Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 138642
En la ciudad de La Plata, a los 25 días del mes De Agosto De 2026, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "Gonzalez Llorente Julian Y Otros C/ Duxco Sa Y Otro/A S/ Cumplimiento De Contratos Civiles/Comerciales" (causa: 138642), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIÓ PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justa la sentencia apelada del 30/03/2026?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
1. Antecedentes.
1.a. Mediante resolución dictada el día 30/03/2026, el Sr. Juez de la instancia previa decidió: “RESUELVO: 1. Mantener la declaración de caducidad de la prueba informativa de fecha 18/02/2026 y, en consecuencia, dejar en estado no público el escrito electrónico e informe acompañado por la codemandada de fecha 06/03/2026, sin costas al no haber mediado sustanciación (arts. 68, 69, del CPCC). 2. Admitir la excepción de falsedad de la ejecutoria por error en el objeto de ejecución por los fundamentos y argumentos expuestos en el considerando segundo que antecede (art. 504 inc. 1, CPCC). 3. Rechazar la ejecución en esta instancia procesal, dejando establecido que consentida o firme la presente -y cumplido lo dispuesto por los arts. 21 y 22 ley 6716 y modif. respecto de los honorarios que se regulen- se dispondrá el oportuno levantamiento del embargo trabado sobre el bien inmueble matrícula N°144392 (055), Nomenclatura Catastral: Circ.I, Sec.J, Mz.696, Parc.27, y subparc. 1, 2, y 3 (art. 506 parte final, CPCC). 4. Imponer las costas en cabeza de la parte actora, por su objetiva condición de vencida (art. 68 del CPCC) y diferir la regulación de los honorarios profesionales para la oportunidad en que la presente pase en autoridad de cosa juzgada y se cuente con base regulatoria (arts. 37, 41, 47, ley 14967). 5. Dejar establecido que el bloque actor deberá denunciar en el proceso bienes objeto de embargo que se encuentren en cabeza de los demandados ejecutados (art. 500, CPCC) para continuar procesalmente con la citación de venta respecto de los mismos prevista en el articulo 503 del Código Procesal Civil y Comercial (arts. 743, 744 del CCyCN; 500, 503, 506, y concs., del CPCC)”.
Para así decidir, el a quo argumentó que la sentencia definitiva recayó a título personal sobre las empresas "Duxco S.A." y "Fideicomisos y Desarrollos S.A.". Dedujo de ello que no resultaba procedente ejecutar bienes pertenecientes al "Fideicomiso calle 10 N° 1378/80", por considerar que este constituye un patrimonio de afectación separado que no fue formalmente demandado ni integrado como litisconsorte en el proceso de conocimiento antecedente.
1.b. Contra dicha forma de resolver se alzaron los actores, JORGE LUIS PERNA, ENRIQUE CARLOS PERNA y VERÓNICA KAREN ORIAS, a través del recurso de apelación que viene fundado en la pieza del día 28/04/2026 y que dedujeran el día 09/04/2026; donde comenzaron por referir que los agravia la decisión que hizo lugar a la excepción de falsedad de la ejecutoria opuesta por Fideicomisos y Desarrollos S.A., rechazó la ejecución de sentencia y levantó el embargo sobre el inmueble fideicomitido.
Sostuvieron que dicha decisión afecta la eficacia del crédito reconocido por sentencia firme y vulnera la tutela judicial efectiva y el derecho del consumidor, privándolos de la única garantía para cobrar su crédito con liquidación aprobada el 8 de julio de 2025.
Cuestionaron la vía elegida por la demandada y argumentaron que la excepción de falsedad de la ejecutoria resulta formalmente inoponible en esta etapa procesal, pues solo procede ante la adulteración material del título y no para discutir cuestiones de legitimación. Señalaron que la ejecución derivó de una sentencia firme confirmada por la Alzada el 13/05/2025, y calificó como un vicio que el juez de grado levantara de oficio un embargo dispuesto previamente por la propia Cámara el 15/04/2020, afectando la seguridad jurídica y la cosa juzgada.
Asimismo, denunciaron un error en la apreciación documental y en la consideración de la legitimación pasiva. Que el informe registral inscribió la matrícula embargada a nombre de "Fideicomisos y Desarrollos S.A." bajo dominio fiduciario y con su propio CUIT, desmintiendo la premisa del juez respecto a que pertenecía a un tercero no demandado. Reiteró que el fideicomiso es un contrato y carece de personalidad jurídica independiente -conforme lo resuelto por la Alzada el 13/05/2025-, por lo que la legitimación pasiva se perfeccionó válidamente al demandar a la sociedad fiduciaria.
Manifestaron que se vulneró el artículo 1687 del Código Civil y Comercial de la Nación, el cual establece que las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso deben ser satisfechas con los bienes fideicomitidos. Afirmaron que el crédito indemnizatorio nació del incumplimiento del desarrollo inmobiliario y que la propia demandada reconoció en su escrito del 20/11/2024 que el patrimonio fideicomitido era el que debía responder.
Finalmente, planteó un agravio eventual respecto de la imposición de costas, solicitando su revocación al recordar que el embargo levantado fue dispuesto de oficio por la Cámara sin haber mediado conducta procesal reprochable de su parte.
1.c. Dicha postura mereció la réplica de la contraria, Fideicomisos y Desarrollos S.A., por medio de los fundamentos vertidos en el escrito que se presentara el día 12/5/2026, solicitando el rechazo integral del recurso con costas. Argumentó que la acción principal y la posterior condena indemnizatoria se fundaron en una relación de consumo imputada de manera personal y objetiva a las sociedades Duxco S.A. y Fideicomisos y Desarrollos S.A. por su actuación como empresarios y administradores, sin haber sido demandado el "Fideicomiso calle 10 N° 1378/80" ni su patrimonio de afectación. Sostuvo que el fideicomiso y sus beneficiarios resultaron ajenos al proceso principal y que la condena recayó exclusivamente sobre los patrimonios generales de las empresas accionadas.
Respecto de la excepción de falsedad de la ejecutoria, defendió la resolución del juez de grado afirmando que la misma abarca la falsedad ideológica o la falta de cumplimiento de los recaudos procesales para la ejecución (art. 500 del CPCC).
Afirmó que la parte actora pretendió ejecutar la sentencia afectando mediante embargo un inmueble (matrícula N° 144392) que no pertenece al patrimonio propio de las demandadas, sino que se encuentra inscripto a título de dominio fiduciario para el fideicomiso. Sostuvo que pretender subastar dicho bien constituía una afectación de derechos de terceros ajenos a la litis y que la falsedad radicó en simular el cumplimiento del requisito cautelar ejecutando un bien que no era de titularidad de las condenadas.
Asimismo, adujo que la parte actora incurrió en una contradicción al pretender aplicar el artículo 1687 del Código Civil y Comercial de la Nación en la etapa de ejecución, toda vez que no promovió un reclamo dentro del contrato de fideicomiso ni citó a los fiduciantes o beneficiarios para tramitar su liquidación.
Agregó que el juzgador ya había establecido en el auto de citación de venta del 2 de septiembre de 2025 que la liquidación del fideicomiso debía canalizarse por un proceso autónomo, decisión que quedó firme y consentida por los apelantes. Negó que la sentencia impidiera el cobro del crédito o que se hubiera probado la incapacidad patrimonial de las sociedades demandadas para responder con sus bienes generales.
Por último, defendió la imposición de costas dispuesta contra la parte actora, sosteniendo que esta fue la responsable de solicitar la reinscripción de la medida cautelar sobre el inmueble ajeno y de promover una ejecución sin cumplir previamente con el embargo sobre bienes de las condenadas. Aclaró que la traba cautelar previa no constituía cosa juzgada, ya que derivó de un proceso cautelar autónomo iniciado con anterioridad a la demanda principal, por lo que desestimó que la responsabilidad por la traba del embargo fuera atribuible a la Cámara de Apelaciones.
1.d. En fecha 10/06/2026 obra dictamen del Fiscal de Cámaras, acordando en lo nodular con los agravios expresados por los actores; y manifestando que en virtud del análisis efectuado por esta Cámara en la sentencia de fecha 13/05/2025 (en particular acápite 3.1), propicia la revocación del resolutorio puesto en crisis.
2. Tratamiento de los agravios.
2.a. Como punto de partida para el tratamiento de los agravios, resulta conveniente efectuar algunas precisiones:
i) En la sentencia de primera instancia se tuvo por configurado el incumplimiento de contrato por parte de "Fideicomisos y Desarrollos S.A." y "Duxco S.A.", y en función de ello se hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por Julián Gonzalez Llorente, Jorge Luis Perna, Enrique Carlos Perna y Verónica Karen Orias contra "Duxco S.A." y "Fideicomisos y Desarrollos S.A.";
ii) Ni la responsabilidad ni el carácter de la condena fueron cuestionados por la parte actora,1 quien limitó sus agravios al importe fijado;
iii) Al expresar agravios Fideicomisos y Desarrollos S.A. alega haber sido erróneamente condenada en carácter personal, sosteniendo que la responsabilidad debió recaer sobre el fideicomiso como patrimonio separado;
iv) Por su parte, Duxco S.A. sostiene que no le cabe legitimación pasiva por haber cedido su posición contractual a los actores, careciendo de nexo causal con el supuesto daño;
v) Esta Sala desestimó los agravios vertidos por Fideicomisos y Desarrollos S.A. y Duxco S.A., confirmándose su responsabilidad solidaria; asimismo, se elevó el daño punitivo a $ 13.000.000 para cada una de las operaciones correspondientes a las unidades funcionales adquiridas, se fijó la fecha desde la cual se computan los intereses y se confirma la condena de restitución de los fondos aportados y el daño moral y el rechazo del lucro cesante.
vi) En tal sentido, la sentencia de esta Sala, luego de hacer referencia al régimen legal en materia de fideicomiso, expresó que “… la separación patrimonial tiene efectos más fuertes frente a los acreedores personales del fiduciario o del fiduciante, pero no sucede lo mismo frente a los propios beneficiarios del fideicomiso. En otras palabras, el fiduciario puede responder por los daños causados en el ejercicio de su función -esto es en la ejecución del fideicomiso-, por aplicación de los principios generales, y su responsabilidad puede generar consecuencias económicas que normalmente recaerán sobre el patrimonio fideicomitido (bienes fideicomitidos).”
“Conforme lo establece el art. 1687 del CCCN, aun cuando el fideicomiso constituye un patrimonio separado, el fiduciario responde directamente por la administración defectuosa de los bienes fideicomitidos frente a los beneficiarios, responsabilidad que no puede ser eludida alegando la autonomía patrimonial del fideicomiso. Cabe agregar que el art. 1674 del código citado establece que el fiduciario debe cumplir las obligaciones impuestas por la ley y por el contrato con la prudencia y diligencia del buen hombre de negocios que actúa sobre la base de la confianza depositada en él; y que el art. 1725 del mismo cuerpo legal establece que “Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible al agente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias. Cuando existe una confianza especial, se debe tener en cuenta la naturaleza del acto y las condiciones particulares de las partes. Para valorar la conducta no se toma en cuenta la condición especial, o la facultad intelectual de una persona determinada, a no ser en los contratos que suponen una confianza especial entre las partes. En estos casos, se estima el grado de responsabilidad, por la condición especial del agente”.”
“La separación patrimonial apuntada, lejos de excluir la responsabilidad de la administradora, evidencia la necesidad de un control riguroso sobre su actuación, ya que la mala gestión puede afectar directamente a los beneficiarios, quienes, como en el presente caso, han aportado fondos sin obtener el resultado prometido…”.
“La configuración de un daño por incumplimiento contractual en el marco de una relación de consumo impone una interpretación protectoria de los derechos del beneficiario. Véase, por caso, que en supuesto de hacer responsable al fideicomiso, excluyendo la responsabilidad del fiduciario que ha obrado de modo incorrecto, serian en definitiva los beneficiarios quienes, a la postre, soportarían los daños generados por la mala administración (arts. 1, 2 3, 4, 40, 52, 53 y 65, ley 24.240 -LDC-; 1092, 1093, 1094 y 1095, CCCN).”
“El administrador del fideicomiso no puede ampararse en la autonomía del fideicomiso para eludir su responsabilidad cuando ha incumplido el deber de información, ha gestionado defectuosamente los recursos aportados y ha frustrado la finalidad misma del negocio fiduciario. Por lo contrario, su deber es cumplir con el mayor rigor lo que ha prometido.”
“Advierto que sustancialmente el Fideicomiso ha sido definido como una “encomienda” fundada en la buena fe y la confianza. Por ello el administrador de los bienes fideicomitidos recepta la confianza de los fiduciantes y también de todos aquellos que, como adquirentes de unidades funcionales, han confiado en que las tareas de administración de la construcción se realizarían con la mayor transparencia y eficiencia en el cuidado de los intereses ajenos que administra. En ese aspecto, el intercambio de comunicación con los titulares de tales intereses debe ser amplio, de modo que garantice que éstos están al tanto del desarrollo de las tareas que le han encomendado. Por tal razón, en casos como el que nos ocupa, la función del Administrador no puede limitarse a dar aviso a los interesados sobre las eventuales “Asambleas” y sus decisiones sin reparar, como en el caso de autos, sobre la falta de asistencia de los compradores y la falta del pago de los aportes que se les solicita sin contar con una explicación adecuada de tal razón. Se comprende que en el caso que nos ocupa, se trataba de pocas unidades funcionales (44 en el edificio) y nada impedía que si alguno de los compradores no hiciera sus aportes se vieran las formas de tomar contacto efectivo con ellos. Digo efectivo y no meramente supuesto, como el que revelan las cartas documento remitidas a domicilios erróneos o indicando incorrectamente el nombre del destinatario. Ello importa mayor cuidado y atención cuando, como en el caso, la falta de respuesta puede conllevar consecuencias tales como la resolución del contrato.”
“En tal sentido, el agravio no puede prosperar (arts. 163, 164, 260, 261 y 384, C.P.C.C.).”.
vii) Al analizarse la responsabilidad de Duxco S.A. se dijo: “… sin perjuicio de los diversos contratos exhibidos en autos, la realidad que subyace en la operatoria analizada es la siguiente:”
“a) mediante la fórmula del fideicomiso se ha trasmitido un bien a fin de construir un edificio2 (fideicomiso inmobiliario);”
“b) el constructor/emprendedor, administrador del fideicomiso, asigna los fideicomitentes parte de lo construido y los designa fiduciarios. Es claramente el pago en especie que tiene lugar a favor de quienes aportan el terreno en todos los emprendimientos de este tipo.”
“c) la “organización” que lleva adelante el emprendimiento construye por el sistema de administración “al costo” y comercializa las unidades a construir. Para ello se añade la participación de una sociedad (Duxco S.A.) como “Fiduciario clase B” y cuya función será la de vender o ceder los derechos adquiridos sobre determinadas unidades. Los terceros adquirentes, ahora devenidos en “fiduciarios” por vía de la cesión, serán quienes pagarán los costos de la construcción.”
“No se me escapa que Duxco S.A. realizó esta tarea de comercialización de las unidades y que por ello debe haber obtenido alguna renta. En ello cobra verosimilitud la versión formulada por los actores, aunque no probada en forma directa, de que los pagos se hicieron mediante un sistema de adelanto y cuotas que se abonarían al administrador del Fideicomiso, y otro importe similar que se abonaba “por fuera”. Claramente no se puede suponer que la actividad de Duxco S.A. haya sido gratuita, sino todo lo contrario en razón de la forma societaria de la codemandada.”
“Y corresponde suponer también, que si realizaba tal tarea con fines económicos, colaboraba con el logro de los fines del administrador del fideicomiso, por lo que, en la medida que éste sea responsable por su irregular cumplimiento, habrá de alcanzar a Duxco S.A. la condena, dejando a salvo que la responsabilidad de ambos frente a terceros debe ser solidaria en la medida que los terceros carece de elementos de juicio que exterioricen los límites de responsabilidad de uno y otro.”
“En consecuencia, si el servicio irregular prestado por el administrador del fideicomiso perjudicó a los actores por incumplimiento de las funciones de éste, la responsabilidad alcanzará a quienes hayan participado en la cadena de comercialización. Y ello sin perjuicio de las acciones de regreso que entre los condenados puedan llevarse a cabo.”
“Contrariamente a lo que exponen los codemandados, la condena solidaria no tiende a agravar las condiciones de los obligados, sino a garantizar los derechos de los actores aplicando la normativa de derecho común sobre responsabilidad.”
“Por lo tanto, corresponde confirmar lo decidido en primera instancia también respecto a esta demandada y su responsabilidad solidaria frente a los actores.”
viii) El fideicomiso celebrado, denominado "Fideicomiso calle 10 nº 1378/80", tenía como finalidad construir un edificio en propiedad horizontal -hoy edificio de varios pisos, terminado y adjudicado a diversas personas-, teniendo como PATRIMONIO DE AFECTACION el inmueble donde se levantó el edificio en cuestión (MATRICULA N°144392 (055), Nomenclatura Catastral: Circ.I, Sec.J, Mz.696, Parc.27, y subparc. 1, 2, y 3). El fiduciario -esto es el administrador- era FIDEICOMISOS Y DESARROLLOS S.A., siendo DUXCO S.A. el fiduciante, quien le cedió su posición contractual a los actores como fiduciantes clase B y Beneficiarios. El cedente en todos los casos fue "DUXCO S.A.". Estamos en presencia, ante todo, un negocio jurídico complejo, de naturaleza contractual, destinado a la construcción de diferentes unidades funcionales de un edificio multifamiliar donde, una de sus notas tipificantes consiste, precisamente, en que se transmite en propiedad un bien inmueble haciendo surgir un patrimonio de afectación, separado de los patrimonios personales del fiduciante y del fiduciario, a través de una manda que en puridad estaba destinada a la venta de departamentos de los departamentos construidos en el inmueble objeto de afectación patrimonial separada. El problema que se presenta en autos, es que los departamentos fueron vendidos a otros consumidores, sobre quienes se quiere hacer recaer la condena por daño punitivo y daño moral al pretender ejecutarse el bien inmueble en cuestión.
No se discute que la separación patrimonial propia del instituto no debe confundirse con la creación de un nuevo sujeto de derecho -el "Fideicomiso calle 10 nº 1378/80" no lo es-, pues el patrimonio fideicomitido constituye una masa patrimonial afectada a una finalidad específica, ni que es el fiduciario quien ejerce la administración de los bienes fideicomitidos y actúa jurídicamente respecto de ellos. Y ello más allá de los agravios vertidos donde se tergiversa lo resuelto. Ahora bien, cuando la función del fiduciario se desorbita y aflora la re
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