Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I · Causa SI 2387 2015
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto en el acuerdo que antecede se modifica la sentencia en el sentido que se reducen los intereses fijados y se calcularan a la tasa del 6% anual por todo concepto.
Las costas se imponen al reclamante.
Se difiere la regulación pertinente para su oportunidad (art. 31,51 del decreto ley 8.904/77 y arts. 51 ley 14.967 y 7 CCCN).
En la Ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los ... días de febrero de 2019 se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, Dres. Hugo O.H. Llobera y Carlos Enrique Ribera, para dictar sentencia en el juicio: “TURTULA JOSE ANTONIO C/ LETE PATRICIA ALEJANDRA Y OTRO/A S/CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES” y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Dres. Llobera y Ribera, resolviéndose, plantear y votar la siguiente:
C U E S T IÓ N
¿Debe modificarse la sentencia apelada?
A la cuestión planteada el señor juez doctor Llobera dijo:
La Magistrada hace lugar a la demanda interpuesta por José Antonio Turtula contra Patricia Alejandra Lete y Héctor Fabián Carranza, a quienes los condena a escriturar el inmueble sito en la calle Rivarola 6715, de Del Viso, partido de Pilar, provincia de Buenos Aires y a abonarle al actor el saldo de precio pendiente de U$S 52.600 con más los intereses que establece a la tasa del 10% anual. Impone las costas a los demandados y difiere la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna (fs. 239/242).
El actor apela la sentencia (fs. 243) pero luego, mediante escrito electrónico -en adelante ee- del día 24-9-2018, desiste del recurso.
Los demandados apelan el fallo (fs. 248) y expresan agravios (fs. 275 a 277), los que son contestados por la contraria (ee-12-11-2018, fs. 279).
El actor, al contestar el traslado de la presentación efectuada por su contraparte, cuestiona de algún modo que lo expresado por ella constituya en verdad una expresión de agravios al no erigirse en una crítica concreta y razonada del fallo. Tales afirmaciones entiendo que obligan a considerar si ello amerita una declaración de deserción del recurso.
Cabe recordar que expresar agravios es, conceptualmente, ejercitar el control de juridicidad mediante la crítica de los eventuales errores del juez y al ponerlos en evidencia, obtener una modificación parcial o íntegra del fallo en la medida del gravamen que causara (causas n° 68.165, 68.667, 71.713, 81.604; “Álvarez, Emilia Mercedes c/ Sauma Automotores S.A.C.I.F.A.G.Y. y Otro s/ sumarísimo - Expte. nº 33.129”, 1-11-2018); “Barros, Pascuala del Carmen c/ D'Elia, Lucrecia Alba s/ Prescripción Adquisitiva”, 30-3-2010, causa N° 109.136; "Pettersson Elena Yolanda C/ Márquez Antonio S/ Prescripción Adquisitiva", Expte.: D-1462-6, 16-12-2014; "Alderete Vanina Jaqueline C/ Motza Microomnibus Tigre S.A. Y Otro/a S/Daños y Perj. Autom. S/Lesiones (Exc. Estado)", Expte.: SI-12973-2015, 2-7-2018; entre muchas otras).
Bajo la óptica adoptada, el tribunal de alzada no puede examinar consideraciones de tipo genérico que denotan una mera disconformidad subjetiva con la sentencia y que por tanto son insuficientes como fundamento del recurso (doc. arts. 246 y 260 del CPCC).
Entiendo que la facultad de declarar desierto un recurso ante la insuficiencia de la expresión de agravios debe ejercerse por la alzada con un criterio restrictivo, ya que lo contrario puede llevar a que, en forma arbitraria, se afecte el derecho de defensa del recurrente.
De la lectura de los argumentos brindados por los requeridos, advierto que en principio se refieren en forma concreta a la sentencia y a la jurisprudencia aplicable para apoyar su reclamo, razón por la cual, estimo debe tenérsele por cumplida la obligación del art. 260 del CPCC.
En razón de lo dicho y de compartirse este criterio, he de proceder al análisis de los agravios vertidos.
Tasa de interés de deudas en dólares
a. El planteo
La Sentenciadora redujo los intereses convenidos en la clausula sexta del boleto de compraventa y aplicó por todo concepto el 10% anual, desde la intimación cursada (fs. 14/5) hasta el efectivo pago.
Los accionados se agravian porque entienden que en virtud de la moneda pactada los intereses aplicados son desmedidos. Afirman que tal decisión es arbitraria y lesiva de su derecho de propiedad, pues arroja un resultado excesivo con respecto a la obligación original, generando un enriquecimiento sin causa a favor del demandante. Solicitan su morigeración.
El actor, al contestar el traslado, sostiene que los recurrentes frente a su mora deben abonarle el capital de U$S 52.000 más los intereses punitorios convenidos -en el 0,2% diario, es decir, 6% mensual- y compensatorios en el 4% mensual, ello en razón de su dolosa tardanza. Refiere que su parte cumplió con su obligación, entregando la posesión del inmueble contra el pago del 14,45 % del valor originario de la propiedad y en contraposición, los demandados no abonaron el 85,65% del precio pactado, ni canon locativo alguno, usufructuaron y gozaron del inmueble durante casi seis años sin abonar ninguna contraprestación; es decir, de manera gratuita. Señala que no existe ninguna prueba que acredite el enriquecimiento incausado que alegan y no puede obviarse que su parte recibirá fuera de plazo los dólares que debió percibir hace seis años. Destaca que fueron los recurrentes quienes se enriquecieron, pues adquirieron el inmueble por la suma de U$S 69.200, y hoy su valor se incrementó en dicha moneda, alcanzando en promedio los U$S 87.500. Indica que el argumento de la devaluación de la moneda local en nada cambia la suerte de su agravio, pues las consecuencias de la mora en el cumplimiento de su obligación les son imputables. Hace hincapié en el modo en que repercute el proceso inflacionario en la moneda estadounidense y en el valor de los bienes y servicios. Afirma que la tasa establecida en la sentencia es razonable. Pide que se rechace la queja con costas a los recurrentes.
b. El análisis
Las partes acordaron en el boleto de compraventa (fs. 4) que quien cumpliera sus obligaciones podía optar por exigir el fiel cumplimiento de la otra y aplicar una multa diaria equivalente al 0,2% de interés punitorio (cláusula sexta).
El actor reclamó el saldo de precio pero además el resarcimiento de los daños y perjuicios en los términos de dicha cláusula con más los compensatorios.
Cabe aclarar que la operación es anterior al CCCN (art. 7).
La Jueza de la instancia de grado con fundamento en el art. 656 del C.Civil, morigeró el interés pactado en la referida cláusula; es decir, redujo la multa y sin efectuar ninguna otra discriminación, estableció el 10% en todo concepto.
En cuanto a la morigeración de la cláusula penal, tiene dicho nuestro Máximo Tribunal que "pese a la finalidad compulsiva o resarcitoria que se le reconoce a la cláusula penal en cuanto establece anticipadamente el quantum indemnizatorio para el supuesto de incumplimiento (conf. en similar sentido Llambías, "Código Civil Anotado", Tomo II-A, 1979, pág. 425 y sigtes.) resulta erróneo que en pos de respetar el pleno ejercicio de la autonomía de la voluntad (arts. 1197 y 1198, Cód. Civ.), se sostenga la validez de una estipulación que no guarda una adecuada relación con las prestaciones asumidas por los contratantes, pues ello redundaría en la infracción a la moral y las buenas costumbres que las partes debieron ponderar en oportunidad de contratar, resultando viable en estos casos integrar el contrato" (conf. arts. 19, Constitución Nacional; 21, 502 y 953, Cód. Civ.; en similar sentido doct. Ac. 41.880, S 4-3-1990; Ac. 61.024, S 7-7-1998).
En la causa 116.965 del 2-7-2014, señaló la Corte Provincial que "La facultad de los jueces para morigerarla en aquellos casos en que su aplicación literal lleva a consecuencias atentatorias a la regla del art. 953 del Código Civil -que dispone que los actos jurídicos que no se conformen a dicha norma son nulos, como si no tuviesen objeto- puede disponerse de oficio, especialmente cuando la desproporción luce manifiesta y su comprobación no requiere una previa investigación de hecho (conf. arts. 1038, 1039, 1044, Cód. Civ.; en similar sentido C.N.Com, sala A, "Watman S.A.C.I. c. Boidrini, Horacio A. s/ sumario", sent. del 18-X-1985, cit. por C.N.Civ., Sala A, "De La Torre S. A. c. Editorial Hora Cero S.A.", sent. del 1-XII-1992, cita online: AR/JUR/765/ 1992). También expresó en relación al tema que "el art. 656, segundo párrafo, del Código Civil, autoriza a los jueces a reducir las penas cuando su monto resulte desproporcionado con la gravedad de la falta que sancionan, habida cuenta el valor de las prestaciones y demás circunstancias del caso. La revisión contractual, con fundamento en las directivas que se desprenden de los arts. 21, 656, 953, 954 y 1071 del Código Civil, supone la previa comprobación del carácter excesivo o abusivo de lo estipulado en el contrato".
Sobre la cuestión, la Corte Federal ha expresado que "la existencia de ‘abusivo aprovechamiento’ surge incontestablemente de los hechos, sin posibilidad de razonamiento o prueba en contrario cuando la diferencia en más derivada de la aplicación de la pena es en sí misma y objetivamente exorbitante" (conf. CSJN, expte. "Lucchini S.A. c/ Macrosa Crothers Maquinarias", sent. del 18-12-1990).
No obstante la existencia de la cláusula penal, ella no puede otorgar al acreedor una indemnización mayor a la tasa de interés que razonablemente repare los efectos de la mora de su deudor. Es que en principio la indemnización a cargo del deudor moroso en el cumplimiento de una obligación de dar sumas de dinero no debe exceder del pago de sus intereses. Salvo cuando el acreedor pruebe acabadamente un perjuicio especial y distinto de la mera improductividad del capital (Guillermo Borda, "Tratado de Obligaciones", 2ª ed., t. I, pág. 534).
Respecto al cómputo de intereses, en los casos en que exista convenio entre las partes, cabe aplicar éste. Ello, en la medida que los réditos fijados no resulten abusivos, supuesto en el cual pueden ser reducidos por los jueces, aun de oficio (conf. Cazeaux-Trigo Represas, "Derecho de las Obligaciones", Tº I, págs. 589 y ss.).
La SCBA también estableció que los jueces tienen facultades de morigerar la tasa de interés convenida en los negocios privados cuando fuere abusiva, usuraria o confiscatoria. Mas tal doctrina no habilita a establecer pautas fijadas en materia de intereses con abstracción de las circunstancias concretas de cada caso (Causa C. 104.857, "Cementub S.A. c/ Banco de la Prov. de Bs. As. s/ Cumplimiento de contrato", 17-8-2011).
Sentado ello, comparto la decisión de la Magistrada en cuanto a su reducción, dado que la exorbitancia de la multa convenida en concepto de punitorios es evidente y se desprende de efectuar un simple cálculo matemático, pues el 0,2% diario sobre el precio de la venta, asciende a la suma de U$S 4.140 mensuales y ello multiplicado hasta la efectiva regularización de lo pactado.
Valorando las actuales condiciones de la economía, la situación del mercado cambiario, y las tasas vigentes en la actualidad en el ámbito financiero, cuando la suma de dinero adeudada se ha pactado en moneda estadounidense, esta Sala que integro ha sostenido que resulta adecuado aplicar una tasa de interés del 4% anual (Causas n°35.728, RSI 87, S del 17-3-2016; nº 38.651/2013 RSI 44 S del 22-2-2017; n° 34.843/2012 del S 4-5-2017).
Por ello, en mi criterio el 10% anual fijado en la sentencia –en todo concepto-, resulta elevado y corresponde admitirse al recurso interpuesto.
Sin embargo, en el este caso en particular debo considerar que el vendedor, debido al incumplimiento de los compradores respecto de su obligación de escriturar y saldar el precio de la compraventa, quienes además detentan la posesión de la vivienda desde el año 2012 y sólo abonaron un 14% del importe total, se ha visto gravemente perjudicado en la imposibilidad de disponer tanto de su capital como del inmueble enajenado durante seis años.
c. La propuesta al Acuerdo
En virtud de todo lo expresado y lo dispuesto por los arts. 622 y 656 del Código Civil (en sentido similar art. 771 del CCCN), postulo al Acuerdo que se modifique la sentencia apelada y se reduzcan los intereses fijados, dadas las reseñadas circunstancias del caso, a la tasa del 6% anual por todo concepto, pues la aplicación con este último alcance no ha sido motivo de queja.
En atención a la solución esbozada, considero que deberán imponerse al actor en su condición de vencido (art. 68 del CPCC).
Por todo lo expuesto, voto por la afirmativa.
Por los mismos fundamentos, el señor juez doctor Ribera votó también por la afirmativa.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede se modifica la sentencia en el sentido que se reducen los intereses fijados y se calcularan a la tasa del 6% anual por todo concepto.
Las costas se imponen al reclamante.
Se difiere la regulación pertinente para su oportunidad (art. 31,51 del decreto ley 8.904/77 y arts. 51 ley 14.967 y 7 CCCN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase a la Instancia de origen.
Carlos Enrique Ribera Hugo O. H. Llobera
Juez Juez
Santiago J. Lucero Saá
Secretario
Fin de la sentencia