Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 124683
En la ciudad de La Plata, a los catorce días del mes de Mayo de dos mil diecinueve reunidos en acuerdo ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, Sala Tercera, doctores Andrés Antonio Soto y Laura Marta Larumbe, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “MIGUEL JUAN MARTIN C/ RENVERS SA. S/CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES", (causa nº 124683), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término la doctora Larumbe.
LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justo el apelado decisorio de fs. 564/576?
3ra. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, LA DOCTORA LARUMBE DIJO:
I. En el decisorio aludido, el iudex a quo, tras desestimar la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por “Renvers S.A.”, hizo lugar parcialmente a la demanda que por cumplimiento de contrato e indemnización de daños y perjuicios promoviera Juan Martín Miguel contra “Renvers S.A., a quien condenó junto con el tercero citado a juicio “Tecno Nikkei S.A.”, a pagar al actor dentro del plazo de diez días, la suma de $ 324.210,98, más intereses del 6% anual desde el 4 de julio de 2013 y hasta el efectivo pago. Asimismo condenó a las nombradas a entregarle al actor la posesión del inmueble adquirido, sito en Av. 38 nº 1277 entre las calles 20 y 21, piso 3ro. “B” de la Torre I, de La Plata, ello dentro el plazo de 30 días, plazo en el que “Tecno Nikkei SA” debería otorgar al actor la escritura traslativa de dominio del referido inmueble, por ante el escribano designado en el boleto de compraventa, quedando a cargo del actor los gastos y honorarios que irrogue dicho acto y ello conformo lo oportunamente pactado.
Por lo demás, rechazó la aplicación de astreintes solicitada por el actor, como asimismo la demanda respecto de José María Pereira, con costas a “Renvers SA”, quien también resultó condenada por aquellas generadas en la acción principal junto con “Tecno Nikkei SA”.
Para así decidir tuvo por acreditada la existencia del contrato que uniera a las partes en litigio, que el actor abonó con motivo del mismo la suma de u$s 77.800 y $ 10.640, que el pago del saldo del precio debía efectuarse de acuerdo con el valor nominal de la cuota de U$S 1960 sin reajuste alguno y, fundamentalmente que la demandada, no había hecho entrega de la posesión en el plazo estipulado contractualmente y si bien es cierto, tenía la posibilidad de atrasar dicha entrega hasta 90 días corridos contados a partir de los 18 meses de la suscripción del boleto, invocó diversas causales tendientes justificar esa falta de entrega en término sin probar ninguna de ella de manera cierta y fehaciente (ver fs.571 vta./572 vta.
II. La sentencia fue apelada por el actor (ver fs. 577) y por “Renvers SA” (ver fs. 579), quienes expresaron agravios a fs. 588/596 y fs. 594/604 respectivamente. Los agravios de la demandada fueron replicados a fs. 606/607 (sistema Augusta) por el actor, en tanto que a fs. 614 (sistema Augusta) obra la vista conferida al Sr. Fiscal de Cámaras.
II.a. En prieta síntesis, el actor se agravia por la errónea aplicación de la doctrina legal que emerge de la causa “Zarate” de la SCBA al sub discussio, pues el sentenciante, al malinterpretar el lucro cesante peticionado y exigirle prueba de los contratos de locación frustrados con motivo de la falta de entrega en término del departamento, lo indemnizó como una pérdida de chance, es decir “…como una razonable aspiración de obtener un beneficio económico…” y prescindiendo de una prueba que entiende esencial para justipreciar el rubro, no sólo aplica erróneamente la doctrina de la SCBA sobre el ítem, sino que fija como monto indemnizatorio, una suma que resulta absurda, violentándose el derecho de obtener una reparación plena del daño y a obtener una sentencia razonablemente fundada en derecho. Agrega que al otorgar un monto global, no establece si el mismo abarca los daños posteriores a la sentencia.
Pide en definitiva que, en base a lo informado por el experto, no sólo se eleve los montos de condena en referencia a este punto, sino que se determinen las cantidades correspondientes a los períodos posteriores al dictamen y sentencia y ello hasta el efectivo pago.
Por lo demás entiende que si bien la sentencia recepta la pretensión referida a la restitución de los montos abonados en exceso, incurre en un error al disponer la pesificación de los pagos efectuados en dólares, por cuanto y siendo de aplicación el art. 7 del CCCN, la obligación en moneda extranjera debe considerarse como una obligación de entregar determinada especie o calidad de moneda, pide entonces, se revoque la sentencia en tanto pesifica los montos adeudados al actor, disponiéndose que por el rubro se deben abonar la suma de $ 38.962,40 y U$S 6.468,84. En subsidio propone que el monto en dólares sea determinado al tipo de cambio el día en que se produzca la restitución del dinero y no el 14 de agosto de 2018 como lo establece la sentencia.
También se agravia de la tasa de interés fijada, por cuanto la indemnización fijada en autos no responde a un criterio de actualidad, por lo que es errónea la aplicación de la doctrina que emerge de las causas “Vera” y “Nidera”, requiriendo la aplicación de la tasa de interés que emerge de la causa “Cabrera”, esto es la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Por último se queja de la fecha de mora establecida en el decisorio, por cuanto el demandado debió entregar el inmueble dentro de los 18 meses de suscripto el boleto, con lo cual y frente a un típico caso de mora automática, la obligación entiende, venció el 3 de diciembre de 2012. Asimismo agrega que en relación a los pagos efectuados en exceso, como según su criterio, dichos pagos tienen una causa ilícita, por haber sido cobrados por el demandado en violación a la ley que prohíbe indexar las obligaciones, considera que en función del art. 788 del Cód. Civil, el demandado restituya la cantidad percibida en exceso con los intereses que hubiera producido o podido producir desde el día que percibió el pago en forma indebida.
II.b. Por su parte la demandada “Renvers SA” se agravia del erróneo encuadramiento que el a quo hace de la relación contractual, calificando de indebida la interpretación que realiza el a quo, sostiene que el plazo estipulado de 18 meses era tentativo y debió interpretarse de manera integral, ya que las causas de la demora por caso fortuito, fuerza mayor , huelga o problemáticas de la obra al haber sido contractualmente previstas, invocar el incumplimiento debido a esas demoras, a su criterio, deviene absurdo, ya que no surge de la letra del contrato obligación de su parte de notificar el acaecimiento de alguna de las causales de demora como justificatorias de la entrega de la unidad funcional fuera del término convenido de entrega de la posesión.
Mas allá de que las medidas de fuerza llevadas adelante por la UOCRA o las inundaciones registradas en la ciudad en el año 2013 son hecho públicos y notorios, ello a pesar del informe de la Dirección General de Hidráulica el que no comprende un inspección del interior del edificio. Solicita se revierta el decisorio y se deje sin efecto la condena por un supuesto aunque inexistente incumplimiento en la entrega de la unidad funcional en término.
Asimismo sostienen, que el contrato fue libremente pactado entre las partes, que el iudex a quo desconoce que se trata ni más ni menos de una operación financiada, abonada en cuotas, al menos una parte, lo que lógicamente trae aparejado el cobro de intereses, no tratándose de un supuesto de actualización de precios.
En definitiva y como el contrato fue celebrado el junio de 2011, no es un contrato de adhesión y particularmente con respecto al precio, existe una conformación del mismo, porque si el precio se pagaba de contado, el mismo asciende a U$S 77.000, si era pagadero en cuotas, tal como acaeció en el particular, al actor se le dio la posibilidad de pagar en 24 cuotas de U$S 1960, estableciéndose un interés que sería el que arrojara el índice de costos de la construcción.
Ello así entiende que el actor no ha pagado de más ni de menos, por lo que la mal pretendida diferencia que arroja la pericia contable considerada por el a quo, no puede prosperar pues su parte no entiende cómo un saldo de precio de la magnitud del de autos, no devengue intereses o permanezca congelado como si hubiera sido pagado de contado, máxime cuando el Más Alto Tribunal provincial admitió la validez de la aplicación de tales índices en la causa “Compañía de Seguros La Franco Argentina SA c/ Rodríguez Blanco …” de fecha 27/12/94, que cita a los fines de afirmar su postura.
II.c. El actor en la réplica que formula de los agravios del codemandado “Renvers SA”, entiende que la misma no resulta una crítica concreta y razonada del decisorio recurrido, sino que configura una mera discrepancia subjetiva con el criterio del Juzgador por lo que solicita se declare la deserción del recurso.
Y, específicamente, al tratar el plazo de entrega, el recurrente esgrime, efectúa consideraciones sobre cuestiones de hecho valoradas por el a quo, sin acreditar ninguna causal de absurdo, resultando extemporáneo todo planteo relacionado a la prueba rendida en autos ya sea relativa a las presuntas medidas de fuerza sindicales o las relativas a la fuerza mayor, pues la recurrente no cumplió en la instancia con la carga prevista en el art.375 del CPCC, por lo que pretender retrotraerse a etapas precluídas resulta inadmisible en esta instancia.
En lo que hace a la aplicación de la ley de defensa al consumidor y el nuevo Código Civil y Comercial, entiende que el recurrente vuelve a exponer su particular punto de vista sin brindar argumentos referentes a la no aplicación de ambos cuerpos normativos; ocurriendo lo mismo con la actualización monetaria que el pacto prevé y que resulta contraria a la ley 23.928.
III.d. Finalmente a fs. 614 (sistema Augusta) corre la vista conferida al Ministerio Público Fiscal, en dónde el Sr. Fiscal de Cámaras departamental, considera que el a quo ha interpretado, valorado y aplicado en forma acertada el plexo normativo protectorio de usuarios y consumidores, tanto en la responsabilidad de las empresas demandadas como en cuanto a la procedencia y cuantificación del daño, por lo aconseja la confirmación de la sentencia de fs. 564/576.
III. Tratamiento de los Agravios:
III.a. Deserción del recurso pedida a fs. 606/607 (sistema Augusta):
Como la parte actora al contestar los agravios esbozados por “Renvers SA” alega que los mismos no reúnen los requisitos previstos en el art. 260 del CPCC, destaco que, esta Sala ha decidido en innumerables oportunidades que la exigencia en torno al cumplimiento de los recaudos de la expresión de agravios no debe ser tan rigurosa y estricta como para arribar a la deserción cuando exista un mínimo de ataque a la sentencia que sirva para justificar la efectiva salvaguarda del principio constitucional de defensa en juicio (arts. 18 C. N.; 260 y 261 -texto y doctrina- del C. Proc.; esta Sala, causa B 82.689, RSD 121/96, B 80.424, RSD 30/95, e. o.). Consectariamente, la sanción prevista por el artículo 261 del Código Procesal debe interpretarse con criterio restrictivo a fin de mantener intacta, en la medida de lo posible, la garantía constitucional de la defensa en juicio de la persona y de los derechos (arts. 18 C. N.; 15 C.P.B.A.; esta Sala, causas B 80.228, RSD 84/95, B 78.321, del 27-5-94, 104.260, RSD 47/10, 111.781, RSD 50/10, 113.411, RSD 82/11, 117687, RSD.176/14, 118.260, RSD.80/16, e. o.).
Siendo ello así, en la medida que del escrito de fs. 599/604 se desprende un mínimo ataque a la sentencia recurrida, corresponde y así lo propicio, desestimar la deserción peticionada.
III. a) Agravios de la parte demandada RENVERS SA:
Liminarmente corresponde señalar que arriba firme a esta instancia revisora la existencia reconocida del vínculo jurídico que enlazara a los contradictores, esto es un contrato de compraventa inmobiliaria instrumentado mediante el boleto que corre a fs. 66/68 vta. (ver fs. 569; arts. 354 inc. 1, 384 del CPCC).
Y, aún cuando la parte demandada cuestione el encuadre que el iudex a quo hubiere acordado al mismo, esto es un contrato de consumo previsto en el art. 1 de la ley 24.240, al cual le resultan aplicables no sólo la normativa consumeril sino también las disposiciones contenidas en el Código Civil y Comercial vigente a partir del 1/8/2015, concernientes a las relaciones de consumo, que resulten más favorables al consumidor (ver fs. 569 vta.), se advierte que el pacto que enlazara a los contradictores ha sido interpretado fundamentalmente en función de los lineamientos que dimanan del art. 1197 del C.Civil.
Ya que del decisorio se desprende un análisis literal de sus cláusulas, ello claro está, confrontadas las mismas con la prueba colectada en la causa.
Y, así, el iudex a quo, luego de transcribir las cláusulas segunda y tercera del boleto referido, sostuvo que, con relación al pago del precio convenido, a fs. 77/111 se glosaban los recibos que daban cuenta los desembolsos efectuados por el actor, los que en su gran mayoría habían sido reconocidos por el testigos Trotta (ver fs. 569 vta. párrafo segundo y tercero).
Luego y tras destacar que en los mencionados recibos -salvo algunos que detalla- no se indicaba el número de cuotas a las que se imputaban los pagos allí documentados y como no todos se habían realizado en dólares billetes estadounidenses, consideró esencial y decisiva la prueba contable formulada en la causa, pericia de cuyas conclusiones, coincido con el a quo, no encuentro motivación para apartarme desde que, las observaciones y/o explicaciones requeridas, se encuentran satisfactoriamente evacuadas a fs. 495/496 vta. y 504/507 vta., y no existen elementos técnicos que permitan afirmar que el experto cometió un error o hizo un uso impropio de la ciencia que domina, máxime cuando no existen otras pruebas que se oponga a lo que emerge de dicho informe, ni mucho menos que lo desvirtúen (arts. 472, 473, 474 del CPCC; ver fs. 570/vta.).
Fue, precisamente en base a dicho dictamen que el iudex a quo tuvo por acreditado que "...el actor abonó con motivo del contrato de compraventa de fs. 66/68 vta., u$s 77.800 y $ 10.640, es decir, más del precio estipulado en la cláusula 2da. del mentado contrato, cumpliendo de tal modo con la obligación de pago que estaba a su cargo (arts. 1.137, 1.197, 1.198 1er. párrafo, 1.323, y 1.324, Código Civil -Ley 340-; 375 y 384, Código Procesal Civil y Comercial)..."; agregando que "...para arribar a tal conclusión ha de ponderarse que -contrariamente a lo sostenido por la sociedad demandada- el pago del saldo debía efectuarse de acuerdo con el valor nominal de las cuotas de u$s 1.960, sin reajuste alguno, por cuanto el artículo 7 de la Ley 23.928, cuya redacción fue mantenida por la Ley 25.561, no admite actualización monetaria, indexación de precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa (conf. Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, causa C. 118.680, "E. de V., M. A. c/Roza, Jorge Enrique y otro. Daños y perjuicios", sent. del 15/VII/15, entre muchas más). Por ende, debe tenerse por no escrito lo establecido en la parte final de la claúsula 3ra. del boleto de fs. 66/68 vta. en punto a la actualización mensual del precio de acuerdo con los índices de la construcción (arts. 37 y 65, Ley 24.240; 7, último párrafo, 987, 988, 1.094, 1.095, 1.117, 1.118, 1.119 y 1.122 inciso "b", Código Civil y Comercial de la Nación)..." (ver fs. 571).
En lo que se refiere al incumplimiento que se le endilga a la codemandada en la entrega de la posesión, el iudex a quo sostuvo que "...En cuanto a las obligaciones contraídas por la parte vendedora relativas a la entrega de la posesión del inmueble adquirido y a la escrituración del mismo, cabe destacar que tal como surge del aludido boleto, tal posesión sería entregada en 18 meses salvo caso fortuito, fuerza mayor, huelgas que afectasen a la industria de la construcción o incumplimiento por parte de los proveedores, contratistas o subcontratistas de la obra; reservándose el derecho el vendedor de atrasar la entrega de la posesión hasta 90 días corridos contados a partir de los 18 meses de la suscripción del boleto de compraventa; y que la escrituración del inmueble en cuestión debía llevarse a cabo ante el escribano Alcides Marino, designado por la parte vendedora, una vez dadas las condiciones formales necesarias y expedidos los certificados requeridos a tal fin (v. cláusulas 3ra. y 5ta.)...", agregando que en materia de interpretación de los contratos, la intención de las partes debe buscarse en primer lugar en el contrato mismo que se suscribió, a fin de dar carácter objetivo a esa voluntad pues las palabras de los contratos tienen normalmente un significado y un propósito, no siendo de buena hermenéutica pretender que no tienen ninguno (ver fs. 371 y vta.), señalando además -pauta con la que coincido plenamente- que, cuando el texto del contrato es claro, no debe ser forzado por vía de interpretación.
Y fue en base a dichas pautas interpretativas que sostuvo que "... no cabe duda alguna que la vendedora no hizo entrega al actor de la posesión del inmueble en cuestión dentro del plazo fijado. Es más, de acuerdo con la presentación de fs. 339 mediante la cual la parte demandada denunció la existencia de un hecho nuevo, se desprende que la unidad funcional adquirida por el actor recién habría estado terminada en el mes de octubre de 2.016..." y si bien aclaró que la parte demandada había invocado diversas causales tendientes a justificar la falta de entrega de la posesión del inmueble en término, como la inundación acaecida en la ciudad de la Plata el día 2 de abril de 2.013, las medidas de fuerza efectuadas por el gremio de la construcción (U.O.C.R.A.) y los días de lluvia; ninguna de ellas había sido certeramente acreditadas.
Es más, sostuvo que "...Con relación a la referida inundación, por las características que presentó, la misma configura un supuesto de caso fortuito en los términos de los artículos 513 y 514 del Código Civil -Ley 340-. Empero, del informe suministrado por la Dirección General de Hidráulica que luce a fs. 475 vta. y del plano complementario de fs. 476, surge que en la Avda. 38 n° 1.277, entre las calles 20 y 21, de esta Ciudad -lugar en donde se encuentra emplazado el edificio del que forma parte el inmueble objeto del juicio-, no se registraron inundaciones, no existiendo cota de inundación en la zona (...) Por consiguiente, dado que la prueba del caso fortuito está a cargo de quien lo invoca (...) no habiendo acreditado la parte demandada el extremo por ella alegado, la causal denunciada no puede ser tomada en cuenta para justificar el atraso en la entrega del bien..." (ver fs. 572).
Y, en cuanto a las restantes causales invocadas, señaló "...que tampoco se encuentran fehacientemente probadas. En efecto, con relación a las precipitaciones que habrían afectado el avance de la obra, los testigos Carlos Alberto Trotta y Pablo Alejandro Hoggan -arquitecto vinculado laboralmente con "Tecno NIkkei S.A."- hacen referencia a las lluvias del año 2.014 (v. actas de fs. 253/254, respuesta a la 9na. pregunta y de fs. 255/255 vta., respuesta a la 2da. repregunta, respectivamente), es decir, cuando de conformidad con la cláusula 3ra. del boleto de compraventa el plazo de entrega de la unidad funcional -de 18 meses a contarse desde el día 3 de junio de 2.011, fecha de la suscripción de dicho boleto- se encontraba vencido, incluida la prórroga de 90 días posteriores a esos 18 meses contemplada en la citada cláusula. Y con respecto a las lluvias que el testigo Hoggan dice que cayeron en el mes de
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.