Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122006
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.006, "Rodríguez, Alejandra contra Doffo, Bruno Abel. Cumplimiento de contratos civiles y comerciales", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Pettigiani.
La Sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro modificó la sentencia de primera instancia en cuanto había estimado procedente la indemnización por daño moral, rechazando el reclamo incoado. En todo lo demás que fue materia de agravio, confirmó la decisión (v. fs. 3.004/3.016).
Se interpuso, por la actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 3.029/3.069 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Alejandra Rodríguez inició las presentes actuaciones contra Bruno Abel Doffo, solicitando que se lo condene: a) a rendir cuentas de las gestiones que realizó en interés de la actora mediante un mandato que calificó como oculto; b) a la restitución de las sumas de dinero que le pertenecían como mandante, más sus intereses; c) a otorgar los correspondientes actos notariales a fin de inscribir a su nombre los inmuebles que el accionado adquirió, pero de los cuales ella era la verdadera dueña; y d) al resarcimiento del daño moral que le ocasionó tal proceder (v. demanda: fs. 817/852).
Relató que en el año 2006 comenzó una relación sentimental con el demandado, vínculo que se gestó mientras se encontraba tramitando un proceso judicial de divorcio con quien fuera su cónyuge, Carlos Gustavo Rodríguez. Referenció que en el juicio de disolución de la sociedad conyugal se decretó una inhibición general de bienes sobre su persona que se hizo efectiva el 9 de abril de 2007 y fue levantada el 10 de mayo de 2010. Afirmó que la traba de dicha medida cautelar constituyó la causa por la cual los bienes materia de autos se encontraban registralmente a nombre del aquí accionado -quien ofició como prestanombre- siendo la suscripta la verdadera y única adquirente y titular de los mismos (v. fs. 817 vta./828 vta.).
Corrido el pertinente traslado, Bruno Abel Doffo contestó la demanda negando los hechos invocados por la actora y -en particular- la existencia de un acuerdo entre las partes que legitimase a la señora Rodríguez a exigir una rendición de cuentas. Destacó asimismo la ilicitud subyacente del reclamo actoral, haciendo hincapié en que la propia accionante fundó su pretensión en la imposibilidad de adquirir bienes bajo su titularidad en virtud de la traba de la aludida medida cautelar (v. fs. 1.128/1.138).
La señora jueza de primera instancia juzgó acreditado el mandato. Afirmó que en virtud de aquel Doffo se prestó a colocar empresas y bienes a su nombre, con el compromiso futuro de transmitir lo adquirido a la actora cuando le fuese requerido. Sin embargo -advirtió- esta última carecía de legitimación para efectuar reclamo alguno con relación a tales negocios en atención a la ilicitud del mandato celebrado, en tanto había tenido por fin defraudar la ley y perjudicar a terceros (v. fs. 2.828/2.839 vta.).
Para así decidir, afirmó que si bien tal ilicitud se desvanecía con relación a su excónyuge Rodríguez, quien había negado la existencia de un detrimento patrimonial, se irradiaba a otros sujetos -SMATA Y OSMATA-, clientes de la sociedad CONTACTIA S.A., conformada y representada por el accionado, en razón de que Alejandra Rodríguez se encontraba inhabilitada para constituir el referido ente societario pues mediaba un evidente conflicto de intereses dado su vínculo y el de su padre con el mentado sindicato y su obra social (v. fs. 2.839/2.843).
En dicho trance, subrayó que permitir a las partes el ejercicio de la acción, fuera de su notoria inmoralidad, entrañaría un evidente desmedro de la dignidad de la justicia al convertir a los jueces en verdaderos instrumentos de las partes para lograr el fin ilícito que tuvieron en mira al realizar el acto (v. fs. 2.842 vta.).
Sin perjuicio de ello, estimó procedente la indemnización por daño moral en razón de la defraudación, engaño y humillación que el accionado había ocasionado a la actora, principalmente causados por la imposibilidad de disponer libremente del inmueble que constituía su vivienda familiar, condenando al demandado al pago de un monto equivalente al valor de dicho bien sito en Ayres de Pilar, esto es, a la suma de $16.358.760 (v. fs. 2.843/2.845).
II. Apelado dicho pronunciamiento por ambas partes, la Sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro lo modificó, rechazando la indemnización otorgada en concepto de daño no patrimonial. En todo lo demás que fue materia de agravio, lo confirmó (v. fs. 3.004/3.016).
III. Contra esta forma de decidir se alza la actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 34 inc. 4, 163 incs. 4 y 6, 164, 273, 384 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 10, 15 y 27 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 14, 17 y 18 de la Constitución nacional. Alega, además, el vicio de absurdo en la valoración de la prueba. Hace reserva del caso federal (v. fs. 3.029/3.069 vta.).
En su pieza impugnativa aduce que la sentencia debió haber declarado desierto el recurso de apelación interpuesto por el accionado, toda vez que la expresión de agravios no contenía una crítica razonada y concreta del fallo, incumpliendo así con la carga impuesta por el art. 260 del Código de rito (v. fs. 3.057 vta. y 3.058).
De otra parte, postula que la Cámara violó el principio de congruencia excediendo los límites de su jurisdicción al examinar la cuestión vinculada con la existencia del mandato oculto, tramo de la decisión que se encontraba firme y que no había sido motivo de agravio ante el Tribunal de Alzada (v. fs. 3.060 vta./3.061 vta.).
Sostiene, asimismo, que el fallo incurre en un razonamiento absurdo al afirmar que no se había acreditado el mandato denunciado, toda vez que de las constancias de la causa surgía con nitidez la relación sentimental de convivencia que había unido a las partes, así como también que el señor Doffo carecía de capital suficiente para la adquisición de los bienes descriptos, a la par que era la accionante quien poseía un importante patrimonio e ingresos que hicieron posible las operaciones efectuadas (v. fs. 3.061 vta. y 3.062).
Por último, controvierte el rechazo del daño moral (v. fs. 3.068 vta. y 3.069).
IV. El recurso no prospera.
IV.1. En principio, corresponde señalar que esta Suprema Corte tiene dicho que la crítica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo es un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante en vía extraordinaria, por lo cual resulta insuficiente la que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos sobre los que aquella se asienta (conf. causas C. 113.559, "Q., I.O", sent. de 3-VII-2013; C. 103.620, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 24-IX-2014; e.o.).
No es, pues, idóneo el recurso de inaplicabilidad de ley que desatiende la estructura argumental y jurídica de la sentencia atacada, no haciéndose cargo de sus motivaciones (conf. causas C. 117.444, "Tocchio", sent. de 23-X-2013; C. 121.228, "Domingo Mangone S.A.", sent. de 6-II-2019; etc.).
Para más, y en lo concerniente específicamente al tema de autos, conforme reiterada doctrina de esta Corte, determinar si concurren o no las circunstancias que hacen inequívoca la existencia de simulación -en el caso, de mandato oculto- y su ilicitud en un caso concreto, constituye facultad privativa de los jueces de grado y, por tanto, revisable en sede extraordinaria sólo en caso de denuncia y condigna acreditación de absurdo (conf. causas C. 106.335, "Rojas", sent. de 3-VII-2011; C. 117.444, "Tocchio", sent. de 23-X-2013; e.o.).
En base a estas premisas es que se habrá de ponderar la suficiencia técnica del recurso planteado.
IV.2. En el sub lite, los fundamentos del fallo atacado se sustentan en las siguientes consideraciones:
IV.2.a. La Cámara comenzó por señalar que la señora Rodríguez promovió la presente demanda por cumplimiento de mandato oculto, sosteniendo que el señor Doffo obró como mandatario suyo en la adquisición y titularidad de diversos bienes entre los que cabía mencionar acciones de sociedades, inmuebles, automóviles y caballos de carrera (v. fs. 3.010 vta. y 3.011).
Precisó que a los fines del progreso de su pretensión la accionante debió acreditar la existencia de tal vínculo, la transferencia de los recursos económicos necesarios a los efectos de llevar a cabo el mandato conferido y, en su caso, el incumplimiento por parte del demandado de las obligaciones a su cargo, destacando que la actora no había cumplido con éxito dicha labor (v. fs. 3.011 y vta.).
En ese sentido, advirtió que tal provisión de fondos -dados los cuantiosos bienes en juego- constituía un dato significativo en orden a admitir el reclamo de autos y que si bien Alejandra Rodríguez había alegado su condición de abogada exitosa con desempeño en diversas actividades, no había proporcionado ningún elemento que demostrase que gozaba de un nivel de ingresos tal como para justificar la adquisición de las valiosas propiedades y de los bienes de primera clase que comprendían su demanda (v. fs. 3.011 vta.).
Así las cosas, concluyó que la demanda no podía prosperar, no habiéndose acreditado la existencia del referido encargo con la finalidad de adquirir los bienes y celebrar los negocios denunciados, así como tampoco se había demostrado la transferencia del capital necesario para ello (v. fs. 3.014).
Por último y vinculado con lo anterior, expresó que no hallándose probados tales extremos no era posible acordar indemnización alguna por su alegado incumplimiento (v. fs. 3.014 vta. y 3.015).
IV.2.b. Pues bien, tales argumentaciones no han sido debidamente rebatidas por la recurrente en su presentación (art. 279 y su doctr., CPCC).
IV.2.b.i. De manera liminar, cabe destacar en lo atinente a la solicitud de deserción del recurso de apelación presentado por el accionado que el Tribunal de Alzada manifestó que no podía examinar consideraciones de tipo genérico que denotaran una mera disconformidad subjetiva con la sentencia sino únicamente aquellas que en forma concreta y directa se refirieran a lo decidido por el magistrado de origen. Advirtió también que la crítica esbozada por el demandado en su expresión de agravios, vinculada con la suma establecida en concepto de daño moral y la imposición de costas, cumplía con los recaudos impuestos por el art. 260 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 3.007/3.008).
Frente a esta manera de decidir la impugnante omite hacer reseña alguna de la circunstancia apuntada por el a quo. Por el contrario, se desentiende en forma absoluta de los razonamientos esgrimidos, manifestando su mera disconformidad con lo resuelto, alegando dogmáticamente que el escrito referido no satisface las pautas de admisibilidad requeridas (v. fs. 3.057 vta. y 3.058).
Tiene dicho esta corte que analizar la suficiencia del escrito de expresión de agravios (en el caso, memorial) constituye una facultad privativa de los tribunales de apelación, la que sólo puede ser objeto de revisión si se denuncia y demuestra que la solución adoptada es fruto de un razonamiento absurdo, extremo ni siquiera invocado por la recurrente (conf. doctr. causas C. 98.786, "Solitín S.A.", sent. de 17-XII-2008; C. 95.457, "Banco Comercial de Finanzas S.A.", sent. de 14-VII-2010 y C. 120.910, "Cingolani", resol. de 15-XI-2016; etc.; art. 279, CPCC).
En tal contexto, la actitud seguida por la quejosa autoriza a desestimar el agravio esbozado por la recurrente.
IV.2.b.ii. En relación con el alegado quiebre del principio de congruencia (y con ello la violación de los arts. 34 inc. 4, 272, CPCC y 18, Const. nac.) referido al análisis que el Tribunal de Alzada efectuó acerca de la acreditación del mandato oculto, adelanto que el mismo tampoco puede prosperar (v. fs. 3.060 vta./3.061 vta.).
La impugnante argumenta que la sentenciante de origen había dado por probada la existencia de dicho mandato, sobre lo cual no existió agravio de las partes. En consecuencia, aduce que la Cámara excedió los límites de su jurisdicción, al abordar esta cuestión que se encontraba firme y consentida toda vez que la problemática sometida a su juzgamiento había quedado circunscripta a la licitud o ilicitud de la causa de dicho negocio y no ya al análisis de su existencia.
Si bien es cierto que los recurrentes, a través de sus expresiones de agravios, determinan el cometido jurisdiccional de la segunda instancia ( tantum devolutum quantum appellatum ), no lo es menos que los términos en que queda trabada la litis se proyectan a todas las instancias. De allí que, por aplicación del instituto de la apelación implícita, quedan también sometidas a la jurisdicción del Tribunal de Alzada todas las cuestiones postuladas por la contraria al juez a quo , cuando las sentencias sólo pueden ser impugnadas por la parte perdidosa (conf. causa C. 121.228, cit.).
Tal lo acontecido en la especie.
En efecto, en virtud del modo en que fue resuelta la cuestión por la sentenciante de origen, el demandado no se encontraba obligado a impugnar el tramo de la decisión que tuvo por acreditada la existencia del mandato oculto pues, en rigor, la solución resultó favorable a sus intereses, toda vez que al considerarse ilícita su causa se rechazó dicho tramo de la pretensión actoral.
No obstante, y contrariamente a lo afirmado por la quejosa, si bien el accionado centró su crítica en la ilicitud de la causa que la propia actora había reconocido, manifestó asimismo su disconformidad con lo resuelto (v. fs. 2.878/2.881), tal como surge de su expresa y enfática réplica en torno a la inexistencia del mandato vertida a fs. 2.878 vta.
En suma, no media en la especie una violación al principio de congruencia por el tratamiento dado a la cuestión por la Cámara de Apelación. Por el contrario, tal decisión, lejos de violar las reglas del contradictorio, importó resolver el tópico a la luz de las alegaciones vertidas por las partes.
Tal como lo tiene dicho este Tribunal "...no viola el principio de congruencia el fallo que ha valorado y decidido sobre hechos conducentes y controvertidos en la causa, tal como lo requiere el art. 34 inc. 4 del CPCC" (conf. causa C. 105.766, "R., G. N.", sent. de 21-III-2012); directriz que "solo se vulnera cuando se introducen en forma sorpresiva cuestiones de hecho a cuyo respecto las partes no hubieran podido ejercer su plena y oportuna defensa" (conf. causas L. 89.876, "de Lasa", sent. de 9-XII-2009; L. 99.448, "González", sent. de 3-III-2010 y C. 105.766, antes cit.).
Por lo demás es función privativa de los jueces de grado la interpretación de los escritos constitutivos de la litis, así como la fijación de los hechos litigiosos, por lo que el control casatorio queda por regla excluido en este terreno, salvo los supuestos en que los magistrados incurran en absurdo (conf. causas Ac. 77.860, "Ozorio", sent. de 21-V-2002; Ac. 82.268, "Cavero", sent. de 4-VIII-2004; e.o.), vicio que en este caso, pese a la denuncia, no ha podido ser acreditado.
En definitiva, lejos de haberse extralimitado, la conclusión a la que arribó la Cámara luce como una interpretación razonable de la pretensión deducida, de su resistencia por la demandada y de los hechos comprobados en la causa.
IV.2.b.iii. Igual suerte adversa ha de seguir la protesta vinculada con la absurda apreciación de los elementos probatorios de la causa.
Al respecto, aduce la agraviada que en la especie existen una serie de indicios unívocos, graves y concordantes -a saber, las declaraciones de los testigos Commenge, Salazar, Bonesi, Colautto, de su excónyuge Carlos Gustavo Rodríguez; el dictamen pericial contable obrante a fs. 2.536/2.543; etcétera- que fueron ignorados por el Tribunal de Alzada y que acreditan cabalmente -a su juicio- la existencia del mandato, la dispar capacidad económica de las partes y la concertación de actos y negocios jurídicos celebrados por interpósita persona (v. fs. 3.061/3.067).
En primer lugar, es necesario señalar que es doctrina reiterada de esta Corte que la selección de las pruebas y la atribución de la jerarquía que les corresponde es facultad propia de los jueces de grado -potestad que admite la posibilidad de inclinarse hacia unas descartando otras, sin necesidad de expresar la valoración de todas- y no se consuma absurdo por la preferencia de un medio probatorio sobre otro (conf. causas C. 121.056, "Viscay Iturria", sent. de 8-XI-2017; C. 121.938, "De Loizaga", sent. de 7-XI-2018; etc.).
Ahora bien, en lo que aquí interesa destacar, la Cámara sostuvo que un elemento significativo en orden a admitir el reclamo de la accionante consistía en la prueba de la provisión de los recursos necesarios al supuesto mandatario a los fines de cumplir con el mandato encomendado. En otras palabras, advirtió que recaía sobre la actora la carga de probar que los cuantiosos bienes fueron adquiridos con fondos que a ella le pertenecían, concluyendo que tal extremo no había sido acreditado (v. fs. 3.011 vta.).
Para así decidir -tras examinar la copiosa prueba rendida en la causa- señaló que la actora no había acompañado sus declaraciones juradas de ganancias ni de bienes personales, datos de cuentas bancarias, detalle de remuneraciones en relación de dependencia o de otros ingresos, limitándose a manifestar su carácter de hija de quien fuera el Secretario General del Sindicato para el cual trabajaba y respecto del cual CONTACTIA S.A. celebró un contrato de prestación de servicios y cobranzas que determinó una millonaria indemnización para la aludida sociedad (v. fs. 3.012/3.014).
La mera invocación del aludido vicio del razonamiento no logra conmover la decisión en crisis, ya que deja incólumes elementos del fallo que resultan idóneos para sostenerlo por sí mismos. En el caso, la recurrente no refuta eficazmente la conclusión del fallo consistente en la falta de acreditación de los presupuestos necesarios para la procedencia de la acción, en particular, la capacidad económica de la actora para encomendar la adquisición de los bienes que integran la demanda (v. fs. cit.).
Adviértase que el embate articulado se detiene en el análisis de los ingresos y la precaria situación económica del demandado, insistiendo en el cambio operado en el nivel de vida de aquel a partir del inicio de la relación sentimental, circunstancia que en nada conmueve lo resuelto por el Tribunal de Alzada.
Así, ante la falta de acreditación del poder adquisitivo de la señora Rodríguez, que se traduce como un insalvable óbice para el progreso de la pretensión, resulta intrascendente escudriñar la capacidad económica del accionado.
El intento impugnatorio de la quejosa es entonces insuficiente, en tanto deja sin controvertir los referidos fundamentos del fallo que le otorgan suficiente sustento (art. 279, CPCC; conf. causas C. 100.330, "Panizza", sent. de 9-V-2012 y C. 117.444, "Tocchio", sent. de 23-X-2013).
IV.2.b.iv. El embate dirigido al reconocimiento del daño moral tampoco prospera.
Sabido es que este rubro indemnizatorio resarce el detrimento o lesión en los sentimientos, en las íntimas afecciones de una persona. Tiene lugar cuando se infiere un gravamen apreciable a ellas o, en general, cuando se agravia un bien extrapatrimonial o derecho de la persona digno de tutela jurídica (conf. mis vot
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