Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 122619
En la ciudad de La Plata, a los nueve días del mes de agosto de dos mil dieciocho reunidos en acuerdo ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, Sala Tercera, doctores Andrés Antonio Soto y Laura Marta Larumbe, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “TELLECHEA OSCAR ALEJANDROC/ ARVIA PABLO JORGE Y OTRO/A S/CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES", (causa nº 122619), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término el doctor Soto.
LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justo el decisorio dictado a fs. 527/538 vta.?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA EL DOCTOR SOTO DIJO:
I. En la sentencia cuestionada la Sra. jueza de la anterior instancia admitió la demanda de cumplimiento de contrato interpuesta por Oscar Alejandro Tellechea (hoy sus sucesoras), contra Marcelo Alejandro Arvía y Pablo Jorge Arvía (hoy su sucesor). Condenó en su mérito a estos últimos a que dentro del plazo de noventa días corridos de consentida o ejecutoriada la sentencia, procedan a otorgar a favor de la parte actora, la escritura traslativa de dominio en relación al inmueble matrícula n° 055-141.569, bajo el apercibimiento previsto por el art. 511 del C. Proc. Asimismo condenó a los accionados a abonar en el plazo establecido precedentemente, el monto total que resulte luego que la parte actora liquide una vez firme o consentida la presente, la multa que se fija en la suma de pesos veinte por día ($20) desde la fecha de mora -27/05/2008- , hasta la escrituración.
Finalmente, impuso las costas a la parte demandada vencida y postergó la regulación de los honorarios de los profesionales hasta la oportunidad en que quede determinada la base regulatoria.
II. Contra esa forma de decidir apelaron, la parte actora a fs. 539; el codemandado Marcelo Alejandro Arvía a fs. 570 y la Asesora de Incapaces a fs. 571. Las réplicas obran a fs. 607/620; 621/638, y 640/644 vta.
III. A fs. 649/650 vta. fue desestimado el hecho nuevo interpuesto por los demandados.
IV. En síntesis, los accionantes objetan la morigeración de la multa impuesta por la a quo, cuyo monto diario fue determinado en la suma de $ 20.
Sostienen que, a diferencia de lo expuesto en la sentencia en crisis, la cifra no es desproporcionada en relación al monto del contrato, puesto que equivale al 0,26661 de su precio, teniendo en cuenta el valor del dólar al tiempo de la sentencia, y que se mantiene al momento de los agravios.
Luego de algunos desarrollos teóricos cuestionan que la sentenciante haya considerado un atenuante de la pena el hecho de que los compradores hayan tomado posesión del inmueble en el día de la firma del boleto. Exponen igualmente su disenso con la consideración de que la multa no debe superar el valor del bien adquirido, puesto que -afirman- que en el caso se trata de una conducta dilatoria que exhibe una desidia inconmensurable.
Objeta asimismo por irrisoria la suma de $ 20 diarios; formula una síntesis de los agravios, y solicita que se disponga el pago de la multa pactada, o en su caso un importe adecuado a los valores que impone la realidad cotidiana.
V. Sintéticamente expuesto, el codemandado Marcelo Alejandro Arvía critica inicialmente la falta de consideración de la defensa de incumplimiento de contrato opuesta por su hermano al contestar demanda.
A continuación reproduce la aludida defensa y los argumentos utilizados por el accionante al respecto.
Concluye que la falta de cumplimiento del pago de los impuestos y tasas fue una conducta deliberada, voluntaria y consciente, lo que hubo de ser cumplido por el recurrente y su hermano, hasta el día de le fecha.
Seguidamente expone doctrinariamente acerca de la defensa de marras y explicita que a fin de escriturar, la contraria deberá previamente cumplir con las obligaciones asumidas.
Asimismo, alude a la falta de pago del saldo de precio, que deberá igualmente ser satisfecho.
El segundo agravio refiere al rechazo de la defensa de fuerza mayor.
Afirma que la conclusión de la sentencia en crisis es sesgada y que la prueba producida no fue considerada.
Sostiene que a fin de llevar a cabo la venta contrataron los servicios del Martillero Jasale, a quien le brindaron los antecedentes del inmueble y a su turno cumplimentó también los deberes a su cargo, conforme a la ley del ejercicio profesional.
Pormenoriza que, sin embargo, la realización de un estado parcelario no se halla dentro de las obligaciones previas a la promesa de venta. Que tal recaudo recae en el escribano, tercero ajeno a la relación contractual, cuya participación es posterior y extraña a sus obligaciones.
Argumenta también que antes de la suscripción del boleto de compraventa se constituyeron derechos reales sobre el inmueble, sin observación alguna.
A continuación sostiene que la conducta asumida por su parte y de su hermano luego de conocido este inconveniente fue intentar por todos los medios dar solución al problema, y expone el recorrido de las actuaciones administrativas y judiciales.
Por el contrario, sostiene, la conducta de la contraparte fue de mala fe, lo que quedó acreditado en autos.
Analiza la prueba que a su criterio da sustento a sus asertos y concluye que el actor estaba en conocimiento de la predisposición para que el boleto se cumpliera.
Objeta luego que la Jueza de la primera instancia haya concluido que los compromisos asumidos en el convenio no se hayan cumplido, y explicita las conductas desplegadas en tal sentido.
También se refiere a los fallecimientos de su hermano y del actor, lo que generó el retraso y la complicación del trámite procesal.
El tercer agravio se dirige a cuestionar la imposición de la multa.
Justifica esta queja en los fundamentos ya desarrollados en orden a que no hubo de su parte incumplimiento doloso o culposo que pudiera dar lugar a la declaración del estado de mora.
Si bien comparte las razones esgrimidas para la reducción del precio, sostiene que la fijada supera el saldo de precio pendiente de pago, lo que vulnera los principios de la moral y las buenas costumbres, lo que conduce a que deba reducirse aún más.
También controvierte la fecha de mora fijada, dado que, afirma, existió una prórroga tácita del plazo de escrituración.
Solicita que se deje sin efecto la multa o en su caso se la reduzca.
Por último, critica la imposición de costas y solicita que el caso en que la sentencia se confirme, éstas sean impuestas en el orden causado.
En otro capítulo de la expresión de agravios, requiere que para el caso de la confirmación de la sentencia, se reajuste equitativamente el saldo de precio, o en forma subsidiaria se aplique un coeficiente corrector o los intereses a la tasa más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Sostiene en tal sentido que el saldo de precio, de $ 65.000 constituye a la fecha una suma irrisoria.
Denuncia un hecho nuevo, que fuera desestimado luego por este Tribunal y reserva el derecho de repetir las sumas obladas por tasas, impuestos y servicios.
VI. De su parte, la Asesora de Incapaces adhiere a los agravios vertidos por el codemandado Marcelo Alejandro Arvía.
En ese cometido recorre los argumentos de la falta de tratamiento del incumplimiento del actor frente al pago de las tasas e impuestos del inmueble; la desestimación del caso fortuito o fuerza mayor; la imposición de la multa y las costas.
También exige, para el caso en que la sentencia sea confirmada, que se reajuste el saldo del precio y subsidiariamente se aplique intereses.
VII. En su respuesta, la parte actora controvierte las razones esgrimidas por los demandados.
Sostiene que el pago de los impuestos no estaba estipulado como obligación luego de la posesión y que tampoco se trata de un acto preescriturario. Se pregunta luego cómo pagaría impuestos mientras no se resolviera el obstáculo, y mientras no se sepa exactamente a qué departamento correspondía.
Cuestiona más adelante los argumentos relativos a la fuerza mayor, y subraya que luego de aproximadamente diez años no se concluyeron con las rectificaciones necesarias.
Objeta seguidamente los agravios relativos a la multa y observa que en la contestación de demanda solamente se pidió su reducción.
En orden a la imposición de costas, afirma que es correcta la asignación a los vencidos.
Por último, se expide respecto del reajuste del saldo de precio y argumenta sobre su improcedencia.
En tal sentido señala que tal extremo se halla prohibido por la ley 25.561.
VIII. De su lado, el codemandado Arvía controvierte los argumentos recursivos de la parte actora en orden a la morigeración de la multa pactada.
No comparte el argumento de que no es necesario que exista proporción entre el monto de la pena y la prestación y seguidamente sostiene las razones utilizadas por la Jueza en su sentencia.
Al mismo tiempo expone que el dinero siempre estuvo a disposición de los demandados conforme fue expuesto a fs. 20 y en consecuencia es improcedente tal petición.
IX. Abordando la tarea revisora, y dando en consecuencia las debidas razones del caso (artículos 171, Constitución Provincial y 3 del C.C. y C.), principio por señalar que ya habiendo entrado en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, desde el 1 de agosto del año 2015 -art. 7, ley 26.994, conf. art. 1 ley 27077-, habrá que aclarar si corresponde juzgar este litigio con el marco legal con el cual nació -el Código Civil anterior- o con el nuevo. Tal disquisición deberá disiparse desde lo dispuesto por el artículo 7 de la ley ahora en vigor, el cual señala en lo que interesa destacar que: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución...".
El caso de autos, comprende a un contrato celebrado y ejecutado durante la vigencia de la ley anterior (arts. 3, Código Civil; 7 y conc., C. C. y C. ley 26.994). Consecuentemente, la decisión que se propondrá se compadece con el código civil vigente al tiempo de la celebración y ejecución del contrato (esta Sala, causa 122.815, RSD 26/18).
X. Razones metodológicas aconsejan evaluar en primer término las críticas vertidas por la parte demandada y la Asesora de Incapaces, planteos que coinciden esencialmente.
X. a. Señalan los recurrentes la omisión del tratamiento de la defensa de incumplimiento contractual opuesta por el codemandado Pablo Jorge Arvía (v. contestación de demanda a fs. 247 vta./248).
Los argumentos se asientan en la falta de pago de impuestos y tasas que pesan sobre el inmueble a partir de la entrega de la posesión, en los términos de la cláusula quinta del contrato de compraventa (v. fs. 14 vta.).
Sin embargo, y no obstante que tal controversia sea eventualmente propuesta por los vendedores mediante el reclamo respectivo, ciertamente carece de entidad para solventar la defensa en tratamiento.
Es que la exceptio non adimpleti contractus exige para su procedencia la simultaneidad en la observancia de las prestaciones recíprocas nacidas del contrato; así como el incumplimiento de quien demanda (art. 1201, Código Civil).
Fue explicitado en tal sentido por la Suprema Corte que “ante la excepción de incumplimiento de carácter dilatorio, el actor debe probar que ha cumplido las prestaciones a su cargo (conf. Ac. 43.448, sent. del 21-V-1991; "D.J.B.A.", 142-191; "Acuerdos y Sentencias", 1991-I-773).
Entonces, si una parte que no ha cumplido su prestación reclama a la otra la ejecución de la suya, ésta puede invocar en su defensa la excepción de incumplimiento y resistirse a cumplir su obligación, hasta tanto la otra no realice lo que a su vez debe hacer (conf. Cazeaux, Pedro N. y Trigo Represas, Félix A., "Derechos de las Obligaciones", La Ley, 4ª ed., 2010, t. II, p. 664, Infra 1110; Morello, Augusto M., "El boleto de compraventa", L.E.P., 4 ed., 2008, pp. 575 y 637)”. (SCBA, voto del DR. De Lázzari, causa C 105.951).
El cumplimiento del pago de tasas e impuestos por parte de los accionantes -en rigor expresada de modo tácito, ya que la cláusula quinta alude a la obligación de los vendedores de pagar tales contribuciones hasta la entrega de la posesión-, dado que no es una prestación que se deba a los vendedores, no está en el elenco de las obligaciones recíprocas atingentes al contrato de compraventa.
Si bien se deriva como lógica consecuencia del ejercicio de la posesión, y como tal dicha obligación pesa sobre ellos desde el día de la suscripción del boleto, el 17/04/08 (v. cláusula tercera, fs. 14), es ajena al entramado de prestaciones recíprocas que las construyeron para dar vida al negocio jurídico (arts. 1197 y 1198, Código Civil).
Consecuentemente, si mi opinión es compartida por mi distinguida colega, se propone el rechazo de este agravio (arts. 266 y 273, C. Proc.).
X. b. Pese a los esfuerzos desplegados por los recurrentes, tampoco se postulará la admisión de la queja relativa a la desestimación de la defensa de caso fortuito o fuerza mayor.
Ha señalado este Tribunal en tal sentido que el Código Civil recepta al caso fortuito o fuerza mayor como todo hecho “que no ha podido preverse o que previsto no ha podido evitarse” (artículo 514). Al mismo tiempo requiere que sea ajeno a las partes, puesto que en tanto el perjuicio no se deba al hecho de nadie, se verifica una causa ajena al demandado y a cualquier otro sujeto. Dicho ello, los rasgos esenciales que caracterizan al “casus” son la imprevisibilidad y la inevitabilidad; siendo el último el más decisivo, puesto que aún lo previsible si es inevitable puede exonerar de responsabilidad; desde la otra cara del razonamiento, lo imprevisible deviene verdaderamente relevante, en la medida en que por ello torna inevitable el acontecimiento que no se pudo prever. Finalmente, lo irresistible o inevitable exige que se trate de lo imposible de impedir aplicando la atención, cuidados y esfuerzos normales (Félix A. Trigo Represas, “Responsabilidad Civil. Doctrinas Esenciales”, T II, págs. 1082/1084; ed. La Ley, año 2007; esta Sala, causa 106.216, RSD 1221/16).
A ello debe agregarse que en el cumplimiento de obligaciones derivadas de un contrato -como el caso de autos-, el hecho debe ser sobreviniente a la obligación, y no preexistente a aquél (Atilio Aníbal Alterini, “Enciclopedia de la Responsabiidad Civil”, ed. Abeledo Perrot, T II, p. 107, año 1998).
Con solvencia explicó la Dra. Sandra Nilda Grahl: “La exigencia del certificado catastral como requisito previo y sine qua non para poder transmitir derechos reales sobre inmuebles data del año 1994, conforme la ley 10.707, es decir que dicho requisito ineludible existe con anterioridad a la firma del boleto de compraventa de autos, el cual se suscribió en el año 2008, por lo tanto, los vendedores debían conocer tal disposición toda vez que la ley se presume conocida por todos y nadie puede alegar la ignorancia del derecho. En consecuencia, así como se tomaron los recaudos pertinentes respecto de los informes de dominio y de inhibición general de bienes, debieron haberse tomado de igual modo respecto del estado parcelario del bien, asegurándose así que el inmueble estaba en condiciones de ser transmitido.
Téngase también en cuenta un detalle no menor: los vendedores -uno de ellos con título de abogado- a los fines de esta venta en particular se hicieron asesorar por un profesional en la materia -el Martillero Público Nacional José Gustavo Jasale-, matrícula 6493, quien suscribió el boleto conjuntamente con las partes, lo cual implica que por el mayor conocimiento teórico y práctico que dichos profesionales poseen para este tipo de negocios, se les exige un comportamiento más diligente, estando comprometidos a actuar con la mayor diligencia y prudencia en todos sus actos, por lo que la apreciación de la culpa será con mayor rigor en función del principio de superior exigencia que dimana de los arts. 512 y 902 del C.
Civil (…) en función del conocimiento profesional de quien asesoraba a los demandados y del título de abogado que uno de ellos poseía, se imponía como conducta diligente y de previsión asegurarse que el inmueble se encontraba en condiciones materiales de ser transmitido y ello incluye no sólo las condiciones que puedan surgir del informe de dominio, sino también las del certificado catastral (…) quedó fehacientemente demostrado que desde el momento mismo de la firma del boleto, el inmueble se encontraba materialmente impedido para ser transmitido por escritura pública, lo que derivó en lo que podría llamarse un ''incumplimiento material'', imputable al demandado y que bien pudo, de haberse actuado con la debida diligencia y previsión, haber sido evitado.
(…) Que, conforme ya fue expuesto y desarrollado (…), el obstáculo suscitado en autos para escriturar -la discordancia en la designación catastral y dominial con la posesión física- de ningún modo ha sido un hecho imprevisible o inevitable, al contrario, de haberse actuado con la diligencia y previsión que, tal como lo impone el art. 512 del CC, exigía la naturaleza de la obligación y conforme las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar, se hubiese advertido con anterioridad a la firma del boleto de compraventa y de la asunción del compromiso de escriturar, la necesidad de solucionar previamente dicho obstáculo. La imposición legal de realizar un estado parcelario a fin de obtener un certificado catastral como requisito necesario e indispensable para escriturar, no fue un hecho sobreviniente o posterior a la firma del contrato, sino que existía con anterioridad a la celebración del mismo, era un hecho que DEBIA SER CONOCIDO POR EL VENDEDOR Y POR EL MARTILLERO QUIEN LO ASESORABA PROFESIONALMENTE, y en consecuencia, se debió haber tomado los recaudos pertinentes para asegurar la posibilidad material de transmitir el dominio del inmueble.” (v. fs. 534 vta./535 vta.).
Ciertamente, la discordancia entre la identificación catastral y dominial del inmueble, que data del año 1964, cuando Ormaechea, -propietario originario- sometió el inmueble al régimen de Propiedad Horizontal y lo identificó como Unidad Funcional N 5, compuesto por los polígonos 00-05 y 01-04, cuando en realidad corresponde a la Unidad Funcional N 4, integrada por los polígonos 00-04 y 01-03, se trata de una circunstancia poco habitual, y constituyó -huelga decirlo-, el nudo gordiano en la ejecución del contrato.
No obstante ello, también lo es que, como correctamente destacara la colega de la instancia previa, “la obligación asumida por los demandados al celebrar el boleto de compraventa -firmar dentro de los cuarenta días posteriores la escritura- es una obligación de resultado, el fin último de dicho contrato es el perfeccionamiento del dominio a través de la escritura correspondiente y su posterior inscripción en el registro” (v. fs. 534, último párrafo).
De manera que la imposibilidad material para escriturar: i) existía ya al tiempo del contrato; ii) pudo haber sido verificada con antelación; iii) y por tanto, si bien puede calificarse como un obstáculo inesperado, no fue inevitable.
Las razones dadas permiten concluir en la desestimación de esta parcela del recurso.
X. c. Distinta suerte se propondrá frente a la queja por la imposición de la multa.
Fue admitida en la instancia de origen, reducida a la cantidad de veinte pesos, lo que generó la queja de ambas partes.
Prevista en el contrato (cláusula decimosegunda, fs. 14 vta.), puede leerse: “En caso que el vendedor faltare al acto de Escrituración y entrega de
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