensa en juicio) del expediente digital.
Pues bien, en el caso, la sentencia apelada ha sido construida de modo tal que permite no solo su lectura sencilla y fluida, sino también (mediante el uso de hipervínculos) una navegación mas sencilla por los distintos documentos, elementos de convicción y escritos a los que se va refiriendo.
Merece, entonces, ser destacado este proceder pues, como lo decía, facilita en gran medida la lectura de las actuaciones y aprovecha las posibilidades que la digitalización coloca a nuestro alcance.
Sentado ello, paso al tratamiento de los agravios.
Y, por razones metodológicas, comienzo por las quejas traídas por el tercero relativas al progreso de la demanda.
Respecto de estas cuestiones, hay algunas precisiones por efectuar.
La primera es que en las quejas del recurrente no se llega a rebatir, eficazmente, lo que la sentencia señala en cuanto a la falta de prueba, adecuada, de la eventual mala fe del adquirente.
Es que aquí el tercero trae una serie de cuestiones e interpretaciones (subjetivas) de la situación mas no una referencia, concreta, a elementos de convicción que él pudiera haber aportado al proceso (art. 375 del CPCC).
Mas aun, ya desde su escrito inicial el propio apelante viene efectuando una serie de consideraciones interpretativas sobre el proceder de la parte actora pero advirtiendo que lo hace " a pesar que no se pueda constatar de forma fehaciente y directa en autos su mala fé " (textual).
Indicando que " por tanto, el Contrato de Compra-venta, se encuentra parcialmente afectado por la Demandada (Vendedora) por Vicio en su Voluntad, actuando con Dolo, enajenando el total del inmueble a favor del actor (Comprador), mediando Mala Fé y engaño. Tal accionar por parte de la Demandada trae como consecuencia la Nulidad parcial del Contrato celebrado, atento a que se demuestra claramente la conducta de Fraude hacia el actor " (textual, el resaltado me pertenece).
Luego, ya recaída sentencia, en los agravios viene a sostener la mala fe de la parte actora, pero lo hace -como decía- con interpretaciones subjetivas y, mas que nada, repitiendo lo que ya dijo en su contestación de demanda.
El precio, desde ya, podría ser un indicio en este sentido, pero es un elemento solitario y no existen otros elementos de convicción que demuestren, insisto, la mala fe que alega (la cual no se presume).
Es decir que el quejoso no llega a rebatir, en forma concreta y razonada, este aspecto de la decisión.
Ahora bien, al margen de ello, aquí cabe alguna referencia mas.
Básicamente, nos hallamos ante un proceso de escrituración, que fue promovido por Silvana Elizabeth Platero contra Silvana Mirta Gay.
Lo que pretende la primera es la escrituración del inmueble allí señalado.
Pues bien sucede que, en este contexto, la nombrada se allanó.
El Sr. Fernando Ariel Gayo fue citado como tercero, a instancias de la parte actora y en los términos del punto VI del escrito liminar.
El proceso tramitó y se llegó al momento de la sentencia.
Veamos dicha sentencia.
La misma condena a Silvana Mirta Gay " a escriturar el inmueble sito en Av. Figueroa Alcorta 575 entre las calles Somellera y Santa María de Oro de la localidad de Castelar, cuya Nomenclatura Catastral es: Circ. II, Secc. E, Mza. 265, Parc. 16 Matrícula N° 107432 del Partido de Morón; por ante el Escribano designado en la cláusula Cuarta del Boleto de Compraventa objeto de marras, dentro del término de 30 días de quedar firme el presente. Todo ello, bajo apercibimiento de hacerlo la Suscripta en su lugar ".
No hay condena, ni disposición alguna respecto del tercero.
Por lo demás, era la Sra. Gay -y no el tercero- quien había suscripto el boleto de compraventa con la parte actora.
La sentencia es clara, además, en cuanto a que las cuestiones entre co herederos del sucesorio deberían resolverlas entre ellos.
Ahora bien, desde mi punto de vista, el tercero citado no puede oponerse al progreso de la demanda como pretende.
La aquí demandada celebró un boleto de compraventa, según el estado de cosas existente al momento en que lo firmó.
De este modo, contrajo la obligación de escriturar el inmueble a la parte actora, para lo cual resultaba menester que estuviera en condiciones de hacerlo al momento de la firma de la pertinente escritura traslativa de dominio (esta Sala en causa nro. 51.179 R.S. 135/05).
Ahora, si existía -o no- otro co heredero que pudiera tener algún derecho sobre el bien a escriturar y no hubiera sido denunciado en el sucesorio, es algo que no obsta al progreso de la demanda de cumplimiento a su respecto.
Sencillamente, porque es una cuestión contractual entre quienes suscribieron el boleto (actora y demandada) y, desde ya, que no podría obligar al tercero.
Así, únicamente la demandada es condenada a escriturar y será al tiempo de cumplimiento de la sentencia cuando deba determinarse si dicha condena puede, o no, cumplirse de acuerdo con el estado jurídico del bien en ese momento (es decir, si la declaratoria de herederos se amplió, o no, y si se inscribió la misma).
La cuestión del perjuicio que lo actuado por su co heredera podría generarle si se llegara a poder cumplir con la condena, eventualmente, deberá analizarse de acuerdo con las previsiones del sistema de los arts. 2312 y subsiguientes del CCyCN, y así lo determina el fallo.
A todo evento, para lograr la invalidez del acto -en los términos del art. 2315 del CCyCN- el quejoso debió haber demostrado, adecuadamente, que la parte actora conocía de su existencia como heredero, cosa que -tal lo dicho- no ha logrado (art. 375 CPCC).
Aquí ha quedado acreditada -como lo señala el fallo- la mala fe de la co heredera, mas no la mala fe de la parte actora adquirente por boleto.
Entonces, bien ha sido condenada la demandada a cumplirlo mas allá, insisto, de lo que pudiera suceder al momento de tener que hacerlo.
Con lo cual, las quejas del tercero en cuanto al progreso de la demanda, desde mi punto de vista, no son atendibles.
Luego, y por tales razones, entiendo que su recurso ha de rechazarse en este aspecto.
Sin perjuicio de ello, entiendo que sí le asiste razón al quejoso en cuanto al punto 3° de la sentencia y el levantamiento de las cautelares del sucesorio, dispuesta en esta decisión.
Es que, a tenor de lo ya dicho, en este proceso la resolución ha de limitarse a condenar a quien suscribió el boleto a otorgar la respectiva escritura a favor de la parte actora, dentro del plazo fijado.
Al efecto, será la demandada (vendedora) quien deba ocuparse de canalizar todas las cuestiones que correspondan para quedar en estado de hacerlo; y, si no lo logra, responder por los daños causados en caso de que no pueda avanzarse con el cumplimiento de la condena.
Esta conducta, que pesa sobre la demandada, incluye -por cierto- lograr el levantamiento de las medidas que pudieran pesar a su respecto o en relación al bien, trabadas en el sucesorio y en resguardo de los derechos del co heredero.
La situación, aquí, no se asimila a la del art. 584 del CPCC donde, excepcionalmente, el juez de un proceso puede levantar la medida que ha dispuesto el juez de otro expediente (en el caso, el sucesorio); sencillamente porque eso está previsto para el caso de la subasta judicial, que no es el de autos.
Ello así, este punto de la sentencia ha de revocarse.
Ahora bien, pasando al tratamiento de las quejas de la demandada, entiendo que su recurso no ha de prosperar.
En cuanto a las costas en caso de allanamiento, ha dicho la Sala que " directamente emparentada con esta institución que finiquita el proceso se encuentra la eximición de costas que prevee el art.70 del C.P.C.C.; tal normativa prevee expresamente la condiciones que debe reunir el allanamiento para eximir de costas: debe ser real, incondicionado, oportuno, total y efectivo; y tal pluralidad de recaudos se justifica por cuanto toda eximición de costas debe juzgarse con criterio restrictivo por tratarse de una excepción al principio genérico sentado por el art.68 del C.P.C.C.; bien dicen Morello y colaboradores (obra citada II-B pag.198) que: "solo circunstancias excepcionales posibilitan exonerar al demandado que se allana, pues tal actitud no significa que no medie un vencido " (esta Sala en causa nro. 44.028 R.S. 312/03).
Pues bien, aquí entiendo que el allanamiento de la demandada no puede eximirla de las costas.
Y hay varias razones en tal sentido.
Primero, porque su allanamiento no fue efectivo (con el cumplimiento de la prestación conjuntamente con el mismo); de hecho, hoy la obligación sigue incumplida.
Segundo, porque dio lugar a la existencia de esta controversia, sin dejar de señalar la existencia de mala fe de su parte, que bien concluye el fallo apelado.
En tal sentido, la omisión de mencionar a su coheredero y el hecho de suscribir el boleto de compraventa como lo hizo, además de la situación en la que se colocó a la parte actora, son razones mas que suficientes para demostrar que la demandada fue quien -con su conducta- dio lugar al reclamo inicial y, por ello, bien le han sido impuestas las costas (art. 70 inc. 1° parte final CPCC).
No puede, a mi juicio, argumentar sobre la existencia de un poder para escriturar cuando, en la concreta situación dada en esta controversia, ello hubiera significado para la parte actora verse expuesta a reclamos y planteos del coheredero de ella (tercero citado).
De este modo, no procede ni la imposición de costas a la vencedora, ni tampoco la imposición de las mismas en el orden causado siquiera.
Su recurso, entonces, ha de rechazarse.
3. Si mi propuesta es compartida se deberá revocar la sentencia apelada en cuanto al levantamiento de las cautelares que dispone en el punto 3°, cuestión que deberá canalizar la parte demandada por la vía y forma que corresponda, en orden a cumplimentar la obligación que se le impone en la sentencia, confirmando la misma en todo lo demás que decide, y ha sido materia de agravio.
Atento el resultado propuesto para los recursos, las costas de Alzada deberán quedar impuestas, en su totalidad, a la parte demandada, fundamentalmente vencida (art. 68 del CPCC).
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta
PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor CUNTO , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Doctor GALLO .
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE REVOCA la sentencia apelada en cuanto al levantamiento de las cautelares que dispone en el punto 3°, cuestión que deberá canalizar la parte demandada por la vía y forma que corresponda, en orden a cumplimentar la obligación que se le impone en la sentencia, CONFIRMA NDO la misma en todo lo demás que decide, y ha sido materia de agravio.
Costas de Alzada, a la demandada (art. 68 del CPCC).
SE DIFERE la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad
REGISTRESE. NOTIFIQUESE EN LOS TERMINOS DEL Ac. 4013, MEDIANTE RESOLUCION AUTONOTIFICABLE A LOS DOMICILIOS CONSTITUIDOS POR LAS PARTES.
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE, HACIENDO SABER A LAS PARTES QUE SI ALGUNA IMPUGNACION EXTRAORDINARIA RESULTARA ADMISIBLE DEBERA PRESENTARSELA ANTE ESTE TRIBUNAL (ART. 279 CPCC) Y QUE, EN CASO DE SER NECESARIO, ESTA SALA REQUERIRA LA REMISION DE LOS OBRADOS A LA INSTANCIA DE ORIGEN
Firmas
Funcionario Firmante: 18/04/2023 09:17:41 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/04/2023 10:45:50 - GALLO Jose Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/04/2023 10:48:14 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 18/04/2023 10:48:14 hs. bajo el número RS-107-2023 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia