Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 29596
Causa N º MO-29596-2020
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "JIMENEZ GUSTAVO DANIEL C/ FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES" Causa N º MO-29596-2020 habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO - GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO, dijo:
1. La Sra. Jueza Titular del Juzgado de Primera instancia en lo Civil y Comercial nro. 5 Departamental, con fecha 13 de Noviembre de 2023 dictó sentencia definitiva, haciendo lugar a la demanda en los términos que de allí surgen.
Apelan ambas partes y sus recursos se concedieron en relación.
La actora funda el suyo con el memorial de fecha 23 de Noviembre de 2023, replicado el 5 de Diciembre de 2023.
La demandada hace lo propio con su escrito del 27 de Noviembre de 2023, replicado el 29 de ese mismo mes y año.
La actora llega cuestionando las sumas fijadas por daño extrapatrimonial, daño punitivo, daño material y privación de uso, quejándose además de la tasa de interés y de la omisión de ordenar la publicación de la sentencia.
La demandada, mientras tanto, llega cuestionando las sumas fijadas por daño extrapatrimonial, daño material y privación de uso, cuestionando también la procedencia y subsidiariamente la tarifación del rubro daño punitivo y objetando finalmente lo decidido en cuanto a la tasa de interés a aplicar.
Al tenor de cada escrito cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Con fecha 28 de Diciembre de 2023, se llamaron "autos para sentencia" providencia que adquirió firmeza, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, lo que deja las actuaciones en condiciones de ser resueltas.
2. Circunscripta así la cuestión, he de comenzar señalando que -desde mi punto de vista- los fundamentos de ambos recursos sortean la valla del art. 260 del CPCC.
Ello así, pasaré a ocuparme de las quejas traídas.
No sin dejar señalado que llega firme a esta Alzada la parte de la decisión en la cual se considera que la demandada ha incumplido sus obligaciones contractuales frente al cliente, lo que es suficientemente descripto en el fallo apelado.
Es decir, debemos ocuparnos únicamente de los rubros y los accesorios (arts. 260, 266 y 272 del CPCC), considerando que -mas allá de lo que señalaré en relación a algunos puntos de las mismas, las fundamentaciones recursivas se ajustan, en líneas generales, a las exigencias del art. 260 del CPCC.
Voy, entonces, a los temas traídos.
Comenzaré por lo relativo al daño material, aspecto de la decisión que agravia a ambas partes.
El rubro ha prosperado por la suma de $23.085.440.
La aseguradora sostiene que ello violenta los límites del contrato de seguro, y objeta además la metodología seguida para fijar el valor y trae diversos cuestionamientos en el mismo sentido. haciendo referencia al dolar oficial y también al dolar solidario.
La actora, mientras tanto, cuestiona el cálculo efectuado, indicando que el valor del dólar MEP debió haberse calculado al momento de la sentencia, y no al de la pericia.
Dice que es una deuda de valor y que la suma fijada no es suficiente para volver a adquirir el rodado, resultando la misma parcial.
Pretende, en definitiva, que se fije la condena en la suma de 64.000 dolares estadounidenses, cuyo pago deberá hacerse en una cuenta en dólares de autos.
Abordando las objeciones traídas, comienzo por las de la aseguradora, recordando un precedente de esta Sala (causa nro. 7262 RS 318/17).
Se decía allí que:
"el planteo liminar apuntaba a que la aseguradora abonara el monto necesario para adquirir -al momento del pago- un vehículo de igual modelo y características al que era propiedad del actor y resultó destruido (fs. 32vta./33).-
Sobre el tema, memoro un lúcido precedente de la jurisdicción bonaerense -con voto en primer término del Dr. Louge Emiliozzi y adhesión de la Dra. Comparato- cuyos términos comparto totalmente.-
Decía allí la Sala 1° de la Cámara de Azul que:
"al momento de fallar debe procurarse no acudir a parámetros desactualizados, sino que deben tomarse los valores más actualizados posibles al momento de la sentencia.
Ahora bien, el caso de autos presenta la complejidad de que en el contrato que nos ocupa se estableció una suma asegurada como límite de la responsabilidad del asegurador, circunstancia que condujo al “a quo” a fijar la indemnización por este concepto en la suma de $ (...). Por su parte, al contestar agravios la aseguradora invoca precisamente el contenido de esa cláusula para lograr su rechazo (...).
Así las cosas, cabe recordar que el art. 61 de la Ley de Seguros dispone en su segundo párrafo que el asegurador “responde sólo hasta el monto de la suma asegurada, salvo que la ley o el contrato dispongan diversamente”.
Comentando este precepto que de por sí es claro, se ha apuntado que la indemnización debida por el asegurador en caso de siniestro que afecte el bien asegurado, podrá ser igual o menor que la suma asegurada pero nunca sobrepasarla, es decir, que la suma máxima asegurada constituye el tope de la responsabilidad del asegurador convenida en el contrato (Roullión, Adolfo –Director- “Código de Comercio comentado y anotado”, T. II, pág. 99; ídem Soler Aleu, Amadeo “Seguro de automotores. Responsabilidad Civil, daños al vehículo, robo y hurto”, pág. 160; cit. por esta Sala en causa n° 56.079, “Moreira Hnos.”, del 17.04.12.).
En la misma orientación ha expresado la jurisprudencia que el valor asegurable expresado en la póliza de seguro de robo de automotor puede no necesariamente coincidir con el valor del bien y además no determina el monto indemnizable, sino la suma máxima que deberá el asegurador en caso de siniestro (Cám. Nac. de Apel. en lo Com., Sala E, “Ciccone, Lorenzo A. c/ Lua Seguros La Porteña S.A.”, 17.09.07., La Ley On Line, AR/JUR/12853/2007; cit. por esta Sala en causa n° 56.079, “Moreira Hnos.”, del 17.04.12.).
La aplicación estricta de esta norma llevó a un amplio sector de la doctrina y la jurisprudencia a rechazar planteos de indemnización por el riesgo cubierto en la medida que superaran “la suma asegurada” y, del mismo modo, a rechazar daños distintos al previsto en el contrato que se atribuyen al incumplimiento de la aseguradora como es el típico caso del lucro cesante (ver voto del Dr. Butty y disidencias de las Dras. Díaz Cordero y Piaggi en fallo de la Cám. Nac. Com., Sala B, “Ercilio Carlos Bossi S.A. c/ La Fortuna Compañía de Seguros Generales S.A.”, del 30.06.99.”, J.A. 2000-IV-790).
En relación a este último aspecto, también vimos en el apartado anterior que esta Sala ha dicho reiteradamente que la circunstancia de que el reclamo se inscriba en la órbita de la responsabilidad contractual no es obstáculo para la procedencia de otros rubros distintos a la prestación comprometida en el contrato, más concretamente, los mayores daños que el incumplimiento produjo. Es dable aclarar que todas las causas citadas ut supra recayeron en juicios promovidos por el asegurado contra su propia aseguradora, por lo que esta doctrina que admite la procedencia de “otros daños” además de la prestación prometida en el contrato fue sentada por esta Sala para el supuesto específico de los contratos de seguro –sin perjuicio, claro está, de otros precedentes en los que hemos aplicado la misma doctrina a contratos distintos- en sintonía con la autorizada opinión de las Dras. Díaz Cordero y Piaggi vertidas en el precedente antes citado, entre muchas otras.
Ahora bien, el interrogante que corresponde despejar para dar respuesta a este agravio es si el incumplimiento en legal tiempo y forma de la aseguradora también autoriza a dejar de lado el límite de la “suma asegurada” respecto a la prestación convenida en el contrato.
En los votos de la Dra. Piaggi en el precedente antes citado (Cám. Nac. Com., Sala B, “Ercilio Carlos Bossi S.A. c/ La Fortuna Compañía de Seguros Generales S.A.”, del 30.06.99.”, J.A. 2000-IV-790) y en otro posterior de la misma Sala (“Servicios y Equipos Viales S.A. c/ Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A.”, del 18.10.12., J.A. 2013-I, 868) se dijo agudamente que “… la indemnización deriva del incumplimiento contractual y no del seguro, el primero transforma la deuda de dinero en deuda de valor, con la consecuencia de responsabilizar al deudor moroso por el mayor daño que cause, como en las demás obligaciones y el alcance de la responsabilidad contractual se extiende a las consecuencias inmediatas de la falta de cumplimiento de la obligación si la defensa no justificó su obrar negligente …”.
En la jurisprudencia provincial también encontramos un caso muy similar al presente, en el que la actora –que había demandado a su aseguradora y a su productor o agente de seguros por la no cobertura del robo de su taxi- también reclamaba un valor de reposición actualizado y el lucro cesante (CC0001 QL 10800 RSD-32-10 S 31/05/2010, “Rojas, Antonio Miguel c/Zanet,Fabricio y otros s/Daños y perjuicios”, sumarios disponibles en Juba pero pudimos acceder al texto completo).
En relación al valor de reposición del vehículo el tribunal dijo lo siguiente:
“La exacta medida del menoscabo patrimonial que sufrió el actor como consecuencia de la consumación del riesgo asegurado por la demandada (robo del automotor) y que esta se negó a indemnizar, viene dada según la clara letra del contrato cuyo cumplimiento se reclama (ver fs. 70 vta.; cláusula adicional 58 de las condiciones particulares), por "el valor de venta al público al contado en plaza al momento del siniestro, de un vehículo de igual marca, modelo y características, afectado al transporte público de personas con uso de reloj taxímetro".- Dicho valor a ese momento conforme determina el fallo arrojaba la suma cuatro mil setecientos pesos (incluido el equipo de gas), empero la reparación integral que corresponde no se cumple si se le abona al asegurado la cifra histórica allí establecida, pues si bien la cantidad debida de acuerdo a lo estipulado se debe estimar a la fecha del hecho, esto es a condición de que la empresa aseguradora pague en el tiempo prudencial que insuma la entrega de la documentación, agregados los días que precepta la cláusula 16 y su anexo de la condiciones generales (ver fs.73 vta. y 74), más no en el supuesto de ser conminada judicialmente a hacerlo y como se viera acontece casi nueve años después del siniestro.- Ergo, si el principio resarcitorio tiende a colocar a la víctima-asegurado en la misma situación que tenía con antelación al suceso y ello se obtenía -verbigracia- en ese momento mediante la entrega de una suma de dinero que permitiera adquirir al contado un automóvil (...), lejos está de satisfacerse ese principio, si ahora se le pretende otorgar una cantidad de dinero que solo le bastaría -o tal vez no- para comprar un rodado de alrededor de dieciocho años de antigüedad.”
“Si es obvio que de ese modo no se pone al asegurado en la misma situación que poseía antes del siniestro, también es cierto que se estaría prohijando la conducta morosa de la compañía de seguros, quien cuando más se perpetúe en su incumplimiento, mas desmerece y lesiona el interés del asegurado y mas favorecida se verá en su posición, habida cuenta que a medida que transcurra el tiempo de incumplir más disminuirá el precio del (...), llegando incluso -por vía de hipótesis-, a que la extensión del pleito unido a la reticencia a pagar de la aseguradora podría hacer desaparecer la deuda cuando el vehículo usado pierda su valor de recambio por la amortización total de su valor (Conf. Cám.1ra, Sala III, La Plata, causa 22.858, reg. sent. 375/97; arg. art.1068, 1137 y 1197 del Código Civil).
(...)
Así las cosas, entiendo que el agravio es de recibo con los alcances concretos que más adelante referiré, sin que sea óbice para ello que se haya dispuesto que este rubro devengará intereses (...) ya que por los fundamentos antes expuestos ello no implica en modo alguna una “doble indemnización”.
Creo necesario aclarar que no soslayo que en uno de los precedentes antes citado este tribunal desestimó un planteo que prima facie podría parecer semejante al presente (causa n° 56079, “Moreira Hnos.”, del 17.04.12.). Sin embargo, lo que la actora había requerido en esa ocasión era la “repotenciación del capital asegurado desde la fecha del siniestro hasta la de su efectivo pago”, por lo que se entendió que su petición, tal como fue formulada, chocaba con el valladar que viene impuesto por el art. 7 de la ley 23.928. Es dable aclarar, para despejar toda duda, que la determinación de montos de condena actualizados al momento de la sentencia –que es lo que aquí requiere el apelante- nada tiene en común con la indexación que estaba permitida antes de la entrada en vigencia de la ley de convertibilidad, tal como ha sido explicado en toda la doctrina y jurisprudencia citada ut supra en relación a la actualización de los montos de condena, a cuya íntegra lectura remito en honor a la brevedad.
Tampoco paso por alto que en un reciente precedente de la C.S.J.N. se ratificó la plena vigencia del instituto de la suma asegurada como límite de la obligación del asegurador (“F., G. G. y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires – Secretaría de Educación s/ Daños y Perjuicios”, del 10.11.15., con nota de Rubén Stiglitz y María F. Compiani, “La suma asegurada como límite de la obligación del asegurador”, LL 2015-F, 249). Sin embargo, los planteos llevados a la Corte Nacional en ese precedente eran totalmente distintos a los que aquí se ventilan, ya que la aseguradora había sido llevada a juicio por la demandada bajo el cauce de la “citación en garantía”, y lo que se discutía –básicamente- era si regía el límite de la suma asegurada pese a que la empresa de seguros no había invocado dicho límite al contestar la citación sino recién al agraviarse de la sentencia de primera instancia.
En el caso de autos, y como ya lo anticipara, estimo que el agravio es procedente, pues ha quedado acreditado el incremento del valor del vehículo –con los alcances concretos que a continuación precisaré- y la conducta cuanto menos negligente de la aseguradora, quien, como lo destacara el “a quo”, se limitó a afirmar dogmáticamente en su misiva (...) que luego de realizar el peritaje sobre el automóvil siniestrado concluyó que el valor de los restos superaba el 20% del valor de la unidad, sin proporcionar en ese momento ni con posterioridad elementos fehacientes que acreditaran tal extremo" (C. Civ. y Com. Azul, sala 1°, 15/9/2016, "Baratcabal Federico C/ Aseguradora Federal Argentina S.A. S/Cumplimientos De Contratos Civiles/Comerciales").-
Consecuentemente, allí la Cámara se basó en el valor del vehículo informado por la “Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina” (ACARA), y admitió el rubro.-
Como ya lo adelantaba, coincido plenamente con tales fundamentos y es poco lo que puedo agregar a los mismos.-
Desde esta Sala hemos considerado plenamente aplicable el estatuto del consumo en el contexto de las relaciones entre aseguradores y asegurados (esta Sala en causa nro. 54.485 R.S. 428/07, entre otras) con lo cual la protección del art. 42 de la Constitución Nacional asiste, desde ya, a estos últimos.-
En tal contexto, es claro que si el asegurador hubiera cumplido en tiempo propio su débito contractual, el asegurado hubiera podido contar, en ese momento, con la suma de dinero necesaria para la adquisición de un rodado similar al que tenía.-
Ello no fue así, y el asegurador fue moroso (desde Octubre de 2014, lo que llega firme a esta Alzada).-
Ahora bien, el monto de condena por el rubro llega a la suma de $58.300 y surge de las constancias de autos que el valor del automóvil para Octubre de 2016 rondaba los $88.000 (ver fs. 102).-
O sea que, para esa época, el monto de la condena ascendía al 66% del valor del rodado.-
Evidentemente, esto implica una clara desprotección al consumidor, mas aun cuando -al menos por lo que surge de las constancias de la causa- la posición de la aseguradora, al no atender el siniestro, ha sido claramente infundada.-
Entiendo, entonces, que el rubro merece favorable acogida.-
Ahora bien, esto nos sitúa ante el problema de determinar su cuantificación.-
El dato mas reciente que tenemos es el de fs. 102, del mes de Octubre de 2016 (es decir de hace un año).-
Pero lo pedido apuntaba a la determinación del valor del automotor "a la fecha del efectivo pago"; y considero que así debe ser, pues es en dicho momento -cuando el pago se materializa- en el que se configura la posibilidad cierta y efectiva de reponer el rodado ".-
De este modo, no puede -en el específico contexto de este caso- pretender la demandada desobligarse con el pago a valores históricos, o con la suma nominal indicada en el contrato, cuando dilató el cumplimiento de su obligación, de manera inmotivada y, actualmente, sigue sin cumplir, motivo por el cual la suma consignada en el contrato de seguros no sería suficiente para adquirir nuevamente el automotor.
La sentencia es clara al explicar las razones de su decisión de las cuales, cabe reconocerlo también, la demandada no se hace del todo cargo, limitándose a afirmar que el fallo contraría lo dispuesto por los arts. 109 y 118 de la ley 17.418, que ni siquiera son aplicables al caso, pues no estamos frente a un seguro de responsabilidad civil.
Coincido, de este modo, con el enfoque que el Sr. Juez de Grado le dio al tema y, en definitiva, la quejosa debe afrontar el valor de reposición del rodado.
Automóvil que, en el caso, era importado y de alta gama.
A los fines de establecer dicha valuación, se acudió a un dictamen pericial (pericia de fecha 10 de Abril de 2023, y explicaciones de fecha 22 de ese mismo mes y año).
En lo que aquí interesa, el perito señala haber recabado información en 3 comercios del ramo, indicando que este tipo de automotor cotiza en dólares estadounidenses, haciendo alusión a los precios allí indicados.
Luego, en sus explicaciones, hace alusión a la forma de fijación del valor.
Al igual que lo ha hecho el Sr. Juez de Grado, entiendo que no hay razón o motivo como para apartarse del dictamen, en tanto el mismo es claro, explicativo, está fundado y emana de profesional competente, no existiendo en el expediente elementos de convicción que lo contradigan (arts. 384 y 474 del CPCC).
Me detengo aquí para señalar que lo relativo al kilometraje de la unidad no hace mella en la postura que adoptó el juez, siendo razonable lo obrado por el perito, por la sencilla razón de que, al haber sido sustraída la misma (conclusión que llega firme), es imposible constatar cuantos kilómetros tenía al momento del robo.
Desde otro punto de vista, vemos que el perito ha consultado en agencias oficiales del ramo, lo cual se contextualiza -después- con información recabada en Mercado Libre.
Con lo cual, los cuestionamientos que trae la demandada al respecto son inatendibles.
Ahora, el perito ha informado un valor en dólares estadounidenses, por las razones que expresó (se trata de un automóvil importado y de alta gama).
No hay motivo para asumir una postura distinta.
Y es razonable, además, el método del juez, en el sentido de promediar los valores que informa el experto.
Desde ya, no cabe toma
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.