Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 142086
En la ciudad de La Plata, a los 16 días del mes DE JULIO DE 2026, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "TOMAS LEONARDO NORBERTO C/ CHEVROLET SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTRO/A S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES" (causa: 142086), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es ajustada a derecho la sentencia definitiva del 5/11/2025?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR SOSA AUBONE DIJO:
I. Antecedentes.
1.1. Leonardo Norberto Tomas suscribió en noviembre de 2017 la Solicitud de Adhesión N° 1080956 a un plan de ahorro previo de 84 cuotas administrado por Chevrolet S.A. de Ahorro para Fines Determinados, para la adquisición de un automóvil Chevrolet Onix Plus 1.2 LS, operatoria canalizada a través de la concesionaria Kiara Automotora S.A. El 5/1/2021 participó de la licitación prevista contractualmente, resultando adjudicatario por acto N° 290 del 8/1/2021; el 13/1/2021 depositó $192.534,80 en concepto de licitación y el 11/3/2021 la suma de $126.005 por cambio de modelo, al no fabricarse más el vehículo suscripto. Conforme las cláusulas 13 y 14.1.2 de las Condiciones Generales, el plazo de entrega —100 días hábiles desde la conformación de la adjudicación con el cambio de modelo— venció el 4/8/2021 (pericia contable de la Cra. Karina Alejandra Bellomo del 23/12/2023, consentida y aprobada; art. 474, C.P.C.C.).
Vencido el plazo sin que la unidad fuera entregada, el actor remitió cartas documento a ambas demandadas; la administradora respondió el 16/9/2021 reconociendo la demora, que atribuyó a la “falta de disponibilidad de unidades”, y la aplicación de la multa de la cláusula 18.8.
1.2. El 1/4/2022 contesta demanda Kiara Automotora S.A. reconoce que el actor resulto adjudicatario por licitación, manifestando que la entrega del vehículo es obligación exclusiva y excluyente de la Administradora y no de su mandante. Agregan que dicha responsabilidad fue reconocida en la carta documento citada por el actor en su demanda.
1.3. Por su parte Chevrolet S.A. de Ahorro para fines determinados al contestar demanda el 4/4/2022 reconoce la relación contractual existente con el actor, la adjudicación y el cambio de modelo del vehículo suscripto. También, el retardo en la entrega del automotor, y manifiesta que el plazo acordado venció el día 04/08/2021 -100 días hábiles conforme a la cláusula 13 de la Solicitud de Adhesión-.
Expone que el retardo en la entrega del automóvil es compensado por su representada a través de la multa prevista en la cláusula 18.8 del contrato de adhesión suscripto. Dice que a la fecha de su responde la multa asciende a la suma de $ 743.688,25, monto que pone a disposición del actor para su cobro. En relación al vehículo expone que el mismo fue facturado y despachado el día 18/03/2022, encontrándose también a disposición del accionante en el concesionario.
Plantea la improcedencia de los rubros reclamados y pide que rechace la demanda con costas al actor.
1.4. Con fecha 04/05/2022 asume intervención en autos la Agente Fiscal Maribel Susana Furnus.
1.5. El vehículo fue entregado recién el 21/10/2022 —acta notarial mediante, con conformidad del actor manifestada el 16/11/2022—, es decir, 443 días corridos desde la fecha en que el rodado debió ser entregado al actor (4/8/2021) -en la sentencia se aludió a 381 días- después del vencimiento del plazo contractual. Durante el trámite del proceso el actor percibió, en concepto de la multa de la cláusula 18.8, las sumas de $795.995,23 (manifestación del 4/3/2025) y $1.512.226,43 (manifestación del 28/5/2025), sin formular reserva.
1.6. En la sentencia de primera instancia, de fecha 5/11/2025, la jueza encuadró el vínculo como contrato de ahorro previo, de adhesión y de consumo (arts. 1, 2, 3 y 65, ley 24.240; 1092 y 1093, C.C.C.N.; 42, Const. Nac.; 38, Const. Prov.); tuvo por acreditada la demora injustificada en la entrega y en el pago tempestivo de la multa contractual, y con sustento en el art. 40 de la ley 24.240 condenó solidariamente a ambas demandadas a abonar la suma de $4.000.000 en concepto de daño punitivo, con intereses a la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires computables desde los diez días de la firmeza del pronunciamiento. Rechazó el daño moral —con apoyo en la pericia psicológica de la Lic. Radmanic (31/10/2023, consentida), que no constató incapacidad, y en la insuficiencia del testimonio del Sr. Gómez (arts. 1744, C.C.C.N.; 375, C.P.C.C.)—, la restitución de las sumas abonadas —por importar un enriquecimiento sin causa al haberse entregado el vehículo (art. 1794, C.C.C.N.)— y declaró abstracto el rubro multa contractual por haber sido percibida sin reserva. Desestimó la pluspetición inexcusable planteada por Kiara Automotora S.A. e impuso las costas a las demandadas.
1.7. Contra esa forma de decidir interpusieron recurso de apelación: la parte actora (9/11/2025, invocando el art. 48 del C.P.C.C., gestión ratificada el 18/11/2025, concedido libremente el 11/11/2025, con expresión de agravios del 11/2/2026, contestada por Kiara Automotora S.A. el 12/3/2026; la codemandada Chevrolet S.A. de Ahorro para Fines Determinados (10/11/2025), concedido el 11/11/2025, con expresión de agravios del 23/2/2026, contestada por la actora el 5/3/2026; y la codemandada Kiara Automotora S.A. (12/11/2025), concedido el 16/12/2025, con expresión de agravios del 3/3/2026, contestada por la actora el 5/3/2026.
1.8. El Fiscal de Cámaras emitió su dictamen en junio de 2026, propiciando la admisión del daño moral y la elevación del monto del daño punitivo.
1.9. Se llamaron “autos para sentencia”, providencia que se encuentra firme y consentida. El plazo para dictar sentencia vence el 14/9/2026.
II. Los agravios.
2.1. Agravios de la parte actora. Como PRIMER AGRAVIO cuestiona el rechazo del daño moral: sostiene que la privación del vehículo durante más de un año pese a haber abonado la totalidad del plan y sus accesorios (seguro, flete, transferencia, gestoría, prenda y servicios de mantenimiento anticipados), la necesidad de litigar para obtener la entrega, los intentos de entrega frustrados, configuran una afectación extrapatrimonial resarcible, agravada por su condición de adulto mayor (76 años), consumidor hipervulnerable protegido por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (leyes 27.360 y 27.700; art. 75 inc. 22, Const. Nac.).
Como SEGUNDO AGRAVIO cuestiona la cuantía del daño punitivo, que reputa ínfima: la sentencia fijó en noviembre de 2025 el mismo importe nominal reclamado en diciembre de 2021, sin actualización ni intereses, licuando el efecto disuasorio de la sanción. En el mismo capítulo sostiene que la suma de $1.512.226,43 percibida el 28/5/2025 no correspondió a la multa de la cláusula 18.8 sino al “fondo de reintegro” que se devuelve a todos los suscriptores al cierre del grupo, por lo que —afirma— el rubro restitución no devino abstracto.
Como TERCER AGRAVIO cuestiona la tasa de interés fijada (pasiva) y su cómputo diferido a la firmeza, solicitando la aplicación de la tasa activa desde la promoción de la demanda.
2.2. Agravios de Chevrolet S.A. de Ahorro para Fines Determinados. Como agravio único cuestiona la procedencia del daño punitivo: postula que se trata de una figura ajena al derecho continental; que su aplicación requiere dolo o culpa grave y la obtención de un beneficio económico; que la demora en la entrega es una contingencia contractualmente prevista y compensada mediante la multa de la cláusula 18.8; que obedeció a circunstancias externas vinculadas a la coyuntura económica y a restricciones en la cadena de producción y provisión de insumos; y que la condena importa una duplicación indemnizatoria.
2.3. Agravios de Kiara Automotora S.A. Como PRIMER AGRAVIO cuestiona el rechazo de la defensa de falta de legitimación pasiva: sostiene que no es parte del contrato de ahorro, que su rol se limitó a la intermediación comercial y que el vínculo sólo liga al suscriptor con la administradora (cláusula 1.1 de las Condiciones Generales; arts. 957, 959 y 1021, C.C.C.N.).
Como SEGUNDO AGRAVIO invoca la inexistencia de nexo causal y la causa ajena del art. 40 in fine de la ley 24.240: la propia administradora admitió su responsabilidad exclusiva por la demora; la concesionaria no asigna las unidades, no fija plazos ni abona las multas contractuales.
Como TERCER AGRAVIO cuestiona la condena al daño punitivo: postula que el art. 52 bis exige un reproche subjetivo individual respecto de cada proveedor, que la solidaridad no puede aplicarse en forma automática atendiendo a la naturaleza sancionatoria del instituto (cita doctrina y jurisprudencia en tal sentido), que ninguna conducta propia le fue descripta y que el monto resulta desproporcionado.
2.4. Destaco que las tres expresiones de agravios, analizadas globalmente y con un criterio amplio por estar en juego el derecho de defensa en juicio (arts. 18, Const. Nac.; 15, Const. Prov.), superan el test de admisibilidad, por lo que corresponde desestimar el pedido de deserción formulado por Kiara Automotora S.A. respecto del recurso de la actora, sin perjuicio de que algún agravio en particular pueda ser considerado no suficientemente fundado (arts. 163, 164, 260, 261 y 384, C.P.C.C.). Señalo, respecto de la pieza presentada por Chevrolet S.A. de Ahorro, que la misma contiene pasajes manifiestamente ajenos a estas actuaciones (así, la referencia a “SWSI”), lo que revela un desarrollo estandarizado que conspira contra la carga de crítica concreta y razonada (arts. 260 y 261, C.P.C.C.), sin perjuicio de lo cual su tratamiento se abordará en mérito al criterio amplio ya enunciado.
III. Tratamiento de los agravios.
3.1. La relación jurídica. Llega indiscutido a esta instancia revisora que entre las partes existe una relación de consumo (arts. 1, 2, 3 y 65, ley 24.240; 1, 2, 7, 1092, 1093, 1094 y 1095, C.C.C.N.) originada en un contrato de ahorro previo para fines determinados, que es aquel que se perfecciona entre la administradora —en su carácter de mandataria del grupo— y el suscriptor, por el cual la primera se obliga a la formación de un grupo cerrado y el segundo al pago de una cuota mensual, con miras a que por sorteo o licitación se le adjudique en propiedad un bien adquirido con el fondo común. Se trata, además, de un típico contrato por adhesión a condiciones generales predispuestas (arts. 984 y ss., C.C.C.N.), cuyo análisis debe efectuarse con aplicación de los principios fundamentales tendientes a restablecer el equilibrio entre consumidor y proveedor, sin perder de vista los demás derechos constitucionales que tiñen la relación analizada (arts. 16, 17, 18, 19, 28, 31, 42 y 75 inc. 22, Const. Nac.; 38, Const. Prov.; 1, 2, 3, 4 y 65, ley 24.240; 1, 2, 1092 a 1122, C.C.C.N.).
A ello se suma la condición de adulto mayor del accionante (nacido el 5/8/1949), que lo coloca en la categoría de consumidor vulnerable, con la tutela reforzada que dimana de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada por ley 27.360 y con jerarquía constitucional conforme ley 27.700 (art. 75 inc. 22, Const. Nac.), pauta que gravita en la apreciación del trato digno debido (art. 8 bis, ley 24.240; 1097, CCCN).
3.2. Legitimación pasiva de la concesionaria y causa ajena (agravios primero y segundo de Kiara Automotora S.A.).
3.2.1. En primer lugar, la defensa de falta de legitimación pasiva fue rechazada por considerar aplicable el art. 40 de la ley 24.240, con costas, por la interlocutoria del 12/6/2023 que, de haber quedado consentida, tornaría inadmisible su reedición en esta instancia por efecto de la preclusión (arts. 34 inc. 5, 155 y 170, C.P.C.C.).
3.2.2. Sin perjuicio de ello, como la cuestión ha sido renovada en la sentencia, procederé a su tratamiento. El planteo tampoco es atendible en su mérito, pues prescinde de la normativa aplicable. La firma Kiara Automotora S.A. no desconoce su vínculo como concesionaria oficial de la marca, formando parte del sistema de comercialización de vehículos nuevos a través de planes de ahorro. Esa sola circunstancia basta para comprenderla dentro de los sujetos responsables a tenor del art. 40 de la ley 24.240, sin que se requiera que haya intervenido directamente como parte en el contrato de adhesión suscripto por el actor: constituye un eslabón más en la cadena de comercialización, beneficiándose de la operatoria general —ver documental con el membrete de Kiara referente a la operatoria realizada y a ciertos pagos del actor—. No se requiere vínculo contractual directo con el consumidor, pues la responsabilidad del art. 40 trasciende el principio de relatividad contractual y se funda en la protección integral del consumidor frente a todos los proveedores que intervinieron en el sistema económico que dio origen al daño, tratándose además de contratos conexos (arts. 1073 y 1074, C.C.C.N.; esta Sala, causa 140.549, “Codoni, Marisa y otro c/FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados”).
3.2.3. Tampoco configura la “causa ajena” del art. 40 in fine la circunstancia de que la administradora haya admitido que la demora en la entrega le es imputable. La eximente allí prevista exige la ruptura del nexo causal —hecho de la víctima, de un tercero extraño a la cadena o caso fortuito—, y la distribución interna de funciones entre los integrantes del sistema de comercialización no es oponible al consumidor, quedando a salvo las acciones de regreso que pudieren corresponder (art. 40, párrafo final, ley 24.240). La concesionaria fue el canal de suscripción del plan, percibió pagos vinculados a la operatoria y era el lugar designado para la entrega de la unidad, por lo que su pretensión de ajenidad total al sistema no resiste el análisis (arts. 1, 2, 9, 961, 984, 985, 987, 1073, 1074, 1092, 1093, 1094 y 1095, C.C.C.N.; 1, 2, 3, 4, 40 y 53, ley 24.240; 163, 164, 260, 261, 330. 345, 354, 375 y 384, C.P.C.C.).
Por ello, corresponde rechazar los agravios primero y segundo de Kiara Automotora S.A. y confirmar su emplazamiento pasivo solidario en los términos del art. 40 de la ley 24.240, sin perjuicio de lo que se dirá en el punto 3.4 respecto del alcance subjetivo de la multa civil.
3.3. Daño punitivo: procedencia (agravio único de Chevrolet S.A. de Ahorro).
3.3.1. Las sanciones pecuniarias disuasivas, que podemos caracterizar como las multas privadas impuestas por jueces civiles para castigar conductas reprochables y disuadir su futura ocurrencia, encontraron su origen en los Estados Unidos, en el marco del sistema de derecho anglo-norteamericano (punitive damages).1
El Anteproyecto de Reforma del Código Civil del año 1998 receptó el instituto bajo el nombre de “multa civil”. Sin embargo, a pesar de las reformas realizadas por la Cámara de Diputados, este Anteproyecto no logró sancionarse. La consagración de los daños punitivos en el régimen argentino se logra efectivamente en el año 2008, cuando el régimen de Defensa del Consumidor recepta estas sanciones para las relaciones de consumo (art. 52 bis ley 24.240, incorporado por la ley 26.361 del año 2008, con vigencia a partir del 15/4/2008). El Anteproyecto de Reforma y Unificación del Código Civil y Comercial de la Nación del año 2012 incorporaba en su artículo 1714 la figura de las “sanciones pecuniarias disuasivas”, para regir en todas las relaciones del campo privado,2 pero las sucesivas modificaciones al mismo hicieron que dicha incorporación desapareciera, por lo que su aplicación quedó limitada al ámbito consumeril en virtud del art. 52 bis precitado (esta Sala, causas 124.579, 27/12/2018, “Bustos c/Renault”; 128.561, 22/12/2020, “Tsai Ming Chin c/Coto”).
3.3.2. Efectuada dicha reseña, cabe destacar que el art. 52 bis de la ley 24.240, incorporado por la ley 26.361 (B.O. del 7/4/2008) dispone que: “Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil en favor del consumidor, la que se graduará en función a la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley” —2.100 canastas básicas total para el hogar 3, que publica el INDEC, conforme texto según ley 27.701—. Es evidente que hay un error terminológico al rotular “Daños punitivos”, en lugar de “Indemnizaciones punitivas”, ya que no se trata de la indemnización de un daño, sino de una sanción frente a un ilícito civil.
Apunto desde ya que la sentencia apelada citó el texto anterior del art. 47 inc. b) —multa de cien pesos a cinco millones de pesos—, hoy sustituido por la ley 27.701 (B.O. 1/12/2022), error normativo sobre el que la codemandada Kiara construye parte de su réplica (al sostener que la multa fue fijada “cerca del tope”), y que corresponde despejar: el tope vigente, expresado en canastas básicas, excede con holgura los importes aquí en juego.
3.3.3. La finalidad del instituto es la de castigar (“punir”) a quien ha obrado con tal despreocupación e indiferencia hacia la posición de los damnificados (“inconducta”), en situaciones donde sería una injusticia que la sanción se limite a sólo tener que abonar una indemnización resarcitoria (esta Sala, causas 120.537, 5/10/2016, “O.M.M. c/Hewlett Packard Argentina S.R.L. y otro s/Daños”, RSD. 286/2016; 140.549, 30/12/2025, “Codoni, Marisa c/FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados y otro s/Daños”).
En función de ello las indemnizaciones punitivas buscan prevenir hechos similares en el futuro a través de la disuasión que provoca una sanción económicamente significativa (ello no sólo respecto del proveedor en cuestión sino de los demás proveedores). De este modo se evita (previene) que sujetos similares al sancionado busquen realizar conductas semejantes. Además, dada la “propiedad variable” de las indemnizaciones punitivas, se causa en el resto de la comunidad empresarial una profunda indeterminación en cuanto a su previsión cuantitativa, de forma tal que el dañador intencional no podrá “previsionar” en sus estados contables esta “cuenta” (conf. Molina Sandoval, Carlos A., “Derecho de Consumo”, Advocatus, Córdoba, 2008, pág. 76, cit. por esta Sala, causa 120.537, cit.).
Gráficamente señala Galdós, Jorge Mario (“Los daños punitivos en la ley de defensa del consumidor”, en “Tratado de Derecho del Consumidor”, Stiglitz, Gabriel-Hernández, Carlos A. (Directores), t. III, ed. La Ley, 2015, pág. 260), que la recepción normativa de la sanción pecuniaria parte del presupuesto de que la responsabilidad civil cumple tres funciones: prevenir, reparar, sancionar.
En definitiva se trata de una multa civil, indemnización pecuniaria disuasiva o una condenación suplementaria, que es independiente de otra indemnización resarcitoria, que se aplica a quien causa un daño injusto y a favor del propio damnificado, como consecuencia de la comisión de un acto ilícito realizado con intención o desaprensión, por encima del efectivo enriquecimiento de aquél y que tiene una finalidad netamente disuasiva (su finalidad esencial es prevenir), sin perjuicio de su carácter punitivo (al punir inconductas del dañador).
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