Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 126548
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 126.548 "SOBRERO, MIGUEL ADRIÁN C/ HEREDEROS Y/O SUCESORES DE SATURNINO EMILIO ALAUZET Y OTRO/A S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES S/ INCIDENTE DE RECUSACIÓN ART. 22 DEL C.P.C.C."
I. El actor deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que declaró mal concedidos los de nulidad e inaplicabilidad de ley interpuestos. Ello, con base en que las decisiones adoptadas sobre recusaciones no constituyen sentencia definitiva, ni son susceptibles de ser impugnadas por ante esta sede y dada la inexistencia de una cuestión federal que suscitara la apertura de la instancia (arts. 278 y 296, CPCC; v. resol. de 13-IX-2023, trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL-DEDUCE" de fecha 3-X-2023 y su archivo adjunto identificado como "REX...").
En el caso, la Cámara -debidamente integrada al efecto- rechazó el incidente de recusación con causa incoado por el legitimado activo con relación a una de las magistradas del órgano, al no encontrar acreditados los extremos necesarios para su progreso (v. resol. de 28-III-2023).
II.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de tutela judicial efectiva, defensa en juicio y del principio de imparcialidad en la administración de justicia (arts. 14, 18, 19, 31, 33, 75 inc. 22, Const. nac.; págs. 2/4, 9, 12 y 15/16, adjunto "REX..." cit.).
II.2. Sostiene que la resolución en crisis resulta arbitraria y debe ser descalificada como acto judicial válido. Ello, por cuanto esta Corte, apartándose de las circunstancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas y de la normativa aplicable, declaró -dogmáticamente- mal concedidos los recursos deducidos, con la consiguiente afectación de los derechos constitucionales mencionados. Y cita, en sustento de su postura, precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 295:834; 198:78; 257:132; 313:584; 296:63; 301:268; 326:350; 314:107; 316:826; 257:134; entre otros), en particular la causa "Llerena" (CSJN, Fallos: 328:1491).
En tal sentido, aduce que la decisión atacada -al igual que la anterior en grado- omitió tratar y resolver cuestiones debidamente propuestas y conducentes a la resolución del caso -que ahora reproduce- relacionados con las causales invocadas para el progreso de la recusación. Y asevera que dichos agravios resultaban aptos para acreditar que la magistrada señalada incurrió en un supuesto de prejudicialidad y, en consecuencia, refutar las razones dadas por la Cámara y demostrar el absurdo de su fallo.
En razón de lo expuesto, concluye que el caso suscita una cuestión federal suficiente y que la sentencia debe ser dejada sin efecto, en tanto se sustentó -según su entender- en meros dogmatismos no susceptibles de ser considerados una derivación razonada del derecho vigente en orden con las circunstancias acreditadas en la causa y eludió -mediante fundamentos aparentes- el tratamiento de planteos indispensables para una adecuada solución del litigio (v. págs. 8/16, adjunto "REX..." cit.).
III. En lo que atañe al traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resulta pertinente destacar que el mismo deviene innecesario, dado el objeto del presente incidente y que en los autos principales aún no se ha trabado la litis (v. MEV, trámite ante el Juzgado de origen; CSJN, Fallos: 327:3557; 322:2497; e. o.).
IV.1. Respecto del remedio intentado, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones referidas a la admisibilidad de los remedios interpuestos ante los tribunales locales así como las cuestiones de hecho y prueba y las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho procesal local (en el presente, se controvierten, de un lado, la denegatoria de los remedios de nulidad e inaplicabilidad de ley y, del otro, la valoración efectuada por el Tribunal de Alzada de las circunstancias fáctico-probatorias para rechazar el incidente de recusación con causa) son ajenas por regla y naturaleza al recurso federal. En estos casos resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 295:54; 249:530; 257:132; 327:1513; 330:1457; 249:530; 250:373; 267:59; 310:405; 330:4770; 339:5424; entre otros).
En el presente, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.2. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de dogmatismo, falta de fundamentación, apartamiento de las constancias de la causa, irrazonable interpretación de las pruebas y de la normativa aplicable y omisión de cuestiones conducentes, tampoco se observan motivos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la acreditación de un supuesto excepcional (doctr. art. 15, cit.).
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter de excepción y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN Fallos: 313:493; 323:4028; 329:2206 y 330:133; entre otros). Asimismo, que la mentada doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493; entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que el recurrente se limita -en rigor- a denunciar dicho vicio respecto del fallo en crisis -y de la instancia anterior en grado- y a disentir con la postura de este Tribunal para declarar mal concedidos los remedios intentados, alegando que se ha incurrido en dogmatismo. Así, reitera agravios expuestos en las vías locales, que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 3/4 y 9/13 del adjunto al trámite "RECURSO EXTRAORDINARIO-INTERPONE" de fecha 19-IV-2023, págs. 8/16, del adjunto "REX..." cit. y resol. en crisis).
IV.3. Asimismo, corresponde agregar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (arts. 14, 18, 19, 31, 33, 75 inc. 22, Const. nac.; págs. 2/4, 9, 12 y 15/16, adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; C. 123.979, "Sismail", resol. de 23-XII-2020; C. 121.865, "La Araucana Oeste S.A", resol. de 18-II-2021; C. 123.976, "J.O.P. S.R.L.", resol. de 10-III-2021; C. 124.350, "Cabrera", resol. de 23-IX-2021; C. 122.810, "Zubiri", resol. de 24-V-2022; C. 125.295, "Serafini", resol. de 9-II-2023; C. 124.846, "Protegiendo Al Consumidor", resol. de 1-VIII-2023; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/04/2024 18:47:22 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/04/2024 08:58:39 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/04/2024 11:50:00 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/04/2024 18:53:30 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/05/2024 09:05:28 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 02/05/2024 10:48:41 hs. bajo el número RR-265-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia