Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 134506
Sentencia Interlocutoria
Causa N° 134506; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº25 - LA PLATA; JUZGADO DE FAMILIA Nº 3 - LA PLATA
DEASIS ARANDA BERNARDO C/ ROMERO RAQUEL YANINA S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES
La Plata, en la fecha de la firma digital.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1.A. Vienen las presentes actuaciones remitidas a esta Alzada, a fin de resolver la contienda negativa de competencia suscitada entre los jueces a cargo de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial número 25 y de Familia número 3, ambos de La Plata
1.B. Iniciada esta causa en el primero de ellos, su juez titular, doctor Carlos José Catoggio, se inhibió de entender en el presente proceso mediante resolución de fecha 24/02/2023, en virtud de sostener que su objeto encuentra su origen en la unión convivencial o convivencia de hecho habida entre las partes -independientemente de que haya sido o no inscripta en el Registro de Capacidad Civil de las Personas-, siendo un Juez de Familia quien, ante la ruptura del vínculo de los convivientes, debe resolver todas las cuestiones concernientes a una familia y reclamos entre sus integrantes, tomando como punto de partida las necesidades de los mismos, independientemente que el reclamo sea de contenido netamente patrimonial y atendiendo el principio de especialidad que rige en el ordenamiento jurídico. Asimismo, señaló que la distribución de los bienes adquiridos durante la convivencia pertenece al Derecho de Familia, supuesto de competencia material que es indisponible para las partes y amerita la actuación oficiosa del órgano judicial.
C. A su turno, la doctora María del Rosario Rocca, subrogante del Juzgado de Familia número 3 departamental, hizo lo propio por no compartir los fundamentos brindados por el titular del Juzgado Civil y Comercial número 25, remitiéndose en devolución las actuaciones.
Para ello, consideró que el fuero civil y comercial común es competente para entender en una acción intentada por la ex conviviente para que se ordene la partición y posterior liquidación de los bienes adquiridos durante la sociedad de hecho, más allá de que el Código Civil y Comercial habilita tal reclamo ante los jueces de familia -arts. 514 y 528 CCyC-, pues en el caso la convivencia transcurrió y cesó antes de celebrado el contrato de liquidación de una sociedad de hecho, con lo cual su aplicación violaría el derecho de propiedad de las partes, el que incluso comprende el derecho a ser juzgado por el juez natural llamado a entender en la causa al tiempo en que las partes dedujeron y contestaron sus pretensiones y desplegaron su estrategia procesal. Además, refirió que tratándose en la especie la alegación de la disolución de una sociedad de hecho comercial, en el que las partes habrían estado unidas sentimentalmente y además por un vínculo societario, este se rige por las normas de la Ley N° 19.550 (arts. 21 a 26 conf. reforma introducida por la Ley N° 26.994) y de manera totalmente independiente al vínculo que han tenido las partes como pareja (ver pronunciamiento de fecha 28/03/2023).
D. Por último, el doctor Catoggio ordenó la elevación de las actuaciones a la Suprema Corte de Justicia provincial según providencia del 30/03/2023, habiendo sido luego remitidas a esta Alzada conforme trámites del 14/04/2023 y 17/04/2023.
2. La determinación de la competencia comprende principalmente el análisis preliminar del contenido y de la naturaleza de la pretensión deducida, desde un ángulo de mira objetivo, haciendo mérito de la naturaleza de la relación jurídica sustancial esgrimida, en base a hechos expuestos en la demanda y, en su caso, de acuerdo con el encuadre normativo acordado a la acción por el actor (Fassi-Yañez, "Cód. Procesal...", t. 1, p. 96 y jurisprudencia allí citada; conf. esta Sala, causas 123365, RSI 62/2018, sent. int. del 08/03/2018; 132492, RR-344-2022, sent. int. del 18/08/2022).
Desde tal perspectiva, se aprecia que en la especie se trata de un juicio en el que el actor demanda por incumplimiento de un convenio suscripto con quien fuera su pareja y conviviente y que recae sobre derechos atinentes a un fondo de comercio y sobre un bien registrable (automotor) que alega haber sido adquiridos por las partes durante su unión convivencial (ver demanda de fecha 24/02/2023), además de involucrar otras cuestiones relativas a causas penales ya iniciadas y/u otras que pudieran iniciarse y eventuales reclamos respecto de una propiedad inmueble. Específicamente afirma allí: “...Que la relación en convivencia con la Sra. Romero comenzó en marzo de 2020 y la ruptura definitiva tubo [tuvo] fecha 7 agosto de 2022, no tuvimos hijos en común es por ello que nuestra relación en convivencia duro solo 2 años y cinco meses. Cabe aclarar aquí que la unión en convivencia no fue inscripta [...] Que esta parte a fin de llegar a un acuerdo amigable con la Sra. Romero pacto el convenio que se presenta en este acto, pero el mismo no ha sido cumplido, como se explicare con anterioridad. Esta parte considera que los gastos ocasionados durante la convivencia, ya sea en la compra del fondo de comercio han sido soportados por ambas partes, y que igual que un matrimonio la partes en favor del bien común de la pareja soportan los gastos como así también disfrutan de los beneficios, es por ello que considero que el gasto en el fondo de comercio ha sido soportado por ambos mientras convivíamos, como también la compra del vehículo VOLKSWAGEN GOL COUNTRY 1.5, dominio HVR 080, como así también artefactos eléctricos varios...”.
Liminarmente, es dable señalar que en oportunidad de iniciarse la presente causa se encontraba vigente el Código Civil y Comercial de la Nación -en adelante, CCyC-, por lo que cabe analizarla desde este plexo jurídico.
Dicho cuerpo legal que ha entrado en vigencia desde el día 1 de agosto del año 2015 -art. 7, ley 26.994, conf. art. 1 ley 27.077-, consecuente con los principios constitucionales que lo presiden, regula como forma familiar a las uniones convivenciales.
El mismo aborda la temática en el Libro Segundo, Título III en sus artículos 509 y siguientes, al disponer que las normas del título referido se aplicarán a todas las relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable, de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de distinto sexo. Inicia conceptualizando a la unión convivencial, estableciendo los caracteres propios del instituto desde el punto de vista del ámbito de su aplicación (art. 509, CCyC) al igual que los supuestos excluidos (art. 510, Cód. cit.; conf. causas 123365, 132492, citadas).
A su vez, en lo tocante a la temática procesal, el Código Civil y Comercial de la Nación marca legislativamente pautas mínimas a concretar en el proceso de familia.
En cuanto a las uniones convivenciales, como forma de vida familiar, el Código sustancial les ha brindado aval a ciertos aspectos de las mismas, entre ellos, la posibilidad de poder pactar sobre la distribución de los bienes (art. 528, CCyC). Por ende, aun cuando no exista una estricta identidad patrimonial con el matrimonio, lo cierto es que la pauta de distribución de bienes que brinda el artículo 528 citado, el que habilita a acordar sobre ello, es una forma de regulación derivada de esa clase de unión familiar y, por ende, competencia del fuero especial.
Adítase a lo anterior que para la determinación de la competencia corresponde atender, de modo principal, a la exposición de los hechos que la parte actora hace en la demanda y, sólo en la medida que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión. En otras palabras, debe tenerse presente la naturaleza jurídica de los reclamos que el actor propone a decisión judicial y la índole de la acción ejercida (SCBA LP Rc 124302, I 04/11/2020; SCBA LP Rl 128675, I 26/04/2022), estando vedada a los jueces la posibilidad de alterar el objeto de la pretensión y los hechos expuestos en la demanda (art. 163, inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial -CPCC-).
Es decir, la adquisición de un fondo de comercio por los convivientes no puede importar que se deje de lado la competencia del fuero especializado de familia, sino todo lo contrario, máxime si se advierte que al plantear la cuestión se soslaya lo relativo al automotor cuyos derechos también reclama la parte actora en el marco de la misma acción (arts. 163, 375, 384, CPCC; 512, CCyC).
Conforme lo reseñado, toda vez que en este caso, se reitera, el actor demanda por incumplimiento de un convenio suscripto con quien fuera su pareja y conviviente y que recae sobre derechos atinentes a un fondo de comercio y sobre un bien registrable (automotor) que alega haber sido adquiridos por las partes durante su unión convivencial (ver demanda de fecha 24/02/2023), además de involucrar otras cuestiones relativas a causas penales ya iniciadas y/u otras que pudieran iniciarse y eventuales reclamos respecto de una propiedad inmueble, corresponde que el proceso continúe ante el fuero de familia, más allá de las normas aplicables (esta Sala, causas 123365, 132492, citadas).
Incluso, desde la perspectiva del espíritu que guía la intervención del fuero, el cual consiste en pacificar la vida familiar, en las directrices procesales que le son propias -inmediación, oralidad, entre otras- se aprecian beneficiosas para el debate de este tipo de derechos cuando las partes han conformado una familia (conf. causas 123365, 132492, cits.).
En virtud de lo anterior, estos obrados resultan, tal lo que se determinara precedentemente, propios de la competencia del fuero de familia.
3. Consecuentemente, corresponde que continúe interviniendo en esta causa el Juzgado de Familia número 3 departamental (arts. 4, 7, 11, 12, 13, 830, CPCC; 512, 528, CCyC).
POR ELLO, por las consideraciones y fundamentos expuestos, en las presentes actuaciones deberá continuar interviniendo la señora jueza a cargo del Juzgado de Familia número 3 del Departamento Judicial de La Plata, a quien se remitirán electrónicamente las mismas a través del módulo radicador del sistema Augusta, con comunicación, también electrónica, al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial número 25 de La Plata, y a la Receptoría General de Expedientes departamental (arts. 4, 7, 11, 12, 13, 830, CPCC; 512, 528, CCyC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUÉLVASE al Juzgado de Familia número 3 departamental.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Firmas
Funcionario Firmante: 02/05/2023 11:29:15 - HANKOVITS Francisco Agustín - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/05/2023 11:29:44 - BANEGAS Leandro Adrian - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 02/05/2023 11:38:58 hs. bajo el número RR-188-2023 por TARANTO HUGO DAMIAN.
Fin de la sentencia