Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 122434
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaQue en el precedente Acuerdo ha quedado establecido que el decisorio dictado a fs. 115/121 no es justo (arts. 171 de la Constitución Provincial; 7 del C. C. y C. N.; 68, 260, 261, 266, 272, 274, 322 del C. Proc.; doctrina y jurisprudencia citada).
POR ELLO: corresponde: I) Revocar el decisorio apelado de fs. 115/121, en cuanto hace lugar a la acción declarativa de certeza. II) Imponer las costas de ambas instancias al actor. III) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.
En la ciudad de La Plata, a los veintiún días del mes de Agosto de dos mil dieciocho reunidos en acuerdo ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, Sala Tercera, doctores Andrés Antonio Soto y Laura Marta Larumbe, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “ORENGO DIEGO CESAR C/ SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOP LTDA S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES", (causa nº 122434), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término la doctora Larumbe.
LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justo el apelado decisorio de fs. 115/121?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, LA DOCTORA LARUMBE DIJO:
I. En el aludido decisorio el iudex a quo hizo lugar a la acción declarativa de certeza deducida por Diego César Orengo contra “Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada” y, en consecuencia, dejó establecido que ante el eventual reclamo indemnizatorio que pudiere efectuar el actor con motivo del accidente de tránsito ocurrido con fecha 9/11/2015, en la intersección formada por las calles 9 y la avenida 532 de La Plata, en el que participó el automóvil marca Volkswagen Suran, dominio MSA 894, de ser citada, la parte demandada deberá asumir la defensa de los derechos del actor en los términos de lo artículos 109 y 118 de la le y 17.418.
A su vez, rechazó la acción por cumplimiento de contrato -cobro de pesos- incoada por el actor contra la parte demandada e impuso las costas por la acción declarativa de certeza que prospera a la aseguradora y aquellas generadas en el cumplimiento de contrato al actor. Asimismo, difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.
Dicho decisorio fue apelado por la demandada a fs. 122 y vta., quien expresó agravios a fs. 131/134 vta., los que merecieran la réplica que corre a fs. 136/138 vta.
II. Los Agravios:
En prieta síntesis la aseguradora sostiene que el fallo en crisis incurre en absurdo por cuanto al momento de evaluar la configuración de los hechos controvertidos, la valoración que se formula es arbitraria pues el a quo tiene por acreditada la ocurrencia del accidente, ello a pesar de la negativa de su parte al respecto y la ausencia total de prueba.
Así luego de transcribir las partes de su contestación de demanda en donde expresamente se niega la ocurrencia del hecho, sostiene que el magistrado en su considerando II resuelve la acreditación del mismo en función de lo que se desprende del intercambio epistolar entre las partes.
Es precisamente lo que el magistrado infiere del comportamiento de la aseguradora en dichas cartas documento, lo que el recurrente califica de razonamiento arbitrario, vicio que entiende será enmendado por el ad quem.
Además, esgrime, el fallo se aparta de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la casi unánime jurisprudencia al respecto, por cuanto el sentenciante considera acreditada y válida la causa de exclusión de cobertura pero inoponible a los eventuales terceros que pudieran reclamar del actor, circunstancia contraria a derecho y que genera a su entender, una responsabilidad sin causa para su mandante.
Asimismo, califica de equívoco conceptual el analizar como un supuesto de culpa grave, la exclusión de cobertura de autos, pues, a diferencia de ello, la misma consiste en una causa objetiva prevista en la póliza que es totalmente oponible a terceros; cita precedentes de la Corte Nacional y Provincial que avalan su postura y pide se revoque el fallo recurrido.
A todo evento, requiere se ordene limitar la responsabilidad a los montos, límites y condiciones del seguro de responsabilidad obligatorio dispuesto en el art. 68 de la le y 24.449 conforme resolución de la SSN n° 34.225/09 vigente a la fecha del siniestro.
A fs. 136/139 vta., obra la réplica del actor, quien sostiene que la recurrente funda su memorial en la ausencia de acreditación del hecho litigioso cuando se olvida que, en la etapa administrativa, rechazó la cobertura no por dicha circunstancia sino, porque el protagonista del siniestro “circulaba a contramano”, motivo por el cual, no puede colocarse en contradicción con sus propios actos anteriores.
Agrega que el actor cumplió con sus obligaciones como asegurado al comunicar la ocurrencia del siniestro en el plazo de ley y ponerse a disposición de la aseguradora y, ésta sólo se limitó a rechazar la cobertura alegando la exclusión, sin negar jamás a existencia del hecho.
En cuanto al argumento de la inobservancia de los términos contractuales dice que la contratación del seguro de responsabilidad civil es obligatorio por ley, y que el contrato de seguro cumple una función social, sosteniendo que el precedente jurisprudencial que cita no se aplica a autos, pues allí la Corte dejó sin efecto una sentencia que mandaba a indemnizar más allá del límite del seguro. En autos, aclara, el iudex a quo obliga a la aseguradora a cumplir con sus obligaciones contractuales surgidas dentro del contrato de seguro obligatorio de responsabilidad civil, asumiendo la defensa de los derechos del actor, atento a que su parte cumplió con todas sus obligaciones y es la demandada quien se niega a cumplir con el contrato.
Pide se rechace el recurso con costas a la demandada.
III. Tratamientos de los agravios:
Abordando la tarea revisora y dando en consecuencia las necesarias razones del caso (artículos 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 3 C.C. y C.), en la medida que no ha sido motivo de agravio la existencia de un contrato de seguro automotor celebrado entre las partes (ver fs. 117), ninguna duda cabe que la controversia deberá disiparse en función de sus cláusulas, el seguro de responsabilidad civil obligatorio previsto en el art. 68 de la ley 24.449 y, ello sin descuidar -por cuestiones de economía y celeridad procesal- la doctrina legal que, sobre el tema, dimana de nuestro Superior Tribunal provincial, la que se encuentra en consonancia con aquella elaborada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sin perjuicio de ello, es lo cierto que, tal como lo tiene dicho en innumerables oportunidades nuestro Superior Tribunal provincial, la pretensión de sentencia meramente declarativa de certeza tiene por finalidad primordial obtener una declaración judicial que ponga fin a un estado de incertidumbre sobre la existencia, modalidades o alcances de una relación jurídica en aquellos casos en los que esa falta de certeza pueda producir un perjuicio o lesión actual, tal como reza el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial (doct. causas B. 65.721, "Vistamar S.A.", res. del 6-X-2004; B. 64.101, "Van Riel", res. del 27-X-2004; B. 68.298, "Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires", res. del 10-VIII-2005; B. 68.876, "Gualco", res. del 13-XII-2006; B. 66.189, "Tissone", sent. del 9-IX-2009, entre otras).
De modo que la pretensión de sentencia meramente declarativa no persigue propiamente la constitución de derechos o la condena del demandado, sino el esclarecimiento de una determinada situación jurídica que luce incierta o carente de certeza.
De allí que, como también ha resuelto la Corte provincial, la existencia de una duda acerca de alguno de los extremos antes referidos se presenta como un requisito indispensable para la procedencia de esta acción (doct. causa B. 65.445, "Cámara Argentina de Agencias del Turf", res. del 2-IV-2003; B. 66.737, "Spicer", res. del 6-VII-2005; B. 69.418, "Marenda", res. del 14-V-2008; B. 66.189 cit.; entre otras).
Ahora bien, en la especie no se presenta un estado de incertidumbre acerca de la existencia, alcance o modalidad de una determinada relación jurídica al que el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial condiciona la procedencia de acciones de esta naturaleza, pues tal como claramente se desprende del escrito introductorio de la demanda, el actor ninguna duda invoca en torno a la existencia y/o alcance del seguro contratado, sólo cuestiona la actitud asumida por su aseguradora frente a lo que califica como “un error de conducción” por parte de quien se encontraba al mando del rodado asegurado por la demandada.
Siendo ello así y, como el actor no persigue que se fije el alcance de una determinada relación jurídica sino que se declare que la norma aplicable debe ser interpretada de un cierto modo, la acción emprendida no es la vía idónea para evitar la promoción de eventuales y futuros conflictos (SCBA LP B 66031, S 13/04/2011); máxime si, como acontece en el particular, el eventual reclamo indemnizatorio al que alude el fallo en crisis, obra consumado y es motivo de controversia y dilucidación por parte del Juez que interviene en el reclamo de daños y perjuicios que da cuenta el oficio glosado a fs. 142/143.
Lo anteriormente expuesto, permite concluir que, la sentencia declarativa de certeza debe ser revocada, no sólo porque no existe ninguna situación de incertidumbre en torno a la existencia y/o alcance de la relación jurídica que uniera a las partes, sino porque al hacerse eco de la interpretación que el actor pretende acordarle a la normativa sobre la que elabora su reclamo (ver fs. 28/34), decide sobre una situación hipotética, condicionando y limitando el derecho de defensa en juicio de la demandada y hasta incluso, la decisión que pudiera adoptar el Juez en torno a los alcances y oponibilidad del contrato de seguro existente, frente al reclamo efectivizado por terceros ajenos al mismo, tal como acontece con aquél proceso iniciado por ante el Juzgado Civil y Comercial nº 6 y que a la fecha obra suspendido en cuanto a su tramitación (ver fs. 142/143 y fs.146/168).
Lo hasta aquí expuesto, determina que el recurso deba prosperar, revocándose la sentencia declarativa de certeza dictada, la que excede los términos del art. 322 del CPCC, lo que así dejo propuesto al acuerdo de mi distinguido colega (arts. 260, 261, 266, 272 y ccds. Del CPCC).
Las costas tanto de Primera Instancia como de Alzada propongo sean impuestas al actor en su carácter de sustancialmente vencido (art. 68, 274 del CPCC)
Voto en consecuencia por la NEGATIVA.
Por los mismos fundamentos el Dr. SOTO votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA DOCTORA LARUMBE DIJO:
Atendiendo al acuerdo alcanzado corresponde y así lo propongo: I) Revocar el decisorio apelado de fs. 115/121, en cuanto hace lugar a la acción declarativa de certeza, imponiendo las costas de ambas instancias al actor por resultar sustancialmente vencido (art. 68, 274 del C. Proc.). II) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.
ASI LO VOTO.
El doctor SOTO adhirió en un todo al voto que antecede, con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dictándose por el Tribunal la siguiente:
La Plata, 21 de Agosto de 2018.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
Que en el precedente Acuerdo ha quedado establecido que el decisorio dictado a fs. 115/121 no es justo (arts. 171 de la Constitución Provincial; 7 del C. C. y C. N.; 68, 260, 261, 266, 272, 274, 322 del C. Proc.; doctrina y jurisprudencia citada).
POR ELLO: corresponde: I) Revocar el decisorio apelado de fs. 115/121, en cuanto hace lugar a la acción declarativa de certeza. II) Imponer las costas de ambas instancias al actor. III) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad. Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Fin de la sentencia