Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 7262
Causa Nº MO-7262-2015 R.S. /2017
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 17 de Octubre de 2017, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Felipe Augusto Ferrari , para pronunciar sentencia interlocutoria en los autos caratulados: "JUNCOS GUSTAVO GABRIEL C/ FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A S/CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES", Causa Nº MO-7262-2015 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: FERRARI-GALLO , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR FERRARI dijo:
1. La Sra. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 9 Departamental a fs. 141/148vta. resolvió hacer lugar parcialmente a la demanda en las condiciones que de allí surgen. -
2. Contra tal forma de decidir se alzó a fs. 150 la actora interponiendo recurso de apelación; el mismo fue concedido en relación a fs. 155 y se fundó con el irreplicado memorial de fs. 159/164vta.-
Tres son los agravios del accionante: el rechazo del rubro diferencia de mayor valor del vehículo a la fecha del pago, el reconocimiento parcial del daño emergente provocado por la indisponibilidad del automotor y el monto fijado en concepto de daño punitivo.-
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse en homenaje a la brevedad.-
3. A fs. 173vta., se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
A fin de dar respuesta a las diversas cuestiones planteadas, y en tanto el memorial satisface -holgadamente- las exigencias del art. 260 del CPCC, iré fraccionando mi exposición a fin de dotarla de la mayor claridad expositiva.-
a) Diferencia del mayor valor del vehículo a la fecha del pago
La Sra. Juez de Grado ha desestimado el rubro, lo que agravia al accionante.-
En esencia, el planteo liminar apuntaba a que la aseguradora abonara el monto necesario para adquirir -al momento del pago- un vehículo de igual modelo y características al que era propiedad del actor y resultó destruido (fs. 32vta./33).-
Sobre el tema, memoro un lúcido precedente de la jurisdicción bonaerense -con voto en primer término del Dr. Louge Emiliozzi y adhesión de la Dra. Comparato- cuyos términos comparto totalmente.-
Decía allí la Sala 1° de la Cámara de Azul que:
" al momento de fallar debe procurarse no acudir a parámetros desactualizados, sino que deben tomarse los valores más actualizados posibles al momento de la sentencia.
Ahora bien, el caso de autos presenta la complejidad de que en el contrato que nos ocupa se estableció una suma asegurada como límite de la responsabilidad del asegurador, circunstancia que condujo al “a quo” a fijar la indemnización por este concepto en la suma de $ (...). Por su parte, al contestar agravios la aseguradora invoca precisamente el contenido de esa cláusula para lograr su rechazo (...).
Así las cosas, cabe recordar que el art. 61 de la Ley de Seguros dispone en su segundo párrafo que el asegurador “responde sólo hasta el monto de la suma asegurada, salvo que la ley o el contrato dispongan diversamente”.
Comentando este precepto que de por sí es claro, se ha apuntado que la indemnización debida por el asegurador en caso de siniestro que afecte el bien asegurado, podrá ser igual o menor que la suma asegurada pero nunca sobrepasarla, es decir, que la suma máxima asegurada constituye el tope de la responsabilidad del asegurador convenida en el contrato (Roullión, Adolfo –Director- “Código de Comercio comentado y anotado”, T. II, pág. 99; ídem Soler Aleu, Amadeo “Seguro de automotores. Responsabilidad Civil, daños al vehículo, robo y hurto”, pág. 160; cit. por esta Sala en causa n° 56.079, “Moreira Hnos.”, del 17.04.12.).
En la misma orientación ha expresado la jurisprudencia que el valor asegurable expresado en la póliza de seguro de robo de automotor puede no necesariamente coincidir con el valor del bien y además no determina el monto indemnizable, sino la suma máxima que deberá el asegurador en caso de siniestro (Cám. Nac. de Apel. en lo Com., Sala E, “Ciccone, Lorenzo A. c/ Lua Seguros La Porteña S.A.”, 17.09.07., La Ley On Line, AR/JUR/12853/2007; cit. por esta Sala en causa n° 56.079, “Moreira Hnos.”, del 17.04.12.).
La aplicación estricta de esta norma llevó a un amplio sector de la doctrina y la jurisprudencia a rechazar planteos de indemnización por el riesgo cubierto en la medida que superaran “la suma asegurada” y, del mismo modo, a rechazar daños distintos al previsto en el contrato que se atribuyen al incumplimiento de la aseguradora como es el típico caso del lucro cesante (ver voto del Dr. Butty y disidencias de las Dras. Díaz Cordero y Piaggi en fallo de la Cám. Nac. Com., Sala B, “Ercilio Carlos Bossi S.A. c/ La Fortuna Compañía de Seguros Generales S.A.”, del 30.06.99.”, J.A. 2000-IV-790).
En relación a este último aspecto, también vimos en el apartado anterior que esta Sala ha dicho reiteradamente que la circunstancia de que el reclamo se inscriba en la órbita de la responsabilidad contractual no es obstáculo para la procedencia de otros rubros distintos a la prestación comprometida en el contrato, más concretamente, los mayores daños que el incumplimiento produjo. Es dable aclarar que todas las causas citadas ut supra recayeron en juicios promovidos por el asegurado contra su propia aseguradora, por lo que esta doctrina que admite la procedencia de “otros daños” además de la prestación prometida en el contrato fue sentada por esta Sala para el supuesto específico de los contratos de seguro –sin perjuicio, claro está, de otros precedentes en los que hemos aplicado la misma doctrina a contratos distintos- en sintonía con la autorizada opinión de las Dras. Díaz Cordero y Piaggi vertidas en el precedente antes citado, entre muchas otras.
Ahora bien, el interrogante que corresponde despejar para dar respuesta a este agravio es si el incumplimiento en legal tiempo y forma de la aseguradora también autoriza a dejar de lado el límite de la “suma asegurada” respecto a la prestación convenida en el contrato.
En los votos de la Dra. Piaggi en el precedente antes citado (Cám. Nac. Com., Sala B, “Ercilio Carlos Bossi S.A. c/ La Fortuna Compañía de Seguros Generales S.A.”, del 30.06.99.”, J.A. 2000-IV-790) y en otro posterior de la misma Sala (“Servicios y Equipos Viales S.A. c/ Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A.”, del 18.10.12., J.A. 2013-I, 868) se dijo agudamente que “… la indemnización deriva del incumplimiento contractual y no del seguro, el primero transforma la deuda de dinero en deuda de valor, con la consecuencia de responsabilizar al deudor moroso por el mayor daño que cause, como en las demás obligaciones y el alcance de la responsabilidad contractual se extiende a las consecuencias inmediatas de la falta de cumplimiento de la obligación si la defensa no justificó su obrar negligente …”.
En la jurisprudencia provincial también encontramos un caso muy similar al presente, en el que la actora –que había demandado a su aseguradora y a su productor o agente de seguros por la no cobertura del robo de su taxi- también reclamaba un valor de reposición actualizado y el lucro cesante (CC0001 QL 10800 RSD-32-10 S 31/05/2010, “Rojas, Antonio Miguel c/Zanet,Fabricio y otros s/Daños y perjuicios”, sumarios disponibles en Juba pero pudimos acceder al texto completo).
En relación al valor de reposición del vehículo el tribunal dijo lo siguiente:
“La exacta medida del menoscabo patrimonial que sufrió el actor como consecuencia de la consumación del riesgo asegurado por la demandada (robo del automotor) y que esta se negó a indemnizar, viene dada según la clara letra del contrato cuyo cumplimiento se reclama (ver fs. 70 vta.; cláusula adicional 58 de las condiciones particulares), por "el valor de venta al público al contado en plaza al momento del siniestro, de un vehículo de igual marca, modelo y características, afectado al transporte público de personas con uso de reloj taxímetro".- Dicho valor a ese momento conforme determina el fallo arrojaba la suma cuatro mil setecientos pesos (incluido el equipo de gas), empero la reparación integral que corresponde no se cumple si se le abona al asegurado la cifra histórica allí establecida, pues si bien la cantidad debida de acuerdo a lo estipulado se debe estimar a la fecha del hecho, esto es a condición de que la empresa aseguradora pague en el tiempo prudencial que insuma la entrega de la documentación, agregados los días que precepta la cláusula 16 y su anexo de la condiciones generales (ver fs.73 vta. y 74), más no en el supuesto de ser conminada judicialmente a hacerlo y como se viera acontece casi nueve años después del siniestro.- Ergo, si el principio resarcitorio tiende a colocar a la víctima-asegurado en la misma situación que tenía con antelación al suceso y ello se obtenía -verbigracia- en ese momento mediante la entrega de una suma de dinero que permitiera adquirir al contado un automóvil (...), lejos está de satisfacerse ese principio, si ahora se le pretende otorgar una cantidad de dinero que solo le bastaría -o tal vez no- para comprar un rodado de alrededor de dieciocho años de antigüedad.”
“Si es obvio que de ese modo no se pone al asegurado en la misma situación que poseía antes del siniestro, también es cierto que se estaría prohijando la conducta morosa de la compañía de seguros, quien cuando más se perpetúe en su incumplimiento, mas desmerece y lesiona el interés del asegurado y mas favorecida se verá en su posición, habida cuenta que a medida que transcurra el tiempo de incumplir más disminuirá el precio del (...), llegando incluso -por vía de hipótesis-, a que la extensión del pleito unido a la reticencia a pagar de la aseguradora podría hacer desaparecer la deuda cuando el vehículo usado pierda su valor de recambio por la amortización total de su valor (Conf. Cám.1ra, Sala III, La Plata, causa 22.858, reg. sent. 375/97; arg. art.1068, 1137 y 1197 del Código Civil).
(...)
Así las cosas, entiendo que el agravio es de recibo con los alcances concretos que más adelante referiré, sin que sea óbice para ello que se haya dispuesto que este rubro devengará intereses (...) ya que por los fundamentos antes expuestos ello no implica en modo alguna una “doble indemnización”.
Creo necesario aclarar que no soslayo que en uno de los precedentes antes citado este tribunal desestimó un planteo que prima facie podría parecer semejante al presente (causa n° 56079, “Moreira Hnos.”, del 17.04.12.). Sin embargo, lo que la actora había requerido en esa ocasión era la “repotenciación del capital asegurado desde la fecha del siniestro hasta la de su efectivo pago”, por lo que se entendió que su petición, tal como fue formulada, chocaba con el valladar que viene impuesto por el art. 7 de la ley 23.928. Es dable aclarar, para despejar toda duda, que la determinación de montos de condena actualizados al momento de la sentencia –que es lo que aquí requiere el apelante- nada tiene en común con la indexación que estaba permitida antes de la entrada en vigencia de la ley de convertibilidad, tal como ha sido explicado en toda la doctrina y jurisprudencia citada ut supra en relación a la actualización de los montos de condena, a cuya íntegra lectura remito en honor a la brevedad.
Tampoco paso por alto que en un reciente precedente de la C.S.J.N. se ratificó la plena vigencia del instituto de la suma asegurada como límite de la obligación del asegurador (“F., G. G. y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires – Secretaría de Educación s/ Daños y Perjuicios”, del 10.11.15., con nota de Rubén Stiglitz y María F. Compiani, “La suma asegurada como límite de la obligación del asegurador”, LL 2015-F, 249). Sin embargo, los planteos llevados a la Corte Nacional en ese precedente eran totalmente distintos a los que aquí se ventilan, ya que la aseguradora había sido llevada a juicio por la demandada bajo el cauce de la “citación en garantía”, y lo que se discutía –básicamente- era si regía el límite de la suma asegurada pese a que la empresa de seguros no había invocado dicho límite al contestar la citación sino recién al agraviarse de la sentencia de primera instancia.
En el caso de autos, y como ya lo anticipara, estimo que el agravio es procedente, pues ha quedado acreditado el incremento del valor del vehículo –con los alcances concretos que a continuación precisaré- y la conducta cuanto menos negligente de la aseguradora, quien, como lo destacara el “a quo”, se limitó a afirmar dogmáticamente en su misiva (...) que luego de realizar el peritaje sobre el automóvil siniestrado concluyó que el valor de los restos superaba el 20% del valor de la unidad, sin proporcionar en ese momento ni con posterioridad elementos fehacientes que acreditaran tal extremo " (C. Civ. y Com. Azul, sala 1°, 15/9/2016, "Baratcabal Federico C/ Aseguradora Federal Argentina S.A. S/Cumplimientos De Contratos Civiles/Comerciales").-
Consecuentemente, allí la Cámara se basó en el valor del vehículo informado por la “Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina” (ACARA), y admitió el rubro.-
Como ya lo adelantaba, coincido plenamente con tales fundamentos y es poco lo que puedo agregar a los mismos.-
Desde esta Sala hemos considerado plenamente aplicable el estatuto del consumo en el contexto de las relaciones entre aseguradores y asegurados (esta Sala en causa nro. 54.485 R.S. 428/07, entre otras) con lo cual la protección del art. 42 de la Constitución Nacional asiste, desde ya, a estos últimos.-
En tal contexto, es claro que si el asegurador hubiera cumplido en tiempo propio su débito contractual, el asegurado hubiera podido contar, en ese momento, con la suma de dinero necesaria para la adquisición de un rodado similar al que tenía.-
Ello no fue así, y el asegurador fue moroso (desde Octubre de 2014, lo que llega firme a esta Alzada).-
Ahora bien, el monto de condena por el rubro llega a la suma de $58.300 y surge de las constancias de autos que el valor del automóvil para Octubre de 2016 rondaba los $88.000 (ver fs. 102).-
O sea que, para esa época, el monto de la condena ascendía al 66% del valor del rodado.-
Evidentemente, esto implica una clara desprotección al consumidor, mas aun cuando -al menos por lo que surge de las constancias de la causa- la posición de la aseguradora, al no atender el siniestro, ha sido claramente infundada.-
Entiendo, entonces, que el rubro merece favorable acogida.-
Ahora bien, esto nos sitúa ante el problema de determinar su cuantificación.-
El dato mas reciente que tenemos es el de fs. 102, del mes de Octubre de 2016 (es decir de hace un año).-
Pero lo pedido apuntaba a la determinación del valor del automotor "a la fecha del efectivo pago"; y considero que así debe ser, pues es en dicho momento -cuando el pago se materializa- en el que se configura la posibilidad cierta y efectiva de reponer el rodado.-
Por otro lado, no puede desatenderse tampoco que la suma que manda a abonarse por capital, devengará intereses.-
Entonces, y desde mi punto de vista, debería admitirse el rubro, difiriendo su cuantificación para la etapa de la liquidación (art. 165 del CPCC), a cuyos fines se deja establecido que el rubro prospera por la diferencia que exista entre el monto fijado en primera instancia -$58.300- con mas sus intereses (calculados a la fecha en que se lleve a cabo la liquidación) y la cotización del rodado según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, a esa misma fecha; rubro que -a efectos de evitar toda duplicidad resarcitoria- no devengará intereses.-
b) Daño emergente por indisponibilidad del automotor
Objeta el apelante en sus agravios el fallo apelado, pretendiendo que se conceda el resarcimiento tomando en consideración la totalidad de los días de indisponibilidad, hasta el cumplimiento de la sentencia (ver fs. 161/vta.).-
El fallo en crisis ha mandado a abonar la suma respectiva por la indisponilidad de uso durante 10 días (ver fs. 144vta./145) tarifándolo en la suma de $700.-
Ahora, lo primero que deberíamos tener en cuenta (por elementales razones de congruencia) es a qué apuntaba el pedido inicial.-
Y así veremos que, al reclamar, le quejoso solo pidió el equivalente a 6 meses de indisponibilidad (fs. 32vta.).-
Entonces, mal puede atenderse la petición formulada en el memorial cuando su enfoque, en la instancia previa, fue el ya aludido (art. 272 del CPCC).-
Con todo, entre los 10 días condenados y los 6 meses pretendidos existe una diferencia de tiempo, y ello sí debemos tratarlo en la Alzada.-
Para abordar el análisis del rubro reclamado considero necesario recordar que en la causa nro. 54.485, (R.S. 428/07), se sostuvo que
“ la privación de uso se emparenta con la necesidad, de cualquier persona que diariamente utilice su automóvil para desplazarse, de otro medio de transporte u otro vehículo para efectuar el mismo accionar (esta Sala en causas 39.933 R.S. 443/98; 37.762, R.S. 12/99, entre otras).-
Dejando -por un momento- de lado tal delimitación conceptual, debo recordar también que recientemente hemos resuelto un caso que presenta cierta analogía al presente.-
Dijimos en la causa nro. 53.932 (R.S. 324/07) que
A su vez en la interpretación del art. 521 el incumplimiento doloso o "malicioso" agrava la situación del deudor y
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.