Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 131687
Sentencia Definitiva
Causa N° 131687; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº13 - LA PLATA
PISACO CELESTINO CESAR C/ CAJA DE SEGUROS S.A. S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES
En la ciudad de La Plata, a los siete días del mes de Junio de Dos mil veintidos, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 131687, caratulada: "PISACO CELESTINO CESAR C/ CAJA DE SEGUROS S.A. S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 256/258?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia apelada hizo lugar a la defensa de prescripción planteada por Caja de Seguros S.A. y, en consecuencia, rechazó la demanda por cumplimiento de contrato incoada en su contra por Celestino César Pisaco; impuso las costas a la parte actora vencida y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad (v. fs. 256/258).
2. Contra dicha forma de decidir dedujo apelación el actor (v. fs. 259) recurso que, concedido libremente (v. fs. 260), fue fundado en tiempo y forma en esta instancia (v. presentación electrónica de fecha 11 de abril de 2022); corrido el pertinente traslado (v. proveído del 12 de abril de 2022), éste fue contestado por la demandada (v. presentación electrónica del 26 de abril de 2022). Luego de pasadas las actuaciones en vista al Sr. Fiscal de Cámaras (v. proveído del 26 de abril de 2022 y presentación electrónica del 3 de mayo de 2022) se llamó autos para sentencia (v. proveído del 4 de mayo de 2022).
3. El apelante se agravia del rechazo de la acción a partir de la prescripción ordenada por el Juez de grado, reclamando se le reconozca su condición de consumidor.
Alega que debe aplicarse la Ley de Defensa del Consumidor y el Usuario (en adelante denominada LDC) no procediendo que en el caso compute el plazo de prescripción a partir de lo dispuesto por la ley especial (art. 58 de le Ley de Seguros) y que, en cambio, se deben contar conforme lo dispuesto por el Código Civil y Comercial para el caso de relaciones de consumo.
4. Preliminarmente, corresponde abordar el planteo relativo a la insuficiencia del recurso del actor planteado por Caja de Seguros S.A. (v. presentación electrónica de fecha 26 de abril de 2022).
Al respecto, ha de decirse que el escrito de la legitimada activa (v. presentación electrónica del 11 de abril de 2022) ha superado el examen de admisibilidad, toda vez que se analizó con un criterio amplio de apreciación en salvaguarda de derechos de mayor jerarquía (art. 18 C.N.; MORELLO, Augusto Mario, “Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso”, v. I, pág. 175 a 180).
5. El agravio central gira en torno a la procedencia de la excepción de prescripción dispuesta en la instancia de origen.
5.1. Para abordar este extremo, considero prudente determinar primeramente si existe entre el actor y la demandada una relación de consumo en los términos de la ley 24.240.
En esta dirección, se vislumbra que ambas las partes son contestes en reconocer la existencia de un contrato de seguro colectivo (v. fs. 85/91 y 110/139).
Éste fue celebrado entre Caja de Seguros S.A. -la aseguradora- y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires -el tomador o contratante- que es quien solicita, concierta y suscribe el contrato, además es el tenedor de la póliza. Persiste su figura durante toda la vida del contrato, cumpliendo una función principal tanto en las relaciones existentes con los componentes o asegurados, como el asegurador. Conforme lo dispuesto por el art. 153 y siguientes de la ley 17.418, la actora resulta ser la parte adherente y beneficiaria eventual del seguro, compartiendo tal carácter con un conjunto de personas que mantienen vínculo con el tomador, en este caso, todos son los empleados del citado Ministerio.
En este tipo de seguros colectivos el papel del beneficiario se limita a su adhesión a las cláusulas dispuestas por el tomador y la aseguradora, descontándosele la prima de sus haberes mensuales.
Ahora bien, el artículo 1° de la ley 24.240 con las modificaciones introducidas por ley 26.361 define al consumidor como “La persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social” y en su párrafo final agrega “Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella , adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social”.
Por su parte, el artículo 2 define como proveedor a “la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores y usuarios”.
De aquí se colige que la “Caja de Seguros S.A.”, en su carácter de comercializador de un servicio destinado a consumidores y usuarios (el de seguros de vida), es PROVEEDOR y el Ministerio de Seguridad es el TOMADOR, mientras que el actor -a partir de la instrumentación mediante póliza N° 5060-9939751-1 (v. fs. 192/193)- es CONSUMIDOR en los términos de la normativa vigente al momento del hecho.
Nuestro máximo Tribunal Provincial ha dicho sobre el rol de cada parte en este tipo de contratos que “En el seguro de vida colectivo voluntario se establece una relación directa entre la compañía aseguradora y las personas asegurables -empleados- resultando el empleador -principal- un simple intermediario, relación que se rige por los arts. 153 a 156 de la ley 17.418” (SCBA, causas L 79840, sent. del 23/12/2003; L 33269, sent. del 26/08/1986).
A su vez, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza (Sala I, en los autos “Lavarello, María Antonieta c/ Caja de Seguros S.A. p/ Cuest. Deriv. de Contrato de Seg. s/ Cas.” sentencia del 23/02/2012), resolvió que la relación de consumo se da plenamente en el contrato de seguro, aún colectivo. Si bien la principal -en ese caso el Ministerio de Seguridad de la Provincia- aparece como tomadora del mismo, es claro y evidente que no lo hace por su propio interés (asegurando su patrimonio) sino en beneficio de quienes desempeñan tareas en su ámbito, como el caso de la parte actora.
Esta Sala también ha dicho que “Resulta plenamente de aplicación lo normado por el artículo 1 de la ley 24240 ya que el tomador actúa como un simple intermediario de los intereses de las partes y el asegurado, adquiere un servicio (cual es el seguro) de una empresa dedicada a tal fin de modo tal que se encuentra comprendida en las previsiones del artículo 2 de la citada norma legal” (esta Sala, Causa 122675, sent. del 12/12/2017).
Por todo lo expuesto concluyo que nos encontramos frente a una relación de consumo que debe estar protegida por el las normas relativas al derecho consumeril (arts. 1, 2 ley 24.240; 7, 1092, 1093, 1094 1095, sig. y conc. CCyC).
5.2. Respecto del plazo prescripción en particular, y en función a lo determinado en el punto anterior, cabe remitirse a los antecedentes de esta Sala que han abordado el tópico y de los cuales surge el mismo demandado que en estas actuaciones (causa 123654 caratulada “Ibañez, Graciela Mariana c/ Caja de Seguros S.A. s/ Cobro sumario de sumas de dinero”, sentencia del 22 de noviembre de 2018, RDS 337-18, voto del Dr. Banegas y 129881 Caratulada “Prado, Roberto Daniel c/ Caja de Seguros S.A. s/ daños y perjuicios”; sentencia del 7 de septiembre de 2021, RSD 188-21 voto del Dr. Hankovits).
Allí, se comenzó haciendo referencia a la Ley especial de Seguros (N° 17.418) la que dispone que “las acciones fundadas en el contrato de seguro prescriben en el plazo de un año, computado desde que la correspondiente obligación es exigible” (art. 58).
Se especificó que, desde otroángulo, la Ley de Defensa del Consumidor y el Usuario sancionada originalmente el 22 de septiembre de 1993 y promulgada parcialmente el 13 de octubre del mismo año, la sanción de la ley 26.361 publicada en el Boletín Oficial el 7 de Abril de 2008 supuso un cambio sustancial del texto original, habiéndose modificado, entre muchos otros preceptos, el art. 50, el cual pasaría a estar redactado en los siguientes términos: “Prescripción. Las acciones judiciales, las administrativas y las sanciones emergentes de la presente ley prescribirán en el término de TRES (3) años. Cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción distintos del establecido precedentemente se estará al más favorable al consumidor o usuario. La prescripción se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas o judiciales”. Parecía así, pues, que a partir de dicha reforma y máxime los principios protectorios a los que más adelante me referiré la opción entre una y otra alternativa, era clara, debiéndose decantar por el plazo de tres años más favorable al consumidor, sin perjuicio de lo cual la cuestión resultó harto debatida tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, con pronunciamientos disímiles en todas las instancias.
Luego, el Código Civil y Comercial de la Nación, que ya se encontraba en vigencia a la fecha del cese laboral del actor (el 1 de abril de 2016, conf. documental de fs. 7 a 9 y reconocimiento expreso de ambas partes), dispone en su art. 2532 “Ámbito de aplicación. En ausencia de disposiciones específicas, las normas de este Capítulo son aplicables a la prescripción adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de tributos”.
Por otro lado, en relación a los plazos, los arts. 2560 y ss. de esa normativa dan cuenta de los diferentes supuestos previstos en el código, sucediéndose a través del articulado el plazo genérico de cinco años, los especiales decenales y trienales, el bianual y finalmente el anual.
Un tercer elemento reside en que fue la propia Ley 26.994 (CCyC) la que a través del punto 3.4 de su Anexo II dispuso la sustitución del art. 50 vigente hasta ese momento para reemplazarlo por esta nueva redacción: “Prescripción. Las sanciones emergentes de la presente ley prescriben en el término de tres (3) años. La prescripción se interrumpe por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas”. La nueva redacción del art. 50 de la LDC fija el plazo de tres años sólo a las sanciones propias de dicho régimen dejando fuera de su ámbito las acciones judiciales, como por el contrario antes establecía el texto previo de dicha disposición.
A su vez, el art. 1094 CCyC -bajo el título “Interpretación y prelación normativa”- establece que las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el del acceso sustentable, agregando seguidamente que, en caso de duda sobre la interpretación de este código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor. Igualmente, el art. 963 del mismo ordenamiento sustancial, en materia contractual dispone que “Cuando concurren disposiciones de este Código y de alguna ley especial, las normas se aplican con el siguiente orden de prelación: a) normas indisponibles de la ley especial y de este Código”.
En ese orden, como ha dicho esta Sala en la ya citada causa 129881 (“Prado, Roberto Daniel c/ Caja de Seguros S.A. s/ daños y perjuicios” sent. del 07/09/2021, RSD 188-21), deviene necesario indicar que el plexo tuitivo de consumo asume el carácter de transversal dado que, frente a una relación de consumo, expande sus efectos a los regímenes particulares que atrapan la situación jurídica específica donde se desarrolló la misma. Y dicho estatuto, desde de un plano vertical en relación con la ley especial de seguros, posee preponderancia sobre ésta en razón de su jerarquía constitucional (arts. 42 Const. Nac. y 38 de la Const. de la Prov. de Bs. As.) y desde una perspectiva horizontal es además claro por mandato legal, que en caso de duda hay que estar una interpretación más favorable al consumidor (art. 3, Ley 24.240 y 1094 del CCyC); ello así máxime que en la materia prescriptiva rige, como ha sido dicho, un criterio restrictivo. Esta hermenéutica se ajusta igualmente al requerimiento legal de dialogo de fuentes (art. 2 del CCyC).
Consecuencia de ello es que concluyo en que deben aplicarse a este tipo de acciones judiciales derivadas de relaciones de consumo, el plazo de prescripción de cinco años establecido en el CCyC (art. 2560).
En nada obsta que el actor haya peticionado en su demanda el plazo trianual del art. 50 de la LDC (v. ap. V “e” fs. 79/91), pues es harto conocido el principio iura novit curia (el Juez conoce el derecho) que resulta de aplicación al presente.
5.3. Teniendo en cuenta el alcance del recurso y la forma en que fuera interpuesta por la parte demandada la excepción de prescripción, resulta evidente que en el marco de lo normado en el art. 2554 CCyC no se verifica el transcurso del plazo de cinco años precedentemente determinado para el ejercicio de la acción, tomando al efecto -para este caso particular y atento lo postulado por la accionada excepcionante- las fechas de cese laboral -retiro voluntario- (01/04/2016) y de interposición del reclamo ante la aseguradora -denuncia de siniestro- (10/07/2017).
En virtud de lo anterior, cuadra juzgar que el plazo quinquenal de prescripción liberatoria aludido no se hallaba cumplido, razón por la cual corresponde revocar la sentencia apelada, lo que así propicio al Acuerdo (arts. 260, 266, 272, CPCC).
6. Atento la revocación del fallo de la instancia propuesta en el apartado precedente, resulta oportuno atender -por aplicación de las reglas apelación implícita, también llamada adhesiva- los reclamos que la actora llevó a la instancia anterior y que por su condición de perdidosa en ese aspecto no pudo traer a la Alzada (conf. SCBA, causa C 109574 sent. del 12/03/2014 Juez Hitters SD).
Estamos en presencia de la figura que los doctrinantes han dado en llamar "adhesión implícita a la apelación", o "apelación adhesiva" (Barbosa Moreira, José Carlos, "Comentarios ao Processo Civil", Ed. Forense, Brasil, t. IV, p. 334), que ha sido recogida por la Corte Provincial y también por el más alto Órgano de Justicia de la Nación (Fallos: 193:408; 253:463; 256:434 y 260:402; entre otros) ante el silencio del Código adjetivo (conf. SCBA causa citada).
En el caso en estudio, el actor al haber sido perdidoso en la cuestión de fondo, no obtuvo tratamiento de la petición de indemnización por cumplimiento de contrato, por lo que he de abordarlos aquí.
La póliza es reconocida por la demandada y se encuentra corroborada mediante pericia contable practicada por la contadora Elizabeth Liliana Allaf: “Según se desprende del Registro de Emisión de Pólizas de Seguro de Vida, se encuentra registrada la Póliza Número 5060-9939715-01, cuyo tomador es Ministerio de Justicia y Seguridad de la Pcia. De Buenos Aires, CUIT nro.30-64883908-8” (fs. 196, respuesta 2 a puntos de la parte actora) y “figura como asegurado PISACO CELESTINO CESAR, DNI nro. 14.491.022” (respuesta 3, fs. referidas).
En aquélla se establece la cláusula adicional por incapacidad física, total, permanente e irreversible en favor del titular, aplicando -para el cálculo del capital asegurado- la siguiente fórmula: “descuento de la prima x 1000. /. (Costo del seguro): $1.151,27 x 1000. /. 1,92: $599.619,80. Según surge de la página 3 de la póliza mencionada, la prima media inicial se fija en $1,92 (un peso con noventa y dos centavos) mensuales por cada mil pesos de suma asegurada” (conf. respuesta 4 del cuestionario del actor, pericia referida).
A partir de ello surge que el capital asegurado a la fecha de la pericia (11 de junio de 2019) ascendía a la suma de $599.619,80 conforme el siguiente cálculo “Capital Asegurado = $$1.151,27 x 1000. / 1,92: $599.619,80” (conf. respuesta 5 del cuestionario del actor, pericia referida).
Para la calificación de los riesgos cubiertos, el experto transcribe la cláusula 819 referido a Cláusula Adicional de Incapacidad Física Total Permanente e Irreversible que dice: “Riesgos cubierto: El Asegurador concederá el beneficio que acuerda esta Cláusula, cuando el asegurado, como consecuencia de una enfermedad o accidente, que padezca en estado de incapacidad física total, permanente e irreversible, no pasible de ser revertido por tratamiento médicos y/o quirúrgicos, siempre y cuando no le permita al asegurado desempeñar por cuenta propia o en relación de dependencia ninguna actividad remunerada (cese laboral). Tal estado de incapacidad física, deberá manifestarse en forma ininterrumpida por SEIS (6) meses como mínimo, haberse instalado durante la vigencia de esta cláusula adicional y antes de que el asegurado exceda la edad establecida en las Condiciones Particulares de la Póliza como edad límite para esta cobertura adicional. Se entiende por instalación de la incapacidad física total, permanente e irreversible a la fecha en que, según los estudios y pruebas médicas realizadas al asegurado, se compruebe de modo fehaciente la instalación de la o las afecciones que determinaron el estado de incapacidad física total, permanente e irreversible. Se excluyen expresamente los casos que afecten al asegurado en forma parcial o temporal. El Asegurador solicitará las pruebas médicas, estudios y demás elementos que a su juicio sean razonables y necesarios para establecer la procedencia del beneficio. A los efectos de otorgar el beneficio que concede la presente cláusula se considerará incapacidad física total, permanente e irreversible a las definidas en los artículos 2 y 3” (respuesta 3 al cuestionario de la demandada, pericia de fs. referidas).
Este dictamen no ha recibido observación alguna de las partes. Además, encuentro se basa en la documental auditada y en ejercicio de la especialidad del experto (contador), por lo que no encuentro motivos para apartarme de sus conclusiones (art. 474 CPCC).
Habiendo quedado entonces determinados los alcances y características de la póliza, dable es abordar lo relativo a las dolencias físicas que justifican el inicio de la acción por parte de Celestino César Pisaco y determinar si su incidencia y características tornan operativa la cláusula de incapacidad física total y permanente dispuesta.
Para evaluar este extremo, la pericia mé
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