Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 130943
Lo que resolvió el tribunal
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la sentencia del día 18/11/2021, en todo lo que fuera materia de recurso y agravios; las costas de esta instancia se imponen a la apelante en su condición de vencida (art. 68 CPCC).
Sentencia Definitiva
Causa N° 130943; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº19 - LA PLATA
PONTORNO CARLOS ALBERTO C/ GUILLERMO SIMONE S.A Y OTROS S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES
En la ciudad de La Plata, a los tres días del mes de Marzo de Dos mil veintidos, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 130943, caratulada: "PONTORNO CARLOS ALBERTO C/ GUILLERMO SIMONE S.A Y OTROS S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fecha 18 de noviembre de 2021
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1– Mediante resolución de fecha 18 de noviembre de 2021 la señora Juez de grado rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Ford Argentina S.C.A. y desestimó la demanda promovida por Carlos Alberto Pontorno contra Guillermo Simone S.A., Ford Argentina S.C.A. y Plan Ovalo S.A. por cumplimiento contractual; impuso las costas de la acción al actor dado la forma de resolver, mientras que cargó con los costos a la excepcionante vencida por en virtud del rechazo de la excepción de falta de legitimación antes mencionada; finalmente, difirió la regulación de honorarios para la oportunidad en que el decisorio adquiera firmeza.
2. Esta forma de resolver es apelada por el codemandado Ford Argentina S.C.A. (presentación electrónica del 23 de noviembre de 2021) y el actor (presentación electrónica del 26 de noviembre de 2021). El recurso de Ford Argentina, previamente concedido en relación y con efecto devolutivo en fecha 30 de noviembre de 2021, fue debidamente fundado en la instancia de origen (el 2 de diciembre de 2021), mientras que el del accionante -concedido en la misma fecha y con el mismo efecto- fue declarado desierto el 20 de diciembre de 2021; Elevado a esta Instancia, y previa vista al señor Fiscal de Cámaras departamental (presentación electrónica del 9 de febrero de 2022), se llamó autos para sentencia (proveído del 10 de febrero de 2022).
3. Se agravia la empresa codemandada por cuanto la sentencia recurrida rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva por ella opuesta e impuso costas, concluyendo que no constituye una derivación razonada del derecho vigente en relación con los hechos acreditados y demostrados en el proceso.
Alega que no se ha valorado adecuadamente que en el presente caso no resulta de aplicación el art. 40 de la Ley 24.240 por cuanto no se cuestionó la calidad de un producto ni la falta de prestación de un servicio técnico ni la garantía en caso de defectos del producto vendido, es decir que no se cuestionó por las conductas tipificadas por la norma.
En virtud de ello cree que las consecuencias legales de ese incumplimiento sólo pueden alcanzar a quien fue parte del contrato y en virtud del cual se encuentra obligado, pero nunca puede pretender involucrarse a terceros que no formaron parte de la operación.
Finalmente, basa su posición en antecedentes jurisprudenciales de distintas jurisdicciones.
4.1. Abordando la tarea revisora, evidencio que la queja central de la apelante se centra en su llamado a intervenir en las presentes actuaciones ante una eventual condena solidaria.
En este aspecto no debe soslayarse que la interpretación de la ley y de las cláusulas del contrato deben ser compatibles con el régimen tuitivo del consumidor, específicamente con las reglas de interpretación que emanan del artículo 3 y 37 de la Ley 24.240 (en adelante denominada LDC), mediante las cuales habrá de estarse a favor de éste tanto ante la interpretación del contrato, como respecto de los alcances de la obligación, que se resumen en el apotegma in dubio pro consumidor -ante la duda en favor del consumidor-(conf. Pita-Moggia de Samitier, “Código de Comercio…”, ed. La Ley, T V, año 2006, pág. 1107).
Del régimen protectorio se erige la imposibilidad de tutelar al consumidor sólo desde lo estrictamente contractual, dejando por fuera de las consecuencias dañosas que pudieran producirse a los demás partícipes del proceso de producción y comercialización.
Es que, en este tipo de negocios existen desde el punto de vista del “proveedor” tres partes cuya responsabilidad, adelanto, resulta solidaria: el concesionario (En este caso Guillermo Simone) que es quien debe entregar la unidad en los términos acordados en el contrato, la administradora (Plan Ovalo) que es quien se ocupa de la administración de los planes y la terminal o fábrica que se ocupa de producir o importar la unidad según el caso (la apelante Ford).
Todas estas partes coinciden en un interés común, operado mediante contratos entrelazados en un conjunto económico, que persigue lo que se ha dado en llamar una “misma prestación esencial”, un “todo” contractual para un mismo y único negocio. De allí, más que atender a quien contrató con el consumidor, destinatario final, haya que prestar atención a la conexidad, vinculación, relación o coligación. El consumidor A contrató con el vendedor B; este a su vez con el distribuidor C, quien adquirió del mayorista D. Y este del importador E, relacionado con el fabricante F. No hubiera sido posible el contrato entre A y B sin las otras “presencias”, C, D, E y F. Un negocio sobre un bien o servicio, cumplido en sucesivos pasos y contratos, conexos o relacionados (conf. Jorge Mosset Iturraspe. Miguel A. Piedecasas. Obra citada. Tomo IX pag. 339).
Esta operatoria es subsumible al caso en estudio: el actor concretó la compra de un automóvil 0 Km. En la operatoria participaron, Guillermo Simone S.A. –concesionaria-, Plan Ovalo S.A. Ahorro Para Fines Determinados –administradora- y Ford Argentina S.C.A. -fabricante o importador-.
Asimismo, resulta indiscutible que la entrega del rodado, en las condiciones pactadas, es la prestación esencial.
La operatoria interna entre fabricante, comercializador, intermediario, etc. para el cumplimiento de la prestación esencial resulta ajena y no puede ser opuesta al consumidor que compra el bien confiando en el prestigio de la marca -en este caso una multinacional de las dimensiones de Ford- y desconociendo estas circunstancias propias del giro empresarial.
En el mismo sentido, el contrato brinda pautas al consumidor del objeto común de todas las partes y por ende de una responsabilidad solidaria ante el incumplimiento, en tanto en este caso no se ha demostrado por ninguna de las dos codemandadas que la causa le haya sido ajena (art. 40 último párrafo, ley 24240).
Nótese que Carlos Alberto Pontorno suscribió el convenio con Plan Ovalo S.A. Ahorro Para Fines Determinados –la administradora- a instancias de su vendedor u oferente “Guillermo Simone S.A.” –la concesionaria- y en el desarrollo de las cláusulas se desprenden numerosas referencias a obligaciones o derechos de la terminal.
Por citar un ejemplo, en la cláusula 11 en referencia al cambio de modelo y la 19 sobre comercialización (v. fs. 7/8). Lo mismo surge del contrato de adhesión agregado a fs. 17.
De allí surge con meridiana claridad la vinculación entre las partes. Caso contrario no tendría razón de ser que el contrato, confeccionado por la administradora y vendido por la concesionaria, otorgue facultades o derechos al fabricante.
Por tanto, en este caso la responsabilidad de las empresas -fábrica, concesionario y comercializador de planes de ahorro- en la relación de consumo debe ser compartido. Todas contribuyen al cumplimiento de la obligación y participan del proceso que lleva el producto al consumidor. Entre ellas existe indudablemente una interconexión y persiguen un fin común cuya prueba no debe ponerse en cabeza del dañado.
Por ello, concluyo que resultan ajenas al consumidor las características y limitaciones de los contratos celebrados entre las partes intervinientes en el proceso de comercialización y por tanto no pueden serle opuestas. Consecuencia necesaria de ello es la legitimación pasiva de la apelante en estos actuados (art. 3, 37, 40, 40 bis LDC).
4.2. La quejosa se disconforma asimismo de la aplicación del art. 40 de LDC. Argumenta que en esta causa no se discute del vicio, riesgo de la cosa o prestación de un servicio, tal como lo refiere la norma.
Dable es destacar que el art. 40 de le Ley 24.240 integra el Capítulo X que refiere a la responsabilidad por daños.
Y es en ese contexto que dispone “Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista responderá por los por los daños ocasionados la cosa con motivo o en ocasión del servicio. La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa le ha sido ajena”.
Luego, el art. 40 bis amplia el concepto delimitando que el daño directo será “Todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario o consumidor, susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado de manera inmediata sobre sus bienes o su persona, como consecuencia de la acción u omisión del proveedor de bienes o del prestador del servicio”.
De las normas transcriptas surge de modo indudable la legitimación pasiva de Ford Argentina en este proceso. Nótese que una de las principales obligaciones en este contrato es la de entrega del automóvil adjudicado respetando el precio y las pautas acordadas contractualmente.
Por ello, ante la controversia generada alrededor de estos tópicos, la presencia de todas las partes componentes de la cadena de fabricación y comercialización en el proceso -ante el pedido del actor reclamante- es procedente.
Noto que la terminal en sus esfuerzos argumentativos se desentiende de que cuando el art. 40 LDC refiere a una deficiente prestación de un servicio, éste incluye la percepción de los pagos de las cuotas y la posible aplicación de beneficios o créditos en favor del contratante por la compra del automotor, que puede traducirse en el daño definido por el art. 40 bis LDC.
Ello no empece a que las empresas o personas intervinientes en la cadena de comercialización queden desamparados ante la ley, toda vez que cuentan como herramienta con la acción de repetición para hacer valer su derecho entre ellos mismos en función a sus acuerdos o contratos particulares.
En estos términos, la apelante podría iniciar las acciones que consideren convenientes, por los argumentos que vertió en su apelación, incluyéndose el supuesto abordado por nuestro máximo Tribunal Provincial en la causa allí citada (SCBA LP Ac 93038 S 13/06/2007 Juez SORIA SD).
5. En tal entendimiento, por las consideraciones vertidas, he de propiciar el rechazo de los agravios expuestos, instando la confirmación de la sentencia de grado en todo lo que fuera materia de recurso y agravios; propongo que las costas de esta instancia sean soportadas por la apelante en su condición de vencida (art. 68 CPCC).
Voto por la AFIRMATIVA.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SR. PRESIDENTE DR. HANKOVITS DIJO:
Adhiero al voto del Dr. Banegas.
Asimismo, considero oportuno agregar que atento que se rechaza la demanda entablada por el actor, por lo que se podría afirmar que el demandado Ford Argentina carecería de perjuicio que legitimara su alzamiento en razón de que no existe condena a afrontar por el mismo a tenor que la sentencia dictada en la instancia anterior ha devenido firme dado que la impugnación articulada por el actor ha sido declarada desierta. En efecto, en tanto el interés es la medida de la acción y no existiendo condena a satisfacer ante el rechazo de la pretensión esgrimida, se puede entender que Ford carece de legitimación recursiva por lo que su apelación sería inadmisible.
Mas, en el caso, en el ámbito de la admisibilidad recursiva (primera membrana a traspasar) analizando los requisitos subjetivos para recurrir del único apelante no vencido en el pleito, advierto, a pesar de esto, interés concreto del mismo. En efecto, respecto de los límites objetivos de la cosa juzgada (esto es qué parte de la sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada) en mi criterio en tanto y en cuanto exista en la misma una declaración de certeza diversa a la reclamada por el apelante capaz de pasar en autoridad de cosa juzgada, se materializa el interés de éste para impugnar. En ese orden, entiendo a la sentencia como una unidad lógica- jurídica entre todas las partes que integran dicha norma individual.
En la especie, el vencedor apelante ostenta un interés que trasciende la mera utilidad de modificarla en pos de la confirmación de la sentencia de primer grado. En efecto, procura que en esta sede no sólo se haga lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva incoada por su parte y que fuera oportunamente rechazada en la instancia anterior, sino particularmente exonerase de las costas que le han sido impuesta por ello. En consecuencia, su recurso es admisible a pesar de ser el sustancial vencedor en la contienda judicial.
En relación al juicio de suficiencia y procedencia de la apelación impetrada, como adelantara, adhiero al voto del distinguido colega preopinante, dando el mío también pues por la AFIRMATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
. Atento el acuerdo de opiniones alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde confirmar la sentencia del día 18/11/2021 en todo lo que fuera materia de recurso y agravios; propongo que las costas de esta instancia sean soportadas por la apelante en su condición de vencida (art. 68 CPCC).
ASI LO VOTO.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la sentencia del día 18/11/2021, en todo lo que fuera materia de recurso y agravios; las costas de esta instancia se imponen a la apelante en su condición de vencida (art. 68 CPCC). REGISTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUELVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia