Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122412
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.412, "Torres, Luis Angel contra Caja de Seguros S.A. Cumplimiento de contratos civiles/comerciales", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Kogan, Genoud, de Lázzari, Pettigiani.
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Azul modificó el fallo anterior que, a su turno, había estimado la demanda (v. fs. 262/296 y aclaratoria de fs. 302/303 vta.).
Se interpuso, por la accionada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 313/328).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 345/350), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Con motivo de un accidente in itinere ocurrido el 3 de julio de 2014, demandó el actor en las presentes el cumplimiento de una prestación resarcitoria por incapacidad parcial y permanente prevista en un contrato de seguro colectivo celebrado entre la accionada y el Servicio Penitenciario Bonaerense. Solicitó, asimismo, el reconocimiento de los daños y perjuicios irrogados por dicho incumplimiento contractual en concepto de daño moral y daño punitivo (art. 52 bis, ley 24.240).
En tal contexto fundacional, adujo el accionante desconocer cuál de las pólizas, a las que contradictoriamente hacían referencia las cartas documento recibidas de la aseguradora, era la vigente al tiempo del infortunio. Solicitó, a todo evento, que se declare abusiva y, por ende, no convenida (art. 37, ley 24.240), la cláusula de exclusión de cobertura por accidentes verificados en ocasión del desplazamiento en motocicleta del beneficiario (v. fs. 46/54 vta.).
Al responder la acción entablada en su contra, la demandada precisó la existencia de dos pólizas de seguro colectivo contratadas por el Servicio Penitenciario Bonaerense -en el cual el actor revistaba como dependiente-, a saber: n° 5060-9939717-01 (Seguro de vida); y n° 5060-9640678-01 (Seguro de accidentes personales). Esgrimió la ausencia de cobertura en relación al primer contrato y la defensa de no seguro respecto del segundo. Se opuso también al progreso de los restantes reclamos articulados por daño moral y punitivo, requiriendo en relación a este último la declaración de inconstitucionalidad del mencionado art. 52 bis del respectivo cuerpo normativo (v. fs. 130/136 vta.).
Luego de señalar que la disputa en torno a la responsabilidad concernía a hechos consumados con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, no resultando el mismo, por ende, aplicable al sub lite (v. fs. 219 vta.), la señora jueza de la fase inicial precisó que no existiendo controversia en cuanto a las circunstancias de producción del siniestro la cuestión a resolver se ceñía al contrapunto establecido entre la pretensión indemnizatoria actuada y los motivos de exclusión de cobertura esgrimidos por la aseguradora (v. fs. 220).
En concreto, y en relación a la póliza n° 5060-9939717-01, consideró nula -por contrariar la buena fe contractual y el deber de informar al consumidor- la cláusula 2 mediante la cual solo se aseguraba en caso de una "pérdida anatómica o funcional no recuperable", dejando sin amparo la hipótesis de incapacidad parcial y permanente como la de autos (v. fs. 221 vta.).
Seguidamente, estimó que tampoco podía receptarse la invocada exclusión de seguro prevista en la cláusula 1.7 de la póliza n° 5060-9640678-01, por resultar la misma abusiva, desde que el beneficiario no había tenido cabal conocimiento del riesgo cubierto por el respectivo seguro (v. fs. 222).
A renglón seguido, sintetizó que ambas cláusulas en cuestión implicaban una infracción a la buena fe negocial (art. 1.198, Cód. Civ.), resultando absurdas y abusivas en los términos del inc. "a" del art. 37 de la ley 24.240, por desnaturalizar el vínculo obligacional y el fin último del contrato de seguro (v. fs. cit.).
Ya en orden a la cuantificación del reclamo, consideró que tratándose de situaciones jurídicas no consolidadas resultaban de aplicación las respectivas normas del Código Civil y Comercial (doctr. art. 7). En ese marco, y de acuerdo al grado de incapacidad acreditado en la causa (16,95%) y a los no cuestionados límites económicos de cobertura de ambas pólizas, fijó un importe resarcitorio por incapacidad parcial y permanente. Justipreció -asimismo- un monto en concepto de daño moral y fijó finalmente una suma por el daño punitivo que estimó configurado porque a su entender, la demandada indujo a error al actor en la creencia de una cobertura que no era tal, incumpliendo así con su deber de informar debidamente al consumidor. Ordenó que al importe total de condena resultante ($57.871) se aplicaran intereses a la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia desde la mora hasta la fecha de la sentencia, y de allí hasta el efectivo pago, a la tasa pasiva-plazo fijo digital establecida por dicha entidad. Con costas a la vencida (v. fs. 218/226 y aclaratoria de fs. 228).
II. Apelado el pronunciamiento por la aseguradora, la Sala II de la Cámara de Apelación departamental lo modificó revocándolo en cuanto había declarado nula por abusiva la cláusula 826 de la póliza n° 5060-9939717-01 y confirmándolo en cuanto a la nulidad del anexo I., punto 7 de la póliza 5060-9640678-01, por considerarlo abusivo y contrario a la buena fe contractual. Confirmó, asimismo, la procedencia y cuantía de los rubros reconocidos y desestimó la alegada inconstitucionalidad del art. 52 bis de la ley 24.240. Por otro lado, y considerando que el supuesto fáctico y jurídico de autos habilitaría una acción colectiva en defensa de intereses individuales homogéneos en cláusulas abusivas en el contrato de consumo de seguros colectivos, dispuso un "mandato preventivo" dirigido a la Superintendencia de Seguros de la Nación, al Servicio Penitenciario Bonaerense y a la propia demandada "Caja de Seguros S.A." para que procedan a informar a los asegurados el alcance voluntario del seguro y el de la cláusula abusiva; y se analice y disponga su reformulación, considerando todas las implicancias técnicas y económicas pertinentes y, si correspondiere, su eliminación o replanteo conforme su incidencia en el precio final del seguro. A tenor del resultado del pleito, readecuó las costas de ambas instancias, distribuyéndolas a razón de un 50% a cada parte (v. fs. 262/296 y aclaratoria de fs. 302/303 vta.).
En lo que a la vez interesa destacar a tenor del remedio extraordinario interpuesto, concluyó que la cláusula de exclusión de cobertura correspondiente a la póliza n° 5060-9640678-01 (v. fs. 191/208) resultaba alcanzada por la regla de la abusividad prevista en los arts. 1.119, 1.120, 1.121, 1.122, 1.094, 1.095, 1.096, 1.100, 1.102 y concordantes del Código Civil y Comercial; 3, 37, 52 y concordantes de la ley 24.240 y 37 del decreto 1.798/94. Aseveró que ello era así porque devenía abusivo e irrazonable el ejercicio del derecho de no seguro invocado por la demandada que, en el caso, acarreaba la ineficacia de esa cláusula (v. fs. 274 vta.).
En abono de esa conclusión, ponderó que la aseguradora había incumplido el deber de informar debidamente al consumidor, no le había dispensado un trato digno, la cláusula en cuestión resultaba "sorpresiva" y contraria a la buena fe contractual y el riesgo excluido se exhibía como irrazonable y desproporcionado. Adunó que tampoco aquella había contribuido argumentalmente en su contestación de demanda -mediante precisiones técnicas y económicas- a disipar el "estándar sospechoso de irrazonabilidad" que -a su entender- gravitaba sobre la exclusión del seguro opuesta (v. fs. 274 vta./278).
En cuanto a lo primero, puntualizó que el actor no conocía la existencia de dos contratos de seguro diversos, circunstancia de la que tuvo noticia recién después del intercambio epistolar y reclamo extrajudicial con la aseguradora (v. fs. 41/42). En base a ello, dedujo que aquel se había visto obligado a hacer un verdadero esfuerzo argumentativo para solicitar la declaración de abusividad de una cláusula desconocida, por corresponder a una póliza que no le había sido entregada. Ponderó que estas circunstancias evidenciaban el incumplimiento -por parte de la aseguradora- del deber de informar al consumidor de modo cierto, detallado y veraz (arts. 42, Const. nac.; 4, ley 24.240 y 985, 988, 989, 1.100, 1.102, 1.119, 1.120, 1.121, 1.122. 1.073 y 1.075, Cód. Civ. y Com.; v. fs. 274 vta. y 275).
Por otro lado, estimó tardía la incorporación al proceso de la póliza en cuestión, proceder que valoró incompatible con el trato digno que debía dispensarse al consumidor y que lo obligó a litigar sin disponer de la respectiva prueba documental (arts. 1, 2, 1.096, 1.097, 1.098 y concs., Cód. Civ. y Com.; v. fs. 275 vta.).
Calificó -a su vez- de sorpresiva y contraria a la buena fe contractual a la cláusula en cuestión por hallarse incluida en el contrato junto a otros supuestos diversos de exclusión, no siendo ello, a su entender, previsible para el asegurado (v. fs. 275 vta. y 276).
Entendió que la exclusión del riesgo en cuestión lucía irrazonable y desproporcionada, en la medida en que no se avizoraba -ni tampoco lo había explicado la accionada- por qué quedaban cubiertos eventuales accidentes a bordo de un automóvil, micro, combi, ferrocarril u otro medio de transporte y se excluía dicha cobertura si el agente se desplazaba en moto (v. fs. 276 vta.).
Endilgó final y especialmente a la compañía el no haber abastecido suficientemente la argumentación defensiva contrapuesta a la abusividad cuya declaración se demandara. En tal sentido, apreció que la genérica argumentación ofrecida no lograba contrapesar la respectiva imputación. Precisó que si bien es un hecho notorio que los riesgos cubiertos por el seguro inciden en el costo, cuya determinación depende de estudios técnicos, cálculos actuariales y del análisis de la ecuación económico financiera del contrato, lo que requiere de la ponderación de numerosas variables y contingencias, no lo es menos que en tal caso la aseguradora no pudo sorprender engañosamente al asegurado, debiendo -cuanto menos- informarlo clara y asertivamente para permitirle decidir libremente su adhesión o no (v. fs. 276 vta./277 vta. y conclusión final a fs. 278).
En el plano resarcitorio, y luego de valorar que el daño moral alegado por Torres derivaba del accidente de tránsito denunciado (conf. arts. 384 y 474, CPCC), confirmó el importe que por el concepto se había fijado en la instancia anterior (v. fs. 279 vta./280 vta.).
Asimismo, y luego de destacar las finalidades sancionatoria y disuasoria -hacia el futuro- de graves inconductas del "sujeto dañador" en el marco de las relaciones de consumo (v. fs. 281/282), descartó la esgrimida inconstitucionalidad del art. 52 bis de la ley 24.240 (v. fs. 282 vta.). Seguidamente, y en razón de no advertir configurada la tipicidad prevista en dicha norma, desestimó el reclamo correspondiente al "daño punitivo" respecto de la póliza n° 5060-9939717-01 (v. fs. 283/284).
Diversamente, y en lo que hace a la n° 5060-9640678-01, cuyo anexo I, punto 7 fue considerado abusivo, estimó probados los componentes objetivo y subjetivo de la figura, rechazando -en consecuencia- las objeciones formuladas a la procedencia y cuantía del respectivo capítulo resarcitorio resueltas en la etapa anterior (v. fs. 284/285).
III. Contra esta decisión se alza la demandada mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia que el fallo recayó en arbitrariedad, dogmatismo y falta de fundamentación, así como en errónea aplicación de los arts. 37 y 52 bis de la ley 24.240, y 1.710 y 1.713 del Código Civil y Comercial; alega, asimismo, quebrantamiento de los arts. 14, 17, 18, 19 y 43 de la Constitución nacional y violación del art. 522 del Código Civil y de la doctrina legal emanada de la causa C. 86.205, "Feito", sentencia de 6-X-2004. Formula reserva del caso federal (v. fs. 313/328).
Se agravia, en síntesis, por la señalada estimación del carácter abusivo de la cláusula excluyente del riesgo por accidentes en motocicleta, por el reconocimiento de los rubros resarcitorios y por la desestimación del planteo constitucional del art. 52 bis de la ley 24.240; impugna, asimismo, el mandato preventivo dispuesto en el fallo (v. fs. cit.).
IV. La impugnación debe prosperar.
IV.1. La presente controversia versa sobre el alcance y validez de dos cláusulas de exclusión de cobertura insertas en sendas pólizas de seguro (voluntario colectivo de vida n° 5060-9939717-01 y voluntario de accidentes personales n° 5060-9640678-01), que fueron opuestas por la aseguradora como defensa frente a la pretensión de cumplimiento del contrato de seguro esgrimida por el actor.
La sentencia que llega recurrida, tras revocar el tramo de la decisión recaída en la instancia de origen en cuanto había estimado abusiva, y por ende ineficaz en los términos del art. 37 de la ley 24.240 la cláusula de exclusión de cobertura inserta en la primera de las pólizas aludidas, la confirmó en cambio en lo que respecta a la invalidez de la restante defensa, con diversos argumentos contra los que se alza el recurso extraordinario en tratamiento.
En una apretada síntesis que surge de lo ya expresado al narrar los antecedentes del caso, se aprecia que la cámara estructuró su decisión en torno a los siguientes fundamentos: a) que el actor desconocía la existencia de la póliza 5060-9640678-01; b) que por ende, desconocía también la cláusula de exclusión referida a la circulación en motocicletas al momento del siniestro; c) la tardía agregación de dicha póliza al proceso; d) el carácter "sorpresivo" de la cláusula; e) la irrazonabilidad y desproporción del riesgo excluido; y f) el incumplimiento de la carga argumentativa que pesaba sobre la demandada en torno a la razonabilidad de una cláusula sospechosa de abusividad (v. fs. 274 vta./277 vta.).
Con ese piso de marcha, la sentencia concluyó que "Luis Ángel Torres, agente del Servicio Penitenciario Bonaerense, utiliza la motocicleta como vehículo habitual de locomoción para trasladarse a su trabajo; la aseguradora cuenta con 11.476 asegurados a través de este sistema de seguro colectivo a los que les cobra puntualmente la prima a través del recibo de sueldo, y por la forma de contratación -mediante su empleador-, la utilización de la moto es un medio accesible y usual para la zona por lo que, en este caso, corresponde declarar abusivo el ejercicio del derecho de la demandada de no cubrir los daños personales del actor porque iba a trabajar en moto. Pondero en especial -señaló- que, en este proceso, la demandada no argumentó, ni acreditó (cuando se defendió de la alegación de abusividad y adujo la legitimidad de la cláusula) qué razones fundadas en consideraciones técnicas y económicas justificaban la exclusión que -así- luce desajustada. Por lo tanto -prosiguió- la aseguradora deberá responder por el monto de condena, en la medida del seguro" (fs. 278).
La pieza recursiva en tratamiento endilga al fallo en crisis haber incurrido en un razonamiento errado, dogmático, arbitrario y sin sustento en las constancias de la causa, con infracción a las normas jurídicas aplicables al caso (art. 37, ley 24.240; v. fs. 315 vta.).
Como adelanté, la impugnación debe prosperar (art. 289, CPCC). Veamos:
IV.1.a. Situando la controversia en su correcto quicio a fin de abastecer correctamente la presente propuesta decisoria, estimo relevante reparar en las siguientes particularidades del asunto sometido a conocimiento del Tribunal.
Bien señala el recurrente, en orden a la afirmación del Tribunal de Alzada en el sentido de que el accionante ignoraba la existencia de dos seguros que amparaban dicha contingencia y, por ende, también desconocía la cláusula misma de exclusión de mentas (v. fs. 274 vta./275 vta.), que cualquier incertidumbre vinculada con esos instrumentos había quedado definitivamente zanjada en el intercambio epistolar que precedió a esta contienda. En efecto, puso de resalto la accionada que "la propia sentencia admite y tiene por probado, que mi mandante puso en conocimiento del actor, que contaba con dos seguros voluntarios, instrumentados en contratos distintos" y que de las misivas arrimadas por el asegurado surge que la demandada "advirtió al actor que contaba con dos pólizas y con absoluta lealtad y respeto a su dignidad de consumidor, le explicó que en la primera -el seguro de vida colectivo- se procedería a evaluar el daño para constatar si correspondía el pago de una prestación, pero que en la segunda -seguro voluntario de accidentes personales- como el daño se había producido en ocasión de la circulación de una motocicleta, el caso estaba excluido de cobertura" (fs. 316).
También explica el impugnante (v. fs. 315 vta.) que el libelo de inicio se ciñó a una genérica imputación en torno a la validez misma de las mentadas cláusulas, por considerarlas contrarias al trato equitativo y no discriminatorio y a quejarse acerca de que no se le había explicado acabadamente, en el momento de aceptar la cobertura, qué significado tenía la limitación vinculada a la pérdida anatómica o funcional (ello, en relación a la póliza n° 5060-9939717-01). Nada dijo en aquella pieza inicial -no obstante el anoticiamiento previo acaecido en el intercambio postal- en torno a una pretendida ineficacia derivada de la infracción al deber de información previo a la formación del contrato, o -en el caso, tratándose de una estipulación a favor de terceros- al de su aceptación, mucho menos en concreta referencia a la póliza de accidentes personales n° 5060-9640678-01.
Lo expuesto es relevante en relación al correcto emplazamiento de la materia litigiosa.
Como acertadamente advierte el libelo recursivo, frente a la genérica imputación de la accionante, direccionada a la impugnación de la mentada cláusula en base a las razones ya señaladas (reitero, ineficacia por abusividad de su contenido), la defensa se direccionó a la demostración de que las cláusulas no exhibían tales vicios (v. fs. 315), pues ninguna concreta pretensión se esgrimió en torno a la conducta previa a la formación del vínculo, ni en cuanto a la efectiva entrega de la póliza ni, en general, respecto de la puntual notificación de sus términos o de los alcances de la cobertura. La discusión se emplazó, pues, en el pretendido carácter abusivo en los que estuvo formulada la cláusula de exclusión -además, tibiamente esgrimida respecto de la póliza bajo tratamiento-, a la luz de lo normado en la ya citada regla del estatuto del consumidor (art. 37, ley 24.240).
El Tribunal de Alzada, por lo demás, y sobre la base de la instrumental agregada por la propia accionante en su escrito postulatorio (misivas obrantes a fs. 40/42) confirma este extremo en tanto tuvo por acreditado que del intercambio epistolar extrajudicial habido entre las partes con anterioridad al proceso emergían tales contingencias comunicadas al accionante (v. fs. 275 y cartas documento glosadas a fs. 40/42).
Vale decir, entonces, que la específica pretensión de nulidad esgrimida en el escrito de inicio no hizo mérito ni se apontocó en la hipotética reticencia de la aseguradora en el cumplimiento del deber de información respecto del contenido y alcance de la mentada cláusula al tiempo de su incorporación a la relación contractual; antes bien, se limitó a señalar ya en sede judicial y a partir de una evidentemente errónea lectura de los términos de tales instrumentos epistolares, que "desconoce cuál es el N° de Póliza correcto, al haber la demand
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